La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 1456 y, de esta manera, se extienden hasta el 31 de marzo las restricciones de circulación nocturna quedando prohibida la circulación de personas por cualquier medio habilitado entre las 2 y las 6 horas.
Se exceptúa de esta restricción al personal considerado esencial en los términos del Decreto Nº 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y normativa complementaria, quien deberá acreditar tal circunstancia ante requerimiento de cualquier autoridad.
Los días viernes, sábados, vísperas de feriados o feriados, la circulación se extenderá hasta las 3 horas.
Los restoranes, bares y confiterías del rubro gastronómico podrán funcionar en los mismos horarios en que se habilita la circulación.
De forma excepcional, se habilita la circulación de clientes y personal dependiente de dichos establecimientos hasta una hora después del horario de cierre, debiendo acreditar la constancia de consumición y certificación de trabajo, respectivamente, ante el requerimiento de cualquier autoridad pública.
De igual modo, se autoriza de forma excepcional la circulación de los clientes de dichos establecimientos, con un límite de hasta una hora después del horario de cierre, debiendo acreditar tal extremo con la exhibición de constancia de consumición, ticket, factura o constancia emitida por el establecimiento en cuestión ante el requerimiento de cualquier autoridad pública.
Por otro lado, se mantienen vigentes los horarios de los comercios de los distintos rubros.
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El Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur participaron esta tarde de la presentación del Proyecto de Renovación Integral de terminales de ómnibus del Ministerio de Transporte de Nación. Recordemos que en marzo pasado, el jefe comunal firmó con el gobierno nacional el convenio que contempla la remodelación de la terminal reginense…
Mercado Libre crece pero la acción se derrumba. No es contradicción es el síntoma de algo más grande: el choque entre una empresa que funciona como termómetro del capitalismo digital regional y los cambios regulatorio domésticos que pegan directo en su negocio.
Mercado Libre presentó un balance sólido. En el cuarto trimestre de 2025 reportó ingresos por USD 8.760 millones, con un crecimiento interanual cercano al 45%. El volumen bruto de ventas alcanzó USD 19.9 mil millones y Mercado Pago procesó USD 83.7 mil millones en transacciones.
Pero el impacto en Mercado Pago de la recategorización del monotributo que considera ingresos a los fondos depositados ene sa billetera virtual no es el único problema. Wall Street miró otra cosa. El margen operativo de Mercado Libre quedó levemente por debajo de lo esperado y la ganancia por acción decepcionó.
La acción perdió entre 8% y 10% tras la presentación del balance y suma una caída del 18% en lo que va del mes. Un castigo clásico del mercado financiero cuando las inversiones futuras pesan más que la rentabilidad inmediata.
La caída abrió una discusión intensa entre operadores. Analistas coincidieron en que el mercado penalizó a la empresa aún cuando los ingresos superaron estimaciones. El punto más repetido fue que Mercado Libre está invirtiendo agresivamente para consolidar su posición dominante. Bajó el umbral de envíos gratis en Brasil para generar hábito de compra, expande el crédito aunque hoy reduzca márgenes y profundiza su red logística propia, que ya entrega la enorme mayoría de los paquetes sin intermediarios.
Mercado Libre hoy es una empresa mucho más grande y rentable que hace algunos años, pero el mercado todavía no la mide como una blue chip tradicional. En Estados Unidos compañías consolidadas no sufren esas oscilaciones sin un shock real detrás.
Lo concreto es que la compañía crece a tasas cercanas al 40-50% anual desde hace cinco años, mientras la acción vale prácticamente lo mismo que tiempo atrás. El negocio avanza más rápido que su valuación.
«Mercado Libre hoy es una empresa mucho más grande y rentable que hace algunos años, pero el mercado todavía no la mide como una blue chip tradicional. En Estados Unidos compañías consolidadas no sufren esas oscilaciones sin un shock real detrás», apuntó el experto Javier Timerman.
En Argentina, la volatilidad es parte del paisaje. Y ahí aparece la segunda parte de la historia. Mientras el mercado discutía márgenes, el Gobierno avanzó con la recategorización compulsiva del monotributo mediante el cruce de datos de billeteras virtuales. La medida ya es conocida: ARCA comenzó a usar la información de billeteras virtuales para detectar ingresos y subir automáticamente de categoría a contribuyentes.
El impacto pegó directo en Mercado Libre. En las últimas horas empezaron a multiplicarse comercios que dejaron de aceptar Mercado Pago. Carteles pegados en vidrieras, avisos improvisados, explicaciones simples: «si cobro por billetera me recategorizan».
Para muchos pequeños negocios, el QR pasó de ser una solución financiera a un riesgo fiscal. «No es contra Mercado Libre. Es contra el sistema. Si cobro digital quedo expuesto», afirmó a LPO uno de los comerciantes que dio de baja Mercado Pago.
La escena revela un efecto inesperado de la política económica. La plataforma que empujó la bancarización masiva empieza a encontrar resistencia en su propio ecosistema.
El mercado castigó la acción por los costos de crecer. La regulación local empezó a castigar el uso. Y así, en una misma semana, el caso Mercado Libre dejó de ser solo una historia bursátil para convertirse en algo más político: la tensión entre la economía digital que intenta expandirse y un Estado que termina afectando al principal símbolo del nuevo capitalismo argentino.
El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..
La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.
Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo
El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.
En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.
El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.
Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas
Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.
El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.
En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.
El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.
Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas
El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.
Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.
La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.
La expansión de la seguridad digital
El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.
En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.
El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.
¿Puede usarse políticamente?
La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.
Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.
En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.
Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.
Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.
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La Oficina de Información al Consumidor de la Municipalidad de Villa Regina (OMIC) informa que está realizando operativos de control de precios conjuntamente con la Agencia de Recaudación Tributaria. El operativo consiste en relevamientos de precios y stock de aproximadamente 280 productos que son parte del programa Precios Cuidados. El mismo se realiza en las…
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