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CIUDAD PROHIBIDA

Durante el fin de semana el medio local «Periódico La Comuna» publicó una noticia bajo el título «Solicitan declarar a Villa Regina como ciudad Pro-Vida” donde se cita textualmente al pastor Gabriel Ballerini quien sostuvo que debe considerarse “la posibilidad de un proyecto presentado el año pasado para declarar a Villa Regina como ‘Ciudad pro vida’”.

El pastor porteño ofreció una conferencia en el cine teatro Círculo Italiano sobre la defensa de la vida, la familia y la promoción de valores que permitan alcanzar una sociedad mejor.

#LaTapa como medio alternativo ha cedido el espacio todas las veces necesarias (y las que sean) a quienes verdaderamente ponen el cuerpo a esta problemática y quieren expresarse para seguir reforzando el mensaje y su lucha.

Esta situación, aunque irrisoria, nos interpela, nos enfada y hasta aquí nos trae. Y somos claros, los pro vida no reconocen la autonomía de la mujer, desde las religiones nunca lo han hecho. En la Inquisición quemaban a las mujeres, ¿es esto un retorno al medioevo? No el nuestro.

Sin ley se hacen los abortos y las mujeres deciden. Es su decisión, y ahí solo la Ley puede inmiscuirse, ahí apunta la lucha, a modificarla.

Las doctrinas religiosas esperan que se obedezca, y se tenga una convicción de lo sagrado y sus mandatos. En consecuencia, no hay posibilidad de cuestionar al ser, al origen, al presente, al futuro o al mundo; por ende, poder modificar de manera flexible ciertas desiciones individuales o colectivas en base a dicha posibilidad de cuestionar…

Sin embargo, y si quieren sin juzgar lo anteriormente mencionado, los intentos de prohibir o restringir el aborto no consiguen reducir su número; lo que hacen es obligar a las personas a someterse a abortos inseguros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto inseguro como:

“un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos”.

La OMS calcula que todos los años tienen lugar 22 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo.

A diferencia de los abortos legales, practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales. Tanto es así que los abortos inseguros son la tercera causa principal de muerte materna del mundo y dan lugar además a cinco millones de discapacidades en gran medida evitables, según la OMS.

Desde el Hospital de Villa Regina se garantiza la implementación de la ley provincial 4796, articulada con el protocolo nacional de interrupción legal del embarazo.

http://www.notivida.com.ar/legprovincial/RIO_NEGRO_Ley_4796_ANP.html

Sería una desición en contra de la salud pública que, el Concejo Deliberante reginense siquiera analizara una propuesta de este tenor religioso cuando se da una lucha inagotable, no sólo por la mencionada salud pública, sino por gran parte de la sociedad, quienes buscan garantizar y ampliar los derechos de las mujeres.

No obstante, este es un gran ejemplo para que la sociedad entienda de la importancia de contar con un Concejo Deliberante competente y capacitado. Estamos cerca de las elecciones municipales y las boletas no solo tienen una cabeza, también tiene un cuerpo, que en definitiva también cumple un papel de real importancia en el entramado social, político y cultural de cualquier ciudad.

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Rechazo a la Declaración de “Villa Regina Ciudad Pro-Vida”

Ante la presentación realizada por la fundación “Vida en Famila” al Honorable Concejo Deliberante para declarar a Villa Regina ciudad Pro-Vida, las colectivas de mujeres, partidos políticos y personas abajo firmantes manifestamos que esta iniciativa atenta contra el estado de derecho y los derechos fundamentales consagrados en nuestra legislación y los Convenios Internacionales- Ley Nº 25.673 Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable; la Ley Nº 26.150, Educación Sexual Integral; la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para erradicar la violencia contra la mujer; Ley 26.618 Modificación del Código Civil – Matrimonio Igualitario; Ley 26.743 Identidad de género; Código Procesal Penal – entre otras – y tratados internacionales firmados por el país como la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.
Estas leyes, que están vigentes, deben ser cumplidas y reforzadas en su aplicación, con políticas públicas eficaces, sin la intervención de los credos que intentan borrar los derechos conquistados en este nuevo siglo. 
Queremos hacerle saber a nuestrxs representantes legislativos que respetamos a ultranza la libertad de cultos, pero no vamos a permitir que se le otorgue a las religiones la facultad de elaborar e implementar políticas públicas, que afectan al conjunto de la sociedad. 
Repudiamos que estos grupos se autoproclamen defensores de la vida cuando mediante sus prácticas y sus discursos demonizantes juegan un papel protagónico en la naturalización y perpetuación de las muertes de mujeres y cuerpos gestantes en abortos clandestinos.
Paradójicamente, estos mismos discursos moralistas son los que, por un lado, atribuyen a las mujeres toda la responsabilidad de “cuidar” sus relaciones sexo-afectivas y, por el otro, avanzan fuertemente obstaculizando la implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas. 
Por todo lo expuesto, rechazamos enérgicamente el pedido de la fundación Vida en Familia y les instamos a reflexionar sobre este tema como lo que verdaderamente es, un complejo problema de salud, educación y de igualdad de oportunidades, ya que innumerables estadísticas muestran que las muertes por abortos clandestinos son mayores en comunidades empobrecidas.
En este sentido, exigimos al Concejo Deliberante de Villa Regina, que acorde a su función, abogue por las libertades fundamentales, declarando a nuestra ciudad respetuosa de la diversidad y los derechos consagrados en nuestra legislación y los convenios y tratados internacionales.

Nosotras seguiremos bregando por:
EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR
ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR
ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO PARA NO MORIR.

FIRMAS: Mujeres Autoconvocadas Villa Regina, Consejo Local de Las Mujeres, Mujeres Agrupación Celeste y Blanca – Pj- VR, Área Mujer y Diversidad- Municipio de Villa Regina, Kolina Villa Regina, Comité ILE- Hospital Área Programa de Villa Regina, Servicio Social y Servicio de Salud Mental- HAPVR, Mujeres de “La Cámpora Villa Regina somos Todxs”, Área de Bienestar Universitario, FACTA. UNCOMA- VR, Mujeres del “Nuevo Contrato Social” – Todos Juventud, UNTER- Seccional Villa Regina, UNTER CENTRAL- RN, Socorro Rosa Villa Regina, Agrupación Evita Capitana- PJ Villa Regina, Regina Nosenzo. Integrante de Peronismo Militante, CTA-T y ATE Verde y Blanca, Mujeres de la Cooperativa de Trabajo Artístico La Hormiga Circular, Frente Grande de Villa Regina, ATTS Villa Regina

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    La discapacidad bajo ajuste: qué esconde el decreto 942/2025 de Milei

     

    Bajo el discurso de la “eficiencia”, la “transparencia” y el “orden administrativo”, el decreto 942/2025 firmado por Milei elimina la Agencia Nacional de Discapacidad y concentra todas las políticas del sector dentro del Ministerio de Salud. Detrás del lenguaje técnico, la medida implica más controles, más auditorías y un riesgo concreto de recorte de derechos para las personas con discapacidad.

    Por Roque Pérez para NLI

    La publicación del DNU 942/2025 pasó casi inadvertida en medio del cierre de año, pero su contenido es de enorme gravedad para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El decreto no solo prorroga la emergencia sanitaria, sino que desmantela la estructura institucional que durante años tuvo a su cargo la política pública en discapacidad.

    La decisión central es clara: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deja de existir como organismo descentralizado y pasa a ser absorbida por el Ministerio de Salud bajo la figura de una Secretaría Nacional de Discapacidad. Lo que el texto presenta como una “reorganización” es, en los hechos, una fuerte centralización política y presupuestaria.

    El fin de la ANDIS y la pérdida de autonomía

    Hasta ahora, la ANDIS contaba con cierta autonomía funcional y administrativa. Eso le permitía tener un presupuesto propio, equipos técnicos especializados y un margen —limitado, pero real— para sostener políticas públicas específicas.

    Con el decreto de Milei, la discapacidad deja de ser una política integral de derechos y pasa a ser un área subordinada a las prioridades sanitarias y fiscales del Ministerio de Salud. Esto no es neutro: implica que las decisiones sobre discapacidad quedarán atravesadas por criterios de ajuste, “racionalización del gasto” y metas presupuestarias.

    En otras palabras, la discapacidad deja de ser un derecho humano garantizado y pasa a ser un costo a administrar.

    Pensiones por invalidez: auditorías, revisiones y posibles bajas

    Uno de los puntos más sensibles del decreto está en el nuevo inciso 39 del artículo 23 de la Ley de Ministerios. Allí se establece que el Ministerio de Salud tendrá a su cargo:

    “el otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez”.

    La inclusión explícita de las palabras control, revisión y auditoría no es casual. El propio decreto justifica la medida hablando de “irregularidades”, “falencias” y “desorden administrativo”.

    La experiencia histórica en la Argentina es clara: cuando se anuncian auditorías masivas sobre pensiones por invalidez, lo que sigue son suspensiones, demoras y bajas, muchas veces injustificadas. Personas con discapacidad que dependen de ese ingreso quedan meses sin cobrar o deben atravesar procesos humillantes para volver a demostrar una condición que ya fue certificada.

    El decreto habilita legalmente ese escenario.

    El Certificado Único de Discapacidad, bajo la lupa

    El texto reconoce que existen problemas en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD): sistemas fragmentados, falta de interoperabilidad y demoras. Sin embargo, la solución que propone no es fortalecer el acceso, sino centralizar la información y endurecer los mecanismos de control.

    Esto puede traducirse en:

    • Trámites más lentos
    • Mayor discrecionalidad administrativa
    • Nuevos obstáculos para renovar o acceder al CUD

    Para miles de personas, sin CUD no hay prestaciones, transporte gratuito, medicamentos ni acompañamientos terapéuticos. Cualquier demora o restricción impacta directamente en su vida cotidiana.

    Prestaciones en riesgo y prestadores ahogados

    La Ley 24.901 garantiza un sistema de prestaciones básicas que incluye tratamientos, rehabilitación, transporte, apoyos y acompañantes terapéuticos. El decreto afirma que busca “transparentar contrataciones” y “optimizar el gasto”.

    En la práctica, este tipo de procesos suele derivar en:

    • Retrasos en los pagos a prestadores
    • Revisión de convenios
    • Reducción de coberturas
    • Prestadores que dejan de atender porque el Estado no paga

    No hace falta un recorte explícito: la asfixia administrativa también es una forma de ajuste.

    Mucha Convención, poca participación real

    El decreto cita reiteradamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no crea ningún mecanismo nuevo y concreto de participación de las organizaciones del sector. Todo queda concentrado en la estructura ministerial.

    Esto contradice el espíritu mismo de la Convención, que exige la participación activa de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que las afectan.

    Emergencia sanitaria prorrogada: más discrecionalidad

    La prórroga de la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026 le otorga al Ejecutivo un margen extraordinario para tomar decisiones sin debate parlamentario. En ese marco, la política de discapacidad queda sujeta a resoluciones administrativas, reestructuraciones internas y cambios de criterio que pueden afectar derechos adquiridos.

    Menos Congreso, menos control, menos garantías.


    Un cambio de paradigma peligroso

    El decreto 942/2025 marca un giro claro: la discapacidad deja de ser abordada desde una perspectiva de derechos y pasa a ser tratada como un problema de gestión y gasto público.

    Detrás de palabras como “eficiencia”, “trazabilidad” y “orden”, se esconde un riesgo concreto de ajuste sobre quienes más necesitan del Estado. La eliminación de la ANDIS no es un hecho técnico: es una decisión política con consecuencias reales.

    En tiempos donde el gobierno de Milei repite que “no hay plata”, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste también va a caer sobre las personas con discapacidad?

     

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