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El bloque del oficialismo santafesino logró prevalecer en la reforma judicial a consagrarse en la futura Constitución de la provincia. La política se asegura preponderancia en mecanismos vitales en la redistribución de poder que implica toda carta magna. El gobernador elegirá de manera discrecional, sin concurso, al fiscal general que diseña la persecución penal. Los legisladores, que son decisivos para la designación de jueces, serán mayoría en el tribunal facultado para removerlos.
Maximiliano Pullaro se aseguró tener la chance de disputar su reelección a partir de un acuerdo con un cuerpo poderoso, el Senado de la provincia, varios de cuyos 19 miembros son convencionales constituyentes. La contrapartida es que el Senado preserva su peso corporativo en todo lo que significa reparto de poder. Ya lo habían hecho sus miembros al asegurarse en la ley que declaró la necesidad de la reforma que no entraría a la Convención nada que afectara la bicameralidad. Pero ahora, incluso, se garantizan mayor peso específico.
Ya no habrá concurso, como hasta ahora y desde que Santa Fe asumió el modelo acusatorio de juicio, para nominar al fiscal general y defensor general de la provincia. Lo hará el gobernador a dedo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. El nombramiento de los jueces quedará a cargo de un órgano asesor. Estará en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Pero a diferencia de lo que quería Pullaro, que era integrar los aprobados en concurso en una lista de orden alfabético para que el gobernador escoja libremente al candidato, se limitará esa discrecionalidad. Según lo que indican los convencionales socialistas, el gobernador elegiría de una lista donde el consejo asesor, a partir de la evaluación del tribunal del concurso, establece el mérito de los aspirantes. Salvo que en la ley de reglamentación de concursos se termine imponiendo la aspiración del actual gobernador, que es elegir libremente más allá de los mejores calificados.
Pero en la remoción de los jueces la política tendrá la palabra. Jueces, procuradores, fiscales y defensores serán juzgados por un jurado de enjuiciamiento con modelo acusatorio de modo oral y público. Habrá un órgano técnico que acuse y un jurado. El que presidirá el tribunal será un ministro de la Corte, el fiscal General o Defensor General según el funcionario juzgado. Habrá dos magistrados, dos abogados de la matrícula provincial, tres senadores y tres diputados con representación de minorías.
Esto quiere decir que, de los once miembros, seis son del estamento político. La política a la vez nombra y remueve. Hoy el modelo de enjuiciamiento es una desmesura sin parangón en ningún lado, cuestionada por las organizaciones vinculadas a la lucha contra la corrupción. Actualmente es la comisión de Acuerdos de la Legislatura y la Asamblea Legislativa la que remueve. Eso se lo dio en 2016 por unanimidad la misma Legislatura, muchos de cuyos miembros que votaron eso son convencionales, cuando cinco senadores fueron denunciados por manejo irregular de subsidios. La respuesta que se dieron los legisladores fue otorgarse el poder disciplinario sobre quienes los investigaran.
Lisandro Enrico.
Ahora esto cambia pero entra en la Constitución un predominio del estamento político. Suaviza la grosería del modelo anterior, pero seguramente será motivo de discusión sobre su inconstitucionalidad.
El argumento de la minoría es un tanto enclenque. En Santa Fe, hace muchos años se habla capciosamente de partido del Senado, que junta a mayoría y minoría en un mismo bloque de actuación. Para entenderlo: cuando le pidieron el desafuero por corrupción al senador Armando Traferri (de la mayoría peronista entonces) el que defendió el rechazo al reclamo de los fiscales fue el radical Lisandro Enrico (radical de la primera minoría).
Enrico esta vez dijo que en Córdoba el tribunal que juzga jueces se integra hace veinte años con un juez y cuatro legisladores. Y que es aventurado pensar que los seis legisladores como mayoría se puedan poner de acuerdo para definir la suerte de un magistrado o fiscal bajo proceso disciplinario. En Santa Fe, sin embargo, 69 legisladores ya convinieron por unanimidad y sin debate, hace muy poco, que la Legislatura era el órgano de juicio de los fiscales y defensores. No es un agravio decir que habrá que verlo.
Traferri en la Convención Constituyente.
Pullaro dice que no quiere más que un poder elegido indirectamente defina el diseño y los nombres de los que integrarán el Poder Judicial. Lo que dice tiene un razonable arraigo histórico. En Santa Fe la Justicia fue definida por el Poder Ejecutivo pero con los nombres que le pasaban lobbies, como estudios de abogados consistentes, como el famoso estudio Cerruti de Rosario en los años 80, o los miembros de los colegios de magistrados a través de la Corte Suprema. Pero Pullaro quiso reemplazar eso por un método de selección de jueces sin mérito, con discrecionalidad y a su propio riesgo a la hora de rendir cuentas por desaciertos. Según los convencionales oficialistas, especialmente los aliados socialistas de Pullaro, lo que se logró es una transacción que evitará una cosa y la otra.
Las leyes que reglamenten todo esto saldrán en un plazo máximo de dos años terminada la Convención y aprobada la Nueva Constitución. Para entonces, la Legislatura de Santa Fe tendrá otra integración.
Habrá también controles cruzados y limitaciones. El gobernador no puede dictar decretos de necesidad y urgencia. Se instalaron frenos a las reelecciones indefinidas a los legisladores: si bien los actuales podrán ser reelegidos y tener chances de permanencia hasta 2035, no podrán desde 2031 repetir más que por dos períodos consecutivos. También se levantaron los fueros que daban inmunidad de proceso a diputados y senadores. Algo con una lógica elemental: Santa Fe es hasta ahora uno de los escasos distritos donde no se puede no ya detener sino enjuiciar a un legislador si sus pares no le levantan la inmunidad.
Lionella Cattalini.
Otro cambio de relevancia es el que fija en la Constitución el número de miembros de la Corte Suprema. Serán siete de manera fija, con ponderación de que haya equilibrio de género y también de la procedencia territorial de sus integrantes. La diputada socialista Lionella Cattalini dijo en el debate que fijar la cantidad de ministros en el texto constitucional evita que gobernadores intenten modificar por ley su integración para lograr Cortes adictas. Y también celebró que no se exija una mayoría especialísima de dos tercios de los miembros presentes de la Legislatura para avalar los nombramientos de aspirantes a la Corte. Sostuvo que lograr un consenso tan exigente termina siendo una limitación restrictiva, favorable a los sectores conservadores que impiden innovar.
Un punto importante es la condición extrapoder que tendrá el cuerpo de fiscales provinciales y la defensa pública. Tendrán autonomía, autarquía financiera y no estarán bajo la esfera de los tres poderes. Esto implica que gobernarán sus recursos y sus designaciones, que hasta ahora están bajo dependencia y condicionamiento del Poder Judicial. El personal de estos dos ministerios -el de la acusación y el de la defensa-ya no dependerá del ámbito judicial. Lo que generó zozobra y temores en empleados y funcionarios sobre la posibilidad de perder derechos laborales.
Lo que Maximiliano Pullaro cerró con el espacio del justicialismo especialmente, de manera general, fue la gobernabilidad de los próximos años en Santa Fe. Es un acuerdo general sobre el funcionamiento del poder que se cristalizó en la Constitución y donde fue clave el armado de los senadores preservando sus resortes de influencia. Eso redunda, más allá de las valoraciones, en una fortaleza del gobernador santafesino. La negociación y la potencia del que tiene poder real está más allá de las normativas por valiosas que estas sean.
Lo deja claro esta nota. En marzo pasado este medio publicó quiénes estaban llamados a imponerse en un concurso para fiscal regional de Rosario y en el de camaristas penales. Aún no estaba terminado el trámite. Lo que expone que existe siempre, sobre las reglas de juego que se ponderan, una discrecionalidad. Que lo da el vigor político y la capacidad de imponer la voluntad en las negociaciones. El último envío de pliegos de jueces fiscales y defensores en Santa Fe esta semana deja clarísima una negociación. Los mecanismos de designación de magistrados y de órganos extrapoder en la nueva Constitución santafesina a esas discrecionalidades no las clausura y las legitima.
En medio de la polémica por el financiamiento estatal al cine, desde la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que Homo Argentum recibió 150 millones de pesos del tesoro porteño. Se trata de la película de Guillermo Francella que cautivó a Javier Milei.
Con medio millón de espectadores en su primer fin se semana en las salas, Homo Argentum se convirtió el principal tema de debate en medios y redes.
En medio de la crisis del fentanilo y el cierre de listas, Milei ya proyectó dos veces Homo Argentum a sus visitantes en Olivos. Hay quienes dicen que el presidente ya vio en cinco oportunidades la película de Francella y gozó con los gags y remates como si se tratara de la primera vez. Ni siquiera la marca de agua que tiene la copia para evitar el pirateo desanimó a Milei a consumir la película a repetición.
En el gobierno festejaron que la película no hubiera recibido dinero de los contribuyentes, pero la afirmación es falsa. Lo cierto es que el INCAA no subsidió Homo Argentum, pero sí la Ciudad.
Los 150 millones de pesos que recibió Pampa Films fueron mediante un Cash rebate y representan el 12% del dinero que la productora invirtió durante su rodaje en la Ciudad. Desde el gobierno porteño aseguran que por cada peso que pagaron por Buenos Aires Producción Internacional, generaron otros ocho pesos.
La torpeza de Carlos Pirovano, director del INCAA, a la hora defender la película, hizo que la lupa se posara sobre su gestión al frente del Instituto del Cine, que tiene un presupuesto anual de 44 millones de dólares.
Pirovano se deshizo en elogios hacia Homo Argentum, aunque admitió que solo había visto fragmentos en Tik Tok. Los estereotipos que aborda la película fueron lo que más celebró el funcionario.
“El estereotipo es algo con lo cual el ser humano se maneja. El santiagueño perezoso, el cordobés contador de chistes, el tucumano… No voy a decir qué, porque todos sabemos. Lo sabe Argentina”, dijo el titular del INCAA y candidato a diputado en la Provincia mientras los conductores de TN lo miraban azorados.
“El gobierno chapea con que el INCAA tuvo 7 mil millones de pesos se superávit. Pero no hicieron ni una sola película. ¿En qué se gastaron 40 millones de dólares? Aunque hubieran gastado un peso ya es mucho para no hacer nada”, se quejó el dueño de una productora porteña.
“Decían que era ridículo que el INCAA produjera 200 películas que no veía nadie y que era todo choreo. Puede ser. Pero vos te gastaste 40 millones de dólares y no hiciste ni una sola película, ¿eso cómo se llama? El INCAA no tiene ni una sola iniciativa para reactivar la industria. Acá la discusión es ideológica, no económica. El cine genera tanta plata como la minería en la Argentina”, aseguró.
En la Ciudad, defendieron el programa Buenos Aires Producción Internacional. Explicaron que busca incentivar la llegada de producciones internacionales al distrito. Desde el gobierno porteño sostienen que por cada peso que invierten en el programa, generan otros ocho pesos.
El sistema no es nuevo: lo mismo ocurre en Uruguay, Bélgica, y muchos otros países y también en Córdoba, Mendoza y la Provincia de Buenos Aires. En Colombia se invierten 54 millones de dólares al año en incentivos fiscales.
Pampa Films recibió dinero por una película y una serie, al igual que la productora de Adrián Suar, de Nacho Viale, Hugo Sigman, Vanesa Ragone y otras compañías más pequeñas. “Todas las ciudades buscan atraer inversiones extranjeras. El problema es que el sistema favorece a las productoras más grandes, porque les resulta más fácil sumar puntos”, explicó a LPO un experimentado productor.
En medio de un país atravesado por el ajuste y la motosierra, Milei firmó hoy el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario que había sido aprobada por el Congreso. La norma contemplaba paritarias salariales, fondos para infraestructura, becas y un esquema progresivo de inversión estatal en educación. El Consejo Interuniversitario Nacional ya advirtió que se viene una nueva marcha federal.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
El veto que golpea a las universidades públicas
El Gobierno oficializó este miércoles el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada a mediados de agosto por el Congreso de la Nación. La decisión, rubricada por Milei y sus ministros, deja sin efecto una normativa clave que establecía la recomposición salarial automática de docentes y no docentes según la inflación, además de recursos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y fortalecimiento académico.
La ley también fijaba un esquema de financiamiento progresivo, con el compromiso de elevar la inversión en educación del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
El relato del ajuste
En el texto del veto, el Ejecutivo argumentó que la normativa generaba un “incremento desproporcionado del gasto público” que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Según el Gobierno, la aplicación de la ley obligaría a financiarse con emisión monetaria, lo que presionaría sobre los precios y “erosionaría el poder adquisitivo de salarios”.
De esta manera, Milei volvió a utilizar la excusa del “déficit cero” para justificar un recorte que afecta directamente a millones de estudiantes y trabajadores universitarios.
Universidades y sindicatos, en pie de lucha
El Consejo Interuniversitario Nacional ya había advertido que, si el veto se concretaba, convocaría a una nueva Marcha Federal Universitaria, que promete reeditar la multitudinaria movilización de abril.
Por su parte, los sindicatos adelantaron que responderán con un paro nacional en las próximas horas, además de cortes de calles en todas las facultades. Cuando el veto sea tratado en el Congreso, las organizaciones anticiparon que habrá una masiva concentración frente al parlamento.
Cabe recordar que a principios de septiembre las universidades habían realizado una doble jornada de paro exigiendo paritarias y presupuesto para comedores, becas y residencias estudiantiles.
El Congreso vuelve a ser escenario central
Con el veto consumado, el tema pasará nuevamente al Congreso, que deberá decidir si lo rechaza o lo ratifica. El antecedente inmediato preocupa al Gobierno: días atrás, ambas cámaras voltearon el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad, un golpe político que podría repetirse en este caso.
El ajuste no se detiene: vienen más vetos
En paralelo, altas fuentes de Casa Rosada confirmaron que Milei también vetará la ley de Emergencia Pediátrica (que garantizaba recursos al Hospital Garrahan) y la norma de reparto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), reclamada por los gobernadores de todas las provincias.
La avanzada del Gobierno se da tras la derrota electoral en Buenos Aires, la suba del dólar, las internas desatadas en La Libertad Avanza y el escándalo por los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En este contexto, Milei ratifica que el único plan posible es el ajuste permanente.
En el día de ayer el Intendente, Marcelo Orazi, junto a la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra y la Responsable del Área Mujer y Diversidad, Fabyola Parra, hicieron entrega de módulos de alimentos y limpieza a 30 mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad social. Debido a que esta es una problemática que afecta…
La Municipalidad de Villa Regina informa que, a partir de lo dispuesto en la Resolución N° 3455 del Ministerio de Salud de Río Negro, se suspende la realización de las Ligas Municipales de Fútbol: Veteranos, Femenino, LIMUFI y Futsal. Esta decisión se enmarca en el artículo 2 de la mencionada Resolución que establece la suspensión…
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa que recientemente incorporó una nueva profesional veterinaria con el objetivo de aumentar el número de castraciones caninas y felinas que se realizan actualmente. La profesional realizará las cirugías los días miércoles en el polideportivo Cumelen y en primera instancia se atenderá…
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