DE INAPLICABLE A PELIGROSA Y CONTRADICTORIA

Con la Resolución 213/2025, el Estado se retira de una de sus funciones más sensibles: controlar balanzas, surtidores, medidores y radares. Bajo el discurso de la “desburocratización”, Milei profundiza un modelo donde el mercado se audita a sí mismo.

Por Tomás Palazzo para NLI

El Consejo Directivo del INTI oficializó, a días de terminar el año, una decisión que marca un antes y un después en la política de control estatal: el organismo deja de prestar los servicios de metrología legal y certificación obligatoria en buena parte de los instrumentos que se usan todos los días en el comercio, la industria y el control público.

No se trata de un cambio técnico ni administrativo. Es un retiro deliberado del Estado de una función estratégica: garantizar que lo que se mide, se cobra, se multa o se factura sea correcto. Balanzas, surtidores de nafta, medidores de agua y electricidad, etilómetros, taxímetros y radares de velocidad ya no serán controlados directamente por un organismo público, sino por laboratorios y certificadoras privadas.

Un Estado que deja de controlar

La Resolución 213/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial dispone que el INTI abandona la aprobación de modelos, las verificaciones primitivas y los controles periódicos de instrumentos clave para la vida cotidiana. Estas tareas quedan en manos de entidades privadas acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), en un esquema donde el propio mercado pasa a auditarse.

El cronograma es progresivo, pero el sentido es claro: desde enero de 2026 el INTI empieza a correrse, primero en el AMBA y luego en el resto del país. Lo que durante décadas fue una función pública indelegable se transforma en un servicio tercerizado, pago y orientado por la lógica comercial.

La privatización que no se nombra

El texto habla de “simplificación”, “eliminación de trabas” y “reducción de costos”. Pero lo que no dice es que se vacía una capacidad estatal construida durante décadas. El INTI no era un actor más: era el garante público de que las reglas se cumplieran sin conflictos de interés.

Ahora, el mismo actor que fabrica, importa o comercializa un instrumento elige y paga al organismo que lo certifica. El riesgo es evidente: menos control independiente, más margen para el fraude, menos protección para consumidores y usuarios.

Este esquema no es nuevo. Es el mismo libreto que se aplicó en otras áreas del Estado bajo la consigna de achicar, delegar y confiar en el “autocontrol” del mercado. El resultado, históricamente, siempre fue el mismo: beneficios privados, costos socializados.

Milei y el Estado mínimo en acción

La Resolución del INTI no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia del Gobierno de Milei: retirar al Estado de las funciones de regulación y control, incluso en áreas donde está en juego el bolsillo de la gente, la seguridad vial y la salud pública.

Mientras se habla de eficiencia, el Estado renuncia a saber, medir y verificar. El INTI queda reducido a un rol casi académico, enfocado en metrología científica e industrial, pero sin capacidad real de control masivo. La soberanía técnica se diluye y el interés público queda subordinado a la rentabilidad privada.

En nombre de la “libertad”, el Gobierno habilita un sistema donde el control deja de ser una política pública y pasa a ser un negocio. Y cuando el Estado deja de controlar, nunca es el mercado el que pierde: pierde la sociedad.

El operativo para sacar el oro de las bóvedas del Banco Central y enviarlo al exterior dejó de ser un secreto blindado por el Gobierno libertario. Un fallo judicial hizo lugar a un amparo y ordenó a la autoridad monetaria entregar la información pública que se negó sistemáticamente a suministrar.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La resolución judicial golpea de lleno la estrategia de opacidad del Banco Central y del Ministerio de Economía, que durante meses se escudaron en supuestas razones de “reserva” y “confidencialidad” para no explicar ni los costos, ni los riesgos, ni el destino final de los lingotes enviados a Londres.

La orden alcanza de manera directa a la conducción del Banco Central de la República Argentina, presidido por Santiago Bausili, que había rechazado una y otra vez responder pedidos formales de acceso a la información pública.

Mientras Luis Caputo y Bausili escondían los expedientes, el activo que sacaron del país atravesó una racha histórica. El oro se consolidó como la mejor inversión de 2025 y su cotización internacional no dejó de subir.

Al inicio de la gestión de Milei, las reservas en oro del BCRA equivalían a unos 3.922 millones de dólares. Hoy, con el mismo stock físico que había el 10 de diciembre de 2023, ese patrimonio alcanza los 8.806 millones de dólares. En términos nominales, una suba del 124,5%.

Dicho de otro modo: el Gobierno administra hoy un capital que vale más del doble que cuando asumió, pero que ya no está bajo custodia directa del Estado argentino. Un dato nada menor cuando se trata de un activo estratégico, expuesto a riesgos legales y a eventuales embargos en el exterior.

La batalla por la información

La causa judicial se originó tras la negativa del BCRA a responder los pedidos presentados por legisladores de la oposición, entre ellos el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, que reclamaron conocer los detalles de una operación inédita por su magnitud y su secretismo.

El argumento oficial fue que revelar la información podía poner en riesgo la “seguridad de los activos”. Esa postura fue desestimada por la Justicia, que recordó que el acceso a la información pública no puede ser anulado por decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

Qué deberá explicar el Gobierno

El fallo obliga ahora a detallar si el oro fue vendido, si se utilizó como garantía de préstamos financieros tipo REPO, o si simplemente fue depositado en el exterior para obtener una tasa de interés mínima.

Hasta el momento, la única confirmación oficial fue una declaración televisiva de Caputo, quien presentó la maniobra como una supuesta “administración eficiente” de los recursos, sin exhibir un solo documento que la respalde.

Con el precio del oro en máximos históricos, la pregunta ya no es solo por qué lo sacaron del país, sino quién se beneficia con la administración de una fortuna que hoy roza los 9.000 millones de dólares, mientras el Gobierno predica austeridad puertas adentro y blindaje informativo hacia afuera.