|

DE INAPLICABLE A PELIGROSA Y CONTRADICTORIA

Las modificaciones al proyecto de la ordenanza 14/20 impulsadas por la Cámara de Comercio tienen dos cambios sustanciales. Una que los comerciantes no fiscalicen los DNI y esa función de control quede en manos de la policía; la otra se eliminan las sanciones a los usuarios y a los comerciantes, ya que no dependen de ellos el control del ordenamiento.

Previo a la modificación expresamos en esta nota «Rapidez no es sinónimo de eficacia» que era irresponsable otorgar ese poder de policía a un ciudadanx común. También que el municipio no contaba con el personal para realizar el control. Dos puntos que convertían a la ordenanza en inaplicable, además de volver a machacar sobre los pequeños comerciantes dándole el mismo trato que a las grandes empresas.

A su vez en mi cuenta personal de facebook (Emiliano Piccinini) también hice hincapié en darle un tratamiento sustancial al proyecto, si bien la pandemia nos viene corriendo en el ámbito legislativo (entre otros) es importante tratar las problemáticas con cautela e intentando escuchar a todas las voces. En parte sucedió ya que el CD medió con la cámara de comercio los cambios y también llevó a cabo una reunión entre concejales, el intendente de la ciudad y sus secretarixs de coordinación y de gobierno; modificando los ejes principales: control y sanción. Ahora surgen otras problemáticas, que suscitan nuevamente por apresuramiento y por intentar dictar normas, regular medidas que intentan sobrepasar disposiciones de jerarquías superiories.

El intendente en conferencia de prensa unos días atrás dijo: «Nos vamos a guiar por los decretos nacionales y provinciales» (inclusive lo usé de título ya que me pareció acertadísimo que así sea), días después el CD se despacha con esta ordenanza incomodando al ejecutivo con un proyecto innecesario que deja de lado algo tan simple a nivel legislativo como la «Pirámide de Kelsen» dictando una ordenanza que es más prohibitiva que el DNU 297/20 nacional firmado por el presidente Alberto Fernandez.

°°°

Esta nueva medida tiene un tinte que la vuelve un tanto riesgosa para el ciudadanx, a diferencia de las demás en las que prima la autoregulación, ésta es arbitraria. Por eso mutó de ser inaplicable a peligrosa. Ningún DNU de Nación o Provincia regula estos cronogramas. Y a su vez contrapone otra disposición que emana del Banco Central de la República Argentina a la que se adhirieron las empresas de cobranza extrabancarias, convirtiéndola en contradictoria.

  • Como todas las medidas que se han dictado durante el aislamiento, hay personas que no las cumplen. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser el protocolo a seguir por la policía cuando encuentren a alguien rompiendo la medida? ¿Pedagógico o arbitrario? Tendremos que poner el foco en los barrios más humildes donde el control suele expresarse en violencia (física o psicológica). Tenemos (y tuvimos a lo largo de nuestra historia), muestras que cuando a las fuerzas se les da cierta potestad se excede en el uso de la misma. Solo hago un llamamiento a estar atentos.

Es una ordenanza innecesaria, es arbitraria y es peligrosa.

  • Al proyecto se le agregó un Artículo (5) que dice “Se incluyen dentro del cronograma establecido en el Art1 a los comercios habilitados que brinden servicios de cobranza a terceros”. (El Art 1 es el que regula el cronograma de días). Este artículo choca con la disposición emanada por el BCRA sobre el cronograma de atención de bancos a la que las empresas de cobranzas extrabancarias se adhirieron habilitando sus locales para el cobro de facturas de impuestos y servicios con el siguiente cronograma de atención: lunes 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles, 4 y 5, jueves 6 y 7, y los viernes 8 y 9.

Hagamos un juego, fijate si te coinciden los cronogramas. mi numero es el 3, no me coincide. ¿Quién me paga el celu?

°°°

Sigamos apelando a la concientización por un lado, seamos responsables por el otro. Seamos empáticos y solidarios. No empujemos a nuestros dirigentes a tomar decisiones que coarten nuestros derechos.

°°°

Reitero: las detenciones por número de DNI son inconstitucionales, nadie puede ser demorado si sale un día que no le corresponde, eso sería privación ilegítima de la libertad abuso de autoridad.

°°°

Portada: Germán Busin

Difunde esta nota

Publicaciones Similares

  • |

    Más casta: Milei metió en la ANSES a un funcionario al que le pagamos hasta el yogur que se toma

     

    Mientras el gobierno de Javier Milei repite hasta el cansancio su discurso contra “la casta” y aplica un ajuste feroz sobre jubilados, trabajadores y beneficiarios de políticas sociales, una polémica designación dentro de la ANSES vuelve a poner en evidencia el doble estándar del oficialismo. El protagonista es Guillermo Arancibia, funcionario del organismo previsional que quedó en el centro de un escándalo por el uso de fondos públicos para gastos personales tan insólitos como yogures, barritas de cereal y otros consumos menores.

    Por Roque Pérez para NLI

    Un caso que estalló dentro del propio organismo

    La historia de Guillermo Arancibia comenzó a circular con fuerza en los pasillos de la Administración Nacional de la Seguridad Social cuando trabajadores del organismo denunciaron un uso irregular de la caja chica destinada a gastos institucionales. Según trascendió en distintas publicaciones periodísticas, entre ellas informes difundidos por Perfil y Minuto Uno, el funcionario habría justificado con fondos públicos la compra de alimentos y productos de consumo cotidiano, desde bebidas hasta yogures y barritas de cereal.

    El detalle, que podría parecer anecdótico si se lo observa aisladamente, terminó adquiriendo dimensiones políticas mucho más profundas. No solo por el carácter de los gastos, sino porque los mismos habrían sido respaldados mediante comprobantes y documentos oficiales firmados dentro del propio organismo, bajo el argumento de que se trataba de consumos vinculados a reuniones o actividades institucionales.

    Sin embargo, puertas adentro de la ANSES la interpretación fue otra. Para muchos trabajadores, el episodio se transformó rápidamente en un símbolo de los privilegios que sobreviven dentro del Estado incluso en momentos en que el gobierno habla permanentemente de austeridad.

    La bronca de los trabajadores y los afiches que lo expusieron

    La indignación interna no tardó en traducirse en un gesto visible. En distintos sectores del edificio central del organismo aparecieron afiches y mensajes que apuntaban directamente contra Arancibia. En esos carteles, que circularon entre empleados y terminaron trascendiendo públicamente, se lo acusaba de cobrar un salario elevado mientras utilizaba fondos institucionales para financiar consumos personales.

    La frase que más se repitió en esos carteles condensaba la bronca de quienes trabajan en el organismo: “ganás cinco palos y te comprás yogur con la caja chica”.

    Más allá del tono irónico, el episodio dejó expuesta una tensión profunda dentro de la ANSES. Mientras miles de trabajadores del sector público enfrentan congelamientos salariales, recortes presupuestarios y presión por reducción de gastos, algunos funcionarios parecen manejarse con criterios muy distintos a los que el propio gobierno proclama en su discurso público.

    El contexto del ajuste y el significado político del escándalo

    El caso adquiere una dimensión todavía más polémica si se observa el contexto general en el que ocurre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo encargado de administrar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y diversas políticas sociales que constituyen el principal ingreso de millones de argentinos.

    En ese marco, el gobierno de Javier Milei viene impulsando una política económica marcada por fuertes recortes del gasto público, licuación de ingresos previsionales y un discurso permanente sobre la necesidad de eliminar privilegios dentro del Estado.

    Sin embargo, episodios como el de Arancibia generan un contraste difícil de explicar. Mientras el relato oficial insiste en que el país necesita sacrificios para ordenar las cuentas públicas, aparecen situaciones que muestran cómo ciertos sectores del aparato estatal continúan operando con niveles de discrecionalidad que poco tienen que ver con la austeridad prometida.

    El problema, en definitiva, no es el precio de un yogur ni el costo de una barrita de cereal. El problema es quién paga esos consumos y bajo qué lógica se administran los recursos públicos en un organismo que maneja fondos destinados a jubilados y sectores vulnerables.

    De la polémica al ascenso

    Lejos de implicar un freno en su carrera dentro del organismo, la polémica no impidió que Arancibia siguiera consolidando su posición dentro de la estructura de la ANSES. Según distintas versiones periodísticas, el funcionario fue impulsado a un rol de mayor relevancia dentro del organismo previsional, lo que terminó alimentando aún más las críticas internas.

    Para muchos trabajadores, la señal política fue clara: las denuncias no generaron sanciones ni explicaciones públicas, y el episodio quedó reducido a un escándalo mediático sin consecuencias concretas dentro de la estructura estatal.

    Ese desenlace es precisamente lo que transformó el caso en un símbolo del doble discurso que rodea al gobierno libertario.

    La “casta” que nunca desaparece

    Desde su campaña electoral, Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la política tradicional. La palabra “casta” se convirtió en el eje central de su narrativa y en una etiqueta destinada a señalar a quienes, según el discurso libertario, se beneficiaban del Estado mientras el resto de la sociedad pagaba la cuenta.

    Sin embargo, episodios como el de Arancibia parecen mostrar que el problema no desapareció, sino que cambió de protagonistas. El relato anticasta convive hoy con prácticas que recuerdan demasiado a aquellas que el propio oficialismo decía combatir.

    En ese sentido, el caso del “yogur de la ANSES” terminó convirtiéndose en algo más que una anécdota administrativa. Para muchos dentro y fuera del organismo, funciona como una metáfora incómoda de la política argentina contemporánea: un Estado que exige sacrificios a millones de personas mientras algunos funcionarios continúan moviéndose con privilegios financiados con dinero público.

    Y allí aparece la pregunta inevitable que atraviesa todo el episodio: si el ajuste es para todos, ¿por qué hay funcionarios a los que seguimos pagándoles hasta el yogur que se toman?

     

    Difunde esta nota
  • Sesenta y dos nuevos casos de coronavirus en un geriátrico porteño

    Un geriátrico del barrio porteño de San Cristóbal registró 62 nuevos casos de coronavirus entre sus adultos mayores residentes, de los cuales 23 fueron trasladados este domingo por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), informaron fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Los restantes casos de Covid-19 en el…

    Difunde esta nota
  • |

    SUEÑO JAGUAR / EL GRITO DESDE AMERICA

    El sábado pasado la franquicia Argentina «Jaguares» vivió su primera GRAN FINAL de Super Rugby contra el mejor equipo en tierra «Kiwi». Los «Crusaders», hoy últimos Tri-Campeones (Diez veces campeón de la misma y junto a los demás equipos de origen Neozelandés de esta liga configuran un sistema de jugadores desde el cual se conforma…

    Difunde esta nota
  • Orazi recibió al presidente de la AVGR

    El Intendente Marcelo Orazi recibió al presidente de la Asociación Volantes de General Roca Jorge ‘Goyo’ Martínez quien le confirmó la realización de la Tercera Fecha de Rally Regional FRAD11-2021 ‘Premio Gobierno de la Provincia de Río Negro’ por caminos de Villa Regina y zonas aledañas. La competencia se desarrollará el 28, 29 y 30…

    Difunde esta nota

Un comentario

  1. Y si, va a ser una caza de personas y multas que nadie va a pagar pero que te ensucian para realizar cualquier trámite. No hacía falta, los vecinos están respondiendo muy bien en todos los barrios y no hace falta esta medida.

Deja una respuesta