“La Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública”. Sí, así parece, así se expresa en nuestra carta magna, pero…
Como ciudadanos tenemos el DERECHO a acceder a la información pública, tenemos la facultad de “poder hacer un seguimiento” de todos los actos que realicen los gobiernos, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. Para que esto sea posible, los gobiernos deben respetar el principio de publicidad mencionado que “asegura transparencia y posibilidad de control, y termina con la omnipotencia de las autoridades públicas, que son mandatarios del pueblo soberano, que tiene el derecho de saber qué están haciendo sus gobernantes”.
Cortita y al pie. A modo de ejemplo, si nosotros queremos saber cuánto del presupuesto es destinado a tal obra o a tal acto, o cómo es ejecutado, tenemos el derecho a acceder a dicha información; de lo contrario, quien se oponga, estaría violando un principio garantizado tanto por la Constitución Nacional, como por la Constitución provincial, leyes nacionales y Tratados Internacionales.
Pero si nos detenemos a analizar la realidad, ¿cuánto sabemos de cómo se manejan nuestros gobernantes, dónde podemos encontrar esa información? ¿Se encuentra en los portales oficiales? Los gobiernos, deberían facilitarnos a TODOS los ciudadanos la posibilidad de tener acceso a esa información de manera rápida y sencilla.
A modo de buscar una respuesta a éste incumplimiento, y también a modo de reflexión; como sociedad deberíamos insistir en que nuestro derecho al acceso de la información pública: Primero, se cumpla; y luego, que sea de una forma más ordinaria, no tan rebuscada, de forma que cualquier persona, de cualquier edad, pueda comprender y sepa cómo se manejan los presupuestos públicos de nuestros gobiernos. Valiéndonos de la posibilidad ante cualquierirregularidad que se detecte, de hacer uso del derecho a que dicho acto sea ejecutado de la forma correcta.
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Milei endurece su discurso sobre Malvinas, pero su giro soberanista contrasta con su relación con el Reino Unido y llega en un momento de dificultades políticas.
Por Roque Pérez para NLI
Milei volvió a hablar de Malvinas. Y lo hizo con la solemnidad de quien pretende presentarse como el gran defensor de la soberanía argentina. En cadena nacional, anunció proyectos para endurecer sanciones contra empresas que exploten recursos en las islas, crear organismos vinculados con la seguridad nacional y fortalecer la presencia militar en Tierra del Fuego. El problema para el Presidente es que la historia reciente de su propio Gobierno vuelve difícil aceptar el repentino fervor soberanista como si siempre hubiera sido su principal bandera.
Porque las Malvinas son argentinas. Eso no empezó con Milei y tampoco terminará con él. Es una causa nacional consagrada incluso constitucionalmente y sostenida durante décadas por gobiernos de signos políticos diferentes. Precisamente por eso, resulta legítimo preguntarse por qué el Presidente decide colocarla ahora en el centro de la escena, después de meses en los que su política exterior estuvo marcada por una alineación prácticamente automática con Estados Unidos, Israel y otros aliados internacionales, mientras mantenía una relación particularmente cuidadosa con Londres.
La pregunta no es si Milei puede hablar de Malvinas. La pregunta es por qué ahora.
De Margaret Thatcher a la bandera argentina
Hay una contradicción que no puede borrarse con una cadena nacional.
Milei construyó durante años una admiración pública por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas. Esa posición generó fuertes críticas, especialmente entre excombatientes y sectores vinculados con la memoria de la guerra. Incluso durante su campaña presidencial planteaba que la recuperación de las islas debía ser resultado de una negociación prolongada con el Reino Unido y que había que considerar a quienes viven allí.
Ya en el Gobierno, la relación con Londres tampoco fue presentada como una confrontación frontal. Por el contrario, la administración libertaria sostuvo una estrategia de acercamiento y diálogo que generó cuestionamientos desde sectores de la propia coalición oficialista.
La entonces canciller Diana Mondino llegó a sostener que la Argentina buscaba cambiar la estrategia respecto de Malvinas y avanzar mediante el diálogo. Y en 2024 el Gobierno evitó confrontar públicamente con la visita del entonces canciller británico David Cameron a las islas.
Ahora, en cambio, Milei aparece convertido en un cruzado de la soberanía.
El cambio no es menor. Tampoco parece casual.
Reuters describió este giro como un endurecimiento respecto de la postura anterior del Presidente y señaló que la nueva estrategia aparece en un momento políticamente sensible, con una aprobación presidencial estimada en 36,8% y con el horizonte electoral de 2027 cada vez más cerca.
Dicho en criollo: cuando la motosierra ya no alcanza para entusiasmar, aparece la bandera.
Una causa nacional convertida en salvavidas político
Malvinas tiene una característica que cualquier dirigente conoce: une donde otras discusiones dividen.
No importa si se trata de peronistas, radicales, desarrollistas, socialistas, nacionalistas o ciudadanos que no tienen ninguna identificación partidaria. El reclamo argentino sobre las islas forma parte de una conciencia nacional profundamente arraigada.
Y ahí aparece la oportunidad política para Milei.
El Gobierno enfrenta una agenda cargada de conflictos. El Congreso vuelve a ser un terreno incómodo para el oficialismo, mientras la oposición busca discutir cuestiones como el endeudamiento de las familias y la situación de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, el Ejecutivo espera que los próximos datos económicos le permitan mostrar algún resultado favorable. La discusión sobre Malvinas ofrece, en cambio, una escena mucho más sencilla: Presidente, bandera, soberanía y enemigo externo.
Es una narrativa perfecta para un Gobierno que necesita recuperar iniciativa.
Y mucho más cómoda que hablar de jubilaciones, salarios, empleo, universidades, industria o del deterioro del poder adquisitivo.
El recurso político es viejo. Cuando una administración tiene dificultades para imponer una agenda doméstica, puede intentar trasladar la discusión hacia una cuestión nacional de enorme carga simbólica.
El problema es que Malvinas no es propiedad de Javier Milei.
El riesgo de confundir soberanía con marketing
Hay una diferencia enorme entre defender la soberanía y utilizar la soberanía como herramienta de comunicación política.
La primera exige una estrategia de Estado sostenida durante décadas. La segunda necesita una cadena nacional, un discurso encendido y una agenda mediática favorable.
Si el Gobierno realmente pretende fortalecer la posición argentina, deberá explicar cómo piensa hacerlo en términos diplomáticos, económicos, científicos, pesqueros, energéticos y militares. También tendrá que explicar qué política concreta desarrollará en el Atlántico Sur y cómo piensa enfrentar la explotación de recursos naturales alrededor de las islas.
Porque mientras Milei anuncia sanciones, las empresas involucradas en la explotación petrolera sostienen que sus licencias son legítimas y el Reino Unido reafirma su posición sobre las islas.
La cuestión petrolera, además, no es menor. El proyecto de explotación en torno al yacimiento Sea Lion convierte al Atlántico Sur en un espacio todavía más estratégico. Reuters señala que las estimaciones hablan de hasta 1.700 millones de barriles de petróleo, una dimensión económica capaz de transformar por completo el valor geopolítico de la disputa.
Por eso la soberanía no se defiende solamente con discursos.
Se defiende con industria nacional, ciencia, tecnología, capacidad energética, infraestructura, presencia diplomática, control de los recursos naturales y una política exterior coherente.
Y allí aparece otra contradicción incómoda para el Gobierno libertario: el mismo proyecto político que durante años presentó al Estado como un obstáculo, que cuestionó el gasto público y que hizo del ajuste su principal identidad, ahora necesita un Estado con capacidad suficiente para sostener una política estratégica de largo plazo en el Atlántico Sur.
Milei necesita una bandera, pero Malvinas no necesita a Milei
El Presidente tiene derecho a defender la soberanía argentina. Nadie debería discutirlo.
Lo que sí puede y debe discutirse es la utilización política de una causa que pertenece a todos los argentinos.
Porque si Milei pretende que Malvinas sea una política de Estado, deberá demostrarlo con hechos y no solamente con discursos. Deberá construir consensos, sostener una estrategia diplomática, defender los recursos argentinos y mantener una política exterior que no entre en contradicción con esos objetivos.
Y, sobre todo, deberá comprender algo elemental: la soberanía no funciona como una herramienta electoral.
Las Malvinas eran argentinas cuando Milei todavía no existía en la política. Eran argentinas cuando el Presidente admiraba a Thatcher. Eran argentinas cuando su Gobierno buscaba una relación cordial con Londres. Y seguirán siendo argentinas cuando termine este Gobierno.
Por eso resulta difícil no mirar con sospecha este súbito despertar soberanista.
Porque mientras millones de argentinos esperan que el Estado resuelva problemas concretos —llegar a fin de mes, pagar una factura, sostener una jubilación, mantener un empleo, acceder a medicamentos o garantizar la educación— Milei encontró una bandera capaz de sacarlo, aunque sea por unos días, del centro de esas discusiones.
Malvinas merece algo mucho más serio que eso.
Merece una política de Estado.
Y si el Presidente realmente quiere defenderla, deberá demostrar que detrás de la bandera hay una estrategia y no simplemente otra puesta en escena para recuperar oxígeno político.
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