DESCOMUNAL ESFUERZO

Nosotres, les argentines, nos estamos demostrando a nosotres mismes nuestra capacidad y esfuerzo mancomunado para lograr disminuir el contagio y sus posibles consecuencias…

Y si bien esto ya lo destacó el presidente, se han borrado las confrontaciones partidistas y de cualquier otro tipo para que esta crítica situación se detenga.

Resignar salir de tu casa, de ver a tus amigues, de realizar tus actividades preferidas, de posponer proyectos, de estar al borde de pensar lo peor como que se pongan en juego las propias necesidades, todo esto desestabiliza y crea una incertidumbre angustiante.



Lo cierto es que hay un riesgo cierto e inminente de vida, principalmente para los adultos mayores que nos hace revisar y reorganizar nuestra cotidianeidad. He aquí la principal indicación de la cuarentena: el riesgo cierto e inminente.

Estar atentos a las necesidades básicas es fundamental para poder sobrellevar estos difíciles momentos. Está comprobado que en este tipo de catastróficas situaciones es imprescindible poder beber, comer y recibir apoyo, así de simple, así de claro. Por esto no se pueden permitir desde el Estado los despidos, y se debe asegurar los alimentos a las personas más vulnerables de la sociedad.

Por otro lado, hay que estar atentos también a los estresores secundarios, o sea, no sólo a los primarios como los consecuentes de la pandemia, sino a esos que implican una reorganización cotidiana que ante la baja tolerancia a la frustración nos podrían alterar aún más…

La cooperación y la solidaridad están siendo los eslabones para saber sobrellevar esta crisis. Además, el diálogo es clave, y es por allí que el Estado lo está ejerciendo, por ejemplo entre el Comité de Crisis y el presidente, o entre este último y los gobernadores, o entre el Comité de Crisis y la OMS. Por lo tanto, las decisiones se toman en conjunto con claridad y consenso, y en este sentido la ansiedad social disminuye a pesar de todo.

Sumado a lo anterior, la decisión también es nuestra, y es ahí que la responsabilidad y el respeto por nosotres mismes y por el otre son y serán el corazón de nuestro descomunal esfuerzo para que este maratónico vendaval pase de una vez por todas.




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  • Zamora derivó más de 1.000 millones de fondos públicos al club de Toviggino

     

    El gobernador Gerardo Zamora destinó más de 1.000 millones del presupuesto de Santiago del Estero a Central Córdoba, un club del ascenso que escaló de la mano de su hombre en el fútbol, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

    LPO accedió a más de 60 decretos emitidos por la administración de Santiago del Estero entre 2020 y 2024, con un saldo de más de 1000 millones de pesos, que se gatillaban casi semanalmente, lo que revelaba un funcionamiento aceitado que iba más allá de los compromisos competitivos del club.

    Los fondos públicos se utilizaron para comprar indumentaria, construir un vestuario, costear la pretemporada o los viajes del plantel y hacer frente a los sueldos de los jugadores.

    El tesorero de Central Córdoba es Luis Fiad, subsecretario de Presupuesto y Hacienda del Ministerio de Economía de Santiago del Estero hasta el 10 de diciembre, es decir, hasta que Zamora concluyó su mandato. 

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    «Fiad pedía la plata como tesorero del club y después como funcionario era el que supervisaba las jurisdicciones presupuestarias y autorizaba enviar el dinero», dijo a LPO una fuente al tanto de la situación.

    Fiad pedía la plata como tesorero del Club y después él como funcionario era el que supervisaba las jurisdicciones presupuestarias y autorizaba enviar el dinero.

    De hecho, los primeros pedidos del club eran para cubrir el costo de la indumentaria para los equipos, una solicitud que Fiad y Zamora contemplaban bajo el argumento de que «el Presupuesto General de la Provincia prevé en la Jurisdicción 12- Programa 01- Acciones Centrales del Ministerio de Economía, crédito presupuestario en la Partida 517- Transferencia a Otras Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Lucro, a través de la cual se considera procedente canalizar la asistencia económica».

    En el primer semestre de 2020, los envíos registrados para indumentaria eran de 500 mil pesos, pero para el segundo semestre se duplicaron y ya en 2021 trepaban a 2 millones de pesos.

    Hay algunos pedidos que resultan más curiosos, como el que se fechó el 30 de septiembre de 2021 para trasladar el Grupo Senior de Central Córdoba, una manera sofisticada de llamar al equipo de veteranos o mayores de 35 años, a la provincia de Chaco para un partido. En ese caso, Zamora les transfirió 100 mil pesos.

    Ese tipo de montos acaso revela que se trata de una institución chica, sin volumen social o cantidad de socios suficientes para afrontar gastos como los que demandan los torneos nacionales, los viajes, alojamientos para la concentración o, incluso, la participación en la Copa Libertadores, certamen en el que pudo lucirse el año pasado. Esa dimensión demuestra que el crecimiento de Central Córdoba está más vinculado a los manejos de Toviggino con Tapia que a los resultados exitosos que pudieran alcanzar los planteles del club.

    Entre el 30 de septiembre y el 15 de noviembre de 2021, el gobierno santiagueño giró 26,5 millones de pesos para la construcción de vestuarios en el predio deportivo del club en la localidad El Zanjón. En casi todas las resoluciones, figura la firma digital del ministro de Economía de la provincia, Atilio Chara.

    A partir de enero de 2022, es probable que la situación económica empezara a ser más comprometedora para el club mimado del exgobernador. Por esa razón, Fiad buscó en la previa de Navidad de 2021, en las partidas presupuestarias, los fondos para que el ministerio emita cuatro resoluciones por un total de 19 millones de pesos para pagar los sueldos de los jugadores.

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    Ya el 26 de septiembre de 2022, el gobierno de Zamora otorgó la suma de 150 millones de pesos para que el club dispute la Liga Profesional de Fútbol, aunque seis días antes había facilitado 20 millones de pesos para traslados y hospedajes. Y el 6 de diciembre del mismo año resolvió darle 200 millones de pesos más.

    Entre el 30 de septiembre y el 15 de noviembre de 2021, el gobierno santiagueño giró 26,5 millones de pesos para la construcción de vestuarios en el predio deportivo del club en la localidad El Zanjón.

    Entre los documentos a los que accedió LPO, se cuentan decretos similares en junio, septiembre y noviembre de 2023, pero por 47 millones de pesos, 75 millones de pesos y 85 millones de pesos, respectivamente. El mismo esquema se repitió en 2024, con una resolución por 100 millones de pesos en abril, otra por 215 millones de pesos en junio y una más en julio por 145 millones de pesos.

    La presencia de Fiad como tesorero del club y funcionario del Ministerio de Economía santiagueño es escandalosa pero no es un hecho aislado.

    Solo en la comisión directiva de Central Córdoba figuran el interventor del Consejo Provincial de Vialidad, José Félix Alfano, como presidente de la institución; el director de Conservación de Vialidad Provincial, Víctor Trotta como vicepresidente 1°; el director de Comunicación del gobierno provincial, Emanuel Morello, como prosecretario; y el vicepresidente del Ente Regulador de la Energía, Ricardo Lino Rubio, como protesorero. Además, Martín Miguel Suárez, el hijo del actual gobernador, Elías Suárez, es vocal titular del club, mientras que la intendenta de la capital de Santiago, Norma Fuentes, es vocal suplente.

    En el Club Atlético Güemes, se desempeñó como presidente hasta mayo del año pasado el diputado provincial Eduardo Makhoul, un reconocido dirigente peronista. El ex senador nacional Gerardo Montenegro, también representante del PJ, preside Unión Santiago y el club de básquet Quimsa, parte del elenco estable de la Liga Nacional en esa disciplina. 

     

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  • La Justicia anuló el protocolo antipiquetes y Bullrich se la agarró con el juez: «No daremos ni un paso atrás»

     

    El juez Martín Cormick declaró este lunes la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, ante la demanda realizada por el CELS, bajo el argumento que ese reglamento otorga «un exceso de competencia» al Poder Ejecutivo.

    En un escrito de 38 páginas, el magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 11 objetó que «bajo el ropaje de un Protocolo interno, y por medio de una resolución Ministerial, se regulan derechos constitucionales y convencionales, tales como el derecho a perticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución), y el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en tanto los mismos sólo pueden ser regulados por ley emanada del Congreso Nacional».

    Además, advirtió que «se modifica el alcance del artículo 194 del Código Penal, permitiendo, incluso, respecto de la flagrancia, una interpretación más gravosa que la que efectúa el artículo 353 bis, modificándolo en consecuencia». «Por ende, el Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias», alertó.

    Cormick también precisó que la resolución 943/23 imparte directivas a las fuerzas de seguridad que no están contempladas en las leyes que regulan su accionar. «Las directivas dadas por la Resolución 943/23 -en su articulado- al personal de la fuerzas no se basan en las leyes 19349 (Gendarmería Nacional); 18398 (Prefectura Naval); 21965 (Policía Federal Argentina); ley 26102 (Policía Aeroportuaria); y ley 20416 (Servicio Penitenciario Federal), pues no existe expresión ni referencia ninguna a estas normas, circunstancia que podría conducir a que el personal de las fuerzas -en ejercicio de lo allí ordenado- vulnere los preceptos de las leyes dictadas por el Poder Legislativo que regulan su actividad y competencia (ver artículos 4° y 5° de la Resolución atacada)».

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    El juez también consignó que no obra en la resolución ninguna cita a la Ley de Protección de Datos Personales, ni tampoco se mencionan los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que legislan sobre la materia. «Ni para armonizarlos a la presente Resolución, ni para limitar su alcance», aclara.

    Uno de los abogados que trabajó en el reclamo contra el protocolo de Bullrich junto al equipo del CELS señaló que el juez Cormick consideró que la resolución «no sólo es desproporcionada e irrazonable, sino ilegal y se auto atribuye facultades legislativas».

    El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos.

    La exministra de Seguridad, por su parte, se quejó por el fallo judicial. «El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos», expresó por Twitter.

    En ese sentido, agregó: «¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno».

    La referencia de Bullrich apunta a que Cormick es el mismo magistrado que ordenó al gobierno cumplir con lo dispuesto por la ley de Financiamiento Universitario, una desobediencia del gobierno de Javier Milei que pone a sus funcionarios a tiro de denuncia penal.

     

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