SE APROBÓ LA COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS SONOROS EN VILLA REGINA

Ayer se aprobó la ordenanza que prevee la colocación de semáforos sonoros en 5 esquinas semaforizadas de la ciudad. La ordenanza, iniciativa del Consejo Local de Discapacidad, fue aprobada por unanimidad. De la sesión participó la Arquitecta Rosana Cisint coordinadora del COPLADE y expuso el informe que trabajaron a pedido de la comisión de planificación.

En el tratamiento de la ordenanza hay dos cosas para celebrar: Una es la aprobación de la misma que hace dos años navega en el CD y mejora aunque sea mínimamente la accesibiliad de una minoría en la ciudad, y la otra es darle lugar al COPLADE (más allá del tema particular) en cuestiones de planificación, por supuesto planteó una mirada más abarcadora y profunda de los problemas de accesibilidad que tiene nuestra ciudad. Una ciudad inviable con grandes obstáculos urbanos y naturales. Bien aprovechada la intervención

En esa lectura profesional realizada por el COPLADE se busca un diseño universal orientado al diseño de soluciones que respondan a las necesidades de una amplia gama de usuarios, una cadena de accesibilidad y no soluciones desarticuladas.

Los problemas de accesibilidad, de planificación integral, una secretaria de planificación; es algo que venimos planteando hace rato. Lo importante es que la participación del COPLADE y del colegio de arquitectos no sea esporádica e intermitente, sino más bien constante y recurrente para poder atacar los problemas de planificación y accesibilidad de una manera profunda.

Resta por ver si la colocación de los semáforos sonoros se ubicarán en los puntos que habían planteado entre la dirección de tránsito y el Consejo Local, o se pondrán en discusión mediante los aportes que hizo el COPLADE donde se analizan otras posibles esquinas.

La lectura que hizo el COPLADE sobre la ubicación de los semáforos sonoros no es la misma que hizo el Consejo Local, siendo lógico ya que una mirada es netamente participativa y la otra profesional. La reunión que mantuvieron los concejales de la comisión de planificación, en conjunto con COPLADE y el dir de tránsito Mario Figueroa durante esta semana; no contó con la participación de integrantes del consejo de discapacidad. De haber participado gente del Consejo se podría haber debatido sobre la ubicación de los primeros 5 semáforos, probable próximo paso luego de la aprobación de la misma. Esta colocación sería una primer etapa y en la segunda se podrían colocar los 5 restantes (en Regina hay 10 semáforos).

***

Respecto a la ubicación de los dispositivos aprobados por ordenanza el COPLADE hizo hincapié y analizó los principales puntos neurálgicos que ocasionan una verdadera barrera física en la vida cotidiana de todos los ciudadanos y especialmente en los que por algunas de las razones ya expuestas, presentan una disminución funcional. A continuación

La Ruta 22 representa una de nuestras mayores barreras urbanas, mas aún hoy con su condición de Autopista donde el cruce peatonal se torna de alto riesgo ya que los flujos de circulación vehicular son intensos o de alta velocidad.
Los cruces semaforizados y  las pasarelas peatonales no garantizan el cruce seguro; no resuelven una mejor condición de accesibilidad a las personas, debido a que no está resuelta de manera accesible las llegadas y salidas a las mismas, no  existe  un  itinerario  accesible  hacia  ellas,  las  pendientes  que  presentan ocasionan la  necesidad  de  asistencia para el cruce a personas en sillas de ruedas o con motricidad reducida; con lo que atentan contra la autonomía de una gran fracción de Ia comunidad, dejando en evidencia su limitado uso.
En la consideración de generar un itinerario accesible, es fundamental el análisis del espacio urbano, generando circuitos que vinculen avenidas principales, calles secundarias, paradas de colectivos y accesos al transporte.
Esto es fundamental, para que la elección de la localización de los mencionados semáforos sonoros responda a las necesidades en función del espacio urbano, máxime teniendo en cuenta, que dichas instalaciones se harán en progresivas etapas.

***

En su informe el COPLADE también sumó algunas alternativas en pos de una ciudad más accesible, luego de hacer hincapié en la barrera urbana más importante que tenemos que es la Ruta Nacional 22 complejizada al convertirse en autovía. Compartimos algunas de las alternativas para generar mayor accesibilidad no solo para personas con discapacidad sino también, por ejemplo, a los que integran las distintas etapas del desarrollo humano (niñez, vejez, embarazadas).

Semáforo peatonal con cuenta regresiva.

Al igual que los con luces parpadeantes, los semáforos con cuenta regresiva informan sobre el momento del cambio de luz, aunque lo hacen en segundos, así el peatón sabe cuánto tiempo falta para la luz verde o, cuando esta cambiara a roja.

Semáforo peatonal para personas con discapacidad visual

Los semáforos tradicionales, indican cuando cruzar mediante el uso de luces, algo que no sirve para quienes tienen algún tipo de discapacidad visual.
Para ellos existen semáforos que, además de usar luces, indican cuando toca el turno de cruzar con una señal audible, la cual también avisa cuando esta por cambiar con una leve variación del pitido que emiten.

La tecnología mencionada, haciendo uso de los semáforos peatonales sonoros, pertenecen  a  un  conjunto  de  dispositivos  que  aumentan  la  accesibilidad peatonal, logrando de esta manera la inclusión social de todas las personas. El uso autónomo de los mismos resuelve las desigualdades para poder desenvolverse en una sociedad que no ha contemplado las necesidades de estas personas.

Los semáforos con cuenta regresiva numérica y sonora indican a todas las personas el tiempo disponible para el cruce de la calle.

Los semáforos sonoros, si bien indican en qué momento el mismo se encuentra en verde, habilitando al peatón con una discapacidad visual (ciegos y disminuidos visuales) para cruzar, no le indican en forma numérica el tiempo que le queda para hacerlo, lo que resta precisión a la información relacionada con el cruce.
Los puntos donde sean colocados, responden a salvar las situaciones de riesgo, generadas por el alto tránsito, o de mayor afluencia de personas circulando la vía pública.

Sincronización de semáforos en «onda verde»

A los efectos de mejorar la fluidez del tránsito y Ia seguridad vial una alternativa viable, puede darse con la sincronización de ondas verdes materializadas con semáforos que en horarios pico, en sintonía con los que operan en los cruces de Ia multitrocha, permitirían garantizar la seguridad de Ia población en general, atender y proteger aún más a los colectivos vulnerables, como niños, mayores y personas con movilidad reducida o discapacidades diversas.

Distintos estudios, en diferentes ciudades,  concluyen, que se fundamenta la medida al indicar que «las personas con discapacidad y su entorno se enfrentan cotidianamente a situaciones que generan tensión física y psíquica; las tareas que para la mayoría de las personas son sencillas y rutinarias -como ser caminar por la calle- pueden resultar para las personas con discapacidad un obstáculo arduo y hasta insalvable.

Conclusión del informe

Par todo  lo  detallado,  se  concluye,  que existe en  nuestra ciudad,  un  gran condicionamiento  para el  normal  desarrollo de  la vida cotidiana, que es la convivencia de nuestra ciudad y la ruta.

Entendiendo que pone en situación de peligro constante, el traspaso de la misma, a la comunidad toda, amerita la consideración de un tema que es de interés común poder resolver.

El poder aplicarlo en los cruces semaforizados de la autovía, favorece a la comunidad toda; y el considerarlo para al resto de las esquinas semaforizadas de la  ciudad,  permite  la  accesibilidad  peatonal,  logrando  de  esta  manera  la inclusión social de todas las personas.

La seguridad peatonal es una responsabilidad compartida. Todos los usuarios de las vías públicas tienen un papel que desempeñar para proteger mejor a los peatones y hacer del mundo un lugar seguro para caminar, incluidos los propios peatones.

Sin embargo, son los gobiernos quienes están en mejor posición de llamar la atención sobre las necesidades específicas de los peatones, promulgar y hacer cumplir leyes y normas para su protección y diseñar y construir entornos que contribuyan a prevenir la muerte y las lesiones de peatones y promuevan el andar a pie y garantizando la seguridad para todos los usuarios de las vías públicas, incluidos niños, adultos mayores y las personas con discapacidad, quienes figuran entre los peatones más vulnerables.

Existen intervenciones eficaces para proteger mejor a los peatones, y su ejecución pasa  por  un  enfoque  integral  centrado  en  una  combinación de  ingeniería, observancia y educación.

La implementación de estos semáforos mejorará la calidad de vida,  les dará autonomía y accesibilidad a las personas con discapacidad visual, que son quienes están más expuestos al transitar por las calles de la ciudad.

Los avisadores acústicos responden a la necesidad de facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual, incrementando de forma notable los niveles de seguridad vial y propiciando la consolidación de una ciudad más accesible, con atención preferente para las personas o colectivos que presentan algún tipo de discapacidad o que tienen necesidades especiales.

Difunde esta nota

Te puede interesar

  • Oficina de Empleo: herramientas para acceder al mundo laboral

    La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Regina viene trabajando a través de distintos programas con el objetivo de otorgar herramientas para acceder al mundo laboral a personas de distintas edades. Uno de ellos es ‘Promover Igualdad’ que está destinado a desocupados mayores de 18 años que tengan certificado de discapacidad. A través…

    Difunde esta nota
  • | |

    Por qué Perón nunca aceptaría un gobierno de Javier Milei

    En el mundo de la política argentina, hay figuras icónicas que han dejado una huella imborrable en la historia del país. Uno de esos personajes es Juan Domingo Perón, quien gobernó Argentina en tres ocasiones y dejó un legado político y social de gran relevancia. En contraste, encontramos a Javier Milei, un economista y político…

    Difunde esta nota
  • |

    La hidrovía de Milei: una privatización bajo sospecha que terminó exactamente como se había denunciado

     

    La adjudicación definitiva de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus cerró formalmente una licitación que, lejos de convertirse en el ejemplo de transparencia prometido por el Gobierno, acumuló cuestionamientos desde su misma concepción. Denuncias judiciales por presunto direccionamiento, observaciones técnicas, vínculos empresariales y la entrega por 25 años del principal corredor exportador del país conforman un escenario que vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿quién controla uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina y en beneficio de quién?

    Por Roque Pérez para NLI

    La firma del contrato mediante el cual el Gobierno de Javier Milei entregó la administración de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por Jan De Nul y Servimagnus no representa el final de una licitación, sino el comienzo de una nueva controversia política, económica y judicial. La Hidrovía no es una obra pública más: constituye la arteria por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente la producción agroindustrial que sale hacia los mercados internacionales. Quien administra ese corredor no solamente realiza tareas de dragado y balizamiento, sino que interviene sobre uno de los circuitos económicos más sensibles del país. Por esa razón, la decisión del Ejecutivo de volver a concesionar su explotación durante 25 años, con posibilidad de prórroga, excede ampliamente una discusión técnica y se inscribe dentro del proceso de retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas, una de las principales banderas del programa libertario.

    Sin embargo, lejos de consolidarse como una licitación modelo, el proceso quedó atravesado por sospechas prácticamente desde el primer día. En NLI se siguió cada una de las etapas de la convocatoria y se advirtió tempranamente que varios de los requisitos incorporados al pliego parecían restringir la competencia en lugar de ampliarla. Aquellas observaciones, que en su momento fueron descartadas por el Gobierno como críticas interesadas, hoy vuelven a cobrar fuerza luego de que la adjudicación terminara beneficiando precisamente a la empresa que numerosos especialistas señalaban desde el inicio como la principal favorecida por las condiciones impuestas en el concurso.

    Una licitación cuestionada desde el diseño de los pliegos

    El principal cuestionamiento nunca estuvo dirigido únicamente al resultado, sino al modo en que fue construido el proceso licitatorio. Diversos especialistas en infraestructura portuaria, ex funcionarios del área y empresas interesadas advirtieron que varios de los requisitos técnicos incorporados al pliego reducían drásticamente la posibilidad de una competencia real. Entre ellos sobresalía la exigencia de disponer de equipamiento capaz de operar inmediatamente con 44 pies de profundidad, una condición que, según denunciaron distintos actores del sector, solamente podía acreditar quien ya contaba con una estructura instalada sobre la propia Hidrovía. De esa manera, una licitación internacional que en teoría debía convocar a las principales dragadoras del mundo terminaba favoreciendo objetivamente a quienes ya tenían presencia histórica en el corredor fluvial.

    Las consecuencias de ese diseño no tardaron en aparecer. Empresas internacionales que inicialmente habían manifestado interés fueron quedando fuera del proceso a medida que avanzaban las distintas etapas de evaluación. Algunas fueron descartadas por cuestiones formales, mientras que otras quedaron relegadas durante la valoración técnica. Finalmente, la adjudicación terminó recayendo sobre el consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, confirmando el desenlace que muchos de los cuestionamientos anticipaban desde hacía meses. Para el Gobierno, ello demuestra que ganó la mejor oferta disponible; para quienes impugnaron la licitación, en cambio, constituye la confirmación de que las reglas del concurso fueron diseñadas para conducir precisamente a ese resultado.

    En paralelo comenzaron a multiplicarse las denuncias judiciales. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una acción penal en la que solicitó investigar la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia sostiene que el pliego habría sido confeccionado con cláusulas dirigidas a favorecer a un oferente determinado y advierte que el eventual perjuicio económico para el Estado podría alcanzar miles de millones de dólares a lo largo de la concesión. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió actuaciones para analizar distintos aspectos del procedimiento, aunque ninguna de esas presentaciones impidió que el Ejecutivo avanzara con la adjudicación definitiva.

    Un negocio multimillonario que vuelve a quedar en manos privadas

    La importancia de esta concesión resulta difícil de exagerar. La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal corredor logístico de la Argentina y uno de los más relevantes de América del Sur. A través de sus puertos se canalizan las exportaciones de soja, maíz, trigo, aceites y derivados industriales que generan buena parte de los dólares que ingresan al país. El dragado permanente, el balizamiento y el mantenimiento de esa infraestructura representan un negocio que mueve cientos de millones de dólares por año y cuya proyección para un contrato de veinticinco años supera ampliamente los 15.000 millones de dólares.

    Pero el debate no gira únicamente alrededor del monto económico de la concesión. También involucra la decisión política de volver a delegar en operadores privados funciones que durante los últimos años habían recuperado una mayor presencia estatal. Uno de los aspectos más discutidos del nuevo esquema es el regreso del cobro privado del peaje que pagan las embarcaciones para utilizar la vía navegable. Los críticos sostienen que ello implica resignar capacidad de control sobre una fuente de ingresos estratégica y limita las posibilidades del Estado de fiscalizar tanto la recaudación como la efectiva ejecución de las obras comprometidas por el concesionario.

    Las observaciones también alcanzan al proceso de elaboración de los pliegos y a la conducción política del área. Distintas versiones señalaron que funcionarios y técnicos que habían planteado reparos respecto de determinadas condiciones del concurso fueron desplazados o perdieron influencia durante el desarrollo de la licitación. Si bien el Gobierno niega cualquier irregularidad y afirma que todo el procedimiento respetó las normas nacionales e internacionales, la acumulación de cuestionamientos terminó alimentando un clima de desconfianza que hoy continúa proyectándose sobre la nueva concesión.

    Mucho más que una obra pública

    La controversia alrededor de la Hidrovía también tiene una dimensión política. La adjudicación se inscribe en la estrategia de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la Ley Bases y constituye uno de los ejemplos más importantes de transferencia al sector privado de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. No se trata simplemente de decidir quién draga un río: se trata de determinar quién administra el corredor por donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas, quién controla el flujo logístico del comercio exterior y bajo qué mecanismos el Estado conserva —o resigna— capacidad de supervisión sobre un negocio multimillonario.

    En ese contexto, también comenzaron a observarse con atención los vínculos empresariales de algunas de las firmas involucradas en la adjudicación. Diversas investigaciones periodísticas señalaron relaciones entre Servimagnus y grupos empresarios mencionados por su cercanía con sectores del oficialismo, particularmente con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que acredite conductas ilícitas derivadas de esos vínculos, las revelaciones contribuyeron a reforzar las sospechas sobre un proceso que ya venía siendo observado por especialistas y organismos de control.

    La historia reciente de la Hidrovía demuestra que cada discusión sobre su administración termina reflejando un debate mucho más profundo acerca del modelo de desarrollo del país. Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada garantiza eficiencia, inversiones y reducción del gasto público, sus críticos advierten que la concesión consolida un esquema donde el Estado pierde herramientas para controlar uno de los principales circuitos de generación de divisas de la Argentina. La adjudicación firmada esta semana no clausura esa discusión; por el contrario, la reabre en un escenario donde continúan vigentes las denuncias judiciales, las investigaciones administrativas y las preguntas sobre la transparencia de una licitación que, para muchos, terminó exactamente como se había anticipado desde el comienzo.

     

    Difunde esta nota
  • | |

    AGUSTINA GARCÍA SE CONSOLIDÓ EN EL CIRCUITO REGIONAL

    Este año hizo su aparición en el plano del tenis regional la joven deportista que entrena en Círculo Italiano de Villa Regina Agustina García, en base a mucha competencia y buenas actuaciones se consolidó en el puesto 2 de la región patagónica, y ya es top 30 en el ranking nacional. En este contenido nos…

    Difunde esta nota
  • Catástrofe libertaria en Santiago del Estero: sacaron tres concejales sobre 194

     

    La Libertad Avanza tuvo una performance catastrófica en las elecciones municipales de Santiago del Estero y solo consiguió tres bancas de concejales entre las 194 que se pusieron en juego en toda la provincia.

    Gerardo Zamora festejó los más de 60 puntos obtenidos en la capital. Allí, a pesar de una enorme inversión publicitaria, La Libertad Avanza cosechó poco más del 12% y quedó cerca del empate técnico con el macrista Facundo Pérez Carletti. Beatriz Yunez, la postulante libertaria había terminado su campaña junto a Iñaki Guiérrez y Eugenia Rolón.

    La gran apuesta libertaria fueron La Banda y Termas de Río Hondo, pero en ambos municipios hubo fracasos rotundos.

    En La Banda, el segundo distrito en importancia, hubo alta abstención y votó menos del 40% del padrón. Allí el Frente Cívico sacó más del 50% de los votos y ganó la ciudad tras 20 años de gobiernos peronistas. Los libertarios arañaron el 5%.

    En Termas de Río Hondo el peronismo dio el batacazo y volverá a gobernar la ciudad tras 20 años de hegemonía del Frente Cívico. Los libertarios quedaron últimos con el 4,71%.

    Tras la debacle libertaria, las miradas apuntaron a Tomás Figueroa, el armador de LLA apadrinado por Martín Menem. Figueroa consiguió videos de apoyo de Diego Santilli y Patricia Bullrich, pero no logró traducirlos en votos.

    Los memoriosos recuerdan que en 2019 Figueroa fue el segundo mayor aportante a la campaña del Frente de Todos que encabezaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El actual armador libertario puso casi 40 mil dólares.

     

    Difunde esta nota

Deja una respuesta