“La Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública”. Sí, así parece, así se expresa en nuestra carta magna, pero…
Como ciudadanos tenemos el DERECHO a acceder a la información pública, tenemos la facultad de “poder hacer un seguimiento” de todos los actos que realicen los gobiernos, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. Para que esto sea posible, los gobiernos deben respetar el principio de publicidad mencionado que “asegura transparencia y posibilidad de control, y termina con la omnipotencia de las autoridades públicas, que son mandatarios del pueblo soberano, que tiene el derecho de saber qué están haciendo sus gobernantes”.
Cortita y al pie. A modo de ejemplo, si nosotros queremos saber cuánto del presupuesto es destinado a tal obra o a tal acto, o cómo es ejecutado, tenemos el derecho a acceder a dicha información; de lo contrario, quien se oponga, estaría violando un principio garantizado tanto por la Constitución Nacional, como por la Constitución provincial, leyes nacionales y Tratados Internacionales.
Pero si nos detenemos a analizar la realidad, ¿cuánto sabemos de cómo se manejan nuestros gobernantes, dónde podemos encontrar esa información? ¿Se encuentra en los portales oficiales? Los gobiernos, deberían facilitarnos a TODOS los ciudadanos la posibilidad de tener acceso a esa información de manera rápida y sencilla.
A modo de buscar una respuesta a éste incumplimiento, y también a modo de reflexión; como sociedad deberíamos insistir en que nuestro derecho al acceso de la información pública: Primero, se cumpla; y luego, que sea de una forma más ordinaria, no tan rebuscada, de forma que cualquier persona, de cualquier edad, pueda comprender y sepa cómo se manejan los presupuestos públicos de nuestros gobiernos. Valiéndonos de la posibilidad ante cualquier irregularidad que se detecte, de hacer uso del derecho a que dicho acto sea ejecutado de la forma correcta.
Portada: Hernán Ermantraut
