El bloque libertario apoyó tres proyectos vinculados a las Islas Malvinas, un reclamo ninguneado por Milei y la ministra Monteoliva durante el Mundial.
La principal iniciativa vinculada a Malvinas que trató la Legislatura fue extender el subsidio que cobran los ex combatientes que fueron empleados en la Ciudad y ya comenzaron los trámites de jubilación o están jubilados.
El proyecto fue elaborado por la legisladora radical Fernanda Mollard y por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y resultó aprobado por unanimidad.
Además, el parlamento porteño dio luz verde a otras dos iniciativas vinculadas a Malvinas. Uno está referido a la colocación de carteles informativos en la escuela Islas Malvinas y otro a la colocación de una placa conmemorativa.
Durante el Mundial, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva había minimizado el reclamo de soberanía argentino y en la previa al partido con Inglaterra avisó que los hinchas no podrían ingresar al estadio con banderas que tuvieran «el mapita de Malvinas».
Consumado el triunfo de la Selección y cuando la imagen de los jugadores junto a la bandera de «Las Malvinas son argentinas» había dado la vuelta al mundo, Milei escribió que la actitud de los jugadores era asimilable a los «Berrinches de adolescente termo mononeuronal».
Alejandro Gentile, un empresario de Techint, asumió al frente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y pidió a Axel Kicillof eliminar Ingresos Brutos a los industriales, un impuesto que supone el 80% de la recaudación de la provincia.
Gentile es director de Relaciones Institucionales del Grupo Techint y viene trabajando en la iniciativa de reducir a cero Ingresos Brutos desde hace un año. Además, contó que ya lo conversó con el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y con el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. En los próximos días le llevará la propuesta directamente al gobernador.
La presión tributaria efectiva de Ingresos Brutos sobre el valor agregado industrial alcanza el 4,7% en la Provincia de Buenos Aires, mientras que en Córdoba se ubica en el 3,5% y en Santa Fe en el 3,6%.
El argumento de la UIPBA es que la caída de empresas es menor en Córdoba y Santa Fe que decidieron dejar de cobrar ese tributo a las pymes.
«La idea es llevarlo a cero, como sucedía antes de 2008 cuando lo volvió a implementar Daniel Scioli. En lo inmediato es elevar el piso de $1.800 millones de facturación anual a partir del cual se cobra a $ 3.600 millones. Y para las medianas darle un plazo de tres años y de cinco años a las grandes de manera de bajarlo progresivamente», dijo Gentile en una conferencia de prensa.
El estudio que realizaron muestra que el aporte de Ingresos Brutos a las arcas de Kicillof es 1,4% de la recaudación total. A su vez, compararon la carga impositiva con empresas equivalentes de México y Brasil. «La carga en la Provincia es 2,5 veces mayor a la de México y 1,6% superior a la de Brasil», sintetizaron con al esperanza de que se pueda compensar la pérdida de recaudación con mayor ingreso por Ganancias.
En materia de empleo, destacaron que el sector presenta un nivel de informalidad del 19,2%, lo que refuerza la importancia de promover políticas que favorezcan la expansión de la actividad industrial y la generación de empleo registrado en la provincia de Buenos Aires.
El titular de ARBA mantuvo un encuentro el miércoles con autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí coincidió con los industriales en la necesidad de eliminar impuestos distorsivos aunque planteó que «lo primero que tenemos que tener en claro es que primero hay que crecer y, una vez que estemos creciendo, con un crecimiento consolidado, entrar en estas discusiones».
La crisis del Pami llegó a un punto límite en el que más de un centenar de clínicas y sanatorios desarrollan un paro de 48 horas en reclamo de actualización de aranceles y pago de deudas, al tiempo que en ATE denuncian un «vaciamiento» que implica que algunas oficinas de la obra social de los jubilados se quedarán sin personal.
«Están vaciando al Pami y dejando a sus afiliados a la deriva», acusaron en ATE Mar del Plata, donde alertaron que, por la reducción salarial del 60% y la implementación de retiros voluntarios «hay agencias que se quedarán sin personal».
En ese lote, expusieron el caso de la agencia de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi en el distrito de General Alvarado (Miramar).
Pero también expusieron una fuerte reducción en oficinas clave de Mar del Plata que se quedarán con menos de diez empleados y provocarán una reducción del 30% del personal. «Una de las agencias más grandes de Tandil, quedará con cinco empleados», revelaron en ATE.
En ATE advierten que no sólo se van administrativos, también médicos. En lo relativo a trabajadores sociales, expusieron que no hay profesionales que cubran esta área en Madariaga, Pinamar, Tandil y la Agencia Puerto de Mar del Plata.
En este punto, el gremio aclaró que no sólo se van administrativos, también médicos. En lo relativo a trabajadores sociales, expusieron que no hay profesionales que cubran esta área en Madariaga, Pinamar, Tandil, Agencia puerto de Mar del Plata.
«Con falta de administrativos, además, hay demora de más de seis meses en vacantes para residencia geriátricas, centros de día que renuncian por bajos de aranceles , subsidios con demora de un año para ser autorizados y monto desactualizados», agregaron.
En el caso del Hospital Bernardo Houssay, centro de alto nivel ubicado en Mar del Plata, alertaron que 25 camas de internación se encuentran cerradas por falta de personal y que no hay cirugías cardiovasculares, ni ninguna de alta complejidad por falta de insumos.
En el Hospital Bernardo Houssay de Mar del Plata alertaron que 25 camas de internación se encuentran cerradas por falta de personal y que no hay cirugías cardiovasculares, ni ninguna de alta complejidad por falta de insumos.
También, advirtieron que el equipamiento médico no cuenta con la necesaria e inmediata reparación por cuestiones presupuestarias, por lo que las endoscopias see redujeron al mínimo.
En tanto, los profesionales siguen renunciando por los aranceles bajos y sobrecarga de trabajo por demanda. Por todo esto, en ATE declararon «alerta sanitaria en la tercera edad en Mar del Plata y la región»
La misma situación atraviesan los prestadores, que transitan un paro de 48 horas que se extenderá hasta este viernes y que implica que más de 100 clínicas, sanatorios y hospitales privados suspendan la atención a los afiliados del Pami, por lo que solo atienden emergencias.
El reclamo es por una actualización de los aranceles y el pago de deudas del Pami que el Gobierno no resolvió y que ya produjo la salida del viceministro Guido Giana.
Por caso, esta semana el Sanatorio Belgrano en Mar del Plata dejó de prestar servicios a 8.000 afiliados que tenían ahí su cápita y entre ellos internados.
Toto Caputo aprovecha la purga libertaria en el Conurbano para reforzar su injerencia en la zona norte.
Tras promover como armador en Tigre a Miguel Schmukler, funcionario comodín en Economía, ahora el ministro puso en San Fernando al titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Miguel Romero, que reemplazó al concejal Kevin Buj.
Al igual que Schmukler, Romero no tiene experiencia como armador territorial pero, como sucede en Tigre, el arribo llega de la mano de cambios en las jefaturas locales de Pami y Anses que tensionan al máximo la interna libertaria.
También, se habla de un intento de reorientar las propuestas libertarias en esos distritos hacia perfiles más asociados al PRO.
En la Primera sección, este cataclismo interno empieza a generar fuerte malestar en los libertarios de la primera hora que –como contó LPO– temen ser desplazados por dirigentes de extracción PRO en las boletas locales de 2027.
Días atrás, fue corrido de Anses San Fernando Raúl «Bigotón» Ávila. «Lo pidieron de arriba. Pareja no lo pudo salvar», señalaron a LPO fuentes del Conurbano norte.
La interna libertaria en San Fernando tiene un largo historial de tensiones. Incluso, el año pasado se produjo una batalla campal en plena inauguración de un local partidario.
Días atrás, fue corrido de Anses San Fernando Raúl «Bigotón» Ávila, padre de Pamela Ávila, compañera de bloque de Buj en el Concejo Deliberante sanfernandino. «Lo pidieron de arriba. (Sebastián) Pareja no lo pudo salvar», señalaron a LPO fuentes del Conurbano norte.
En su rol al frente del INTI, Romero estuvo en el centro de la polémica tras desplegar gendarmes dentro de la sede central del organismo luego de anunciar despidos y recortes que desataron fuertes protestas de los trabajadores.
Tras negociaciones que duraron meses, el diputado provincial Agustín Romo consiguió los votos para asumir como vicepresidente de Diputados y se consolidó un enroque que ubicó a Juan Osaba como jefe del bloque.
En enero se había logrado un acuerdo interno, sin embargo la negociación para conseguir los votos del recinto para avanzar en los cambios en las vicepresidencias llevó meses.
El bloque de Fuerza Patria negoció con el espacio de Javier Milei aprobar el cambio de presidente si es que se le daba ingreso al temario a un proyecto del senador de Patria Grande, Federico Fagioli, para «garantizar los derechos humanos de las personas en situación de calle».
Tras su designación, el nuevo presidente del bloque, Juanes Osaba, aseguró: «El enroque que hemos realizado sólo ordena lo que funcionaba de hecho. LLA es la segunda fuerza de la provincia de Buenos Aires y estamos dando la batalla en varios frentes para traer las ideas de la libertad y reformas que impulsa nuestro presente Javier Milei en la nación. En este nuevo rol quiero agradecer al presidente del Partido de LLA en PBA, Sebastián Pareja y a la Secretaría de la Presidencia de La Nación Karina Milei».
El enroque de autoridades se oficializó esta tarde durante la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, Agustín Romo agradeció a los diputados de todos los bloques por la confianza.
«Fueron casi 2 años como Presidente del bloque LLA donde logramos muchísimas cosas, antes siendo pocos y ahora siendo 20. Le agradezco especialmente a mis compañeros de bloque y a las autoridades del partido por elegirme para presidir nuestro bloque estos 2 años y por confiar en mi para ser Vicepresidente de la Cámara», concluyó.
Rodrigo Paz rompió el silencio a una semana de las detención de Fernando Cerimedo en Bolivia que azota a su gobierno. El líder boliviano había evitado pronunciarse sobre el asesor digital pero la apertura de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico lo obligaron a hablar.
Paz dijo en un mensaje grabado que «el señor (Fernando) Cerimedo llegó para trabajar con otros candidatos presidenciales, pero cuando ganamos en primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo una estratega de reconocimiento mundial, para trabajar en nuestra campaña electoral».
El presidente boliviano detalló que una vez que ganaron las elecciones, «no sólo cooperó en esa elección, sino al inicio del gobierno, pero siendo estratega de orden internacional, la constancia o presencia del señor Cerimedo en Bolivia no era la que necesitábamos para poder trabajar y tener sólido un formato de trabajo».
«Por eso nunca hubo un contrato, por eso nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros, delegados presidenciales», agregó.
En este marco, Paz aclaró que «Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano (el presidente), a la presidencia, al gobierno o a mi familia. Las representaciones institucionales se hacen a través del mandato institucional, como puede ser un ministro, viceministro, como puede ser un delegado presidencial. No hay asesores principales».
El señor (Fernando) Cerimedo llegó para trabajar con otros candidatos presidenciales, pero cuando ganamos en primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo una estratega de reconocimiento mundial, para trabajar en nuestra campaña electoral
El jefe de Estado instruyó también realizar una investigación «minuciosa» sobre cada una de las denuncias que surgieron en torno al Cerimedo. La decisión fue comunicada por el viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García, quien anunció además que el Gobierno se presentó como parte coadyuvante en la investigación abierta de oficio por la Fiscalía de La Paz contra el consultor argentino.
«El día de ayer hemos recibido una instrucción expresa de parte del despacho presidencial de poder realizar una investigación minuciosa en relación a cada uno de los hechos que se han señalado», afirmó García durante una conferencia de prensa.
Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano (el presidente), a la presidencia, al gobierno o a mi familia. Las representaciones institucionales se hacen a través del mandato institucional, como puede ser un ministro, viceministro, como puede ser un delegado presidencial. No hay asesores principales
Por otro lado, Paz defendió a su familia y planteó que «cada puesto que hemos logrado en lo personal ha sido por voluntad popular, por el voto. Llevo un recorrido de servicio público con una esposa que ha sido intachable como parte de una familia construida sobre la base de cuatro chicos, tres mujeres y un chango».
«Somos una familia que respetamos al prójimo. Somos una familia que vivimos bajo el concepto de la solidaridad, bajo el concepto de la prosperidad de la comunidad. Por eso no puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento», remarcó y recalcó que «soy el primero defender la democracia, la transparencia de los procesos de investigación. No sobre escándalos, sino sobre pruebas. El escándalo no es una prueba».
La situación de Rodrigo Paz es extremadamente delicada. Este escándalo deterioró la legitimidad de su gobierno y lo deja en el foco de una investigación que lo podría vincular con delitos relacionados al narcotráfico que está siendo investigados por la Fiscalía General.
Asimismo, los partidos de derecha que le dan gobernabilidad a su gobierno evalúan retráele el apoyo que le impediría avanzar en reformas claves y hasta forzaría un adelantamiento electora, como adelantó LPO.
