Una Moneda al Aire: Una Semana Después de la Batalla en el Senado

La semana pasada, el viernes 11 de julio, la jornada estuvo cargada de trascendencia, y es fundamental analizar cada una de sus aristas para comprender el panorama actual. No nos referimos, claro está, al retorno de Paredes a Boca, sino a las votaciones que tuvieron lugar en el Senado de la Nación. Examinemos qué balance arroja esta crucial sesión y comencemos a vislumbrar de qué lado caerá la moneda en el futuro inmediato.


La Estrategia Oficialista Post-Debacle Senatorial

El oficialismo, que viene acumulando una serie de desafíos y advertencias de sus principales acreedores (JP Morgan, Wells Fargo, FMI, entre otros), ha estado intentando reajustar las variables económicas conforme a las exigencias de estos «mandamases». La persistencia de un dólar bajo, que impedía la acumulación de reservas y, a su vez, perjudicaba la industria nacional y desequilibraba la balanza comercial (evidenciado en la masiva salida de compatriotas al exterior y las demoras en aduanas), requería una corrección. Las subsiguientes correcciones al alza del tipo de cambio debían encontrar un chivo expiatorio, ya que, según el «plan» de Milei, «todo marcha acorde al plan» (TMAP), y este implicaba la adquisición de reservas una vez que el dólar perforara la banda inferior.

El oficialismo ha demostrado una habilidad particular para transformar reveses en victorias narrativas, con un libreto preparado para cada traspié. A medida que se acercan las elecciones, un repunte inflacionario con salarios estancados o en declive sería catastrófico para sus aspiraciones políticas. Sin embargo, tras los acontecimientos de la semana pasada, ahora cuenta con un argumento para seguir culpando a la oposición por la inestabilidad económica y financiera, la cual, en gran medida, es autoinfligida. La única forma en que los afectados podrían seguir respaldando a Milei es si mantienen la convicción de que él genuinamente busca hacer las cosas bien, pero se lo impiden; que la economía, precaria como esté, pueda sostenerse hasta octubre; y que la oposición continúe desorganizada.


El Pan-Oficialismo y la Negociación Electoral

El pan-oficialismo enfrenta dos escenarios ante la inminencia electoral, ambos propiciando una «paritaria» que mezcla recursos y política. Hay sectores de la oposición al gobierno nacional que se ven obligados a marcar diferencias para evitar ser absorbidos o diluidos. Las experiencias recientes y a mediano plazo corroboran esta teoría; basta con recordar lo sucedido en la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires o en nuestra provincia en 2017, cuando Weretilneck optó por retirar a su candidato a diputado ante el avance de Cambiemos y su propia cercanía a Macri en ese entonces.

Por otro lado, persisten aquellos que aún tienen margen para negociar listas conjuntas con La Libertad Avanza, como podría ocurrir en CABA, Chubut o Entre Ríos, con los gobernadores ex Cambiemos. Aquí la señal es inequívoca: «podemos generar un impacto». Mientras establecen canales de comunicación con el gobierno nacional, esperando alguna concesión, se reservan la posibilidad de convocar a sus diputados para que, llegado el caso, vuelvan a erigirse en uno de los «87 héroes» que el año pasado ya le negaron un aumento a los jubilados.

En ambos frentes, los gobernadores han padecido una drástica reducción de la coparticipación, llevando a sus provincias al borde del colapso. El gobierno nacional, por su parte, ha restringido incluso los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) en su afán por alcanzar el superávit fiscal a costa de los provincianos. Esta inclinación es flagrante y solo se explica por la creencia de que así lograrán sobrevivir políticamente. La experiencia y la historia, o una proyección futura, quedan en segundo plano frente a un presente cada vez más sombrío.


La Oposición y la Batalla Legislativa

La oposición (compuesta por el peronismo y otros sectores) logró desplegar una estrategia impecable, «enalteciendo» figuras como Mayans, quien, según observadores, superó con creces a un oficialismo que, si bien maneja una narrativa discursiva, demuestra un desconocimiento absoluto de los reglamentos o la institucionalidad, utilizando esta última palabra solo en su propio beneficio. La estrategia es calcada: clamar por la república mientras se incita a la explosión del Congreso o a «sacar los tanques a la calle». Resulta vergonzoso el silencio actual de quienes, como la Propuesta Republicana (PRO), la Coalición Cívica o la UCR de De Loredo, rasgaban sus vestiduras ante cualquier atisbo de cruce de límites.

Queda por ver si la oposición logra mantener estos acuerdos para un posible veto o para la media sanción en Diputados, según corresponda. También será crucial observar hasta dónde pueden negociar el oficialismo y el pan-oficialismo.


¿A Quién Afecta la Caída de la Moneda?

¿A quién afecta la caída de la moneda? A vos. A la gente de a pie. A las y los jubilados que, semana tras semana, son reprimidos, a quienes se les recortaron sus ingresos e incluso se les quitaron sus medicamentos, y a quienes no se les quiere aumentar ni siquiera una miseria. A las personas con alguna discapacidad y sus familias, a quienes transitan rutas en mal estado, y a quienes tienen un empleo público provincial con gobiernos al límite de sus ingresos.

El oficialismo y el pan-oficialismo argumentarán que necesitan más diputados y senadores para acabar con los «orcos», mientras se niegan a aumentar un 7% a los jubilados. La oposición, por su parte, dirá que necesita más diputados y senadores para ponerle un límite al gobierno nacional, aunque aún no defina su rumbo. Veremos quiénes logran comunicar de manera más efectiva, y finalmente, vos elegirás a quién creerle y a quién votar.

El destino del país, como siempre, está en nuestras manos y en una urna.

Por Gonzalo Bon(@gonzalobon_)
Militante, papá, trabajador judicial, integrante de @sitrajur y @ctanacional. Docente.

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    El decreto que apunta a la Corte y abre una nueva batalla política: Milei modifica el histórico procedimiento de selección de jueces

     

    Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.

    La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.

    Un cambio que acelera los tiempos políticos

    Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.

    La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.

    El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.

    El impacto político detrás del cambio

    Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.

    La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.

    Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.

    En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.

    Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico

    El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.

    Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.

    La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.

     

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