El Intendente Marcelo Orazi firmó con la Gobernadora Arabela Carreras el convenio para la implementación del programa ‘Suelo Urbano’ que contempla la obra de infraestructura básica para 107 terrenos del loteo Barazzutti con una inversión $21.615.872,05.
De esta manera se dotará de los servicios de red de agua, eléctrica y alumbrado público a este sector de la ciudad, dando respuestas a la demanda de las familias que esperan contar con esta infraestructura para poder empezar a construir.
Recordemos que hace unos días el municipio de Villa Regina concretó hace unos días la apertura de las calles en esa zona.
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Las Fuerzas Armadas atraviesan una situación crítica que combina la falta de cobertura por la crisis de la obra social, el ajuste salvaje que se oficializó con el último decreto del Gobierno para el Presupuesto, y los bajos salarios.
Este último ítem ha sido motivo de análisis tras un informe
interno
que revela que, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los haberes del personal militar registraron una suba acumulada del 139,03%, muy por debajo del avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó el 219,14% en el mismo período. Es decir, una caída del 80 por ciento.
El informe también muestra que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 189,91%, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles trepó un 417,41%, convirtiéndose en el componente de mayor presión sobre el poder adquisitivo de los uniformados.
Los datos reflejan una marcada pérdida del salario real del personal militar frente al costo de vida. Mientras en diciembre de 2023 los haberes partían de una base de 100 puntos -igual que el resto de los indicadores-, para marzo de 2026 alcanzaron 239,03 puntos. En contraste, el IPC llegó a 319,14 puntos; alimentos y bebidas no alcohólicas, a 289,91; y vivienda y servicios básicos, a 517,41 puntos.
El informe también muestra que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 189,91%, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles trepó un 417,41%, convirtiéndose en el componente de mayor presión sobre el poder adquisitivo de los uniformados
La mayor brecha se observa en el rubro de servicios esenciales. El costo de vivienda, agua, electricidad y gas más que quintuplicó su valor inicial, mientras que los ingresos militares apenas lograron duplicarse. Esta diferencia impacta de manera directa en la capacidad de sostener gastos fijos del hogar y en el acceso a bienes básicos. En alimentos, aunque la suba fue menor que en servicios, también superó ampliamente la recomposición salarial.
El exministro de Defensa Luis Petri
El índice pasó de 100 a 289,91 puntos, casi 51 puntos por encima de los haberes militares. Una fuente militar que sigue de cerca todo este proceso explicó a LPO que «este desfasaje profundiza el deterioro del poder adquisitivo y genera una situación de creciente vulnerabilidad económica en sectores de ingresos fijos, especialmente entre retirados y personal en actividad con menores escalas salariales».
Este desfasaje profundiza el deterioro del poder adquisitivo y genera una situación de creciente vulnerabilidad económica en sectores de ingresos fijos, especialmente entre retirados y personal en actividad con menores escalas salariales
«La comparación deja en evidencia que, pese a los incrementos otorgados en el período, la actualización de haberes no logró acompañar el ritmo de la inflación general ni el fuerte encarecimiento de los servicios básicos, consolidando una pérdida sostenida del ingreso real», agregó.
La situación salarial también aumenta el malestar con el ministro Carlos Presti que no pudo dar respuestas a las demandas de sus compañeros de armas desde que llegó al ministerio. Fuentes militares consultadas por LPO hablan de «desazón general» y afirman que «el 99 por ciento de las Fuerzas Armadas no tiene un concepto de Presti peor que el de Petri pero sí considera que no es la voz de las FFAA en el gobierno sino que es el gobierno de uniforme dando ordenes directamente».
La crisis salarial en las Fuerzas Armadas es un problema de arrastre. Durante el gobierno de Alberto Fernandez, con Sergio Massa en Economía y Jorge Taiana en Defensa, se empezó un plan de jerarquización de los haberes para que el personal militar cobre igual que las fuerzas de seguridad. Eso fue interrumpido tras la asunción de Javier Milei y la situación se agravó a punto tal que muchos militares activos tiene que buscar otro trabajo para sobrevivir.
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Bolivia vive momentos de extrema tensión. La Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas están llevando a cabo una protesta con cortes de ruta en contra del gobierno de Rodrigo Paz.
La COB reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia de Paz , algo que igualmente exigen también campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.
La protesta comenzó en la ciudad de El Alto y avanzó hacia La Paz con acciones violentas que incluyeron la explosión de bombas y petardos.
Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), Ladislao Prado, dijo que se movilizaron por «demandas justas y necesarias» y el respeto a la «institucionalidad» de su organización.
La movilización minera se desbordó cuando llegó a una calle cercana a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano, donde había una barrera policial reforzada con estructuras metálicas que los manifestantes intentaron retirar por la fuerza.
Esto derivó en enfrentamientos con los agentes, después de que los mineros intentaran superar el cerco policial utilizando cargas de dinamita y la Policía respondiera con gases lacrimógenos, en choques que duraron más de dos horas y dejaron al menos dos arrestados, pese a que poco antes dirigentes del sector habían ingresado a la sede de Gobierno para reunirse con autoridades.
La COB reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia de Paz , algo que igualmente exigen también campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.
El clima de protestas organizadas por distintos sectores lleva más de unas semana y combina reclamo de los mineros pero también de obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas, con reclamos desde aumentos salariales hasta la no privatización de empresas públicas.
Asediado por el clima social, Rodrigo Paz denunció que las protestas están siendo parcialmente instrumentalizadas para «desmontar» el sistema democrático nacional y advirtió que quienes estén utilizando el agravio para desestabilizar el país pueden terminar en la cárcel.
«Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática», dijo Paz este viernes durante la presentación del informe Democracia y Desarrollo 2026.
Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática
La situación institucional desde que asumió Paz es delicada desde el principio. La ruptura con el vicepresidente Edmar Lara es parte de ese proceso de crisis y las demandas sociales se incrementan en sectores que votaron por el presidente en la segunda vuelta y hoy le soltaron la mano. «Esos que intentan desde el pasado destrozar la democracia se van a ir a la cárcel», dijo en referencia a Evo Morales y el MAS.
En este contexto, el portavoz del Gobierno José Luis Gálvez denunció la existencia de un «plan macabro» supuestamente financiado por el narcotráfico, y acusó a Evo Morales y dirigentes afines de promover movilizaciones y bloqueos para desestabilizar al país y, como ha insistido el presidente a última hora de este viernes, «romper la democracia».
Ante este cuadro de situación, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú expresaron su preocupación por la crisis humanitaria en Bolivia a través de una declaración conjunta en la que advirtieron sobre el impacto de las protestas y bloqueos de rutas en el abastecimiento de alimentos e insumos esenciales.
El comunicado señala que la situación en Bolivia es consecuencia de las manifestaciones y cortes de carreteras que derivaron en dificultades para garantizar productos básicos para la población.
En el texto, los gobiernos firmantes rechazaron «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad» del Estado Plurinacional de Bolivia, y remarcaron su respaldo al Gobierno constitucional surgido de las Elecciones Generales de 2025.
Además, reiteraron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano, al tiempo que exhortaron a los distintos actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social. El gobierno argentino decidió enviar un avión Hércules C-130 para el transporte de alimentos.
Mineros bolivianos marchan.
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