El Intendente Marcelo Orazi firmó el convenio mediante el cual el Poder Judicial cede a la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de la provincia un inmueble para el funcionamiento de la Comisaría de la Familia, que, de esta manera, contará con un espacio de mayores dimensiones y comodidad para la atención de cuestiones relacionadas a la violencia de género y familia.
El mismo había sido rubricado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia Ricardo Apcarian y la Secretaria de Seguridad y Justicia Betiana Minor.
Se trata del inmueble ubicado sobre calle Ingeniero Bonoli 91. El comodato establece un período de 10 años, con posibilidad de prórroga con acuerdo entre las partes.
Recordemos que allí funcionará además, tal lo anunciado en su oportunidad por Orazi y Minor, un espacio de atención de la SENAF.
Las cinco fuerzas federales llevarán a cabo una inédita protesta el próximo 2 de abril en reclamo a los bajos salarios. Es la primera vez en la historia que miembros de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal convocan de manera conjunta a una protesta, que en este caso consistirá en un abrazo solidario en el edificio Centinela de Retiro, sede de la Gendarmería.
La situación de los efectivos de seguridad, exhibe una profunda contradicción con la narrativa del gobierno que, por un lado, dice «cuidar a quienes nos cuidan» y por el otro paga salarios por debajo de la línea de la pobreza a los efectivos, que tienen que buscar un trabajo alternativo para llegar a fin de mes, como manejar un Uber.
Si a esto se le suma la crisis de la obra social Iosfa, el combo es explosivo. Los integrantes d elas fuerzas de seguridad habían pasado a la obra social de los militares que vació el ex ministro Luis Petri, dejándola en una situación tan terminal que fue necesario liquidarla. Ahora el gobierno la dividió en dos: OSFFESEG para las fuerzas de seguridad y OSFA para los militares. Y prometió un plan muy básico de OSDE para gendarmes y prefectos. Pero todo está en el aire. La realidad es que los uniformados están casi sin prestación médica. «Los grupos de Whasapp están en llamas», confirmó a LPO un uniformado.
La ex ministra Patricia Bullrich benefició a los jefes de la Gendarmería por su relación personal con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni. Esto tuvo un doble efecto que está eclosionando ahora: generó un malestar en los rangos bajos que no fueron alcanzados por la mejora salarial, y bronca en el resto de las fuerzas que se sintieron discriminadas.
La situación de los efectivos de seguridad, exhibe una profunda contradicción con la narrativa del gobierno que, por un lado, dice «cuidar a quienes nos cuidan» y por el otro paga salarios por debajo de la línea de la pobreza a los efectivos, que tienen que buscar un trabajo alternativo para llegar a fin de mes, como manejar un Uber.
Pero la preocupación más fuerte que corre por estas horas en la Casa Rosada apunta a la cuestionada ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien señala como una «académica» sin capacidad de conducción de las fuerzas.
«Monteoliva no tiene don de mando y puso como segundo a un chico que no entiende donde está», explicó a LPO un experto en seguridad con paso por varias gestiones.
El volante convocando a la protesta que circula en los grupos de Whatsapp y las redes.
Existe además un antecedente que genera escalofríos en el Gobierno. Algunos funcionarios de primer nivel recuerdan que fue la misma Monteoliva la que conducía el ministerio de Seguridad de Córdoba cuando el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía se acuarteló y la Capital provincial vivió horas dramáticas. Por este hecho, la ministra fue eyectada del cargo.
A la crisis de los salarios, hay que sumar la interna de la ministra de Seguridad con un su ex jefa Bullrich porque la ministra decidió cerrar filas con Karina Milei en su feroz interna con la actual senadora. En el marco de esta disputa es que Bullrich cuestionó la represión a un camarógrafo de A24 en una marcha contra la Ley de Glaciares. Como derivada de esa tensión, Monteoliva tiene un enfrentamiento durísimo con el jefe de la Gendarmería, Brilloni.
Otro ejemplo de la gestión errática de Alejandra Monteoliva se produjo semanas atrás cuando la ministra levantó o dejó que levanten la custodia de las fuerzas federales a 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía en la Capital y encendió protestas -por ahora reservadas- de la DAIA.
El timing de Monteoliva no podía ser peor: la decisión se tomó justo cuando Irán catalogó a Javier Milei como enemigo y en la semana del aniversario del atentado a la embajada de Israel.
Lo más preocupante del caso es que la ministra, ante la revelación exclusiva de LPO, negó el hecho y una simple constatación personal en la sede de la DAIA le hubiera permitido confirmar su veracidad. «O miente o no le informan, que sería peor», afirmó a LPO un funcionario al tanto de las tensiones que levantó el caso.
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Crece la tensión entre Pablo Moyano e intendentes del peronismo por el control de la recolección de residuos y el camionero avisó que, de escalar la tensión, le llevará la protesta a Axel Kicillof frente a la Gobernación.
Luego de protagonizar una marcha con quema de neumáticos en Villa Gesell contra el axelista Gustavo Barrera, este viernes Moyano estuvo en La Plata para acusar que, por razones económicas, desde la gestión de Julio Alak le pidieron a la prestataria Esur recortes que podrían afectar a 150 trabajadores de la recolección.
«No lo vamos a permitir», advirtió Moyano que, al igual que en el caso de Villa Gesell volvió a reclamar intervención a Axel Kicillof. De no encontrar respuestas y escalar el conflicto, el camionero prometió llevar el reclamo a Gobernación.
«En caso de que toquen a un trabajador de la empresa Esur, quien les habla, conjuntamente con la rama de recolección, vamos a estar movilizándonos, primero a la Municipalidad y, en caso de seguir avanzando, vamos a llevar adelante un paro general en toda la provincia de Buenos Aires y movilizarnos a la Gobernación», dijo.
Encuadrado en el ala sindical más cercana al kirchnerismo, Pablo le metió presión a Kicillof para que «se ponga al frente de la defensa de los trabajadores de la recolección de residuos».
Como contó LPO, el conflicto suma tensión a la interna del peronismo y amaga con espiralizarse a otros municipios, en un contexto donde varios intendentes buscan reducir los gastos al extremo ante el derrumbe de la coparticipación y la recaudación por tasas.
Ahí, muchos piensan en tocar los convenios que tenían con empresas recolectores, controladas históricamente por Camioneros.
Ante eso, Moyano avisó que no está dispuesto a ceder. «Si uno doblega al sindicato, todos se van a animar», dijo Damián Comas, titular de la seccional de La Costa y uno de los dirigentes cercanos a Pablo.
En Gesell, la intervención del Ministerio de Trabajo provincial congeló el conflicto por un mes. «En caso de que vuelvan a intentar achicar el cuadro en Villa Gesell, nuevamente vamos a movilizar», avisó Moyano.
Asamblea de trabajadores de Esur con Pablo Moyano, que avisó que hará un paro provincial con marcha a Gobernación si hay despidos.
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