Desde 2015 las abejas aparecen en las búsquedas más populares de Google ¿Qué pasaría si se extinguieran? o ¿Cuál es la función preponderante de las abejas para el ecosistema y la cadena alimenticia? Son las preguntas más realizadas al buscador más usado del mundo, respecto a esta problemática existente a nivel global, poco visible por estos lares, pero realmente alarmante, directamente ligada a estos insectos herbívoros extremadamente sociables que viven en colonias y se organizan en una estricta jerarquía.
Hace unos años, que se vive una veloz y preocupante disminución en las
poblaciones de abejas a nivel mundial. Algunas especies ya han desaparecido, y de otras quedan bajos porcentajes de su población original. Algunos estudios científicos concluyen que la disminución puede tener su causa en una combinación de factores, pero investigaciones
independientes arrojaron una sólida evidencia que señala a los pesticidas (neonicotinoides) como
culpables directos del exterminio de las abejas.
Ahora, ¿porque las abejas son tan importantes para el
ecosistema, y en consecuencia para la vida de los seres vivos?
Estos ínfimos bichitos ayudan a producir y polinizar más de 1/3 del alimento consumido por los seres humanos y el resto del mundo salvaje. Las abejas polinizan todo lo que comemos y juegan un rol preponderante en el mantenimiento de los ecosistemas del planeta. Más de 400 tipos diferentes de plantas, necesitan abejas y otros insectos para mejorar su rendimiento, su calidad y asegurar su existencia. Estos incluyen gran variedad de frutas y verduras, frutos secos y plantas como los girasoles que se convierten en aceite, también los granos de cacao, café y té. Los cultivos para forraje para las vacas lecheras y otros tipos de ganado también son polinizados por las abejas. Al igual que los cultivos de algodón. Pero no solo es una cuestión beneficiosa para el ser humano, las semillas y frutas que comen las aves y los pequeños mamíferos provienen de plantas que son polinizadas por las abejas, lo que las convierte en guardianes de la cadena alimenticia y la biodiversidad de nuestra especie.
Las abejas son polinizadores industriales, que co-evolucionaron con plantas con flores durante millones de años. Las abejas necesitan las flores
para alimentarse, mientras que la flor necesita la abeja para
reproducirse. Y los seres humanos
necesitamos que las plantas de flor produzcan.
¿Cómo afectan los pesticidas que usa el hombre a la vida de las abejas?
La clotianidina es un insecticida de la familia de los Neonicotinoides que son
desarrollados por poderosas empresas internacionales. Los insecticidas son utilizados para el control de plagas que afectan a los cultivos, pero el efecto rebote cae sobre las abejas. En nuestra
ciudad, puntualmente estos pesticidas no son utilizados a grandes escalas, pero si se utilizan otros que afectan de la misma manera. La clotianidina es absorbida por las plantas y luego liberada a través del polen y el néctar, haciéndola peligrosa para los insectos que se alimentan de estos productos de la planta. Básicamente, las abejas
consumen el pesticida al hacer su trabajo y luego mueren.
Algunos países europeos comenzaron a prohibir dichos productos químicos, y las poblaciones de abejas se están recuperando. Pero otra vez la fuerza del capitalismo presionará para lograr que estos venenos se mantengan en el mercado, pisoteando lo que la madre naturaleza creó a la perfección, la cadena trófica (alimenticia) no puede tener grietas, debe funcionar sin fallas.
La compra de los cazas a Dinamarca fue apenas el comienzo. Desde abril de 2024, el Gobierno fue ampliando progresivamente el alcance del secreto militar: primero la operación contractual por los aviones, después las obras y materiales importados, luego el armamento y las capacidades complementarias y, ahora, también la exportación de componentes al exterior para mantenimiento y actualización. En el camino aparecen cientos de millones de dólares y decenas de miles de millones de pesos cuya documentación detallada dejó de estar sometida a las reglas ordinarias de publicidad.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
El Gobierno de Milei volvió a ampliar el alcance del secreto militar sobre el programa de los F-16, y la decisión publicada este 18 de agosto en el Boletín Oficial permite reconstruir una historia bastante más extensa que la simple adquisición de 24 aviones de combate a Dinamarca. Desde abril de 2024 hasta hoy, distintas decisiones presidenciales fueron colocando bajo confidencialidad buena parte de la cadena contractual, logística, edilicia y de sostenimiento necesaria para poner en funcionamiento el nuevo sistema de armas de la Fuerza Aérea Argentina.
El punto de partida fue el Decreto 370/2024, publicado el 29 de abril de 2024. Allí el Ejecutivo declaró secreto militar la operación contractual tramitada mediante el expediente EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, justamente el expediente asociado a la adquisición del sistema de armas F-16. La norma estableció además que, una vez declarado el secreto, el organismo contratante quedaba exceptuado de las disposiciones relativas a la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.
Sin embargo, el precio principal de la compra sí quedó expuesto públicamente. La Decisión Administrativa 252/2024 estableció que el contrato con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés tendría un valor de US$301.200.000, pagadero en cinco cuotas anuales, e incluiría 16 aeronaves monoplaza, 8 biplaza, componentes y servicios.
A esa cifra se sumó desde el comienzo otro componente mucho más difícil de reconstruir en detalle: el sistema de armas y equipamiento provisto por Estados Unidos. Las estimaciones difundidas durante la operación ubicaron ese paquete en torno de US$350 millones, llevando el costo inicial del programa a aproximadamente US$650 millones.
El secreto se expandió: de los aviones a las bases, motores y armamento
Cuatro meses después de la declaración inicial, el Gobierno dio un segundo paso. El Decreto 807/2024, publicado en septiembre de 2024, declaró secreto militar la contratación y construcción de las obras de infraestructura y la importación del material relacionado con la incorporación del sistema de armas del expediente original. La propia norma cita como fundamento que el Decreto 9390/63 considera secreto militar determinadas adquisiciones, construcciones y sus negociaciones y trámites.
Eso significó incorporar a la zona de confidencialidad algo que tiene una dimensión económica concreta: las obras necesarias para que los F-16 puedan operar en la Argentina. En 2024 se informó una previsión de $44.694 millones para la modernización y construcción de infraestructura en la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto. La programación contemplaba desembolsos en distintos ejercicios presupuestarios y trabajos sobre instalaciones vinculadas con la operación de los nuevos cazas.
Pero el alcance no terminaba en pistas, hangares o edificios. La documentación pública que acompañó aquella decisión mencionaba material sensible relacionado con el sistema, incluyendo partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento real y de entrenamiento.
En diciembre de 2024 llegó una nueva ampliación. El Decreto 1073/2024 declaró secreto militar las operaciones contractuales tramitadas mediante el expediente EX-2024-116082935-APN-EMGFAA#FAA. Y acá aparece un dato especialmente relevante: el propio texto oficial explica que la incorporación del sistema F-16 sería complementada mediante una Letter of Offer and Acceptance (LOA) dentro del programa estadounidense Foreign Military Sales, además de otra suscripción con la United States Navy, junto con contratos adicionales para incorporar equipos y capacidades complementarias.
Es decir: el segundo expediente no es simplemente una repetición administrativa del primero. Es el mecanismo utilizado para mantener bajo secreto las adquisiciones adicionales necesarias para completar el sistema de armas. La propia norma establece que los procedimientos quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones.
Ahora el secreto alcanza también al sostenimiento de los F-16
El decreto publicado este 18 de agosto agrega una nueva capa. El Decreto 735/2026 declara secreto militar la exportación del material relacionado con el sistema de armas correspondiente al expediente original y a los contratos adicionales. El texto menciona expresamente la posibilidad de que salgan del país partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y armamento de entrenamiento para tareas vinculadas con mantenimiento y actualización.
La decisión coincide con el comienzo de una nueva etapa operacional. El Gobierno informó oficialmente que el 30 de marzo de 2026 comenzaron los vuelos del sistema F-16 en el Área Material Río Cuarto, dentro del programa Peace Condor. La Fuerza Aérea señaló que el proceso incluye entrenamiento de pilotos y técnicos y que la puesta a punto de las instalaciones continúa.
La secuencia, entonces, es reveladora: primero se ocultó la operación contractual; después, las obras y las importaciones; luego, las compras adicionales y capacidades complementarias; y ahora, también la salida del país de componentes para mantenimiento y actualización.
No significa que el Gobierno esté vendiendo los aviones ni que cada salida de una pieza implique una operación comercial secreta. Por el contrario, resulta perfectamente compatible con el funcionamiento de un sistema de armas complejo que determinados motores, componentes o equipos deban ser enviados al exterior para inspección, reparación, actualización o intervención técnica. Lo que cambia es el grado de información pública disponible sobre qué se envía, a quién, por cuánto, bajo qué contrato y con qué frecuencia.
Y ahí aparece el verdadero problema periodístico.
US$650 millones y una cuenta que todavía no terminó
La compra de los 24 F-16 fue presentada como una operación de aproximadamente US$301,2 millones, pero el propio Gobierno y distintas fuentes periodísticas explicaron que el programa completo debía contemplar también armamento, equipamiento y capacidades complementarias, llevando la estimación inicial a unos US$650 millones.
Además, el gasto no terminó con la firma del contrato. En junio de 2026 se informó que Argentina ya había abonado tres de las cinco cuotas correspondientes a la compra de las aeronaves, por aproximadamente US$180 millones, mientras que el Presupuesto 2026 contempla otros $20.000 millones para trabajos de modernización y actualización tecnológica en Tandil y Río Cuarto.
Y existe una cuestión todavía más importante: comprar un avión de combate es apenas el comienzo del gasto. El sistema necesita horas de vuelo, combustible, repuestos, capacitación, mantenimiento, infraestructura, simuladores, armamento, actualización de software y componentes, además de servicios técnicos y logísticos.
El propio Gobierno informó en abril de 2026 que el programa apunta a alcanzar una capacidad operacional completa y que la capacitación de pilotos y técnicos se realiza con participación de la empresa estadounidense Top Aces. También presentó al Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16 como una pieza estratégica para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en el sostenimiento de la flota.
Por eso el nuevo decreto es importante: el secreto ya no acompaña solamente la compra de los cazas, sino que comienza a envolver su ciclo de vida.
Hay además una contradicción que merece ser discutida. El secreto militar tiene una razón legítima cuando se trata de proteger información cuya divulgación pueda afectar la seguridad nacional. El propio Decreto 9390/63 contempla como materia secreta determinadas adquisiciones, construcciones y negociaciones militares.
Pero secreto militar no debería ser sinónimo de cheque en blanco. Una cosa es no publicar las características técnicas sensibles de un misil o los detalles operativos de una aeronave; otra diferente es que la ciudadanía no pueda conocer cuánto dinero público se gastó, qué empresa fue contratada, qué obra se adjudicó, cuánto se pagó, qué mecanismo de contratación se utilizó o qué órgano de control intervino.
De hecho, el propio Congreso viene planteando preguntas sobre el financiamiento y el sostenimiento de los F-16. En documentación parlamentaria aparecen interrogantes sobre con qué fondos se costearán los aviones, cómo se financiará su mantenimiento y qué recursos se utilizarán para adquirir otros equipos destinados a completar el sistema de armas.
La investigación documental deja así una conclusión concreta: los F-16 no costaron solamente US$301,2 millones y tampoco terminaron de pagarse cuando llegaron los primeros seis aviones. Existe un programa mucho más amplio, con infraestructura, armamento, capacitación, capacidades complementarias, mantenimiento y futuras actualizaciones.
Una parte de esa información puede y debe permanecer protegida por razones de defensa. Pero otra parte es información económica y administrativa sobre recursos públicos, y allí la discusión sobre transparencia permanece plenamente vigente.
El desafío, entonces, no es revelar dónde está cada misil ni publicar información que pueda comprometer la seguridad de la Fuerza Aérea. Es mucho más sencillo: determinar cuánto dinero público está involucrado en el programa F-16, quién lo recibe, mediante qué contratos, qué obras se ejecutaron, qué compras se hicieron y qué controles existen sobre ellas.
Porque si la cuenta total puede superar ampliamente los US$650 millones, la pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuestan los aviones; es cuánto terminará costando realmente el sistema F-16 completo y cuánto de esa cuenta podremos conocer los argentinos.
El IPC de julio marcó 2,1%, cortó tres meses consecutivos de desaceleración y acumuló 19,3% en los primeros siete meses del año. En la comparación interanual, el aumento de precios llegó al 33,8%.
El dato tiene además una composición que complica el relato oficial. La inflación núcleo, que busca medir la dinámica más persistente de los precios, fue de 1,8%. Pero los estacionales saltaron 4,5%.
El límite del ajuste aparece con mayor claridad cuando se mira el precio de los servicios. Todos los rubros relevantes quedaron por encima del IPC general. Vivienda, agua, electricidad y gas aumentaron 2,2%, impulsados por los ajustes parciales de las tarifas de luz y gas. Comunicación subió 2,4%, por las actualizaciones de telefonía e internet. Salud avanzó 2,5%, principalmente por los aumentos de las cuotas de medicina prepaga. Y Transporte encabezó la lista con un incremento del 3,1%, como consecuencia de los ajustes de las tarifas del transporte público en distintas regiones del país.
El fenómeno deja una tensión que el Gobierno conoce bien. Los bienes pueden responder más rápido al freno de la actividad y al ancla cambiaria, pero los servicios cargan tarifas, contratos y precios regulados que todavía buscan recuperar terreno.
El economista Alfredo Romano, de Romano Group, calificó directamente el número como un «mal dato». Para Romano, el resultado confirma que «pasar de 33% anual a un dígito no es una recta descendente. Es una meseta con recaídas».
Romano puso además la discusión en perspectiva histórica. Recordó las experiencias de Martínez de Hoz, Alfonsín, la Convertibilidad tardía y Mauricio Macri para sostener que la Argentina tiene antecedentes poco alentadores con los procesos largos de desinflación. A su juicio, esos programas fueron interrumpidos por agotamiento político y social o por la aparición de la restricción externa, es decir, la falta de dólares.
Desde esa lectura, Romano volvió a defender la dolarización. Considera que puede ser una alternativa «subóptima» desde el punto de vista teórico, pero más realista frente a la historia argentina.
«Sin inflación de un dígito sostenida no hay crédito de largo plazo. Sin crédito, no hay consumo estructural ni desarrollo. La pregunta no es si el gradualismo es teóricamente superior. Es si Argentina, con este historial, tiene la paciencia para sostenerlo una década sin interrumpirlo. La evidencia dice que no», completó este analista.
El dato también reavivó el cruce entre Luis Caputo y los economistas que siguen con lupa el programa. Gabriel Caamaño viene advirtiendo sobre las tensiones que aparecen debajo de la superficie de la estabilización, mientras Economía sostiene que el proceso de desinflación continúa y que las oscilaciones mensuales no modifican la tendencia.
Caputo salió a defender el número con otra vara. Destacó que la inflación núcleo fue de 1,8%, que los regulados avanzaron 2,1% y los estacionales 4,5%. Pero sobre todo puso el foco en el promedio móvil de tres meses: remarcó que cayó 0,2 puntos respecto de junio y quedó en el nivel más bajo desde septiembre del año pasado.
También celebró la baja del 1,3% en prendas de vestir y calzado, que definió como «la mayor reducción nominal de toda la serie histórica del IPC Nacional» iniciada en enero de 2017.
Gabriel Caamaño recogió el guante. Coincidió con Caputo en que «el mejor dato del IPC de julio fue la núcleo en 1,8% mensual» y advirtió que el mes «volvió a enseñar que los procesos desinflacionarios no son lineales». Por eso sostuvo que «no hay mucha ola alarmista que hacer».
Pero enseguida le pegó al cambio de métrica elegido por Economía para mostrar la continuidad de la desinflación: «Ahora que la núcleo sin carne la tienen amordazada en algún sótano del conurbano, salió al ruedo el promedio móvil tres meses», ironizó. Y cerró: «Igual es mejor que amputar el índice y vivir todo en clave mensual».
El intercambio expuso dos maneras de mirar el mismo tablero: para el Palacio de Hacienda importa la trayectoria; para los analistas, cuánto cuesta sostenerla y cuánto margen queda antes de que las tensiones cambiarias, monetarias y de actividad vuelvan a filtrarse en los precios. Julio dejó justamente esa advertencia.
La adjudicación definitiva de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus cerró formalmente una licitación que, lejos de convertirse en el ejemplo de transparencia prometido por el Gobierno, acumuló cuestionamientos desde su misma concepción. Denuncias judiciales por presunto direccionamiento, observaciones técnicas, vínculos empresariales y la entrega por 25 años del principal corredor exportador del país conforman un escenario que vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿quién controla uno de los activos estratégicos más importantes de la Argentina y en beneficio de quién?
Por Roque Pérez para NLI
La firma del contrato mediante el cual el Gobierno de Javier Milei entregó la administración de la Vía Navegable Troncal al consorcio conformado por Jan De Nul y Servimagnus no representa el final de una licitación, sino el comienzo de una nueva controversia política, económica y judicial. La Hidrovía no es una obra pública más: constituye la arteria por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente la producción agroindustrial que sale hacia los mercados internacionales. Quien administra ese corredor no solamente realiza tareas de dragado y balizamiento, sino que interviene sobre uno de los circuitos económicos más sensibles del país. Por esa razón, la decisión del Ejecutivo de volver a concesionar su explotación durante 25 años, con posibilidad de prórroga, excede ampliamente una discusión técnica y se inscribe dentro del proceso de retiro del Estado de áreas consideradas estratégicas, una de las principales banderas del programa libertario.
Una licitación cuestionada desde el diseño de los pliegos
El principal cuestionamiento nunca estuvo dirigido únicamente al resultado, sino al modo en que fue construido el proceso licitatorio. Diversos especialistas en infraestructura portuaria, ex funcionarios del área y empresas interesadas advirtieron que varios de los requisitos técnicos incorporados al pliego reducían drásticamente la posibilidad de una competencia real. Entre ellos sobresalía la exigencia de disponer de equipamiento capaz de operar inmediatamente con 44 pies de profundidad, una condición que, según denunciaron distintos actores del sector, solamente podía acreditar quien ya contaba con una estructura instalada sobre la propia Hidrovía. De esa manera, una licitación internacional que en teoría debía convocar a las principales dragadoras del mundo terminaba favoreciendo objetivamente a quienes ya tenían presencia histórica en el corredor fluvial.
Las consecuencias de ese diseño no tardaron en aparecer. Empresas internacionales que inicialmente habían manifestado interés fueron quedando fuera del proceso a medida que avanzaban las distintas etapas de evaluación. Algunas fueron descartadas por cuestiones formales, mientras que otras quedaron relegadas durante la valoración técnica. Finalmente, la adjudicación terminó recayendo sobre el consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, confirmando el desenlace que muchos de los cuestionamientos anticipaban desde hacía meses. Para el Gobierno, ello demuestra que ganó la mejor oferta disponible; para quienes impugnaron la licitación, en cambio, constituye la confirmación de que las reglas del concurso fueron diseñadas para conducir precisamente a ese resultado.
En paralelo comenzaron a multiplicarse las denuncias judiciales. La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una acción penal en la que solicitó investigar la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia sostiene que el pliego habría sido confeccionado con cláusulas dirigidas a favorecer a un oferente determinado y advierte que el eventual perjuicio económico para el Estado podría alcanzar miles de millones de dólares a lo largo de la concesión. También la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) promovió actuaciones para analizar distintos aspectos del procedimiento, aunque ninguna de esas presentaciones impidió que el Ejecutivo avanzara con la adjudicación definitiva.
Un negocio multimillonario que vuelve a quedar en manos privadas
La importancia de esta concesión resulta difícil de exagerar. La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal corredor logístico de la Argentina y uno de los más relevantes de América del Sur. A través de sus puertos se canalizan las exportaciones de soja, maíz, trigo, aceites y derivados industriales que generan buena parte de los dólares que ingresan al país. El dragado permanente, el balizamiento y el mantenimiento de esa infraestructura representan un negocio que mueve cientos de millones de dólares por año y cuya proyección para un contrato de veinticinco años supera ampliamente los 15.000 millones de dólares.
Pero el debate no gira únicamente alrededor del monto económico de la concesión. También involucra la decisión política de volver a delegar en operadores privados funciones que durante los últimos años habían recuperado una mayor presencia estatal. Uno de los aspectos más discutidos del nuevo esquema es el regreso del cobro privado del peaje que pagan las embarcaciones para utilizar la vía navegable. Los críticos sostienen que ello implica resignar capacidad de control sobre una fuente de ingresos estratégica y limita las posibilidades del Estado de fiscalizar tanto la recaudación como la efectiva ejecución de las obras comprometidas por el concesionario.
Las observaciones también alcanzan al proceso de elaboración de los pliegos y a la conducción política del área. Distintas versiones señalaron que funcionarios y técnicos que habían planteado reparos respecto de determinadas condiciones del concurso fueron desplazados o perdieron influencia durante el desarrollo de la licitación. Si bien el Gobierno niega cualquier irregularidad y afirma que todo el procedimiento respetó las normas nacionales e internacionales, la acumulación de cuestionamientos terminó alimentando un clima de desconfianza que hoy continúa proyectándose sobre la nueva concesión.
Mucho más que una obra pública
La controversia alrededor de la Hidrovía también tiene una dimensión política. La adjudicación se inscribe en la estrategia de privatizaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde la aprobación de la Ley Bases y constituye uno de los ejemplos más importantes de transferencia al sector privado de un servicio considerado estratégico para la economía nacional. No se trata simplemente de decidir quién draga un río: se trata de determinar quién administra el corredor por donde circula la mayor parte de las exportaciones argentinas, quién controla el flujo logístico del comercio exterior y bajo qué mecanismos el Estado conserva —o resigna— capacidad de supervisión sobre un negocio multimillonario.
En ese contexto, también comenzaron a observarse con atención los vínculos empresariales de algunas de las firmas involucradas en la adjudicación. Diversas investigaciones periodísticas señalaron relaciones entre Servimagnus y grupos empresarios mencionados por su cercanía con sectores del oficialismo, particularmente con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo. Aunque hasta el momento no existe ninguna resolución judicial que acredite conductas ilícitas derivadas de esos vínculos, las revelaciones contribuyeron a reforzar las sospechas sobre un proceso que ya venía siendo observado por especialistas y organismos de control.
La historia reciente de la Hidrovía demuestra que cada discusión sobre su administración termina reflejando un debate mucho más profundo acerca del modelo de desarrollo del país. Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada garantiza eficiencia, inversiones y reducción del gasto público, sus críticos advierten que la concesión consolida un esquema donde el Estado pierde herramientas para controlar uno de los principales circuitos de generación de divisas de la Argentina. La adjudicación firmada esta semana no clausura esa discusión; por el contrario, la reabre en un escenario donde continúan vigentes las denuncias judiciales, las investigaciones administrativas y las preguntas sobre la transparencia de una licitación que, para muchos, terminó exactamente como se había anticipado desde el comienzo.
En Viedma, el Intendente Marcelo Orazi fue recibido por la Gobernadora Arabela Carreras en Casa de Gobierno, oportunidad en la que repasaron las obras y las iniciativas que se llevan adelante entre la Provincia y el Municipio y los proyectos en carpeta. De esta manera, el Intendente y la Gobernadora dieron continuidad al diálogo que…
El Slack llega a Villa Regina de la mano de innovadores, de curiosos; hace cinco años Polo Alencastre, trajo consigo desde Neuquén una cinta e invitó a sus amigos a la plaza a conocer el Slack. “Hace 5 año miraba como caminaban la cuerda y no entendía cómo podían dar dos pasos seguidos, ninguno de…
Una poda de mantenimiento requiere seleccionar las ramas a podar antes de proceder con la poda, con el objetivo de disminuir la altura y el tamaño de la copa, manteniendo el equilibrio de la estructura de la planta. No se debe cortar las ramas más gruesas porque rompería el equilibrio de la planta y estaríamos…
