El 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mamas, éste mes es denominado el “mes rosa” y la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) invita a pintarse de rosa a todas las instituciones, comercios, edificios y monumentos públicos de todo el país para unirse a ésta causa. Y Regina no va a ser menos. Pintate de Rosa.
El 28 del corriente a partir de las 17:30hs en plaza de los próceres se realizará la caminata que organiza la red de Villa Regina todos los años, “estamos organizando para que no sea solo una caminata sino un evento. Va a haber slack, zumba y baile libre. La idea es que la caminata crezca año tras año”, nos cuenta Silvia Gonzalo presidente de Lalcec Villa Regina.
LALCEC Villa Regina organiza periódicamente las «tardes de té» para recaudar fondos. La recaudación de las tardes de té es proporcional a la cantidad de estudios gratuitos que se pueden realizar luego. “Nos encantaría poder multiplicarlo por mil pero recaudación y estudios están directamente relacionados”, explica Alicia Berlanga vice presidente. Además intentan promover que la gente se haga socia, en este caso con cuotas accesibles para que todos puedan acceder.
EL 95% DE LOS CÁNCERES DE MAMA SON CURABLES SI SE DETECTAN A TIEMPO
PREVENCIÓN
La incorporación de hábitos saludables reduce hasta un 40% las posibilidades de contraer cualquier tipo de cáncer: • Tener una alimentación saludable incorporando frutas, verduras y cereales a la dieta regular. • Protegerse de la exposición solar • Evitar los excesos de peso • Realizar actividad física regularmente • No fumar • Consumo responsable de alcohol
Es muy importante realizarse periódicamente una mamografía cada 3 años para mujeres menores a 40 años, y una vez por año a partir de los 40 años de edad teniendo en cuenta que aumenta mucho las probabilidades de contraerlo. Es recomendable realizarse mensualmente el autoexamen y en caso de tocar o ver algo raro recurrir de forma urgente al médico.
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
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El interventor de Andis, Alejandro Vilches, envió este domingo al juzgado de Ariel Lijo un informe que confirma la trama de sobreprecios que había detectado el fiscal Franco Picardi, en su investigación sobre el caso de las coimas que estalló con la divulgación de los audios de Diego Spagnuolo.
Vilches responde al ministro de Salud, Mario Lugones, quien a su vez es padre de uno de los socios de Santiago Caputo, el asesor sin cargo de Javier Milei. Fuentes libertarias creen que la presentación es parte de una escalada de la interna entre Caputo y Karina Milei.
En el documento, Vilches denuncia que «se han detectado desvíos críticos y sobreprecios en las facturas presentadas por Ortopedia Bernat SRL, Farma Salud SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugia Y Ortopedia Imnova SA, BYMAX MEDICAL y Expo Trauma». «Se ha identificado un universo de 505 expedientes que comprometen un presupuesto total de $18.368.585.604,78», dice y agrega que «del monto total mencionado, una cifra cercana a los $4.770 millones se encuentra aún en estado «Pendiente» de liquidación».
Según el autor del informe, al menos esa cuota «otorga a la administración la oportunidad de ejercer un control de legalidad preventivo, ya que el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público».
La trama descubierta por Vilches se produce justo en el momento de mayor tensión entre la Casa Rosada con el sector del Poder Judicial que se expresa en la Corte Suprema a través de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz y con Lijo en los tribunales de Retiro. «Hay pólvora en todos lados», resumió una fuente del gobierno a LPO.
En efecto, la pelea en curso deriva de la decisión de Karina de barrer a Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia cuando designó a Juan Bautista Mahiques como reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Como reveló LPO en exclusiva, Milei habría llegado a cursarle un mensaje de WhatsApp a Lorenzetti en el que decía que el Ministerio de Justicia sería para el intendente Guillermo Montenegro pero su hermana terminó optando por Mahiques, en un acuerdo con Daniel «Tano» Angelici.
Por aquellos días, el joven Caputo llegó a advertirle al Presidente que «Mahiques es su propio jefe», dolido por el desplazamiento de su segundo, Amerio. El ex procurador porteño, hijo del camarista de la Casación Carlos «Coco» Mahiques, llegaba a la cartera de Justicia con el mandato de aplacar las causas judiciales que preocupaban a Karina y la AFA al mismo tiempo.
Sin embargo, su efectividad habría sido puesta en duda desde Balcarce 50 para desactivar las causas que afectan a Karina y Manuel Adorni, tal como informó LPO. La presentación del informe de Vilches se inscribe en esa saga.
El documento de Vilches es una prueba contundente en la investigación de las coimas, que había caído bajo un manto de sospechas de congelamiento a raíz del pedido de Lijo a la Gendarmería para peritar los audios de Spagnuolo
Entre los casos de mayor gravedad, el interventor de la Andis menciona el «Caso Reinoso, Alexis Lautaro (Factura 38425)». «Se facturó un importe de $12.150.000,00, lo que representa un sobreprecio del 4.239% respecto al valor de referencia obtenido para un equipo de prestaciones idénticas».
También detectó legajos con desvíos superiores al 800% en los casos de Perea de Fusco (908%), Suárez (897%), Martínez Figueroa (872%) y Serrano Dalina (853% y 801%).
Además, encontró que «existe una relación directa y estrecha basada en lazos familiares, directivos compartidos y una misma sede social». Uno de los casos más resonantes es el de Grupo Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova SA: «Vínculo Familiar y Societario: Martin Gonzalo Armella es el Presidente de Cirugía y Ortopedia Imnova SA y, a su vez, es Director Suplente (y Socio/Representante Legal) de Artrobone Ortopedia SA. Evangelina Ileana Garcia es la Presidenta de Artrobone Ortopedia SA y, según el acta de constitución de Imnova SA, es la madre de Martín Gonzalo Armella, estableciendo un claro vínculo familiar directo entre los principales directivos de ambas empresas», precisó.
El documento de Vilches es una prueba contundente en la investigación de las coimas, que había caído bajo un manto de sospechas de congelamiento a raíz del pedido de Lijo a la Gendarmería, donde tiene ascendencia Patricia Bullrich, para peritar los audios de Spagnuolo. «Es una vergüenza», había dicho una fuente al tanto de los movimientos del expediente la noche en que el juez libró el oficio.
Incluso, circularon versiones sobre un encuentro secreto entre el magistrado y Karina en la previa de aquella jugada. Ahora, el fiscal Picardi y el juez Lijo contarían con elementos probatorios que ratificarían el último dictamen elevado para las indagatorias del mes pasado, que llegaron hasta la citación del propio Spagnuolo.
La postal que más inquieta hoy a la Casa Rosada no viene del peronismo, ni de los mercados, ni siquiera del Congreso. Viene del propio ecosistema libertario. En una escena impensada hace apenas meses, uno de los soldados digitales más importantes del mileísmo terminó contradiciendo públicamente a Milei y dejando al desnudo una interna feroz entre los distintos clanes del oficialismo. El protagonista fue Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”, que salió a dinamitar la versión presidencial sobre el escándalo de la cuenta atribuida a Martín Menem y dejó flotando una frase venenosa: “Creo que le mintieron al Presidente”.
El episodio parece menor sólo para quien no entiende cómo funciona el poder libertario. Porque en el universo de Milei, las redes no son un accesorio: son el corazón político del proyecto. Y cuando el principal operador del aparato digital contradice al propio jefe de Estado en vivo, lo que se rompe no es apenas una narrativa. Se rompe la cadena de mando.
Santiago Caputo contra Karina: la guerra que ya nadie disimula
Detrás del escándalo por la cuenta @PeriodistaRufus se esconde algo mucho más grande. La pelea real es entre los dos grandes polos de poder que sobreviven dentro de La Libertad Avanza: el armado territorial y partidario de Karina Milei contra el dispositivo político-digital de Santiago Caputo.
Las llamadas “Fuerzas del Cielo”, la tropa de influencers y militantes libertarios que responde a Caputo y tiene al Gordo Dan como cara visible, decidieron ir hasta el fondo contra Martín Menem, uno de los hombres más cercanos a Karina. Y lo hicieron incluso después de que Milei intentara cerrar el conflicto diciendo que todo había sido una “operación prefabricada”.
Pero Parisini no sólo rechazó la explicación presidencial: directamente sostuvo que la cuenta sí pertenecía a Menem y que alguien engañó al mandatario. El mensaje político fue devastador. Porque si Milei fue engañado, entonces no controla su propia mesa chica. Y si no fue engañado, entonces el aparato digital libertario decidió desafiarlo igual.
En cualquier caso, el resultado es pésimo para la autoridad presidencial.
El Presidente que ya no ordena
La escena expone un problema cada vez más visible: Milei conserva centralidad mediática, pero empieza a perder capacidad de disciplinamiento interno. Y eso en un gobierno tan personalista es letal.
Hasta hace unos meses, las diferencias dentro del oficialismo se procesaban bajo cuerda. Hoy se discuten en streaming, en Twitter y a través de operaciones cruzadas entre funcionarios, trolls y dirigentes. La lógica de la “batalla cultural” terminó devorándose a sí misma.
La tensión ya venía escalando. Patricia Bullrich quedó enfrentada con el karinismo, Manuel Adorni aparece cuestionado desde distintos sectores y el Senado se transformó en otro foco de conflictos internos.
Lo novedoso es que ahora la implosión alcanza al núcleo más fanático del mileísmo: el aparato digital que hasta hace poco funcionaba como guardia pretoriana del Presidente. El mismo espacio que se autodefinió como el “brazo armado” libertario —aunque luego aclararan que era una metáfora— empieza a mostrar fisuras imposibles de ocultar.
La Rosada teme algo peor: que la pelea se vuelva irreversible
En Balcarce 50 saben que la disputa ya dejó de ser ideológica. Es una pelea por el control político del futuro libertario. Karina Milei quiere consolidar el partido y blindar el armado electoral. Santiago Caputo busca sostener influencia estratégica a través de la comunicación, los operadores digitales y la construcción de relato.
El problema es que ambos espacios necesitan demostrar fuerza. Y cuando eso ocurre en gobiernos verticalistas, la pelea suele terminar mal.
La gran incógnita es si Milei todavía puede arbitrar entre ambos bandos o si terminó convertido en rehén de su propia interna. Porque el Presidente quedó en una posición incómoda: desautorizado por quienes supuestamente lo defienden todos los días.
Y en política, hay algo peor que tener enemigos afuera: empezar a perder autoridad adentro.
