Las modificaciones al proyecto de la ordenanza 14/20 impulsadas por la Cámara de Comercio tienen dos cambios sustanciales. Una que los comerciantes no fiscalicen los DNI y esa función de control quede en manos de la policía; la otra se eliminan las sanciones a los usuarios y a los comerciantes, ya que no dependen de ellos el control del ordenamiento.
Previo a la modificación expresamos en esta nota «Rapidez no es sinónimo de eficacia» que era irresponsable otorgar ese poder de policía a un ciudadanx común. También que el municipio no contaba con el personal para realizar el control. Dos puntos que convertían a la ordenanza en inaplicable, además de volver a machacar sobre los pequeños comerciantes dándole el mismo trato que a las grandes empresas.
A su vez en mi cuenta personal de facebook (Emiliano Piccinini) también hice hincapié en darle un tratamiento sustancial al proyecto, si bien la pandemia nos viene corriendo en el ámbito legislativo (entre otros) es importante tratar las problemáticas con cautela e intentando escuchar a todas las voces. En parte sucedió ya que el CD medió con la cámara de comercio los cambios y también llevó a cabo una reunión entre concejales, el intendente de la ciudad y sus secretarixs de coordinación y de gobierno; modificando los ejes principales: control y sanción. Ahora surgen otras problemáticas, que suscitan nuevamente por apresuramiento y por intentar dictar normas, regular medidas que intentan sobrepasar disposiciones de jerarquías superiories.
El intendente en conferencia de prensa unos días atrás dijo:«Nos vamos a guiar por los decretos nacionales y provinciales» (inclusive lo usé de título ya que me pareció acertadísimo que así sea), días después el CD se despacha con esta ordenanza incomodando al ejecutivo con un proyecto innecesario que deja de lado algo tan simple a nivel legislativo como la «Pirámide de Kelsen» dictando una ordenanza que es más prohibitiva que el DNU 297/20 nacional firmado por el presidente Alberto Fernandez.
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Esta nueva medida tiene un tinte que la vuelve un tanto riesgosa para el ciudadanx, a diferencia de las demás en las que prima la autoregulación, ésta es arbitraria. Por eso mutó de ser inaplicable a peligrosa. Ningún DNU de Nación o Provincia regula estos cronogramas.Ya su vez contrapone otra disposición que emana del Banco Centralde la República Argentina a la que se adhirieron las empresas de cobranza extrabancarias, convirtiéndola en contradictoria.
Como todas las medidas que se han dictado durante el aislamiento, hay personas que no las cumplen. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser el protocolo a seguir por la policía cuando encuentren a alguien rompiendo la medida? ¿Pedagógico o arbitrario?Tendremos que poner el foco en los barrios más humildes donde el control suele expresarse en violencia (física o psicológica). Tenemos (y tuvimos a lo largo de nuestra historia), muestras que cuando a las fuerzas se les da cierta potestad se excede en el uso de la misma. Solo hago un llamamiento a estar atentos.
Es una ordenanza innecesaria, es arbitraria y es peligrosa.
Al proyecto se le agregó un Artículo (5) que dice “Se incluyen dentro del cronograma establecido en el Art1 a los comercios habilitados que brinden servicios de cobranza a terceros”. (El Art 1 es el que regula el cronograma de días). Este artículo choca con la disposición emanada por el BCRA sobre el cronograma de atención de bancos a la que las empresas de cobranzas extrabancarias se adhirieron habilitando sus locales para el cobro de facturas de impuestos y servicios con el siguiente cronograma de atención: lunes 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles, 4 y 5, jueves 6 y 7, y los viernes 8 y 9.
Hagamos un juego, fijate si te coinciden los cronogramas. mi numero es el 3, no me coincide. ¿Quién me paga el celu?
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Sigamos apelando a la concientización por un lado, seamos responsables por el otro. Seamos empáticos y solidarios. No empujemos a nuestros dirigentes a tomar decisiones que coarten nuestros derechos.
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Reitero: las detenciones por número de DNI son inconstitucionales, nadie puede ser demorado si sale un día que no le corresponde, eso sería privación ilegítima de la libertad abuso de autoridad.
El gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó con la licitación del nuevo sistema integrado de salud laboral para los trabajadores estatales, dicho de manera fácil, el mecanismo para controlar presentismo, resúmen en los gremios. El dato curioso es que solo hubo un solo interesado en el pliego para un negocio de mil millones de pesos.
Según el acta oficial, a la que accedió LPO, únicamente cotizó SML Consultores Médicos, una firma vinculada a la aseguradora Experta, que de esta manera quedó en posición de quedarse con un contrato millonario para gestionar el control médico y el ausentismo en toda la administración pública provincial.
El dato no es menor. En el mercado de la medicina laboral y los riesgos del trabajo operan al menos unas quince empresas con capacidad técnica para prestar el servicio. Sin embargo, ninguna de ellas se presentó. Ni siquiera Colonia Suiza, una de las compañías líderes que trabaja con ART y grandes empleadores.
En el sector no dudan en vincular esa ausencia masiva con las condiciones del pliego. «Es imposible cumplir con lo que piden con ese presupuesto», explicó a LPO un operador con años en el negocio de los seguros.
La licitación contempla la cobertura integral de la salud laboral de toda la administración pública provincial, incluyendo docentes, policías, empleados administrativos, pasantes y becarios.
Pero además, según deslizan fuentes del sector, exige una presencia territorial extrema de agentes sanitarios: piden capacidad de respuesta en cada punto de la provincia donde haya un trabajador estatal, o sea, en todos lados, señaló una fuente al tanto del pliego que habló con LPO.
La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones. O saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared.
Eso implica, en la práctica, montar una red de prestadores médicos que cubra no solo las grandes ciudades sino también pueblos y localidades pequeñas, donde la presencia de profesionales es más escasa y los costos operativos se disparan.
«La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones», resumieron y agregaron «o saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared».
Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional
Las estimaciones de las empresas médicas locales ubican el costo razonable del servicio por encima de los 2.500 millones de pesos, más del doble del monto que trascendió como referencia oficial. Incluso algunas ofertas habrían superado ampliamente ese número, lo que refuerza la idea de un desfasaje entre las exigencias técnicas y el presupuesto previsto.
En el negocio de la salud señalan al radical Julián Galdeano como el que encargado de armar la licitación. «En definitiva hizo su trabajo» ironizó un empresario de la ciudad de Santa Fe. Galdeano es el secretario de Vinculación Institucional de la provincia.
Los ganadores eran accionistas de la aseguradora La Caja y se hicieron del control pleno en 2015 tras la salida de Generali que fue rebautizada como Experta. En ese movimiento también reordenaron su sociedad con los D’Onofrio en La Estrella Seguros de Retiro, una caja histórica del sistema previsional.
Desde entonces, ambos grupos manejan un entramado que combina seguros laborales, ART, servicios médicos y de retiros ocupando una porción importante del mercado. De esa manera, debajo de Experta armaron una estructura propia de medicina laboral.
La sociedad madre es SML y la ART es SML Consultores Médicos, dedicada a servicios de salud ocupacional y control de ausentismo. Es decir, el mismo grupo que asegura a los trabajadores también interviene en el monitoreo de su presentismo, cerrando un circuito completo de negocio.
Ahí es donde aparece la licitación santafesina: SML Consultores Médicos no es una firma aislada sino una pieza de ese engranaje. El contrato para controlar el presentismo estatal termina así en manos de un holding que integra seguros, salud y gestión laboral asociado a los D’Onofrio, socios con Werthein en los negocios.
Ahora en Santa Fe, el resultado es una licitación formalmente abierta pero sin competencia real, en un servicio clave para la gestión de los recursos humanos del Estado. Un esquema que en los gremios estatales miran con desconfianza y temen que el sistema se convierta en una ART que no tenga como objetivo primario velar por la salud laboral.
Sol Bayer es la artista elegida por la dirección de Cultura de Villa Regina para realizar el primero de una serie de murales en distintos puntos de la ciudad. Agradecida por la invitación, Sol nos cuenta que »hay que embellecer la ciudad con más arte!» Hace aproximadamente 8 años que Sol vino desde Centenario a…
El origen del nombre “Europa” no es un dato menor ni una simple curiosidad etimológica: condensa siglos de mitología, intercambios culturales entre Oriente y Occidente y debates académicos aún abiertos. Desde una princesa fenicia raptada por Zeus hasta raíces lingüísticas semíticas vinculadas al “ocaso”, el término revela cómo se construyó una identidad geográfica mucho antes de que existiera el continente tal como lo conocemos hoy.
Por Alcides Blanco para NLI
El mito fundacional: una princesa fenicia en manos de Zeus
El relato más difundido sobre el origen del nombre remite a la mitología griega. Según la tradición, Europa era una princesa fenicia —es decir, proveniente de la región del actual Líbano— hija del rey Agenor. El dios Zeus, enamorado de su belleza, se transformó en un toro blanco para acercarse a ella y finalmente raptarla, llevándola hasta la isla de Creta.
Este mito no es un detalle anecdótico: fue central para que los griegos nombraran regiones y territorios. La propia Asia, por ejemplo, también aparece en la mitología como una figura femenina vinculada a linajes divinos; Libia era tanto una región como una personaje mitológica; y Peloponeso deriva de Pélops, un héroe legendario. Incluso ciudades como Atenas toman su nombre de la diosa Atenea, y Tebas se vincula a relatos míticos sobre su fundación.
En ese marco, Europa no fue la excepción: el nombre de la princesa terminó trascendiendo el relato para convertirse en una referencia geográfica concreta. Como señalan diversos estudios históricos, la geografía antigua estaba profundamente atravesada por narrativas míticas que funcionaban como formas de explicación del mundo.
La explicación griega: “la de mirada amplia”
Desde el punto de vista lingüístico, una de las interpretaciones clásicas sostiene que “Europa” proviene del griego antiguo. La palabra sería una combinación de eurys (“ancho” o “amplio”) y ops (“ojo” o “rostro”), lo que podría traducirse como “la de amplia mirada” o “rostro ancho”.
Esta lectura no es menor: en el pensamiento griego, la idea de amplitud estaba asociada tanto al territorio como a la capacidad de ver o comprender el mundo. Algunos autores incluso vinculan este sentido con la percepción de la tierra firme frente al mar, como un espacio “abierto” y extenso.
Sin embargo, esta explicación —aunque difundida— no es la única ni necesariamente la más aceptada hoy.
La hipótesis semítica: Europa como “el occidente”
Una segunda línea de investigación, cada vez más considerada por especialistas, sitúa el origen del nombre en lenguas semíticas del Cercano Oriente. En particular, se lo vincula con la raíz ereb o irib, que significa “ponerse el sol” o “ocaso”.
Desde esta perspectiva, “Europa” sería simplemente “la tierra del oeste”, es decir, el lugar donde el sol se oculta visto desde Asia. Esta interpretación tiene una enorme potencia histórica: sugiere que el nombre no nace en Europa misma, sino en la mirada oriental sobre ese territorio.
Investigaciones lingüísticas como las de Ernest Klein o Giovanni Semerano han explorado esta posibilidad, aunque no sin controversias. El propio historiador Martin L. West advierte que la relación fonética entre los términos griegos y semíticos no es completamente concluyente.
Un concepto que cambia: de región mítica a continente
Otro elemento clave es que “Europa” no siempre designó un continente. En la antigüedad, el término se utilizaba de forma mucho más limitada, incluso para referirse a zonas específicas del mundo griego. Recién con el tiempo —y especialmente con el desarrollo de la geografía clásica— su significado se expandió.
Heródoto, por ejemplo, ya empleaba el término para diferenciar grandes regiones del mundo conocido, aunque sin los límites actuales. Esto muestra que el nombre fue adquiriendo sentido geopolítico de manera progresiva, en paralelo al crecimiento de las redes comerciales y culturales entre pueblos.
Una identidad en disputa
Lejos de ser un dato cerrado, el origen del nombre Europa sigue siendo objeto de debate académico. La coexistencia de explicaciones mitológicas, griegas y semíticas revela algo más profundo: el continente no tiene un origen “puro”, sino que es producto de múltiples influencias culturales.
En ese sentido, el propio nombre Europa funciona como síntesis de un proceso histórico mayor: el contacto —muchas veces conflictivo— entre Oriente y Occidente. La princesa fenicia del mito no es casualidad, sino un símbolo de ese cruce de mundos.
Conclusión: un nombre que cuenta una historia
El nombre Europa no es simplemente una etiqueta geográfica. Es el resultado de una construcción histórica donde confluyen mitos, lenguas y miradas sobre el mundo.
Ya sea como “la de amplia mirada” en la tradición griega o como “la tierra del ocaso” en la interpretación semítica, el término expresa una idea clave: Europa siempre fue definida en relación con otros. Y esa tensión —entre identidad propia y mirada ajena— sigue siendo parte central de su historia hasta hoy.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Milei eliminó el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN), un organismo clave en el estudio de la alimentación y la salud pública. La medida, presentada como una “reorganización”, despierta fuertes críticas por el impacto en la ciencia y en un contexto de creciente deterioro social.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Un cierre que no es técnico, sino político
La decisión de disolver el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN) quedó formalizada hopy mediante el Decreto 192/2026, en el marco de una reestructuración más amplia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS–Malbrán).
Según el texto oficial, las funciones del organismo serían absorbidas por otras áreas, bajo el argumento de mejorar la eficiencia y evitar superposiciones. Pero detrás de ese lenguaje administrativo se esconde una realidad más profunda: el avance de un modelo de ajuste que recorta capacidades estratégicas del Estado en áreas sensibles.
No se trata de una oficina más. El CNIN era un espacio especializado en el estudio de la nutrición, la calidad alimentaria y su impacto en la salud de la población argentina.
Reorganización o desmantelamiento encubierto
El decreto no solo elimina el CNIN, sino que también fusiona otros institutos dentro de la ANLIS, en una lógica de concentración que ya se repite en distintas áreas del Estado.
El Gobierno sostiene que busca “optimizar recursos”. Sin embargo, la experiencia indica que estos procesos suelen derivar en menos equipos, menos investigación y menor capacidad operativa. En otras palabras: menos Estado donde más se lo necesita.
En el campo de la salud pública, esto no es un detalle menor. Es un cambio estructural que puede afectar la capacidad del país para producir conocimiento propio y diseñar políticas basadas en evidencia.
En un país con hambre, se elimina investigación sobre nutrición
La medida resulta especialmente preocupante si se la analiza en contexto. Argentina atraviesa un escenario donde:
Crece la pobreza
Se deteriora el acceso a alimentos de calidad
Aumentan los problemas de malnutrición
En ese marco, cerrar un organismo dedicado específicamente a estudiar la alimentación de la población no parece una decisión casual, sino profundamente ideológica.
El CNIN no solo producía investigaciones: también aportaba datos clave para políticas públicas, diagnósticos sanitarios y estrategias de intervención.
Eliminarlo implica dejar al Estado con menos herramientas para entender qué comen —y qué dejan de comer— millones de argentinos.
El modelo Milei: ajuste, ciencia en retroceso y Estado mínimo
La disolución del CNIN se inscribe en una política más amplia del gobierno de Milei: reducir el tamaño del Estado incluso en áreas críticas como salud y ciencia.
El problema es que estas decisiones no son fácilmente reversibles. Desarmar equipos de investigación, interrumpir líneas de trabajo y dispersar profesionales tiene efectos que pueden durar años o décadas.
Mientras tanto, las problemáticas que esos organismos abordaban —como la nutrición y la salud alimentaria— no desaparecen. Al contrario: se agravan.
Sebastián Soler condujo el equipo legal que inicialmente intervino en Nueva York para defender la legalidad de la expropiación de YPF como subprocurador del Tesoro en el gobierno de Alberto Fernández. Rosarino por adopción, graduado en Derecho en la UNR tiene una maestría en Harvard y durante mucho tiempo litigó en Wall Street. Sobre el fallo que dio la razón a la posición argentina sobre la recuperación de YPF tiene mucho que decir, y lo hace.
De elegir dos conclusiones la primera sería, afirma, que se expropió correctamente. La segunda es que hoy deberíamos celebrar todos. «Incluso los que festejan per diciendo que se actuó mal deberían leer el fallo. La Cámara de Nueva York dice que Argentina actuó de acuerdo a su derecho».
-¿Cuál le parece el punto central por la que la posición argentina se impuso en el fallo conocido hoy?
-Son en realidad los argumentos de defensa que se promovieron durante la gestión del gobierno anterior y que afortunadamente fueron reiterados por la gestión del gobierno actual. Ha habido una continuidad y eso rindió sus frutos hoy. En resumidas cuentas, la Cámara de Nueva York lo que dice primero es que quizás este juicio debió realizarse en la Argentina, pero reconoce que la jueza Preska tiene amplia discreción para decidir sobre su competencia y, por lo tanto, más allá de un parecer distinto, no revierte la decisión de la jueza, no la revoca, de haberse quedado con el juicio y haber resuelto en primera instancia como resolvió. Paso seguido, la Cámara dice que, por lo tanto, como el juicio está en Nueva York, hay que revisar la decisión de Preska, de novo, que es la expresión en latín que quiere decir como si viéramos estos temas como primera vez. Y lo que dice es que todas las cuestiones en discusión, en este caso, son de derecho argentino, no son de derecho estadounidense, y por lo tanto tenemos que interpretarlas desde ese punto de vista.
El paso siguiente es afirmar que es cierto que el Estatuto de YPF decía que Argentina, si adquiría el 49% más de las acciones de YPF en algún momento, por ejemplo, mediante expropiación, debía ofrecerle comprar sus acciones a los demás accionistas minoritarios, y es cierto también que no lo hizo. Pero, dice la Cámara, bajo el derecho argentino, que es el derecho aplicable, deben considerarse dos cosas. El Estatuto de una Sociedad privada no es un contrato bilateral, y, por lo tanto, bajo el derecho argentino, uno de los accionistas no puede demandar por daños a otro de los accionistas –el otro accionista en este caso sería la República Argentina– por el supuesto incumplimiento de una obligación del Estado, y en eso Preska se equivocó.
Y segundo, dice la Cámara, bajo el derecho argentino, no la ley específica de la expropiación de YPF, sino la ley general de expropiaciones, no puede una acción de un privado, en este caso la demanda que intenta imponerle a la Argentina la obligación de indemnizar por no haber hecho la oferta de compra, no puede una acción de un privado restringir la potestad expropiatoria amplia que tiene la República Argentina. Recordemos que la facultad expropiatoria es una facultad reconocida por la Constitución Nacional, que sólo impone tres requisitos: que se apruebe por ley, que se declare por utilidad pública, y que se indemniza al dueño efectivamente expropiado, cosa que en este caso se hizo. Por tanto, la Cámara dice: revocamos el fallo de Preska, Argentina tiene razón, ganamos el juicio.
-Hay un ánimo celebratorio en todos lados, pero argumentos diferentes. Por ejemplo, el expresidente Macri habla de que en YPF hubo una expropiación ilegal
-Es lo contrario a lo que dice la Cámara, es lo contrario a lo que dicen los escritos de defensa presentados por el Gobierno actual y es lo contrario a los presentados por nuestra gestión durante el Gobierno de Alberto Fernández. Falso. Literalmente es tratar una vez alguien de inmiscuirse y ganar un crédito por algo en lo que no tiene nada que ver. El Gobierno actual puede correctamente decir parte del mérito es nuestro porque efectivamente ellos tomaron tres decisiones atinadas, más allá de las declaraciones desagradables e inoportunas del presidente de la nación de hoy. Las decisiones técnicas que tomó su gobierno fueron atinadas y fueron tres. La primera es que no bien llegaron, ratificaron la designación de Sullivan&Cromwell, el estudio internacional que habíamos elegido nosotros en diciembre de 2019 para que nos defendiera del caso. O sea, el mismo estudio que trabajó en la defensa entre 2019 y 2013, es el que trabajó en la apelación.
Segundo, confirmaron al frente de la Dirección de Internacionales de la Procuración del Tesoro a las dos funcionarias de carrera brillantes académicas de Derecho Internacional Público, la doctora Mariana Loza, la doctora Alejandra Echegorri, para que continuaran prestando ese servicio como funcionarias de carrera en la apelación. Ellas así se desempeñaron y son las mismas que nosotros habíamos designado en esos cargos en nuestra gestión. Y la tercera y más importante es que eligieron continuar los argumentos de defensa planteados por la gestión anterior. Esos son los argumentos de defensa que la Cámara acogió y que nos permitieron ganar el juicio.
-¿Por qué en gobiernos muy diferentes se mantuvo la misma estrategia legal?
-Primero hay un hay un requisito del derecho procesal estadounidense que no le permite al apelante, en este caso, la República Argentina ya bajo la gestión del gobierno de Milei, plantear argumentos nuevos que no haya planteado en su defensa en la primera instancia, o sea, que había una un impedimento legal. Y segundo, me imagino, porque hablaron con Sullivan&Cromwell, hablaron con las funcionarias de carrera que habían llevado la defensa durante los cuatro años anteriores, y confío que tras una conversación sensata concluyeron correctamente que debían seguir por el mismo camino.
Axel Kicillof
-¿Por qué el gobierno de Estados Unidos tuvo coincidencias con la posición argentina?
-Hay que entender que Estados Unidos no estuvo en contra del fallo de fondo de la jueza Preska. Efectivamente sí el gobierno de Estados Unidos presentó dos escritos muy importantes, apoyando la postura de la defensa argentina. Uno bajo el gobierno de Biden y otro bajo el gobierno de Trump. Fue en dos cuestiones puntuales.
La primera, oponiéndose a la pretensión de Burford, acogida por una orden de Preska, de tratar de forzar el pago de esa sentencia ordenándole a la Argentina entregar acciones de YPF. Y la segunda, apoyando la petición de la defensa argentina de suspender el proceso de Discovery, es decir, de adecuación de información, hasta tanto se resolviera el fondo del asunto, que es lo que sucedió hoy. Es decir, el gobierno estadounidense apoyó la defensa argentina, pero en cuestiones colaterales al tema de fondo.
-¿Y por qué interpreta que hizo eso?
-Quiero creer que porque está de acuerdo con la postura de la defensa técnica de la defensa argentina, porque cree, en el caso de la orden de entregar las acciones de YPF, que excede las potestades de los jueces de Nueva York, que fija la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos, que dice que los bienes de un estado extranjero solamente son embargables si están dentro del territorio de Estados Unidos, y las acciones de YPF, que están registradas en el registro que lleva la Comisión Nacional de Valores de Argentina, no están en el territorio de Estados Unidos. Y en el del caso de Discovery, porque el Discovery había llegado a límites francamente indefendibles en cuanto a cuánto se entrometían en cuestiones internas de la Argentina, la clase de información que pretendían. Pero, sobre todo, porque parecía un despropósito pretender que la Argentina, en el primer caso, pagara la sentencia y, en el segundo, siguiera entregando información cuando el fallo todavía no estaba firme.
-Alguien sin formación legal ve que Burford adquirió el derecho de ir a juicio por unos 15 millones de euros y que una jueza con eso le aseguró un resarcimiento de más de 16 mil millones ¿Son principios jurídicos los que permiten eso?
-Burford compra en 15 millones de euros más el compromiso de entregarle a la quiebra de las empresas Peterson en España el 30% de lo que lograra cobrar y se hace cargo de todos los gastos del juicio, incluyendo honorarios de abogados. Efectivamente el 70 por ciento se lo quedaba. La razón por la que Preska decide concederle a Burford 16.000 millones de indemnización más los intereses de 2012 es porque concluye, equivocadamente, ahora lo sabemos por la decisión de la Cámara, que Argentina debió ofrecer comprar las acciones de, en este caso, las empresas Peterson de la familia Esquenazi cuando expropió a Repsol. Y el precio que debió pagar por esas acciones, de acuerdo a la fórmula que establece el estatuto de YPF adoptado por la Argentina en la década del 90 cuando se privatizó, era un precio, según Preska y según Burford, no el que se le pagó a Repsol, no el precio de mercado de las acciones en ese momento, sino el precio más alto que surgía de una fórmula que había puesto Menem, el gobierno de Menem, en el estatuto de YPF, justamente para ser virtualmente imposible expropiar YPF. Esto queda hoy sin efecto. Terminado acá a favor de la Argentina. No hay más condena.
-¿Cuáles son sus conclusiones sobre lo que dice y lo que formula el fallo conocido hoy?
-Lo primero, que se expropió YPF correctamente. Para decirlo en términos políticos, Axel tenía razón. Es decir, el gobierno hizo lo correcto en aquel entonces cuando se formuló esta pregunta: ¿Me alcanza con expropiar el 51 por ciento, porque quiero asegurarme que recupero el control estratégico de las políticas de YPF, pero, al mismo tiempo, mantengo su capital abierto cotizando en bolsa y nombro un gerenciamiento profesional? Se acuerda que vino Miguel Galluccio por aquel entonces. Eso se concibió de modo de que la empresa esté al servicio del posible interés Argentina, por ejemplo, reinvirtiendo sus utilidades, haciendo crecer Vaca Muerta. Pero, al mismo tiempo, sin que nadie dude de que el gerenciamiento era profesional, que tiene en cuenta el interés de la empresa también. Esa decisión fue correcta, y la manera de hacer eso era no ofrecer comprar el resto de las acciones, porque, si no, nos quedábamos con el cien y pagábamos una fortuna. Esa es la primera lección del fallo de Cámara de hoy, que dice, que la Argentina actuó de acuerdo a su derecho
Y la segunda lección, que me parece importante, pero que no se entiende del todo, es que en días como hoy deberíamos celebrar todos. Y nadie debería tratar de hacer de esto una ganancia política. El gobierno actual en vez de derivarse en otras
cosas
en una cadena nacional podría decir: «Ganamos porque esto fue una política de Estado que todos suscribimos». Yo desafío a cualquiera que lea los escritos que presentó este Gobierno en la apelación y no va a encontrar una sola frase que diga que Argentina expropió mal.
-Es arbitrario o torcido decir que porque Argentina expropió hoy tenemos Vaca Muerta?
-No lo es. Me parece que nadie duda a esta altura que ha sido beneficioso para el país recuperar YPF. Ya ni siquiera pueden decir que se expropió mal. Al menos desde el punto de vista del derecho argentino.
Este miércoles 15 de diciembre se realizó el sorteo de la segunda bicicleta mountain bike entre los contribuyentes que abonaron la boleta por tasas retributivas del mes de noviembre y también aquellos que había efectuado el pago anual. El ganador fue Claudio Andrés Rocha, contribuyente número 11238. El señor Rocha deberá acercarse a la Municipalidad…
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Y si, va a ser una caza de personas y multas que nadie va a pagar pero que te ensucian para realizar cualquier trámite. No hacía falta, los vecinos están respondiendo muy bien en todos los barrios y no hace falta esta medida.
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Y si, va a ser una caza de personas y multas que nadie va a pagar pero que te ensucian para realizar cualquier trámite. No hacía falta, los vecinos están respondiendo muy bien en todos los barrios y no hace falta esta medida.