La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro Nº 1456 y, de esta manera, se extienden hasta el 31 de marzo las restricciones de circulación nocturna quedando prohibida la circulación de personas por cualquier medio habilitado entre las 2 y las 6 horas.
Se exceptúa de esta restricción al personal considerado esencial en los términos del Decreto Nº 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y normativa complementaria, quien deberá acreditar tal circunstancia ante requerimiento de cualquier autoridad.
Los días viernes, sábados, vísperas de feriados o feriados, la circulación se extenderá hasta las 3 horas.
Los restoranes, bares y confiterías del rubro gastronómico podrán funcionar en los mismos horarios en que se habilita la circulación.
De forma excepcional, se habilita la circulación de clientes y personal dependiente de dichos establecimientos hasta una hora después del horario de cierre, debiendo acreditar la constancia de consumición y certificación de trabajo, respectivamente, ante el requerimiento de cualquier autoridad pública.
De igual modo, se autoriza de forma excepcional la circulación de los clientes de dichos establecimientos, con un límite de hasta una hora después del horario de cierre, debiendo acreditar tal extremo con la exhibición de constancia de consumición, ticket, factura o constancia emitida por el establecimiento en cuestión ante el requerimiento de cualquier autoridad pública.
Por otro lado, se mantienen vigentes los horarios de los comercios de los distintos rubros.
Mucho antes de los satélites y los grandes proyectos de exploración submarina, Argentina ya tenía una tradición científica y tecnológica vinculada al conocimiento del mar. La desaparición del submarino ARA San Juan en 2017 abrió una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente del país, pero también puso en primer plano la importancia estratégica del Atlántico Sur, la investigación oceanográfica y el desarrollo de capacidades propias para conocer y proteger uno de los espacios más importantes del territorio nacional.
Por Redacción de NLI
El océano es uno de los grandes territorios desconocidos de la humanidad. Aunque cubre más del 70% de la superficie del planeta, gran parte de sus profundidades continúa siendo un misterio para la ciencia. En ese enorme espacio se encuentran ecosistemas desconocidos, recursos naturales estratégicos y claves fundamentales para comprender el clima y la evolución de la Tierra.
Argentina, con una de las plataformas continentales más extensas del mundo y una ubicación privilegiada en el Atlántico Sur, tiene una relación histórica con el mar que va mucho más allá de la navegación comercial o la pesca. El conocimiento del océano también es una cuestión científica, económica y soberana.
La historia del ARA San Juan, aunque marcada por la tragedia, forma parte de una discusión más amplia sobre la importancia de contar con tecnología, investigación y presencia permanente en un espacio marítimo que será cada vez más relevante durante el siglo XXI.
El Atlántico Sur: un territorio estratégico
Muchas veces, cuando se habla del territorio argentino, la mirada queda limitada a la superficie continental. Sin embargo, el país posee una enorme extensión marítima que incluye una amplia plataforma continental reconocida internacionalmente.
Ese espacio contiene una gran biodiversidad, recursos pesqueros, posibilidades energéticas y una ubicación estratégica en las rutas marítimas internacionales.
Por eso, distintos países del mundo aumentaron en las últimas décadas sus inversiones en investigación oceánica. Conocer el fondo marino, estudiar las corrientes, analizar los ecosistemas y monitorear los cambios ambientales se convirtió en una prioridad científica y geopolítica.
En ese contexto, los submarinos cumplen una función que va mucho más allá de lo militar. También permiten obtener información sobre zonas profundas que resultan inaccesibles para otros medios de exploración.
La tradición submarina argentina
Argentina tiene una historia submarina que se remonta a mediados del siglo XX. La incorporación de submarinos a la Armada permitió desarrollar capacidades técnicas, formar tripulaciones especializadas y generar conocimiento sobre las características del Atlántico Sur.
El ARA San Juan, incorporado a la Armada Argentina en 1985, fue construido en Alemania y modernizado posteriormente en el país. Su mantenimiento incluyó trabajos realizados por técnicos argentinos, lo que implicó preservar capacidades industriales vinculadas con la reparación de sistemas complejos.
La existencia de una flota submarina requiere una infraestructura tecnológica sofisticada: astilleros, ingenieros, técnicos electrónicos, especialistas en materiales y profesionales capaces de intervenir en sistemas de enorme precisión.
Ese conocimiento forma parte de las capacidades estratégicas de un Estado.
La tragedia del ARA San Juan
El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan perdió comunicación mientras navegaba en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo.
La noticia conmocionó al país y desencadenó una de las búsquedas más importantes realizadas en aguas profundas argentinas. Durante meses participaron buques nacionales e internacionales equipados con tecnología especializada hasta que finalmente el submarino fue localizado a más de 900 metros de profundidad.
La tragedia del ARA San Juan no quedó limitada al dolor por la pérdida de los 44 tripulantes: también abrió una profunda discusión política sobre las responsabilidades de la gestión de Mauricio Macri. Las familias denunciaron durante años la falta de respuestas claras por parte del Gobierno nacional, cuestionaron el trato recibido por los funcionarios y reclamaron que la investigación avanzara para determinar si existieron negligencias vinculadas al mantenimiento, las condiciones operativas y las decisiones adoptadas antes de la última misión del submarino. El reclamo de los familiares se transformó en una lucha por verdad y justicia frente a un Estado que, según denunciaron, durante los primeros meses de la tragedia priorizó el manejo comunicacional de la crisis antes que brindar respuestas concretas a quienes habían perdido a sus seres queridos. La causa judicial y las investigaciones posteriores mantuvieron abierto el debate sobre el grado de responsabilidad política y administrativa de quienes tenían a su cargo la conducción de la Armada y del Ministerio de Defensa en ese momento.
Ciencia, industria y soberanía tecnológica
El conocimiento del mar requiere una combinación de disciplinas: oceanografía, biología marina, ingeniería, informática, geología y tecnología satelital.
Argentina cuenta con instituciones científicas dedicadas al estudio del océano, como el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), universidades y organismos de investigación que trabajan sobre los ecosistemas marinos y los recursos del Atlántico Sur.
Pero los especialistas suelen advertir que la investigación marítima necesita continuidad. Explorar un territorio tan vasto requiere inversiones sostenidas y planificación de largo plazo.
Un país que desconoce su propio mar tiene menos herramientas para defender sus recursos, proteger su ambiente y tomar decisiones estratégicas sobre su futuro.
El desafío de mirar hacia el océano
Durante mucho tiempo, Argentina tuvo una relación contradictoria con su espacio marítimo. A pesar de contar con una de las mayores extensiones oceánicas del mundo, gran parte del debate público se concentró en el territorio continental.
Sin embargo, el siglo XXI está modificando esa mirada. El cambio climático, la explotación de recursos, la conservación de especies y las nuevas tecnologías convierten a los océanos en un escenario central.
La exploración submarina, la investigación científica y la formación de especialistas serán cada vez más importantes para cualquier país que quiera participar de las discusiones globales sobre recursos y ambiente.
La historia del ARA San Juan quedó grabada como una tragedia nacional, pero también como un recordatorio de una necesidad estratégica: Argentina debe conocer, investigar y proteger su propio territorio marítimo. Porque la soberanía no termina en la costa; también se extiende hacia las profundidades de un océano que todavía guarda gran parte de sus secretos.
Luis Caputo abrió una nueva fuente potencial de financiamiento para el Tesoro. Esta vez, con el fondo creado para afrontar las indemnizaciones de los trabajadores.
La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía definió este miércoles dónde podrán colocarse los recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y dejó una particularidad difícil de pasar por alto: puso límites para casi todos los activos, menos para la deuda del Estado nacional.
El FAL es una de las piezas centrales de la reforma laboral aprobada este año. Fue creado por la Ley 27.802 para que las empresas acumulen recursos destinados a afrontar indemnizaciones por despidos y otras formas de extinción del contrato laboral. No reemplazan formalmente la indemnización ni liberan al empleador si el dinero acumulado resulta insuficiente. Funcionan como una reserva financiera para ayudar a pagarla.
El sistema alcanzará a los empleadores privados y comenzará a funcionar el 1 de noviembre. Cada empresa tendrá una cuenta individual dentro de un fondo común de inversión o fideicomiso financiero autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Ese patrimonio será separado, inembargable y de afectación específica. La administración quedará en manos de entidades habilitadas por la CNV.
La plata tampoco sale directamente del bolsillo del trabajador. La ley estableció una contribución mensual equivalente al 1% de la masa salarial imponible para las grandes empresas y al 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, con las condiciones previstas por la propia norma. Los pagos serán canalizados mensualmente a través de ARCA.
Son recursos que hasta ahora tenían destino previsional y financiaban el sistema de seguridad social. La reforma reduce contribuciones patronales y redirecciona una parte de ese flujo hacia las cuentas destinadas a afrontar futuras indemnizaciones.
Hasta ahí, la arquitectura laboral. La resolución de Caputo incorpora ahora la pata financiera y transforma ese flujo en una nueva masa de ahorro institucional que saldrá todos los meses al mercado a buscar activos.
Economía autorizó que los fondos compren títulos públicos nacionales a tasa fija, ajustados por CER, vinculados a la TAMAR, dólar linked y bonos duales. También podrán colocar dinero en deuda provincial, obligaciones negociables de empresas privadas y depósitos bancarios. Todos los instrumentos deberán estar integrados y ser pagaderos en pesos.
Pero la diversificación tiene una curiosidad. La deuda provincial no podrá representar más del 15% de la cartera. Las obligaciones negociables privadas tendrán un límite del 20%. Los depósitos en una misma entidad financiera tampoco podrán superar el 15%. Para los títulos dólar linked habrá además un máximo agregado del 10%. Para la deuda del Tesoro Nacional, en cambio, la resolución no establece un porcentaje máximo equivalente.
En otras palabras, Economía puso barandas alrededor de casi todos los casilleros de inversión y dejó abierto el que conduce a sus propios títulos.
Para la deuda del Tesoro Nacional, la resolución no establece un porcentaje máximo equivalente. En otras palabras, Economía puso barandas alrededor de casi todos los casilleros de inversión y dejó abierto el que conduce a sus propios títulos
La reglamentación que todavía debe dictar la CNV podrá agregar restricciones adicionales, pero en la resolución publicada por Caputo no aparece un techo específico para la exposición del FAL a deuda soberana nacional.
El detalle cobra mayor importancia por otra disposición. Los fondos deberán mantener como mínimo un 10% de su patrimonio en activos de alta liquidez para responder a los pagos de indemnizaciones.
Entre los instrumentos que Economía considera aptos para cumplir esa exigencia incluyó expresamente Letras del Tesoro en pesos, a tasa fija o ajustables por CER, con hasta 90 días de plazo remanente.
Es decir, hasta el colchón de liquidez que debe estar disponible para pagar un despido podrá utilizarse para financiar al Tesoro.
Federico Sturzenegger, el ideólogo del plan para las indemnizaciones
El contraste con el tratamiento de otros emisores es todavía mayor. Para comprar deuda provincial u obligaciones negociables privadas, los instrumentos deberán contar con calificación AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV. Los títulos emitidos por el Estado Nacional no enfrentan ese filtro.
El tamaño potencial del nuevo jugador tampoco es menor. Según los últimos datos disponibles del SIPA, en abril había 6,13 millones de asalariados privados registrados. El RIPTE de mayo, que sirve sólo como referencia y no coincide exactamente con la base imponible del FAL, alcanzó los 1.849.728 de pesos mensuales.
El contraste con el tratamiento de otros emisores es todavía mayor. Para comprar deuda provincial u obligaciones negociables privadas, los instrumentos deberán contar con calificación AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante la CNV. Los títulos emitidos por el Estado Nacional no enfrentan ese filtro
Un cálculo mecánico permite dimensionar el volumen, aunque no proyectar todavía con precisión cuánto dinero efectivamente ingresará al sistema. Si todos esos trabajadores tributaran sobre una remuneración equivalente al RIPTE, una contribución del 1% representaría alrededor de 113.000 millones de pesos mensuales, unos 1,36 billones por año. Con una alícuota del 2,5%, el flujo treparía a unos 283.000 millones de pesos mensuales, cerca de 3,4 billones anuales.
El monto real estará en algún punto que no puede determinarse todavía con esos datos, porque depende de la masa salarial efectivamente alcanzada, de la distribución de trabajadores entre grandes empresas y MiPyMEs y de la remuneración imponible de cada uno.
Pero la cuenta sirve para mostrar la escala: el Gobierno acaba de crear un inversor institucional capaz de administrar varios billones de pesos y habilitó al Tesoro para disputar una porción importante de ese ahorro.
La CNV tendrá ahora que completar el tablero. El decreto reglamentario le encomendó dictar las normas necesarias para poner en funcionamiento los vehículos de inversión y establecer sus requisitos.
Hasta entonces, el diseño que dejó Caputo tiene una particularidad política y financiera difícil de disimular. La reforma laboral creó un fondo para garantizar que haya plata cuando llegue el momento de pagar una indemnización. Economía acaba de decidir que, mientras ese momento no llegue, una parte potencialmente muy importante de esa plata podrá descansar en títulos emitidos por el propio Estado. El fondo de los despidos entra así al mercado de pesos. Y el Tesoro queda primero en la fila.
La operación tiene entonces dos movimientos. Primero, una porción de los recursos que ingresaban al sistema previsional deja de hacerlo y pasa a alimentar los Fondos de Asistencia Laboral. Después, mientras esos pesos no sean necesarios para pagar indemnizaciones, las administradoras podrán invertirlos en los activos habilitados por Economía.
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que se completaron los cupos para participar de la ‘Bajada de canoas Recreativa’ que unirá Huergo y Regina el domingo 28 de febrero. Difunde esta nota
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública N° 04/2021 para el mantenimiento y recambio de luminarias a tecnología LED para el sector centro, Avenida Mitre, calle Juan XXIII, Avenida Cipolletti, Las Heras, Brown, Belgrano y Avenida General Paz. El presupuesto oficial es de $ 29.078.154,41 y el plazo de obra es…
Metrogas aprobó el reparto de dividendos por primera vez en 25 años mientras mantiene una deuda millonaria con Enarsa, la empresa de energía del Estado, por el gas suministrado durante los últimos años.
La asamblea de accionistas aprobó la distribución de $65.000 millones en dividendos, el primer reparto desde 2001. La decisión se apoya en las ganancias acumuladas tras la mejora de los resultados financieros de la compañía, favorecida por la recomposición tarifaria y la desregulación del sector. El problema es que le debe casi exactamente esa cifra a la estatal Enarsa por compras de gas no pagadas.
El desembolso también se apuró para que se realice antes que se concrete la privatización en marcha del paquete que tiene YPF en la empresa. La operación sería ilegal, porque necesitaría la aprobación formal de la Secretaría de Energía y el Enargas.
Los balances muestran que Metrogas todavía arrastra una importante deuda con la estatal Energía Argentina (Enarsa). El 3 de septiembre de 2025 la empresa firmó un acuerdo para cancelar los montos adeudados por provisión de gas correspondientes al período comprendido entre agosto de 2019 y septiembre de 2023, incluyendo intereses devengados hasta el 31 de julio de 2025 e impuestos. El saldo consolidado alcanzó los $67.557 millones.
La decisión de repartir dividendos por casi los mismos 60 mil millones que Metrogas le debe a la estatal Enarse, se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.
La decisión de repartir dividendos por casi el mismo monto que la empresa debe al Estado se parece bastante a un vaciamiento justo antes de su privatización.
El acuerdo para pagar la deuda que se firmó en su momento estableció que la mitad de esa deuda sería cancelada con los fondos obtenidos mediante un préstamo sindicado. El 50% restante quedó refinanciado en nueve cuotas trimestrales y consecutivas, con vencimientos que se extienden hasta noviembre de 2027. El cronograma prevé dos cuotas iniciales del 5%, una tercera del 8%, dos pagos del 11% durante 2026 y cuatro cuotas finales del 15% cada una durante 2027. Mientras tanto, el saldo pendiente continúa generando intereses a una tasa equivalente a TAMAR más un margen del 8,15% anual.
Ese dato es el que alimenta los cuestionamientos regulatorios. En el sector sostienen que la distribución de dividendos no resulta consistente con una empresa que todavía mantiene un acuerdo de pago vigente con una compañía estatal. «Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa», explicó a LPO una fuente del sector.
No se trata de una prohibición expresa, sino de un criterio regulatorio. En un servicio público, el regulador suele priorizar que las empresas cumplan con sus obligaciones financieras, sostengan las inversiones y garanticen la prestación antes de girar fondos a los accionistas.
La decisión además coincide con el proceso de venta de Metrogas. YPF controla indirectamente la distribuidora a través de Gas Argentino S.A. (GASA) y contrató al Banco Santander para desprenderse de esa participación. Sin embargo, el proceso perdió a uno de los interesados más importantes cuando el grupo Neuss resolvió retirarse de la compulsa, reduciendo la lista de potenciales compradores. En carrera quedan Jose Luis Manzano, Manuel Santos Uribelarrea y Alberto Pierri.
Como mínimo, la Secretaría de Energía y el Enargas tendrían que haber revisado esta decisión antes de autorizar el reparto. No es una situación habitual que una distribuidora distribuya utilidades mientras mantiene este nivel de deuda con Enarsa.
En el mercado suele darse por descontado que YPF está obligada a vender Metrogas por las incompatibilidades previstas en la Ley del Gas. Sin embargo, esa interpretación no es unívoca. Jurídicamente, la petrolera podría conservar el activo si así lo decidiera.
El principal argumento es que la Resolución I-2566/2013 de Enargas, que autorizó la adquisición del control de Gas Argentino S.A., continúa plenamente vigente. Ese acto administrativo consolidó la propiedad de YPF sobre Metrogas y nunca fue anulado por la Justicia. Tampoco existe una sentencia firme que ordene desprenderse de esas acciones ni una resolución que disponga una venta compulsiva.
En los hechos, los planteos regulatorios formulados en los últimos años consistieron en intimaciones para adecuar la estructura societaria y abrir instancias de negociación, pero no constituyen una orden de liquidación forzosa. A eso se suma otro argumento que esgrimen especialistas: tras la expropiación de YPF en 2012, las normas específicas que regulan a la petrolera bajo control estatal pueden prevalecer transitoriamente sobre las restricciones generales de la Ley 24.076 cuando está comprometido un activo considerado estratégico.
Por eso, la salida de Metrogas responde hoy más a una decisión política y empresaria que a una obligación legal inmediata. Mientras tanto, los accionistas cobrarán dividendos, pese a que la deuda por casi exactamente el mismo monto sigue sin saldar.
En el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el Intendente Marcelo Orazi procedió a realizar el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de los Próceres. Estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega y el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur. Como consecuencia de las nuevas…
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