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DIA DE LA PACHA: «LA NATURALEZA NO ES MUDA»

La Madre Tierra nos pide que actuemos pero por estos lares la clase política pareciera no captar el mensaje. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones, el modelo de producción y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas.

Los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, la decisión política/empresarial de entregar nuestra casa para la congoja de algunos pocos, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, el fracking, la megaminería contaminante a cielo abierto, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta. Los proyectos neocolonialistas dilatan la llegada de soluciones reales.

Los ecosistemas sustentan todas las formas de vida de la Tierra. De la salud de nuestros ecosistemas depende directamente la salud de nuestro planeta y sus habitantes. Restaurar aquellos que están dañados ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva. «Sólo lo conseguiremos si todos ponen algo de su parte», nos venden los gobiernos de turno, pero no seamos nabos, hay que cambiar los modelos productivos.

En Villa Regina tenemos un micro ecosistema que cruza transversalmente la ciudad, ese micro ecosistema es el arroyo Salado, lo que era un brazo del río Negro y hace décadas se convirtió en el vertedero de aguas cloacales semi trabajada, que luego desembocan en el rio negro después de cruzar el barrio Don Bosco.

Tenemos que saber que esta discusión de qué Regina queremos, la hacemos todos los días y este problema del Arroyo Salado no es el único que compromete nuestra salud, ya que también debemos hacer foco en el manejo de utilización de agro tóxicos y pesticidas que respiramos  y por si esto fuera poco parece que Regina quiere ser parte de lo que se denomina «Ruta de la Arena» por lo que también, quizás en poco tiempo, estemos respirando arenas siliceas, una arena que sirve para la fractura de fracking y que es un cuarzo demasiado volátil, que se aspira, se enquista en los pulmones y provoca cáncer.

Producción Esteban Vazquez

Recordemos hoy más que nunca en este Día Internacional de la Madre Tierra que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta.

Hace pocos días los legisladores provinciales aprobaron por unanimidad en la legislatura provincial el proyecto hidrógeno verde for export, un proyecto que no tuvo debate previo, ni consulta a científicos ni a docentes universitarios,  ni a comunidades aborígenes de la región, ni a idóneos en el tema; solo se escuchó la palabra de la empresa australiana Fortescue Future Industries. Son 650 mil hectáreas de tierras fiscales, incluidas áreas protegidas y en áreas ambientalmente sensibles, como la meseta de Somuncura, las costas de los ríos Limay y Negro, o el Golfo San Matías.

En el día de ayer el presidente Alberto Fernandez visitó vaca muerta para promocionar el lanzamiento del nuevo gasoducto Nestor Kirchner, y como si la naturaleza nos dejará un mensaje claro, lo hizo durante un vendaval, la energía eólica pasando por encima de la energía fósil. “LA NATURALEZA NO ES MUDA” dijo Galeano alguna vez.

No solo eso, sino que también esta visita  se da en una semana movida en la zona de vaca muerta, y con movida me refiero a sísmica, no a agenda ajetreada. La zona estuvo signada esta semana por movimientos sísmicos superficiales, principalmente en sauzal bonito una localidad que se ha convertido en la que mayor cantidad de eventos sísmicos percibidos por la población de toda la Argentina.

Entre el Jueves 14 de Abril y hoy Viernes 22 de Abril se registraron 13 sismos, explica el profesor universitario Javier Grosso y cuenta en sus redes: “Los sismos ocurridos esta semana en Sauzal Bonito son los más superficiales del país. El INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) solo ha calculado y registrado 1 (uno) solo de los 13 sismos. No ha emitido ningún comunicado advirtiendo sobre la situación sísmica. Vale recordar que Sauzal Bonito ya tiene dos antecedentes importantes, en Enero de 2019 y en Julio del 2021, en ambos casos en pueblo sufrió una seguidilla sísmica que afectó la infraestructura doméstica (rotura de casas, caída de mampostería y objetos) y alteró la habitualidad del pueblo causando situaciones de pánico a horas impredecibles. La Subsecretaría de Hidrocarburos de Neuquén y el INPRES tienen un acuerdo de confidencialidad sobre la información sísmica, aduciendo que una vez instalada la red de 16 sismógrafos se podrán obtener datos de calidad que permitan sacar conclusiones sobre el origen de esta sismicidad. En Vaca Muerta siguen funcionando solo 2 sismógrafos, los mismos existentes desde Enero del año 2021”.

«Una transición tendrá lugar, lo queramos o no, debido al inexorable agotamiento de los recursos energéticos y materiales y al colapso de los sumideros naturales, es decir, de aquellos sistemas que, como los bosques o los océanos, capturan CO2 atmosférico, el principal gas de efecto invernadero. De lo que hagamos o no hagamos hoy depende el rumbo que tendrá esa transición.

Pero no queremos cualquier transición, sino una que apunte hacia un nuevo sistema que ponga en el centro la vida, la de los seres humanos y la del resto de los seres vivos con los que compartimos el planeta; una transición hacia un sistema que sea sostenible ambiental y socialmente. Una transición hacia un sistema radicalmente distinto al actual.»

Extracto pronunciamiento

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    Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, lo hizo de nuevo. Volvió a plantarse contra las pretensiones del gobierno de Maximiliano Pullaro de que se retire del máximo tribunal este año. El oficialismo santafesino hasta le designó reemplazante, a él y a otros dos ministros, cuando no están formalizadas las renuncias. «Me voy a ir cuando yo quiera», dijo.

    En el gobierno santafesino por ahora no dicen mucho públicamente. Pero dicen. «Si no se va, lo echamos».

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    No obstante a un viejo vizcacha con 51 años en funciones como funcionario judicial si algo no se le escapa son los momentos políticos. Y para tocarle la oreja al gobierno aprovecha una cadena de tensiones entre Ejecutivo y Poder Judicial que son muy palpables y que busca capitalizar. Los jueces declaran, sin exponerse, que pocas veces estuvieron ante un gobernador que avance sobre la esfera de un poder autónomo. Indican que los jueces penales sobre todo avalan por miedo más que por convicción muchas medidas de un Ministerio Público de la Acusación (MPA) muy ganado por la influencia del ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni.

    La sensibilidad en la Justicia con Pullaro es máxima. La Corte Suprema de Justicia acaba de llamar a un concurso para reemplazar al secretario de Gobierno del órgano que durante décadas cumplió funciones esenciales en la organización del Poder Judicial y también de sus compras. En la Justicia hay una convicción absoluta de que Pullaro aspira a colocar ahí un funcionario propio.

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    Ese cargo sirvió para una concentración de poder que ejerció Eduardo Bordas que se acaba de ir. Una pretensión manifesta del gobierno desde antes de asumir fue bloquear ese control omnímodo de un funcionario polémico. «No van a poder», dicen desde adentro de la Corte. Primero porque el concurso lo maneja la misma Corte. Segundo porque las atribuciones del secretario de Gobierno serán desmontadas en al menos cinco dependencias o funcionarios distintos. Y además porque una Corte renovada, incluso con impulsados por Pullaro, ejercerá una supervisión nueva sobre el manejo de caja, que este ejercicio 2026 tiene disponibles 387.946 millones de pesos.

    Santiago Mascheroni, secretario de Justicia de Santa Fe

    Ahora la fecha límite al concurso fue prorrogada. La lectura entre magistrados de Rosario fue automática. «Buscan que estén ya en funciones tres ministros designados que se presume serán mucho más leales a las intenciones de Pullaro. Para definir quién entrará como Secretario de Gobierno necesitarán solamente sumar un voto sobre siete ministros», le dijo una jueza a LPO.

    «Algunos quieren que sea mi último año. Hace rato que ya tiene suplente por lo menos. Es increíble, un suplente sin vacante. Pero yo sigo trabajando tranquilo», le dijo Gutiérrez al programa Verte Bien TV. La crítica fue profunda pero es razonable. Es cierto que la nueva constitución santafesina fija como límite de permanencia en el máximo tribunal los 75 años y que el ministro ya pasó ese borde. Pero también lo es algo inédito y es que la coalición de Pullaro haya nombrado un sucesor cuando no está ni planteada su dimisión.

    Y un hombre como él, al que le gusta el frote, podría ir a la pelea por quedarse con un amparo. Pero hay un escenario que cambió. El poder de Gutiérrez durante los 26 años que estuvo como ministro de la Corte no lo dio tanto esa posición sino un Senado poderoso donde por casi tres décadas sus aliados, que ahora votaron por sus sucesores, fueron mayoría. Ya no ocurre. Hoy Pullaro controla la Cámara Alta. Y en el gobierno no van con implícitos. El gobernador ya dijo que si Gutiérrez no se va en noviembre lo correrá por decreto. Lo mismo hará con el ministro Roberto Falistocco.

    Otro punto de discordia que peló los cables del Poder Judicial fue el intento de Pullaro a través de su fiscal de Estado de remover por decreto a cuatro ministros de la Corte, Gutiérrez entre ellos, que debían fallar por demandas contra la ley previsional impulsada por el gobierno, y que fue resistida por los trabajadores estatales. El gobierno señaló que no podían votar ministros que ya estaban en situación de jubilarse.

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    Las empresas navieras difundieron un informe en el que rechazan la intención de desregulación del gobierno en el cabotaje a través de las políticas que llevan a cabo el ministro Federico Sturzenegger.  

    De esta manera, el documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino. 

    El documento recuerda que el régimen vigente, sustentado en la Ley de Navegación y en el Decreto-Ley 19.492/72, establece la reserva del cabotaje para buques de bandera argentina, un esquema que los autores comparan con la denominada Jones Act de Estados Unidos. 

    Según el análisis, este sistema responde no sólo a criterios económicos sino también a razones vinculadas con la seguridad nacional y el desarrollo industrial. Uno de los principales argumentos del informe es que la incorporación de operadores extranjeros bajo banderas de conveniencia podría reducir significativamente la recaudación tributaria.

    Los autores sostienen que las empresas nacionales tributan impuestos, contribuciones patronales y diversas tasas vinculadas a la actividad marítima, mientras que compañías extranjeras podrían beneficiarse de regímenes de no residencia fiscal o convenios internacionales que disminuyan su carga impositiva.

    Sturzenegger eliminó los prácticos de los buques para beneficiar a las cerealeras extranjeras y desató una guerra con la Armada

    El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante. 

    El documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.

    Entre los efectos señalados figuran la pérdida de empleo formal, una reducción de aportes previsionales y un debilitamiento de los sistemas de formación y renovación de personal marítimo. Además, sostiene que cada empleo directo en el sector genera entre tres y cinco puestos indirectos en actividades vinculadas, como logística portuaria, talleres navales, seguros y servicios especializados, por lo que el impacto se extendería a numerosas economías regionales. 

    Carlos Presti.

    El informe afirma que las compañías argentinas enfrentan costos laborales, financieros y regulatorios superiores a los de operadores internacionales. En ese contexto, una competencia abierta podría derivar en la pérdida de mercado, dificultades para renovar flotas y, eventualmente, en la desaparición de armadores nacionales, reproduciendo fenómenos observados durante la década de 1990. 

    El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.

    Otro de los ejes centrales del trabajo es la relevancia estratégica del Atlántico Sur. El documento destaca la posición argentina respecto del estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, considerados corredores alternativos ante eventuales interrupciones de los canales de Panamá o Suez. Desde esta perspectiva, la preservación de una marina mercante nacional es presentada como un componente de soberanía y presencia estatal en la región. 

    Los autores también plantean que una mayor presencia de operadores extranjeros podría incrementar la dependencia logística del país y reducir la capacidad de control sobre rutas, puertos e infraestructura estratégica. Asimismo, vinculan esta discusión con la cuestión de las Islas Malvinas y la proyección argentina en el Atlántico Sur. Industria naval y seguridad El estudio sostiene que una reducción de la flota nacional impactaría directamente sobre los astilleros argentinos, las escuelas de formación marítima y la cadena de proveedores vinculada al sector. 

    También advierte sobre posibles desafíos para los controles de seguridad, ambientales y aduaneros ante un aumento de embarcaciones bajo múltiples pabellones extranjeros. 

    Fuentes militares explicaron a LPO que «ka Cámara Naviera Argentina y otros armadores han cambiado radicalmente su postura respecto a un nuevo decreto/ley, que ahora es opuesto al decreto 340 que ayudaron a redactar». 

    Esta fuente detalla que «el cambio se debe a la advertencia de que la empresa china Cosco planea posicionar buques con bandera china de forma permanente en Argentina para operar en cabotaje, utilizando tripulaciones chinas y tarifas de dumping.
    Inicialmente, buscaban evitar el desguace de la flota argentina y el uso de banderas de conveniencia, pero el nuevo escenario con Cosco los lleva a preferir negociar con sindicatos argentinos». 

    «La preocupación es que, si bien se busca sacar a los chinos de las 200 millas, la nueva política podría permitirles entrar en el cabotaje portuario.
    Varias organizaciones marítimas intentarán reunirse con Lamela para explicar que las políticas de Sturzenegger van en contra de la política hemisférica», remarca. 

    Furia de los empresarios con Sturzenegger por el decreto que elimina el practicaje en los buques

    Entre las propuestas finales, el informe recomienda mantener la reserva de cabotaje para buques de bandera argentina, revisar los mecanismos de habilitación de embarcaciones extranjeras, promover programas de financiamiento para la renovación de flota nacional y fortalecer los controles de la Prefectura Naval Argentina. 

    Según las conclusiones del trabajo, una desregulación sin salvaguardas podría provocar pérdidas fiscales, destrucción de empleo calificado, debilitamiento de la industria naval y una menor capacidad estratégica del país en el Atlántico Sur.

     

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