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DEMOCRACIA EN DEUDA

                Sin duda el 24 de marzo de 1976 comenzó uno de los períodos más tristes y macabros de nuestra historia. Aquel día la democracia quedaba trunca, una vez más, pero esta vez las consecuencias iban a ser todavía más trágicas que cualquier golpe de Estado anterior. Aún hoy nuestra sociedad acarrea cargas de aquellos años.


                La historia es conocida, persecución ideológica, secuestros, torturas, asesinatos, robo de bebes y todo lo que implicó el terrorismo de Estado. Con semejante accionar, cuesta creer como hay quiénes aún hoy justifican la dictadura cívico-militar. El facilismo de abonar a la teoría de los dos demonios demuestra que la posverdad no es algo tan reciente, o simplemente que la inoculación ideológica fue muy eficiente. Pero no vale la pena detenerse en aquellos que niegan lo innegable, sería más valioso preguntarse ¿qué deudas mantiene nuestra democracia desde su restauración?


                Para comenzar, es posible afirmar que la deuda social es la más grande de todas. La dictadura se encargó de instalar un sistema económico pensado en favorecer los intereses de un pequeño sector de la sociedad, la oligarquía terrateniente principalmente, aquella misma que insultó a Raúl Alfonsín en la Rural. La inmensa exclusión y marginación social fueron resultado de ese modelo. El mismo modelo que se mantuvo hasta el 2001 y que el gobierno de Mauricio Macri ha vuelto a instalar, el neoliberalismo. No hemos podido, como sociedad, reconocer las características de un modelo económico que hunde en la miseria a las clases populares y concentra las riquezas en pocas manos argentinas y extranjeras.


                Por otro lado, la institucionalidad también está en deuda. Uno de los pilares del contrato social es la justicia, pero ¿quién cree en la justicia en este país? Jueces y fiscales corruptos, que encubren atentados, desvían o inventan causas según su conveniencia. Ese poder, el menos democrático de los poderes republicanos, es visto ante los ojos de la sociedad como un nido de corruptos privilegiados, corporativistas, que llevan vidas lujosas y hasta se niegan a abonar un impuesto. Son contados los miembros del Poder Judicial que hoy son reconocidos y respetados por la sociedad que paga sus abultados sueldos.


                Por último, pero no menos importante, la clase política. Los dirigentes políticos han sabido perpetuarse en el poder, aferrados a esa adictiva teta del Estado. Pero eso no es lo más preocupante, sino el hecho de que han conseguido desprestigiar a la política, herramienta fundamental para el bienestar general. Han convertido a la política en una mala palabra para gran parte de la ciudadanía, favoreciendo sus propios intereses por sobre los del pueblo. Muchos se llenaron de plata mal habida, como si las fortunas que cobran no les alcanzaran. Otros se han callado para mantener su “kiosquito”. Por supuesto, hay casos excepcionales, pero la casta política en complicidad con los oligopolios, saben manejar los hilos para que esos dirigentes siempre corran de atrás.


                Para finalizar vale destacar que todavía en estos días se está juzgando a aquellos cómplices civiles del terror militar, como los empresarios de Ford condenados el año pasado.

También enorgullece la recuperación de 128 nietos, gracias a la incansable labor de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Pero eso no alcanza, es vital para el desarrollo de una verdadera democracia que nos hagamos cargo de nuestro rol como ciudadanos, que le saquemos provecho a ese pedacito de poder que nos da la democracia, no sólo a través del voto, sino de la activa participación política, del debate público, del análisis profundo y crítico de la realidad. Es importante involucrarse, para no dejar que otros piensen y elijan por nosotros.

Foto portada:  http://alasbarricadas.org/noticias/ 
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    Milei manoteó el Puerto de Ushuaia y abrió la puerta a la entrega del Atlántico Sur

     

    La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno nacional no es una decisión técnica ni administrativa: es un movimiento político de alto voltaje, con implicancias geopolíticas directas y un mensaje disciplinador a las provincias. Bajo el pretexto de “reordenar” la operatoria portuaria, Milei avanzó sobre una jurisdicción provincial estratégica y dejó servido en bandeja uno de los enclaves clave del Atlántico Sur.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La bandera de EE. UU. flameó en la Base Naval de Ushuaia, Tierra del Fuego, en abril de 2024, durante la visita de la Generala del Ejército estadounidense Laura Richardson

    La Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada hoy en el Boletín Oficial, dispuso la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por 12 meses y su intervención administrativa directa por parte del Estado nacional, quitándole a la Provincia de Tierra del Fuego el control efectivo del principal puerto austral del país. La medida se dictó a horas de la reunión de Milei en Davos con Donald Trump.

    No se trata de una coincidencia. El ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez lo dijo sin rodeos: Milei manoteó el Puerto de Ushuaia y hoy lo pondrá al servicio de Trump. No es una denuncia liviana ni una exageración retórica. El propio texto de la resolución reconoce el carácter estratégico, geopolítico y militarmente sensible del puerto, subrayando su rol en el abastecimiento antártico, la custodia de aguas australes y la logística regional.

    Un “castigo ejemplar” a una provincia

    El gobierno nacional justifica la intervención alegando desvío de fondos portuarios, deterioro de infraestructura y fallas de seguridad. Sin embargo, el remedio elegido no es la coordinación ni la asistencia: es la toma directa del control, mediante una resolución administrativa de un organismo creado por DNU, sin debate federal ni instancia política previa.

    El mensaje es claro: las provincias no gobiernan recursos estratégicos si esos recursos resultan útiles al proyecto nacional de Milei. Tierra del Fuego es el caso testigo, pero el antecedente es extensible a cualquier jurisdicción que administre puertos, vías navegables o nodos logísticos relevantes.

    La resolución no solo suspende la habilitación, sino que habilita a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación —con apoyo de la ex AGP y fuerzas federales— a administrar fondos, infraestructura, equipamiento y operación, desplazando en los hechos a la autoridad provincial.

    Puerto, Antártida y alineamiento externo

    El punto más grave no está solo en la forma, sino en el sentido político de la decisión. En los fundamentos de la resolución, Milei hizo consignar expresamente que Ushuaia es clave por su ubicación en el Atlántico Sur y su cercanía con la Antártida, destacando su valor estratégico para campañas científicas, logística y control territorial.

    Ese párrafo, lejos de ser técnico, es una confesión política. Milei no está pensando el puerto desde una lógica de desarrollo nacional soberano, sino como activo geopolítico negociable en el marco de su alineamiento automático con Estados Unidos. En Davos, Milei no va a hablar de federalismo ni de soberanía: va a ofrecer “seguridad jurídica” y activos estratégicos.

    La advertencia de Rodríguez apunta al corazón del problema: el riesgo de que el Puerto de Ushuaia sea ofrecido para uso militar y comercial extranjero, debilitando la posición argentina en el Atlántico Sur y la Antártida, una región donde la disputa de poder global es cada vez más explícita.

    Un precedente peligroso

    La decisión de Milei sienta un precedente temerario. Si el Poder Ejecutivo puede intervenir un puerto provincial estratégico mediante una resolución administrativa, invocando “interés público”, entonces el federalismo queda reducido a una formalidad vacía.

    Hoy es Ushuaia. Mañana puede ser cualquier puerto, aeropuerto o infraestructura clave. La lógica es siempre la misma: centralizar, disciplinar y poner al servicio de intereses externos lo que debería ser política de Estado nacional y federal.

    Por eso la pregunta no es solo qué hará Tierra del Fuego. La pregunta es qué harán los demás gobernadores frente a una avanzada que no distingue signos políticos cuando se trata de concentrar poder y recursos estratégicos.

    El Puerto de Ushuaia no es una caja, no es una ficha de negociación y no es un botín de guerra ideológica. Es una pieza central de la soberanía argentina. Y Milei acaba de moverla sin pedir permiso.

     

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