La mesa política del gobierno se volverá a reunir la semana que viene en medio de la disputa feroz que destapó el Rufusgate entre Martín Menem y Santiago Caputo, aunque en el gobierno creen que no servirá para resolver la interna.
La aparición del misterioso usuario Periodista Rufus, atribuido a Martín Menem, fue definida por Las Fuerzas del Cielo de Caputo como un «punto de inflexión» en la interna que arrastran contra el riojano, del espacio de Karina Milei.
Los chicos de Caputo esperan un gesto público de Milei para sentirse contenidos en el gobierno que maneja su hermana y no salir a dinamitar la interna, pero en ningún escenario hablan de la salida del asesor estrella.
En el medio del silencio de Karina y del propio Milei, que no habló del tema Rufus con Caputo, en el gobierno confirmaron que la mesa política se volverá a reunir en los próximos días, más probablemente en la semana patriótica del 25 de mayo.
«No sirve para nada la mesa», dice en privado Patricia Bullrich, una de las integrantes del grupo selecto. Como otros miembros, la senadora cree que las peleas por Twitter son «surrealistas» y que no se corresponden luego cuando los funcionarios se ven cara a cara.
«Van a fingir demencia como siempre», dijeron a LPO en el entorno de un ministro que coincide con Bullrich en que los funcionarios se juntan a hablar sin decirse nada.
Además del incómodo Caso Rufus, otro de los motivos para estirar el día de la próxima reunión de la mesa es el golpe que la propia Bullrich le asestó a Manuel Adorni cuando le dio un ultimátum al jefe de gabinete para que presente su declaración jurada. El propio Milei salió ese mismo día a explicar que Adorni presentaría los papeles de manera inminente y dos semanas después siguen sin aparecer.
Bullrich les dijo a los senadores que ella es la única política que respetan los Milei y por eso puede decir cualquier cosa. Distinto es el panorama para Adorni, que perdió la valoración de los propios empleados de la Rosada por sus travesuras patrimoniales. Incluso lo empezaron a apodar Castata, un jocoso acrónimo de casta y cascada.
Martín Menem
La desconfianza creciente entre los funcionarios de la Mesa se condice con el estado militarizado que adquirió la Casa Rosada. Los empleados del palacio están asombrados con la guardia militar que se montó en el primer piso, que comparten Santiago Caputo y Lule Menem.
Con la excusa del odio a los periodistas, todas las personas que van al baño son seguidas por personal de seguridad, en una medida de difuso respeto a la intimidad que requieren las diligencias sanitarias.
Karina prohibió además el acceso al histórico Patio de las Palmeras porque tiene miedo que la espíen a través de los vitreaux, pese a la dificultad que impone la pregnancia de un vidrio de colores. Los empleados se quejan de que para fumar se tienen que trasladar al patio Malvinas Argentinas y someterse a un mucho menor feng shui.
El concejal libertario de Ezeiza José Luis Michelena desató su furia en plena sesión contra Manuel Adorni y las políticas económicas del Gobierno. «Nos están cagando a todos», dijo y acusó directamente a Javier Milei: «Está entregando todo».
La intervención del edil descolocó a su bloque y disparó los aplausos de concejales del peronismo. Luego de esa intervención en la última sesión, Michelena fue expulsado de La Libertad Avanza (LLA).
«Yo tenía seis negocios en la costa y los cerré a casi todos», dijo Michelena para enseguida exponer los cortocircuitos internos con el resto de los concejales libertarios. «¿Es un bloque? ¿los estoy descolocando? porque me caliento cuando no estoy de acuerdo con algo y me dicen que tengo que estar», acusó.
Y siguió: «Nos están vendiendo, nos están despedazando y no puedo soportar cerrar la boca simplemente porque no hay que acusar a Adorni. Que vaya preso si es culpable».
Ahí, trazó un comparativo con la situación de Cristina Kirchner: «Le ponen una pulsera a la ex presidenta con razón o sin razón, desconozco porque no estoy en la Justicia, pero este tipo se lava las manos. Algunos quieren defender lo indefendible».
Nos están vendiendo, nos están despedazando y no puedo soportar cerrar la boca simplemente porque no hay que acusar a Adorni. Que vaya preso si es culpable
Este episodio profundiza el cataclismo interno del armado libertario en el Conurbano, más aún considerando que Michelena no forma parte del lote de concejales electos en 2023 que respondían a Kikuchi, sino que ingresó al Concejo integrando la lista libertaria de 2025, que tuvo un estricto filtro del karinismo.
«José Luis Michelena representa a los comerciantes que sostienen la economía real, que pagan impuestos y que quieren reglas claras, menos trabas y un Estado que no los asfixie», lo describían en diciembre último desde el armado de LLA que en Ezeiza controla Nicolás Lemos, que responde a Sebastián Pareja.
En diciembre último, Michelena era presentado como «la voz de quienes todos los días producen». Tras exponer en plena sesión que tuvo que cerrar sus comercios, fue expulsado de LLA.
Seis meses más tarde, Michelena se despachó: «Las universidades no se tienen que cerrar, las rutas se tienen que reparar. No puede ser que nos cobren cinco impuestos diferentes para un automotor y las rutas destruidas», dijo.
Y añadió: «El presidente está entregando la Antártida, la precordillera, la cordillera, está entregando todo».
Luego de esa intervención, en el armado libertario informaron la expulsión del partido del concejal: «Las recientes manifestaciones públicas evidencian una postura personal incompatible con el funcionamiento orgánico y el compromiso colectivo que exige LLA», señalaron en un comunicado.
Los mismos vecinos que antes pasaban a buscar la boleta para votar este proyecto de país, me cuentan que no dan más. Que se quedaron sin trabajo. Que no llegan a fin de mes
Tras conocerse su expulsión, este lunes Michelena avisó que pronto anunciará cuál será su próximo alineamiento político. Y apuntó a LLA: «Elegí la política para servir, no para callar».
Y advirtió sobre el termómetro social: «Los mismos vecinos que antes pasaban a buscar la boleta para votar este proyecto de país, me cuentan que no dan más. Que se quedaron sin trabajo. Que no llegan a fin de mes».
Una nueva reforma penal que presenta Maximiliano Pullaro para acrecentar atribuciones en la lucha contra el delito puso en estado de alarma a organizaciones de abogados y a magistrados santafesinos. Para los críticos las enmiendas propuestas son graves porque prescinden de la figura del juez, le da facultades ampliadas a la policía para interrogatorios sin comunicación a un fiscal ni a defensor, avanzan sobre garantías en casos de allanamientos o intervención en comunicaciones privadas,
Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.
La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.
El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.
Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.
Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. «Espantoso», «cruel», «inconstitucional», «regresión premoderna», son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.
El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
«Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?», le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. «Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía», añadió otro juez a este medio.
Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. «Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político», le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. «Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona», dijo a LPO.
Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. «La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales», según la fundamentación del proyecto.
Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.
El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.
En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.
Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.
En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: «Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo».
En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. «Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones», dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.
Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. «No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad», indica la fundamentación de la reforma.
Mario Ishii volvió a agitar la interna del peronismo con un proyecto de ley en el que declara la emergencia sanitaria en la provincia y carga por igual contra el gobierno de Javier Milei y de Axel Kicillof por la situación en los municipios.
El proyecto generó fuerte malestar en el Ejecutivo y esta mañana salieron a cruzar al líder de José C. Paz. Según fuentes del gobierno que cita La Tecla, en el gabinete de Kicillof calificaron el proyecto como «fuera de lugar» y agregaron que la actitud de Ishii «no correspondía».
En los argumentos, el senador provincial habla de un «colapso progresivo del sistema sanitario público. Plantea que miles de familias bonaerenses debieron abandonar los sistemas privados de atención médica para recurrir masivamente al sistema público, incrementando la presión sobre hospitales provinciales y municipales.
Ishii dice que hay «hospitales saturados, guardias colápsalas, incremento de consultas y una demanda sanitaria extraordinaria que supera las capacidades operativas de los intendentes».
Además, señala la falta de profesionales en hospitales públicos y centros de atención primaria y agrega que «los hospitales municipales se convirtieron en el último sostén sanitario de millones de personas que ya no encuentran respuestas en sistemas privados y obras sociales».
El proyecto generó ruido en La Plata por el tono de las críticas y porque distribuye responsabilidades entre Milei y Kicillof en partes iguales. El texto -al que LPO pudo tener acceso- destaca además en un apartado las responsabilidades específicas tanto del gobierno nacional como de la provincia de Buenos Aires.
Desde el ministerio de Salud sostienen que el proyecto describe una realidad que esa cartera viene marcando desde hace varias semanas. La situación es crítica. «Las responsabilidades adjudicadas y enumeradas a la provincia son todas y cada una por la falta de una política nacional sólida y presente», dijeron a LPO desde el ministerio que conduce Nicolás Kreplak.
Nicolás Kreplak y Axel Kicillof.
Ishii salió a defender su proyecto luego de que trascendiera esta mañana el enojo del gobierno. «Esto no es una bandera partidaria ni una discusión electoral. Cuando está en riesgo la salud y la vida de la gente, el Estado tiene la obligación de dar respuestas», dijo en las redes.
«No se puede llegar al invierno con hospitales y centros de salud colápsalos, sin vacunas, sin insumos, con falta de profesionales y sin camas suficientes», dijo y siguió: «querer esconder esta crisis detrás de una pelea política es una forma de encubrir negligencias y responsabilidades institucionales».
No se puede disfrazar una emergencia humanitaria como un debate partidario para evitar a hacerse cargo. La gente no necesita relatos ni excusas: necesita respuestas urgentes para proteger su vida.
No es la primera vez que Ishii lanza fuertes críticas al gobierno de Kicillof a través de un proyecto de ley. En abril, hizo una avanzada similar con una iniciativa para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses. Su proyecto de ley surgió a partir de la decisión de Andrés Larroque de recortar el programa MESA, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.
El peronismo en el Senado bonaerense atraviesa una situación de tensión extrema. Si bien el viernes hubo una tregua cuando se logró un acuerdo para conformar las comisiones, el bloque Fuerza Patria transita una fuerte crisis que tiene como protagonistas a legisladores cercanos a Cristina Kirchner por un lado, y senadores de Kicillof por otro.
La crisis económica, el deterioro del poder adquisitivo y el desgaste político empiezan a reflejarse con fuerza en las encuestas. Un nuevo relevamiento mostró que más de la mitad de los argentinos tiene una imagen negativa de Milei, mientras crece el malestar social y se profundiza el rechazo a la situación económica del país.
Por Roque Pérez para NLI
Los números confirman una tendencia que distintos estudios vienen marcando desde comienzos de año: el Gobierno pierde apoyo incluso entre sectores que acompañaron a Milei en el balotaje de 2023. Según distintos sondeos publicados en las últimas semanas, la desaprobación presidencial ya oscila entre el 55% y el 65%, en un contexto atravesado por inflación persistente, caída del consumo y salarios pulverizados.
La encuesta de la consultora Giacobbe & Asociados reveló además que una parte importante de la población asegura que “ya no soporta” la situación económica actual. El dato expone un fenómeno que empieza a perforar el relato oficial sobre la supuesta recuperación: el ajuste impacta de lleno en la vida cotidiana y cada vez más familias llegan con dificultad a fin de mes.
El deterioro no aparece solamente en la evaluación económica. También se observa una fuerte caída en la valoración personal de Milei. La consultora CEOP Latam detectó que la imagen positiva presidencial cayó hasta apenas superar el 34%, muy lejos de los niveles que había alcanzado luego de las legislativas de 2025. Incluso, cuatro de cada diez votantes que lo apoyaron en el balotaje afirman que hoy no volverían a elegirlo.
Otro estudio, elaborado por Zuban Córdoba, mostró que el 65% de los encuestados desaprueba la gestión libertaria, el peor registro en varios meses. El informe vincula directamente la caída del Gobierno con los escándalos políticos, las denuncias de corrupción y el agravamiento de la crisis social.
En paralelo, otras consultoras vienen detectando un patrón similar: caída de expectativas, descreimiento respecto del rumbo económico y creciente agotamiento frente al ajuste permanente. La combinación entre tarifazos, salarios deprimidos y recesión empieza a erosionar incluso al núcleo duro libertario.
La situación también impacta en el plano regional. Un informe de CB Global Data ubicó a Milei entre los presidentes latinoamericanos con peor imagen del momento, tras registrar una fuerte baja en su valoración positiva.
Mientras tanto, el oficialismo intenta sostener el discurso del “sacrificio necesario”, aunque los números muestran otra realidad: cada vez más argentinos consideran que el costo del modelo económico es demasiado alto y empiezan a expresar ese rechazo en las encuestas. La pregunta que empieza a recorrer la política argentina es si el Gobierno todavía tiene margen para sostener el ajuste sin que el deterioro social termine convirtiéndose en una crisis política más profunda.
El cierre de “Reloj de Arena”, el ciclo que Liliana López Foresi conducía desde hacía casi cinco años en Radio 10, dejó mucho más que nostalgia entre sus oyentes. La decisión, comunicada apenas días antes del último programa, abrió interrogantes sobre el rumbo de los medios de comunicación y sobre los límites que hoy parecen imponerse a las voces críticas en la radio argentina.
Por Roque Pérez para NLI
La propia periodista confirmó el final con un mensaje cargado de dignidad y melancolía. “Hoy navegaremos por última vez el navío de #RelojDeArena”, escribió en sus redes, en una despedida donde evitó cualquier tono victimista y eligió apoyarse en una frase de Silvio Rodríguez para describir el momento: “Soy mujer de buenos encuentros, y todavía mejores despedidas”. El mensaje contrastó con la brusquedad con la que, según contó al aire, le informaron el levantamiento del programa: apenas tres días antes y “cortita y al pie”.
Lo llamativo del caso es que no se trataba de un ciclo marginal ni de bajo impacto. “Reloj de Arena” había conseguido consolidarse dentro de la programación dominical de Radio 10, acumulando reconocimientos y una audiencia fiel. Incluso había sido distinguido con el Premio Argentores en la categoría Editorial radial.
Una voz incómoda en tiempos de uniformidad
En su despedida, López Foresi dejó frases que sonaron tanto a balance profesional como a crítica velada hacia la lógica empresarial que domina gran parte de los medios. “No despreciamos al pueblo”, sostuvo, reivindicando un periodismo que apuesta a elevar la discusión pública en lugar de rebajarla para perseguir clics, escándalos o gritos televisivos. También recordó que detrás de los grandes grupos mediáticos existe una estructura de poder económico que condiciona contenidos, agendas y márgenes de libertad.
No es un detalle menor. En una época donde la comunicación política parece reducida a operaciones permanentes, slogans y provocaciones diseñadas para redes sociales, “Reloj de Arena” conservaba una lógica distinta: editoriales largas, análisis históricos, referencias culturales y una mirada profundamente crítica sobre el deterioro democrático y social argentino. Su salida del aire no puede separarse del clima general que atraviesa hoy al periodismo.
La propia trayectoria de López Foresi explica parte de esa incomodidad. La periodista arrastra décadas de enfrentamientos con estructuras de poder político y mediático. Desde los años noventa denunció censuras y presiones vinculadas a los grandes grupos de comunicación, y en los últimos años mantuvo una posición abiertamente crítica frente al modelo económico actual.
Así fue el cierre tras el inexplicable levantamiento del programa de @LiliLopezForesi en @Radio10 luego de casi 5 años en el aire y cuando se encontraba primera en audiencia en su horario, siendo #RelojDeArena uno de los programas más escuchados de la emisora. pic.twitter.com/JQcGJjJy7O
El vaciamiento silencioso de los espacios críticos
El final del programa también impacta por el contexto general de la radiofonía argentina. Mientras crecen formatos cada vez más veloces, superficiales y orientados al impacto inmediato, los espacios de reflexión política profunda empiezan a desaparecer de las grillas o quedan relegados a horarios marginales. El levantamiento de “Reloj de Arena” parece encajar en esa tendencia.
Durante su último envío, López Foresi eligió no convertir la despedida en un escándalo. Habló de puertos, barcos y despedidas, utilizando metáforas para evitar una confrontación directa. Pero debajo de esa elegancia quedó flotando una pregunta inevitable: ¿por qué levantar un programa exitoso y reconocido sin explicaciones públicas claras?
La ausencia de precisiones alimentó versiones y malestar entre oyentes y colegas. Más aún en un contexto donde muchas voces periodísticas críticas denuncian reducción de espacios, presiones económicas y creciente concentración mediática. La salida de López Foresi no parece un episodio aislado sino parte de un fenómeno más amplio: la dificultad creciente para sostener discursos que no encajen en la lógica dominante.
El adiós de “Reloj de Arena” deja así una sensación extraña. No solo porque desaparece uno de los pocos programas radiales que todavía apostaban a la palabra pausada y al análisis complejo, sino porque ocurre en un momento político donde el debate público parece cada vez más condicionado por operaciones, algoritmos y obediencias empresariales. Y en ese paisaje, el silencio alrededor de la salida de Liliana López Foresi dice casi tanto como sus propias palabras de despedida.
