Juan Bautista Mahiques consiguió este jueves que la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobara el Concurso 442 para la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, donde deben cubrirse una vacante en su sala II y tres en la sala III.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que para esos cargos el ministro de Justicia negoció con Gerónimo Ustarroz, ex representante del Poder Ejecutivo en el Consejo y hermano del senador Eduardo «Wado» De Pedro, los nombres de postulantes «atractivos para el peronismo». Pero también logró colar aspirantes funcionales a su propio armado entre el PRO, la lista Bordó y la agrupación Compromiso Judicial, dos espacios de militancia al interior de la Asociación de Magistrados.
Uno de los jueces ofendidos por los manejos para ubicar candidatos en los concursos deslizó que el propio Ustarroz habría admitido las conversaciones con Mahiques. «Estos son los que podemos meter, si les gustan, bien», habría sido la frase que usó el titular de la cartera de Justicia ante el hombre de Mercedes, distrito del que son oriundos no solamente Wado y su hermano sino también los integrantes de la familia Mahiques.
Pese a que De Pedro siempre negó el diálogo que se le atribuyó como negociador en representación de Cristina con este gobierno y también con el actual ministro y sus parientes, fuentes del kirchnerismo aseguran lo contrario. Pero, además, lo dicen con un reproche: «La amistad de Wado con los Mahiques no sirvió para evitar que le fallen en contra a Cristina».
Como sea, las ternas aprobadas para este concurso quedaron formadas por Ignacio Martín Rebaudi Basavilbaso, Alejandro Nóbili y Juliana Gabriela Kina; Camilo Almeida Pons, Beatriz Pfarher y Javier Pico Terrero; Silvina Bracamonte, Alejandro José Laje y Marcelo Gota; y José Luis Cassineiro, Fernando Julián Olta Santa Cruz y Sofía Saint Jean.
De esos 12 candidatos, si el plenario del Consejo los aprueba y Viola manda sus nombres a la Casa Rosada, Milei deberá elegir uno para cada vacante. El asunto es que no todos obtuvieron esos puestos en el orden de mérito por el rendimiento en sus exámenes sino que varios escalaron por las entrevistas, instancia en la que pueden pesar apreciaciones subjetivas y hasta simpatías ideológicas.
En efecto, Kina y Pfarher subieron desde los puestos 11° y 10° al 3° y 5°, respectivamente. Ambas hicieron su carrera en el Ministerio Publico Fiscal y cultivaron la línea de Alejandra Gils Garbó, un dato que las convierte en candidatas que el peronismo podría votar.
Laje, por su parte, es quien renunció al concurso 405 para la vacante de la Sala D de la Cámara Civil, con el objetivo de que pudiera simularse el ingreso a terna de Raul Agustin Rubiero, quien estaba en lista complementaria, es miembro del tribunal de apelaciones de la AFA desde 2021 y fiscal de CABA desde octubre 2025. Tal como reveló LPO, Mahiques mandó el pliego de Rubiero la semana pasada al Senado.
Santiago Viola y Alejandra Provítola.
Una magistrada al tanto de las negociaciones admitió ante LPO que «Mahiques acordó que Laje se baje del concurso 405 para que entre Rubiero y le garantizó a cambio el acceso a una terna en el 442». «La renuncia al 405 fue un favor a Mahiques y ya fue retribuido», argumentó.
Los casos más asombrosos son los de Gota y Saint Jean, que habían quedado en los puestos 18° y 20°, respectivamente, pero treparon hasta el 9° y el 12° con las entrevistas personales. Un ascenso meteórico que gatilló una impugnación que hizo peligrar la votación del concurso en sí en el Consejo, que arrancó la discusión con dos horas de demora.
Viola hizo un terremoto en el orden de mérito y el resultado es la inclusión de candidatos atractivos al peronismo, seguramente con miras a negociar los pliegos en el Senado.
La objeción fue presentada por Ximena Rocha y Julio César García Villalonga. Los dos son funcionarios de la Cámara Civil y Comercial pero Rocha figuraba en el 8° puesto antes de las entrevistas y la bajaron al 14°.
En la nota, apuntan contra la jueza Alejandra Provítola y el viceministro de Justicia, Santiago Viola, los dos representantes del Consejo a cargo de la subcomisión de Selección, porque hallaron «cambios que no encuentran un correlato razonable y fundado en función de la nómina plasmada en el orden de mérito aprobado el 28 de marzo de 2022, ni menos aún en la propuesta de mayoría aprobada por la Comisión el 8 de noviembre de 2022».
Sucede que el 442 es un concurso iniciado en 2021, que ya durmió en los cajones durante varias composiciones del Consejo. El paso del tiempo y la nueva integración del cuerpo perjudicó a Rocha y permitió que entrara en el concurso Pfarher.
Un consejero aseguró a LPO que «el que tenía a cargo la confección de las ternas es Santiago Viola con la supervisión de Mahiques». «Viola hizo un terremoto en el orden de mérito y el resultado es la inclusión de candidatos del peronismo, seguramente con miras a negociar los pliegos en el Senado», comentó.
Mario Lugones activó una maniobra para quedarse con Osmédica, la obra social de los médicos que tiene más de 180 mil afiliados en todo el país. La intención del secretario de Salud sería nombrar una gerenciadora a pesar de que la obra social es superavitaria.
Por estatuto, Osmédica está administrada por Femeca, la Federación de Médicos de Capital, pero con el paso de los años captó afiliados en toda la Argentina. Su presidente es Héctor Garín, creador del SAME, pero desde el año pasado la conducción del gremio está judicializada.
Médicos Municipales está afiliado en Femeca y decidió jugar fuerte en la federación. Primero consiguió armar junta electoral paralela que luego convocó a elecciones de Femeca el 18 de marzo de 2026. Las elecciones oficiales se celebraron un día antes y confirmaron a Garín en la conducción del gremio.
Médicos Municipales, el poderoso gremio que conduce Carlos Rojo, impulsó a Cristina Rosales. «No les interesa Femeca, quieren quedarse con la obra social», le dijo a LPO un miembro del oficialismo.
Sin acuerdo entre las partes, la cuestión se judicializó. La comisión blue se anotó una victoria luego de que la Superintendencia de Salud, que responde a Mario Lugones nombrara a un administrador para Osmédica, que desde hace más de un mes está paralizada por la disputa.
El elegido fue Hernán Nápoli, un viejo conocido de Rojo que se desempeña como secretario de Ceremonial y Protocolo Facultad de Medicina. El titular de Médicos Municipales tiene influencia en la UBA y aliado a Emiliano Yacobitti llevó al ex decano de Medicina, Ricardo Gelpi, al rectorado.
El rumor que se escucha en Osemédica es que Rojo y Lugones ya tienen conversaciones avanzadas con una gerenciadora para que se haga cargo de la obra social. «No se entiende para qué se necesita una gerenciadora si Osemédica sigue haciendo obras y abriendo nuevos centros médicos», se quejó un dirigente del oficialismo.
Luciana Tito es licenciada en Ciencia Política (UBA). Fue jefa de Gabinete de la Cancillería argentina entre 2021 y 2023 y jefa de asesores en la Jefatura de Gabinete de Ministros entre 2019 y 2021.
La emblemática marca nacional de galletitas dejó de fabricar en su planta principal y pasó a tercerizar su producción en medio de la caída del consumo, el aumento de costos y la falta de financiamiento. Otro golpe a la industria argentina que desnuda el impacto real del ajuste.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La postal se repite con una insistencia alarmante: fábricas que se achican, líneas de producción que se apagan y marcas históricas que dejan de fabricar. Esta vez, el golpe lo da Tía Maruca, una de las firmas más reconocidas del rubro alimenticio, que decidió dejar de producir en su planta principal de San Juan y migrar a un esquema de tercerización para intentar sobrevivir.
Detrás de la decisión, lejos de cualquier relato épico empresarial, aparece un combo conocido: caída del consumo interno, aumento sostenido de costos y dificultades para acceder al crédito. Una radiografía que coincide, punto por punto, con el deterioro económico que atraviesa el país bajo el modelo de Milei.
La planta de Albardón, que llegó a emplear a cerca de 300 trabajadores, ya no producirá las clásicas galletitas que supieron ganar mercado frente a gigantes del sector. En su lugar, funcionará elaborando productos para terceros, mientras la marca intentará sostenerse mediante producción externalizada.
No es un cierre total en términos formales, pero sí un retroceso industrial evidente: la pérdida de producción propia implica menor valor agregado, menor integración productiva y mayor dependencia de terceros.
La industria en retirada
El caso de Tía Maruca no es aislado ni repentino. La empresa arrastraba problemas desde hace años, incluyendo un concurso preventivo en 2019 y el cierre de otra planta en Chascomús en 2025 con despidos incluidos.
Sin embargo, el contexto actual aceleró el desenlace. La caída del consumo masivo —producto del ajuste, la pérdida del poder adquisitivo y la recesión— impactó de lleno en alimentos básicos, incluso en segmentos populares como las galletitas.
A eso se suma el incremento de insumos clave como harina y azúcar, que comprimió márgenes hasta volverlos inviables, y un sistema financiero que no ofrece crédito accesible para sostener o modernizar la producción.
El resultado es previsible: empresas que, ante la imposibilidad de sostener la producción, optan por achicarse, tercerizar o directamente cerrar.
El “costo invisible” del ajuste
El discurso oficial insiste en mostrar orden fiscal y equilibrio macroeconómico. Pero detrás de esos números, la economía real muestra otra cara: desindustrialización progresiva y pérdida de capacidad productiva nacional.
Cuando una empresa deja de producir, aunque siga existiendo como marca, el daño es profundo. Se pierden encadenamientos productivos, se debilitan economías regionales y se precariza el empleo, incluso cuando no hay despidos inmediatos.
En San Juan, la planta seguirá operativa, pero ya no como motor de una marca nacional, sino como proveedor para terceros. Es decir: menos industria propia y más lógica de subsistencia.
El caso de Tía Maruca se suma así a una lista cada vez más extensa de empresas que retroceden en su escala productiva. Y plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas “reconversiones” más hacen falta para reconocer que el problema no es empresarial, sino estructural?
La respuesta, por ahora, se cocina en silencio, mientras otra línea de producción se apaga.
La designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá reaviva una de las acusaciones más explosivas del último tiempo: el presunto intercambio de favores políticos en el Congreso. Mientras el oficialismo habla de “consensos”, la oposición denuncia directamente una compra de votos para aprobar la ley más importante del gobierno de Milei.
Por Roque Pérez para NLI
La política argentina volvió a exhibir su costado más crudo. La exsenadora Lucila Crexell fue designada embajadora en Canadá tras haber sido una pieza clave en la aprobación de la Ley Bases, en medio de acusaciones de que su voto fue “negociado” a cambio del cargo.
El dato no es menor: el Senado aprobó su pliego con 45 votos a favor y 26 en contra, en una sesión atravesada por denuncias de “coima” y “dádivas” lanzadas desde distintos sectores de la oposición.
Un voto que valía una embajada
El eje de la polémica es claro. Durante el debate de la Ley Bases, Crexell pasó de cuestionar aspectos del proyecto a votarlo favorablemente, en un contexto donde ya circulaban versiones sobre su posible designación diplomática.
Las sospechas no quedaron en rumores. En el recinto, legisladores denunciaron abiertamente que la entonces senadora “negoció su voto por un cargo en la embajada”, señalando que su decisión no fue autónoma sino parte de un acuerdo político.
Incluso se llegó a plantear que el caso podría constituir un delito, con pedidos para reabrir investigaciones judiciales vinculadas a posibles dádivas.
La escena es brutal en términos políticos: una ley estructural para el programa de Milei aprobada con votos bajo sospecha y, meses después, el “premio” materializado en un cargo diplomático de alto nivel.
La casta que no era casta
El discurso libertario construyó su identidad sobre la denuncia a “la casta”. Sin embargo, este episodio expone una contradicción difícil de ocultar: los mecanismos más clásicos de la política —negociaciones, intercambios, recompensas— siguen plenamente vigentes.
No se trata de una interpretación aislada. Desde el propio oficialismo se llegó a justificar este tipo de prácticas como parte de los “acuerdos y consensos” necesarios para gobernar, lo que en los hechos equivale a admitir la lógica de negociación de poder que se decía combatir.
El problema es más profundo: cuando esos acuerdos incluyen cargos públicos estratégicos, la línea entre política y clientelismo institucional se vuelve difusa.
Un precedente peligroso
El nombramiento de Crexell no es un hecho menor ni aislado. Marca un precedente político delicado: legitima la idea de que un voto clave en el Congreso puede tener recompensa directa en la estructura del Estado.
Y en un contexto de ajuste, recorte del gasto público y discurso anti-Estado, el contraste se vuelve aún más evidente: mientras se predica austeridad, se distribuyen cargos diplomáticos como moneda de negociación.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: si esto no es “casta”, ¿qué es?
Estoy cargando. Sigo. Cargo hasta las 20.45. Después de esa hora también pero capaz no respondo muy rápido. Miren estos premios.
Captura de un comprobante de Mercado pago por $460.000.
Otra captura del Banco Galicia:transferencia enviada $121.000. Transferencia enviada por Carla.
Bono de bienvenida. Solo por hoy. , , , y . Joker´s, Jewels, hot.
Los mensajes, con colores estridentes de fondo, ilustraciones de duendes de la fortuna y gemas, pomposos faraones egipcios o diamantes fulgurantes, se intercalan entre la fugacidad de los estados de Whatsapp y el ritmo galopante del contenido epocal que promete, anclado en el presente, recompensa inmediata. Las cajeras de los casinos online no oficiales despliegan desde sus teléfonos y para sus contactos una estrategia de marketing artesanal en la que se mezclan emojis, eufemismos y comprobantes que intentan mostrar efectividad. Cargar es apostar y jugar, pero las palabras apuestas y juego nunca aparecen en sus publicaciones porque saben que se trata de una actividad ilegal que, en algunos casos, hasta los algoritmos de las redes sociales de mensajería instantánea penalizan. Ellas son el reverso del boom por las apuestas y el juego virtual: en su mayoría, mujeres, madres que crían y cuidan, algunas tienen trabajos con distintos grados de formalidad. Todas encontraron una forma de hacerle frente a la crisis económica y juntar un mango más para subsistir. Muchas de ellas son tías, mamás y hasta hermanas de los pibes que engrosan las estadísticas de adicción a las pantallas y al juego.
“Cuando empecé compré la cama para mis nenas, hice refacciones en la casa, cerré un techo del baño que no teníamos y pude hacer las cloacas —dice Carla por videollamada desde algún lugar del partido de La Matanza, al oeste del conurbano—. De las fichas vendidas, ganaba el 25 por ciento. En un día día cargaba 100.000 fichas. En ese entonces la carga mínima era de 100 pesos. Sacá las cuentas. Ahora bajó mucho la cantidad de fichas que vendo, apenas pichuleo para pañales y algo de comida pero me sigue ayudando bastante”. Carla no tiene problema en contar sobre su trabajo, “porque no tengo idea de quién está más arriba”. Sólo reporta a su “administradora”, Vanesa. De todos modos, pide que no salga su nombre verdadero y que se resguarden algunos datos de su identidad.
Hace tres años que Carla es cajera de casinos online. Tiene 40 años y dos hijas de dos y nueve años. Desde hace quince años, los fines de semana y feriados trabaja en un empleo formal con jornadas de doce horas en una clínica de salud en el oeste del conurbano. Su marido también trabaja allí como maestranza, pero los días de semana. Con los sueldos de ambos, la familia llega a fin de mes con lo justo. “En una semana de carga muy buena quizás llego a sacar $160.000. Eso sí: estás todo el día con el teléfono, eh. Ahora cobro el 35 por ciento, que es un poco más de cuando empecé, pero hay semanas que no comisiono nada”, advierte.
A Carla “cargar fichas” le permite seguir cuidando a sus hijas todos los días. Lo califica como «emprendimiento» y ve su tarea parecida a la de una revendedora, como las clásicas vecinas barriales que antes tocaban el timbre de otra vecina con el “librito” de Avon o los productos de Tupperware. Risueña, enumera los beneficios de ser cajera: “No se invierte nada de plata. Siempre dependes de cuánto juegan los usuarios. Antes tenía uno con el que zafaba siempre. También hay algunos que si ganan, te dejan propina”. Y agrega: “Cobro por semana todos los viernes. Le decimos comisionar. Una vez por semana, por chat, con mi administradora hacemos un reporte de lo que vendí. El premio más grande que pagué fue de 400 mil pesos”, cuenta orgullosa.
“Para mí es atención al cliente pero al estilo bot porque mandás mensajes automáticos, no tenés que interactuar demasiado, a menos que el cliente tenga un problema específico”, dice Romina, otra cajera de 36 años que es mamá y trabajadora de la salud. A pesar de que operan desde sus casas no lo llaman homeoffice. La cajera es una especie de involución precaria del teletrabajo y, a la vez, una forma de monetización del tiempo destinado a los cuidados.
“Es que mi mamá está todo el día con el casino”. Mauricio tiene 9 años y vive en Villa Luján, una barriada popular de Quilmes, al sur del conurbano. El año pasado empezó a faltar mucho a la escuela y cuando iba, llegaba tarde. El equipo de orientación junto con las profesionales del programa Envión activaron una intervención para saber qué pasaba y cómo podían acompañarlo. Se encontraron con que su mamá se quedaba dormida porque estaba “toda la noche cargando fichas”.
“Están dele que te dele cargar. No hay horarios, no se corta nunca ese trabajo entonces lo hacen todo el día o toda la noche. En Monte, en Villa Luján, casi todos los adultos son cajeros de casino. Están en la casa, pero como están con ese tema , no están al cuidado de los pibes o acompañando algunas cuestiones de cuidado. Están desconectadas”, dice Gisella Viñales, trabajadora social del Equipo Técnico en la subsecretaría de Niñez y Adolescencia del Municipio de Quilmes. “Los chicos te cuentan que su mamá está cargando o algunos te dicen que apuestan y que es la tía la que le carga las fichas. Entonces es muy difícil trabajar con ellos sobre este tema porque es un adulto de su familia el que les habilita esto”, detalla. En el último tiempo pusieron el foco en el cruce de la salud mental y las pantallas.
“Muchos de los chicos que cobran la beca del Envión apuestan la beca entera, que es de $35.000, o una parte. Dicen ‘si mi mamá es la cajera, yo apuesto’. Si ganan, vienen y te lo cuentan. Pero si pierden no te enterás”, agrega. “Para las mujeres el tema de los casinos es un ingreso extra quedándose en la casa. Y te dicen: ´porque con eso yo puedo comprarme tal cosa, pude comprar la comida´. Son estrategias de supervivencia”.
Ana Córdoba también es trabajadora social de ese Equipo Técnico. Cuenta esta anécdota: “La otra vez me encontré con una mamá que hacía tiempo no la cruzaba en el barrio y me dijo que ella solía salir con su pareja y con el carro a cartonear o a vender cobre. Me decía: ´ahora no estoy saliendo tanto con el carro, ¿vos viste? Estoy con lo del casino y puedo estar en la casa con los pibes ́. Me lo contaba como algo bueno y yo no sé qué es mejor… es poner el cuerpo de otra manera, claro. La calle es compleja, hay un montón de gente que también está haciendo la misma”.
Ganamos.net, Mistral, Solo apuestas, Bet 30, Jugabit, Magi, Zeus son algunos de los nombres de las webs para jugar en línea. Son tantas las que se crean todo el tiempo que es difícil mapearlas. Ahí se alojan distintos tipos de juegos: desde slots, del estilo máquinas tragamonedas, ruletas en vivo, pasando por blackjack, baccarat y póker. En 2025, según el informe Global Online Gambling Market, el tamaño de este mercado alcanzó los 130.200 millones de dólares, y aumentará hasta los 143.170 millones de dólares en 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10 por ciento.
“El juego del payasito es el más conocido”, dice Carla y asegura nunca haber jugado. Cajera y juego: asunto separado. En general, las páginas para las que operan son softwares que se compran enlatados. Los agentes y administradores son quienes alquilan ese software, crean los paneles y reclutan a las cajeras en grupos de Facebook y Telegram. La mayoría no están registradas en ningún lado, son franquicias de la ilegalidad.
—Y no tenés miedo de perder plata, ¿que la página te estafe y no te pague los premios?
—Una vez perdí 20 mil pesos porque me equivoqué de CBU y le transferí a otra persona, pero por suerte siempre tuve para pagar. Nunca me pasó de no tener para pagar un premio.
—Pero, ¿vos sabés que esta actividad es ilegal?
—No me meto con eso. Yo soy una intermediaria. Apenas tengo mi panel.
El mosaico del juego online es complejo porque no hay un único marco legal. Para que un casino sea reconocido en Argentina tiene que tener una licencia otorgada por la Lotería de su provincia. Es decir que el sistema está provincializado. De las 24 jurisdicciones que hay en el país, 17 reconocen el juego virtual y cada jurisdicción decide cómo regular la actividad: cuántos sitios se autorizan, bajo qué requerimientos y con qué controles. En líneas generales, para quienes son usuarios: el sello distintivo de la legalidad es el dominio .bet.ar. Si termina en .com o .net, es probable que sea ilegal.
El engranaje operativo de los casinos no oficiales tiene a las cajeras como el nexo humano entre el software de apuestas y el apostador. Ellas no son empleadas directas de una gran corporación, sino que trabajan para un «agente» o «distribuidor». “Mi administradora es Vanesa. Ella me armó un panel. Tenía que promocionar Zeus. Yo nunca la vi, no la conozco”, cuenta Carla. Los casinos ilegales operan con sistemas de “paneles de agentes”, que es otro concepto clave en la jerga. Los paneles son una parte interna de la web, de administración simple, donde sólo la cajera puede crear nombres de usuario y contraseñas para los jugadores, cargar créditos (fichas) a esos usuarios, ver cuánto dinero jugaron y cuánto ganaron y «retirar» los créditos del usuario cuando éste quiere cobrar. Es lo que permite llevar un registro de contabilidad pero el dinero real nunca entra al casino. Solo se mueve a través de las billeteras virtuales.
Las cajeras se ocupan del primer paso en la cadena: la captación. Quienes regentean estas páginas webs y plataformas necesitan un ejército de cajeras para difundir y captar potenciales clientes sin exponerse a ser perseguidos por los reguladores de esas plataformas o el sistema de administración de justicia. Estas cajeras promocionan en sus propias redes sociales: Instagram, WhatsApp y Facebook. A modo de anzuelo publican promos, bonos de bienvenida o capturas de pantalla de gente ganando.
El cliente/apostador les envía dinero por transferencia, usualmente a través de la billetera de Mercado Pago, y la cajera, que tiene un panel de administración del casino, le crea un usuario y contraseña para jugar, al que le asigna «fichas» o créditos equivalentes al pago. Una vez hecho este movimiento, el apostador puede acceder a los juegos. El usuario juega en una web o app que la cajera le proporcionó sin dejar huellas ni mostrar su identidad ni cuenta bancaria. Si el usuario gana y quiere retirar el dinero, le pide a la cajera que le canjee los puntos. Ella los descuenta del sistema y le transfiere el dinero real de su propia cuenta (o la del agente administrador).
¿Por qué alguien recurriría a una intermediaria para jugar? El anonimato es el incentivo. Muchos apostadores prefieren evitar dejar rastros por diferentes motivos: tienen deudas, aparecen en el Veraz, son menores de edad o simplemente no quieren arriesgarse. Las páginas oficiales cuentan con ciertos niveles de comprobación de identidad: piden foto del DNI, una selfie para validación biométrica y cruce de datos con RENAPER. La cajera no pide nada más que un nombre de fantasía para crear el usuario. La relación de cercanía con ellas se basa en el te conozco del barrio o en la red de contactos en común de Whatsapp que los une.
Por las regulaciones bancarias, el retiro de ganancias en las páginas oficiales puede tardar entre 24 y 72 horas hábiles. En el caso de las cajeras, el pago es instantáneo y su atención es casi 24×7. Si ganaste a las 2 de la mañana, le escribís, ella te debita los puntos y te transfiere por Mercado Pago en el acto. Esa gratificación inmediata es altamente adictiva y competitiva frente al sistema legal.
Además de la cooptación, las cajeras hacen un aporte fundamental para que los flujos de transferencia de dinero se dispersen: sus CBUS o CVUS. Basta con bucear apenas en la superficie de Internet por los grupos de Facebook o Telegram donde se reclutan cajeras. Ahí aparecen publicaciones en las que se usan eufemismos como Busco personas con cuenta activa o Alquilo CVU. Así como las aplicaciones de autos como Uber trasladan al chofer el riesgo del capital, el auto, el seguro, el choque, los casinos ilegales trasladan a la cajera el riesgo legal y financiero (la cuenta bloqueada, la denuncia penal, el reclamo del apostador).
El riesgo que enfrentan las cajeras es latente y tácito: si el agente desaparece o la plataforma cae, la cara visible frente al apostador son ellas. Ponen su CBU o CVU y su nombre en cada transacción. En Argentina, desde 2016 la facilitación de juego de azar ilegal está tipificada en el artículo 301 bis del Código Penal: “Será reprimido con prisión de tres años y seis meses a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar por medios digitales, sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.
Al igual que las mulas en el ámbito del narcotráfico, las mujeres que transportan sustancias ilegales entre sus ropas o en sus cuerpos, las mulas de los casinos online truchos ponen el cuerpo, sólo que, en los territorios digitales, ese poner el cuerpo es el CBU o CVU. Las cajeras arriesgan su identidad financiera al poner su cuenta personal (Mercado Pago, bancos digitales) para que circule dinero, en algunos casos de origen no declarado.
Si quedan pegadas en una investigación más grande que va detrás de los casinos ilegales, quedan marcadas en el sistema financiero y pierden su única herramienta de bancarización para su vida cotidiana.
Son el eslabón más débil de la cadena y el más fácil de rastrear para los investigadores judiciales de la Unidad de Información Financiera (UIF) y las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia: en las denuncias el primer nombre que aparece es el de la dueña de la cuenta donde el apostador transfirió. Los dueños del software y los grandes distribuidores están ocultos tras servidores en el exterior. Al igual que en el mercado de venta de drogas, la mula es la que cae primero.
Desde la perspectiva de la investigación judicial y el ámbito de ciberseguridad, el rol de las cajeras se emparenta al término mulas bancarias o money mules y es el que aparece para describir su rol en el esquema financiero.
En la jerga de la industria bancaria y las investigaciones de lavado de activos, el movimiento de dinero que permiten las cajeras se conoce como pitufeo. O en inglés: smurfing. Consiste en dividir una gran transacción financiera en varias más pequeñas con ayuda de cómplices para pasar desapercibido del escrutinio por parte de los entes de regulación o la justicia. Muchas de estas mujeres que operan como cajeras para sobrevivir no saben que las billeteras virtuales tienen algoritmos que detectan cuando una cuenta de un particular empieza a recibir muchas transferencias diarias de montos chicos.
En los últimos dos años hubo algunos megaoperativos contra plataformas como «Celuapuestas» o «Ganamos.net» que tuvieron cobertura mediática. Estas investigaciones revelaron que detrás de la interfaz de colores estridentes, diamantes, duendes y brillos hay una arquitectura diseñada para el lavado de activos. En una causa reciente en la provincia de Buenos Aires, la Justicia detectó que una red de cajeras no sólo operaba el juego, sino que funcionaba como una gigantesca lavandería capilar: miles de transferencias diarias de montos bajos que, sumadas, permitían a los dueños del software blanquear millones de pesos a través de cuentas de mujeres de barrios populares que, a cambio de una comisión, entregaban su identidad financiera.
En operativos realizados en las provincias de Salta y Córdoba en 2025, la justicia ordenó el bloqueo de más de 250 cuentas bancarias y billeteras virtuales. Muchas de las imputadas declararon bajo la misma lógica que Carla: «Es un emprendimiento». Sin embargo, para el Código Penal, el flujo de dinero no declarado que pasa por sus cuentas las convierte en coautoras de una asociación ilícita, dejándolas inhabilitadas para tener una cuenta sueldo o acceder a un crédito formal.
El caso de la red «Las Únicas» en Salta, a mediados del 2025, es quizás el más didáctico para entender la jerarquía del delito. En esa causa judicial, la fiscalía describió una pirámide donde las cajeras eran reclutadas en grupos de Facebook bajo la promesa de «manejar tus propios horarios». Pero, eran el escudo humano de una organización que utilizaba sus nombres para diversificar los ingresos y evitar las alertas de la AFIP.
Cada crisis tiene su rebusque, sea una remisería, una cancha de paddle o un parripollo. Los escombros de esos negocios configuran los paisajes del conurbano. Si logran evadir las causas judiciales, estas formas de supervivencia tienen un tiempo perecedero, el de los estados de Whatsapp: Estoy cargando. Sigo.
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