Autor: Invitad@ Especial

  • «Atrás del fracaso del Senado, hubo un ajuste de cuentas al interior del Gobierno»

     

    Ignacio Fidanza pasó por IA, el programa de Nancy Pazos por C5N y analizó la situación interna del gobierno tras el debate de la Ley de Tierras en la Cámara de Senadores. 

    El director de LPO dijo que «hubo un ajuste de cuentas desde interior del gobierno desde que Patricia Bullrich insinuó una candidatura presidencial cuando tomó distancia de Manuel Adorni. Karina le hizo la cruz y con Sturzenegger no está para pagar más costo político». 

    «Se frenó el comercio exterior por una medida de fuerza e intervino Karina y en la negociación final sobre los Senadores (que es una negociación con los gobernadores) el gobierno se borró, la dejaron sola y chocó contra una pared», agregó.

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    Para Fidanza, el gobierno está en un proceso de degradación política, se cruzan las desconfianzas, esta semana le tocó a Patricia y Sturzenegger. Santiago Caputo le pidió que saque el capítulo y Patricia no quizo».

    «Lo que vimos en el Senado es el principio de sacarla del auto de atrás, ella cree que es la única política tradicional», añadió.  

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    Por otro lado, el periodista afirmó que «la oposición esta muy enquilombada, Cristina cada vez mide mas y no puede ser candidata y al final del camino solo hay candidatos: Kicillof y Massa».

    Por último, Ignacio Fidanza sostiene que «hay juegos de posicionamiento previos a una elección» y planteó que «Massa es un hábil jugador de la ultima milla». «El peronismo nunca fue ordenado, ha una ansiedad de algunos por tener opositores claros pero ese no es el tiempo de la política y el peronismo», culminó.

     

  • La derogación del decreto del practicaje potenció la interna entre la Armada y Prefectura

     

     El conflicto por el practicaje, que terminó con la derogación del decreto impulsado por Federico Sturzenegger, abrió una feroz disputa entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval por el control de la formación y titulación de los prácticos. 

    La derogación del decreto 690/26, que pretendía modificar sustancialmente el régimen del practicaje, tuvo un efecto político inesperado para el Gobierno dado que el retiro masivo de los aproximadamente 530 prácticos que se negaron a continuar prestando servicios bajo las nuevas condiciones.

    El episodio dejó varios heridos, pero hay dos nombres que aparecen especialmente comprometidos. Uno es Federico Sturzenegger que, como adelantó LPO está pasando su peor momento dentro del gobierno. El otro es la conducción de la Prefectura Naval. 

    Pero hubo un punto del decreto que generó especial preocupación entre los profesionales: el artículo 6, que contemplaba que, ante una eventual negativa de los prácticos a prestar servicios, la Armada y la Prefectura pudieran asumir esas tareas. El problema apareció cuando se intentó llevar esa disposición a la práctica. 

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    «¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido. El decreto, por lo tanto, planteaba una solución sobre el papel que en la práctica resultaba extremadamente difícil de ejecutar», detalla una fuente que sigue de cerca la situación. 

     La Armada Argentina es la institución que históricamente participa en la formación y titulación del personal superior de la Marina Mercante y de los prácticos, mientras que Prefectura cumple funciones vinculadas con la habilitación y control de la actividad. 

    ¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido

    El fallido decreto impulsado por Sturzenegger  trasladaba a Prefectura competencias vinculadas con la formación y titulación de los prácticos que hasta entonces estaban en manos de la Armada. Eso potenció la interna. 

    Según fuentes conocedoras del conflicto, desde la Dirección de Educación de Prefectura se reclamó a la Armada el traspaso del sistema de titulación, aprovechando que el decreto establecía un período de seis meses para concretarlo. Con la suspensión y posterior derogación de la norma, la Armada respondió que, al quedar suspendidos sus efectos, también quedaba suspendido el traspaso de competencias.

    En ese contexto, Prefectura estaría intentando mantener abierta la posibilidad de quedarse con la formación y titulación de los prácticos y evalúan convocar a referentes del practicaje a reuniones para discutir el futuro del sistema. 

    La propuesta busca que los prácticos defiendan sus intereses económicos y técnicos mientras Prefectura obtiene respaldo para avanzar sobre una competencia históricamente vinculada con la Armada. Para buena parte de los prácticos consultados, sin embargo, no existe ninguna razón técnica para modificar un sistema que funciona desde hace décadas.

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    Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función. 

    El ejemplo que utilizan los prácticos como contraste es que es el guardacostas Mantilla, uno de los buques más grandes de Prefectura, tiene alrededor de 60 metros de eslora, mientras que un práctico puede estar habilitado para operar embarcaciones de 300 o 400 metros.

    Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.

    En ese marco, la intención de Prefectura de avanzar sobre la titulación de los prácticos podría convertir el conflicto en una disputa abierta con la Armada que viene tensa por la idea de Sturzenegger de fusionar ambas instituciones por tener tareas similares hace décadas, como adelantó en exclusivo LPO. 

    Esto aumenta la tensión contra Carlos Presti porque en las fuerzas consideran que deberá definir si respalda a la Armada en una discusión que, hasta ahora, parecía estrictamente administrativa porque detrás del practicaje hay debates de competencias, estructuras, presupuesto y poder interno dentro de la estructura del estado. 

    La derogación del decreto 690/26 evitó una crisis inmediata en los puertos, pero dejó expuesta esta interna. Un militar en actividad la definió como «una disputa innecesaria que activa una vieja rencilla que hay entre dos instituciones a la que el Estado no les llega desde hace años a definir las competencias que son exclusivas de una y de otra y tienen un montón de puntos de roce y que son naturales». 

    Por último, planteó que «la Armada tiene un interés estratégico en conservar la formación y la titulación del personal de la María Mercante, incluidos los prácticos, porque todos ellos conforman parte del Sistema Nacional de Defensa. En caso de conflicto, todos los marinos mercantes pasan a ser oficiales de la Reserva Naval, o son oficiales de la Reserva Naval, son movilizados eventualmente de ser necesario para la defensa nacional».

    «Son dos fuerzas distintas que hacen en muchos casos la misma tarea. Esto era innecesario. Esta es la gran locura de Sturzenegger. Quieren sacar algo que la Armada tiene hace más de 100 años y ese cambio no genera ningún ahorro para el Estado. La Prefectura no tiene el expertise ni la formación que tienen tanto los marinos de guerra como los marinos mercantes. De hecho, un oficial de prefectura se forma en dos años y un marino de guerra o mercante en cuatro, es el doble», finalizó.

     

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    El extraño experimento argentino que quiso llevar una ciudad entera al subsuelo

     

    Durante décadas, Buenos Aires convivió con una idea que hoy parece salida de una novela de ciencia ficción: construir una enorme red subterránea capaz de trasladar personas, vehículos, servicios y hasta actividades comerciales por debajo de la ciudad. El proyecto nunca llegó a concretarse, pero sus planos permiten descubrir otra Buenos Aires posible, una ciudad pensada para crecer hacia abajo cuando el tránsito y la expansión urbana recién comenzaban a convertirse en un problema.

    Por Redacción de NLI

    Hay ciudades que se expanden hacia arriba y otras que lo hacen hacia afuera. Buenos Aires, en cambio, comenzó muy temprano a imaginar una tercera posibilidad: crecer hacia abajo. Mucho antes de que los grandes túneles urbanos se convirtieran en una solución habitual para el tránsito de las metrópolis, ingenieros y urbanistas argentinos elaboraron proyectos para construir enormes corredores subterráneos debajo de la capital. Algunos buscaban aliviar el tránsito, otros reorganizar el transporte y hubo incluso propuestas que imaginaban verdaderas ciudades bajo la ciudad. La mayoría quedó en planos, pero esos proyectos revelan hasta qué punto Buenos Aires fue, durante buena parte del siglo XX, un laboratorio de ideas urbanísticas.

    Una ciudad que empezó a quedarse sin espacio

    A comienzos del siglo XX, Buenos Aires estaba viviendo una transformación extraordinaria. La llegada masiva de inmigrantes, el crecimiento industrial, la expansión de los barrios y el aumento constante de automóviles y tranvías estaban modificando una ciudad que había sido diseñada para una escala completamente diferente.

    El problema no era solamente la cantidad de habitantes. También comenzaba a cambiar la velocidad con la que las personas se desplazaban. Las calles que habían servido para carruajes debían soportar tranvías eléctricos, automóviles, camiones, bicicletas y peatones. La congestión empezó a convertirse en una preocupación permanente y aparecieron propuestas cada vez más ambiciosas para reorganizar el tránsito.

    En ese contexto, el subterráneo adquirió una importancia estratégica. Buenos Aires había inaugurado en 1913 la primera línea de subterráneos de América Latina, un acontecimiento que colocó a la ciudad a la vanguardia regional. Pero los planificadores entendieron rápidamente que una sola red no alcanzaría para resolver todos los problemas de movilidad que aparecerían con el crecimiento urbano.

    El subsuelo comenzó entonces a ser visto como un territorio disponible.

    No era una idea completamente descabellada. Las grandes ciudades europeas ya construían túneles ferroviarios y metropolitanos, mientras Nueva York y otras ciudades estadounidenses desarrollaban sistemas subterráneos de enormes dimensiones. La pregunta era qué podía hacer Buenos Aires con ese espacio invisible que se encontraba debajo de sus calles.

    Los proyectos que imaginaban otra Buenos Aires

    Durante el siglo XX surgieron numerosos proyectos para ampliar las redes subterráneas y construir túneles destinados a distintos usos. Algunos proponían líneas ferroviarias, otros corredores para automóviles y otros buscaban separar completamente el tránsito rápido de la circulación superficial.

    La idea central era sencilla: si la superficie estaba saturada, había que liberar espacio trasladando parte de las actividades hacia abajo.

    Uno de los aspectos más interesantes de esos proyectos era que no siempre se pensaba en túneles exclusivamente como vías de transporte. Algunos urbanistas imaginaban que el subsuelo podía albergar estacionamientos, depósitos, centros de distribución, instalaciones técnicas y servicios urbanos. En determinados planes aparecía una concepción mucho más radical: una ciudad organizada en diferentes niveles, donde cada capa tendría una función específica.

    La superficie quedaría reservada principalmente para peatones, espacios verdes y actividades urbanas, mientras los vehículos y determinados servicios circularían por debajo.

    La idea tenía un atractivo evidente. Permitía conservar el trazado histórico de las calles sin necesidad de demoler edificios enteros para construir grandes autopistas. También prometía reducir el ruido y la contaminación en determinadas zonas y liberar terrenos muy valiosos del centro porteño.

    Pero había un problema gigantesco: el costo.

    Construir túneles debajo de una ciudad consolidada significaba enfrentarse a redes de agua, cloacas, electricidad, gas, líneas ferroviarias, cimientos de edificios y una enorme cantidad de infraestructura que ya existía bajo tierra. Cada excavación podía convertirse en una obra de ingeniería de enorme complejidad.

    A eso se sumaba otra dificultad: Buenos Aires está asentada sobre terrenos cuya composición y presencia de agua subterránea hacen especialmente exigentes determinados trabajos de excavación.

    La ciudad que finalmente eligió otra dirección

    Con el paso de las décadas, Buenos Aires fue resolviendo sus problemas de movilidad mediante una combinación de alternativas: ampliación de avenidas, construcción de autopistas, extensión del subterráneo, incorporación de ferrocarriles metropolitanos y desarrollo de nuevas modalidades de transporte público.

    Algunos proyectos subterráneos llegaron a convertirse en obras concretas. Otros quedaron archivados y reaparecieron décadas después bajo nuevos nombres. Cada generación de urbanistas volvió a imaginar, de alguna manera, cómo reorganizar una ciudad que nunca dejó de crecer.

    Pero aquellos viejos proyectos tienen hoy un valor que supera la curiosidad arquitectónica. Permiten observar cómo cada época imagina su propio futuro.

    Los urbanistas de mediados del siglo XX veían el automóvil como símbolo del progreso y pensaban en corredores capaces de permitir que millones de vehículos atravesaran la ciudad con mayor velocidad. Décadas después, el problema comenzó a plantearse de manera diferente: transporte público, movilidad sustentable, bicicletas, espacios verdes y reducción del uso del automóvil volvieron a ocupar el centro del debate.

    La ciudad soñada cambió porque también cambió la idea de progreso.

    Y ahí aparece la parte más fascinante de esta historia. Los proyectos que nunca fueron construidos también forman parte de la historia urbana. Un plano guardado en un archivo puede revelar tanto sobre una sociedad como una obra terminada: muestra qué problemas preocupaban a sus dirigentes, qué tecnologías consideraban posibles y qué modelo de ciudad imaginaban para las generaciones futuras.

    Buenos Aires no terminó convertida en una ciudad subterránea. Pero debajo de sus calles existe todavía una infraestructura enorme que demuestra que aquella intuición no era completamente equivocada. Túneles ferroviarios, líneas de subterráneo, galerías técnicas, estacionamientos y redes de servicios forman una segunda ciudad invisible que funciona todos los días mientras millones de personas caminan sobre ella sin verla.

    Quizás la verdadera ciudad subterránea nunca haya sido construida porque, en realidad, Buenos Aires ya tiene una. Solo que no es la ciudad futurista que imaginaron aquellos viejos proyectos, sino una compleja red de infraestructura que sostiene silenciosamente la vida cotidiana de la superficie.

    Y cada vez que un tren entra en un túnel, un subte atraviesa una estación o una red de servicios permite que un edificio siga funcionando, aquella vieja idea vuelve a aparecer, aunque ya nadie la vea.

     

  • Citarán al empresario Carlos Tita en la causa contra Salmain por pedir un soborno de 100 mil dólares a Vaudagna

     

     El empresario de salud Carlos Tita será llamado a declarar en la causa que el juez federal de Rosario Gastón Salmain está imputado de haber pedido un soborno de 100 mil dólares al ex director regional de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna para quedarse con las causas penales que implicaban a este en hechos de corrupción.

    Tita es un médico cirujano devenido en poderoso empresario de la ciudad de Rafaela, que controla clínicas y sanatorios de distintas zonas de Santa Fe y que fue en los 90 socio del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que es oriundo de la misma ciudad. Lo que la Justicia Federal trata de establecer es si Tita fue quien aportó el dinero solicitado a Vaudagna para que el juez Salmain reclamara la competencia y se quedara con múltiples expedientes que implicaban al ex alto funcionario de la entonces AFIP por múltiples delitos. Cosa que efectivamente Salmain hizo en diciembre de 2024.

     Tita es un médico cirujano devenido en poderoso empresario de la ciudad de Rafaela, que controla clínicas y sanatorios de distintas zonas de Santa Fe y que fue en los 90 socio del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que es oriundo de la misma ciudad 

    La relación entre Vaudagna y Tita está acreditada en los contenidos de un teléfono secuestrado al primero en una causa ligada a la empresa Vicentin que impulsó una decena de causas penales, al descubrirse que el ex director de AFIP cobraba a empresarios legales para ayudarlos a evadir dinero, hacer colocaciones en paraísos fiscales y persiguió a contribuyentes para extorsionarlos. Esos contenidos indican que Vaudagna, que entonces era máximo jefe en Santa Fe del organismo recaudatorio, hacía trabajo de asesor contable para Tita, algo del todo incompatible con sus funciones públicas.

    Hace diez días, en la audiencia en que Salmain fue imputado por el intento de cohecho, el fiscal federal Federico Reynares Solari reveló en audiencia que el intermediario para cobrar ese soborno fue el abogado Diego Feser, que integra el plantel de un destacado estudio jurídico y es director del diario La Capital de Rosario.

     [Imputan al juez Salmain por pedir una coima de 100 mil dólares a un ex jefe de la AFIP]

    Hace ocho días el fiscal Reynares imputó al juez Salmain que «a través de la intermediación del doctor Diego Feser, le ofreció a Carlos Vaudagna la posibilidad de influir en el trámite de las causas que se le seguían en el expediente FRO 16727/2023, donde Vaudagna estaba denunciado como alto funcionario de la AFIP por violación de secreto, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público». El motivo, según el fiscal, fue para que estas causas «quedaran radicadas bajo su competencia y resueltas en un sentido favorable a sus intereses, a cambio de una suma de dinero que fue fijada en 100 mil dólares».

    Los indicios que volcaron la atención hacia el empresario de salud rafaelino, que ahora según supo LPO sería convocado a declarar, es que en una de las comunicaciones que Feser mantiene con Vaudagna le pregunta si ya habló con Tita, en fechas que coinciden con el momento en que Salmain intenta sin éxito quedarse con las causas que implican al directivo de AFIP, que estaban claramente no solo fuera de su competencia territorial sino de la materia en la que entiende, ya que es magistrado civil y estos temas son de índole penal.

    La idea de que Tita le facilitó dinero a Vaudagna no implica que supiera, en principio, para qué iba a ser destinado ese dinero. Pero de las múltiples investigaciones que hay en el Ministerio Público Fiscal en Santa Fe, Rosario y Reconquista, hay indicios vehementes de que el dinero habría sido entregado. E incluso fue aceptado por Vaudagna en su declaración como imputado colaborador, que dijo que dejó la mitad de la plata solicitada en una vieja estación de trenes cercana a su casa como le habían pedido.

    La alusión a Carlos Tita fue en la audiencia del pasado 31 de julio que presidió el juez de Garantías Román Lanzón. Allí Salmain, al defenderse, apuntó de una manera algo desconcertante por igual a la Corte Suprema. Primero dijo que las causas penales en las que está imputado -dos de ellas por pedidos de coimas- eran un armado que atribuyó «al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a su secretario, Silvio Robles, y a fiscales de la jurisdicción de Rosario, presuntamente vinculados con ellos».

     La idea de que Tita le facilitó dinero a Vaudagna no implica que supiera, en principio, para qué iba a ser destinado ese dinero. Pero de las múltiples investigaciones que hay en el Ministerio Público Fiscal en Santa Fe, Rosario y Reconquista, hay indicios vehementes de que el dinero habría sido entregado. E incluso fue aceptado por Vaudagna en su declaración como imputado colaborador, que dijo que dejó la mitad de la plata solicitada en una vieja estación de trenes cercana a su casa como le habían pedido. 

    Pero después de eso, al ampliar su descargo en el que defiende con vehemencia ser inocente, inesperadamente puso en la mira a otro ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al que mencionó explícitamente, incluso mostrando una publicación periodística.

     [Suspendieron al juez Salmain y le inician juicio político por dos casos de corrupción

    Entre quienes siguieron la audiencia hubo una fuerte impresión de que Salmain parecía haber en la alusión a Lorenzetti el envío de un mensaje cifrado. Lorenzetti participó personalmente de la ceremonia en la que Salmain, oriundo de Buenos Aires, asumió como juez federal de Rosario en julio de 2024.

    En la primera audiencia en la que Salmain fue imputado de un caso de cohecho resultó coimputado el escribano santafesino Santiago Busaniche, un conocido lobista de la Justicia Federal, muy conocido en Comodoro Py. Busaniche fue señalado como intermediario de un intento de soborno para que Salmain aceptara una demanda, como hizo, para que un fideicomiso comprara dólares en el mercado oficial durante la vigencia del cepo cambiario.

    En otra audiencia donde a Busaniche se lo acusó de gestionar una extorsión contra empresarios bursátiles, la abogada de Busaniche, Débora Lichtmann, habló de que esa causa penal era una construcción que atribuyó a una interna en la Corte Suprema de la Nación. Poco tiempo después la misma defensa de Busaniche citó a declarar al ex administrador general de la Corte, Héctor Daniel Marchi, sin la toma de juramento que es de práctica a los testigos, por si surgieran ulteriores responsabilidades penales.

     

  • El hartazgo con Sturzenegger amenaza la ley que habilita a las petroleras a entrar en el negocio de los biocombustibles

     

     Las derrotas legislativas y los problemas provocados en áreas de la economía que funcionaron bien durante décadas por la obsesión de Sturzenegger de desregularlo todo sin medir las consecuencias obligaron al Gobierno a evaluar si retira o congela algunos proyectos para evitar que se conviertan en un yunque para la Casa Rosada, como anticipó LPO.

    Entre los proyectos que quedaron bajo la lupa se encuentra la nueva ley de biocombustibles que habilita el ingreso de las petroleras y las grandes cerealeras a un mercado interno reservado durante dos décadas para las pymes regionales.

    El proyecto es impulsado por Patricia Bullrich en el Senado y la pérdida de poder de la exministra y el desgaste de Sturzenegger encendieron las alarmas entre las grandes compañías que pretenden ingresar al negocio. En el sector temen que el nuevo escenario político congele la iniciativa antes de que consiga dictamen.

     [Milei analiza congelar los proyectos de Sturzenegger harto de pagar costos políticos]

    En ese contexto, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, salió a defender públicamente la reforma. El empresario, que no suele conceder entrevistas, aseguró que la compañía está preparada para invertir en la producción de biocombustibles si el Congreso modifica una legislación que impide a las refinadoras participar del sector.

    «Es un sinsentido absoluto tener una ley que prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles en Argentina», afirmó Bulgheroni durante la inauguración de una estación de servicio de Axion en la localidad santafesina de San Agustín, donde compartió el acto con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Producción, Gustavo Puccini.

     Es un sinsentido absoluto tener una ley que prohíbe a una refinadora argentina invertir en biocombustibles en Argentina 

    Según Bulgheroni, los petroleros no pretenden disputar el mercado interno, sino que apuntan a la exportación en asociación con compañías que ya operan en el sector. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas que fabrican biocombustible para el corte obligatorio miran con desconfianza.

    Desde Cepreb, la cámara que los nuclea advierten que la propuesta del gobierno permite que las petroleras y las grandes aceiteras avancen sobre la porción del mercado que actualmente sostiene a las plantas instaladas en pequeñas localidades del interior.

    «Marcos Bulgheroni dice que no hay distintos proyectos y que hay que agrandar la torta. Suena lindo. Pero traduzcamos: el proyecto que impulsa el Gobierno condena a la quiebra a las pymes regionales del biodiésel, pone en riesgo unos 10.000 empleos entre directos e indirectos y concentra el negocio en apenas seis aceiteras», cruzó Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB).

    La principal preocupación está concentrada en el coprocesamiento, un mecanismo que permite a las refinadoras incorporar materia vegetal durante la destilación del petróleo y contabilizar ese volumen dentro del corte obligatorio, aunque técnicamente no produzcan biodiésel.

    La iniciativa de Bullrich propone elevar del 7,5% al 10% el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil. Sin embargo, las pymes denuncian que la participación de las petroleras mediante el coprocesamiento terminaría reduciendo del 7,5% al 7% el corte efectivo reservado para las plantas regionales.

    El modelo vigente protegió durante dos décadas a empresas que se instalaron en pequeñas ciudades del interior, especialmente en Santa Fe, y que dependen del mercado interno para sostener su actividad. Según CEPREB, el esquema representa alrededor de 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

    Santa Fe concentró el 58% de la producción nacional de biodiésel durante 2025 y alberga buena parte de las plantas que podrían quedar afectadas por la reforma. A su vez, en el Gran Rosario operan las grandes aceiteras que respaldan la apertura del mercado.

     

  • En La Libertad Avanza suena Marcos Peyrano como candidato a gobernador de Santa Fe

     

     En La Libertad Avanza comenzó a sonar el nombre de Marcos Peyrano como posible candidato a gobernador de Santa Fe el próximo año. Es apoderado del partido en la provincia y de confianza de Romina Diez. Ahora, es una de las alternativas que barajan en el espacio libertario.

    Diez es la candidata natural de La Libertad Avanza para disputar la Casa Gris, pero entre sus allegados dice que preferiría competir por una banca en el Senado. La actual diputada tiene una relación directa con Karina Milei y conserva el control político del partido en Santa Fe.

    Por otro lado, Lule Menem impulsa la candidatura del diputado nacional Nicolás Mayoraz. El legislador aceptaría competir por la gobernación como candidato testimonial, pero quiere que le garanticen un lugar expectante en las elecciones nacionales de octubre. Sin embargo, su postulación tiene que conseguir el ok de Diez.

     Diez es la candidata natural de La Libertad Avanza para disputar la Casa Gris, pero entre sus allegados dice que preferiría competir por una banca en el Senado. La actual diputada tiene una relación directa con Karina Milei y conserva el control político del partido en Santa Fe 

    Ante ese escenario, surgió el nombre de Peyrano que fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución provincial y tiene la confianza de la diputada libertaria.

    Los libertarios dicen los objetivos para 2027 son terminar por encima del peronismo y complicar competirle la reelección de Pullaro. En LLA creen que la elección se puede terminar polarizando entre el candidato libertario y el radical Pullaro, relegando el PJ a un tercer lugar.

    Marcos Peyrano es abogado y fue constituyente en la Convención Reformadora 

    En La Libertad Avanza de Santa Fe niegan que exista un acuerdo con el gobernador. «Hay diálogo, pero no hay nada cerrado», dijeron fuentes libertarias a LPO. En ese sentido, se filtra la negociación por la eliminación de las PASO.

    Pullaro es uno de los gobernadores más interesados en que el Congreso derogue las primarias porque, si continúan vigentes, el cierre de alianzas nacionales podría superponerse con el calendario electoral de Santa Fe.

    Ese escenario amenaza con profundizar las tensiones dentro de Unidos, donde conviven radicales, socialistas y dirigentes del PRO. Una alianza nacional de sectores del radicalismo y el macrismo con Milei sería difícil de compatibilizar con la continuidad del frente provincial junto al socialismo.

    Pullaro y Milei el 9 de Julio pasado

    En el entorno libertario dudan de que Unidos llegue intacto a las elecciones de 2027 y ubican al socialismo cada vez más cerca de un eventual acuerdo con Axel Kicillof u otra alternativa progresista nacional.

    Los libertarios también reclaman que Pullaro se pronuncie con mayor claridad a favor de eliminar las PASO. Los gobernadores, en cambio, le plantean a la Casa Rosada que primero debe cerrar un acuerdo político y recién después avanzar con la derogación. El cruce expone la desconfianza que existe entre Milei y los mandatarios provinciales.

    Mientras tanto, Santa Fe debe sancionar una nueva ley electoral y los tiempos comienzan a apremiar. La definición del sistema provincial será clave para ordenar el calendario y los posibles frentes.