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DE INAPLICABLE A PELIGROSA Y CONTRADICTORIA

Las modificaciones al proyecto de la ordenanza 14/20 impulsadas por la Cámara de Comercio tienen dos cambios sustanciales. Una que los comerciantes no fiscalicen los DNI y esa función de control quede en manos de la policía; la otra se eliminan las sanciones a los usuarios y a los comerciantes, ya que no dependen de ellos el control del ordenamiento.

Previo a la modificación expresamos en esta nota «Rapidez no es sinónimo de eficacia» que era irresponsable otorgar ese poder de policía a un ciudadanx común. También que el municipio no contaba con el personal para realizar el control. Dos puntos que convertían a la ordenanza en inaplicable, además de volver a machacar sobre los pequeños comerciantes dándole el mismo trato que a las grandes empresas.

A su vez en mi cuenta personal de facebook (Emiliano Piccinini) también hice hincapié en darle un tratamiento sustancial al proyecto, si bien la pandemia nos viene corriendo en el ámbito legislativo (entre otros) es importante tratar las problemáticas con cautela e intentando escuchar a todas las voces. En parte sucedió ya que el CD medió con la cámara de comercio los cambios y también llevó a cabo una reunión entre concejales, el intendente de la ciudad y sus secretarixs de coordinación y de gobierno; modificando los ejes principales: control y sanción. Ahora surgen otras problemáticas, que suscitan nuevamente por apresuramiento y por intentar dictar normas, regular medidas que intentan sobrepasar disposiciones de jerarquías superiories.

El intendente en conferencia de prensa unos días atrás dijo: «Nos vamos a guiar por los decretos nacionales y provinciales» (inclusive lo usé de título ya que me pareció acertadísimo que así sea), días después el CD se despacha con esta ordenanza incomodando al ejecutivo con un proyecto innecesario que deja de lado algo tan simple a nivel legislativo como la «Pirámide de Kelsen» dictando una ordenanza que es más prohibitiva que el DNU 297/20 nacional firmado por el presidente Alberto Fernandez.

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Esta nueva medida tiene un tinte que la vuelve un tanto riesgosa para el ciudadanx, a diferencia de las demás en las que prima la autoregulación, ésta es arbitraria. Por eso mutó de ser inaplicable a peligrosa. Ningún DNU de Nación o Provincia regula estos cronogramas. Y a su vez contrapone otra disposición que emana del Banco Central de la República Argentina a la que se adhirieron las empresas de cobranza extrabancarias, convirtiéndola en contradictoria.

  • Como todas las medidas que se han dictado durante el aislamiento, hay personas que no las cumplen. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser el protocolo a seguir por la policía cuando encuentren a alguien rompiendo la medida? ¿Pedagógico o arbitrario? Tendremos que poner el foco en los barrios más humildes donde el control suele expresarse en violencia (física o psicológica). Tenemos (y tuvimos a lo largo de nuestra historia), muestras que cuando a las fuerzas se les da cierta potestad se excede en el uso de la misma. Solo hago un llamamiento a estar atentos.

Es una ordenanza innecesaria, es arbitraria y es peligrosa.

  • Al proyecto se le agregó un Artículo (5) que dice “Se incluyen dentro del cronograma establecido en el Art1 a los comercios habilitados que brinden servicios de cobranza a terceros”. (El Art 1 es el que regula el cronograma de días). Este artículo choca con la disposición emanada por el BCRA sobre el cronograma de atención de bancos a la que las empresas de cobranzas extrabancarias se adhirieron habilitando sus locales para el cobro de facturas de impuestos y servicios con el siguiente cronograma de atención: lunes 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles, 4 y 5, jueves 6 y 7, y los viernes 8 y 9.

Hagamos un juego, fijate si te coinciden los cronogramas. mi numero es el 3, no me coincide. ¿Quién me paga el celu?

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Sigamos apelando a la concientización por un lado, seamos responsables por el otro. Seamos empáticos y solidarios. No empujemos a nuestros dirigentes a tomar decisiones que coarten nuestros derechos.

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Reitero: las detenciones por número de DNI son inconstitucionales, nadie puede ser demorado si sale un día que no le corresponde, eso sería privación ilegítima de la libertad abuso de autoridad.

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Portada: Germán Busin

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  • Los jueces de paz presionan a Llaryora para ser vitalicios y tensan el 2027 con los intendentes

     

    A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.

    Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.

    Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.

    Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.

    Llaryora lanza una ofensiva contra los estatales: «Los vamos a limar desde las bases» 

    Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).

    En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.

    Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.

    Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno

    En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.

    Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.

    El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora 

    El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.

    Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.

    «Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.

    Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones. 

     

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Un comentario

  1. Y si, va a ser una caza de personas y multas que nadie va a pagar pero que te ensucian para realizar cualquier trámite. No hacía falta, los vecinos están respondiendo muy bien en todos los barrios y no hace falta esta medida.

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