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Milei descubre las Malvinas justo cuando necesita una bandera: el volantazo de un Gobierno que busca escapar de sus propios problemas

 

Milei endurece su discurso sobre Malvinas, pero su giro soberanista contrasta con su relación con el Reino Unido y llega en un momento de dificultades políticas.

Por Roque Pérez para NLI

Milei volvió a hablar de Malvinas. Y lo hizo con la solemnidad de quien pretende presentarse como el gran defensor de la soberanía argentina. En cadena nacional, anunció proyectos para endurecer sanciones contra empresas que exploten recursos en las islas, crear organismos vinculados con la seguridad nacional y fortalecer la presencia militar en Tierra del Fuego. El problema para el Presidente es que la historia reciente de su propio Gobierno vuelve difícil aceptar el repentino fervor soberanista como si siempre hubiera sido su principal bandera.

Porque las Malvinas son argentinas. Eso no empezó con Milei y tampoco terminará con él. Es una causa nacional consagrada incluso constitucionalmente y sostenida durante décadas por gobiernos de signos políticos diferentes. Precisamente por eso, resulta legítimo preguntarse por qué el Presidente decide colocarla ahora en el centro de la escena, después de meses en los que su política exterior estuvo marcada por una alineación prácticamente automática con Estados Unidos, Israel y otros aliados internacionales, mientras mantenía una relación particularmente cuidadosa con Londres.

La pregunta no es si Milei puede hablar de Malvinas. La pregunta es por qué ahora.

De Margaret Thatcher a la bandera argentina

Hay una contradicción que no puede borrarse con una cadena nacional.

Milei construyó durante años una admiración pública por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas. Esa posición generó fuertes críticas, especialmente entre excombatientes y sectores vinculados con la memoria de la guerra. Incluso durante su campaña presidencial planteaba que la recuperación de las islas debía ser resultado de una negociación prolongada con el Reino Unido y que había que considerar a quienes viven allí.

Ya en el Gobierno, la relación con Londres tampoco fue presentada como una confrontación frontal. Por el contrario, la administración libertaria sostuvo una estrategia de acercamiento y diálogo que generó cuestionamientos desde sectores de la propia coalición oficialista.

La entonces canciller Diana Mondino llegó a sostener que la Argentina buscaba cambiar la estrategia respecto de Malvinas y avanzar mediante el diálogo. Y en 2024 el Gobierno evitó confrontar públicamente con la visita del entonces canciller británico David Cameron a las islas.

Ahora, en cambio, Milei aparece convertido en un cruzado de la soberanía.

El cambio no es menor. Tampoco parece casual.

Reuters describió este giro como un endurecimiento respecto de la postura anterior del Presidente y señaló que la nueva estrategia aparece en un momento políticamente sensible, con una aprobación presidencial estimada en 36,8% y con el horizonte electoral de 2027 cada vez más cerca.

Dicho en criollo: cuando la motosierra ya no alcanza para entusiasmar, aparece la bandera.

Una causa nacional convertida en salvavidas político

Malvinas tiene una característica que cualquier dirigente conoce: une donde otras discusiones dividen.

No importa si se trata de peronistas, radicales, desarrollistas, socialistas, nacionalistas o ciudadanos que no tienen ninguna identificación partidaria. El reclamo argentino sobre las islas forma parte de una conciencia nacional profundamente arraigada.

Y ahí aparece la oportunidad política para Milei.

El Gobierno enfrenta una agenda cargada de conflictos. El Congreso vuelve a ser un terreno incómodo para el oficialismo, mientras la oposición busca discutir cuestiones como el endeudamiento de las familias y la situación de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, el Ejecutivo espera que los próximos datos económicos le permitan mostrar algún resultado favorable. La discusión sobre Malvinas ofrece, en cambio, una escena mucho más sencilla: Presidente, bandera, soberanía y enemigo externo.

Es una narrativa perfecta para un Gobierno que necesita recuperar iniciativa.

Y mucho más cómoda que hablar de jubilaciones, salarios, empleo, universidades, industria o del deterioro del poder adquisitivo.

El recurso político es viejo. Cuando una administración tiene dificultades para imponer una agenda doméstica, puede intentar trasladar la discusión hacia una cuestión nacional de enorme carga simbólica.

El problema es que Malvinas no es propiedad de Javier Milei.

El riesgo de confundir soberanía con marketing

Hay una diferencia enorme entre defender la soberanía y utilizar la soberanía como herramienta de comunicación política.

La primera exige una estrategia de Estado sostenida durante décadas. La segunda necesita una cadena nacional, un discurso encendido y una agenda mediática favorable.

Si el Gobierno realmente pretende fortalecer la posición argentina, deberá explicar cómo piensa hacerlo en términos diplomáticos, económicos, científicos, pesqueros, energéticos y militares. También tendrá que explicar qué política concreta desarrollará en el Atlántico Sur y cómo piensa enfrentar la explotación de recursos naturales alrededor de las islas.

Porque mientras Milei anuncia sanciones, las empresas involucradas en la explotación petrolera sostienen que sus licencias son legítimas y el Reino Unido reafirma su posición sobre las islas.

La cuestión petrolera, además, no es menor. El proyecto de explotación en torno al yacimiento Sea Lion convierte al Atlántico Sur en un espacio todavía más estratégico. Reuters señala que las estimaciones hablan de hasta 1.700 millones de barriles de petróleo, una dimensión económica capaz de transformar por completo el valor geopolítico de la disputa.

Por eso la soberanía no se defiende solamente con discursos.

Se defiende con industria nacional, ciencia, tecnología, capacidad energética, infraestructura, presencia diplomática, control de los recursos naturales y una política exterior coherente.

Y allí aparece otra contradicción incómoda para el Gobierno libertario: el mismo proyecto político que durante años presentó al Estado como un obstáculo, que cuestionó el gasto público y que hizo del ajuste su principal identidad, ahora necesita un Estado con capacidad suficiente para sostener una política estratégica de largo plazo en el Atlántico Sur.

Milei necesita una bandera, pero Malvinas no necesita a Milei

El Presidente tiene derecho a defender la soberanía argentina. Nadie debería discutirlo.

Lo que sí puede y debe discutirse es la utilización política de una causa que pertenece a todos los argentinos.

Porque si Milei pretende que Malvinas sea una política de Estado, deberá demostrarlo con hechos y no solamente con discursos. Deberá construir consensos, sostener una estrategia diplomática, defender los recursos argentinos y mantener una política exterior que no entre en contradicción con esos objetivos.

Y, sobre todo, deberá comprender algo elemental: la soberanía no funciona como una herramienta electoral.

Las Malvinas eran argentinas cuando Milei todavía no existía en la política. Eran argentinas cuando el Presidente admiraba a Thatcher. Eran argentinas cuando su Gobierno buscaba una relación cordial con Londres. Y seguirán siendo argentinas cuando termine este Gobierno.

Por eso resulta difícil no mirar con sospecha este súbito despertar soberanista.

Porque mientras millones de argentinos esperan que el Estado resuelva problemas concretos —llegar a fin de mes, pagar una factura, sostener una jubilación, mantener un empleo, acceder a medicamentos o garantizar la educación— Milei encontró una bandera capaz de sacarlo, aunque sea por unos días, del centro de esas discusiones.

Malvinas merece algo mucho más serio que eso.

Merece una política de Estado.

Y si el Presidente realmente quiere defenderla, deberá demostrar que detrás de la bandera hay una estrategia y no simplemente otra puesta en escena para recuperar oxígeno político.

 

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    La Casa Argentina en París, otro escándalo que el Gobierno de Milei intenta apagar antes de que llegue a Francia

     

    Santiago Muzio renunció a la Casa Argentina en París tras meses de polémicas por su gestión, memoria histórica y vínculos con sectores de ultraderecha.

    Por Redacción de NLI

    La renuncia de Santiago Muzio a la dirección de la Casa Argentina en París cerró, al menos por ahora, un capítulo incómodo para el gobierno de Milei. El funcionario, designado por la actual administración en 2024, dejó el cargo después de meses de cuestionamientos por su gestión, denuncias de residentes y polémicas que incluyeron el retiro de una placa en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura y actividades vinculadas a sectores de ultraderecha. La salida, además, ocurre a pocas semanas de una nueva visita de Milei a Francia, en un contexto en el que el Gobierno habría buscado evitar que el escándalo siguiera creciendo y terminara salpicando directamente al Presidente.

    La Casa Argentina funciona dentro de la Cité Universitaire de París y tiene una particularidad que vuelve especialmente sensible cualquier disputa sobre su conducción: no es simplemente una residencia para argentinos que estudian o investigan en Francia, sino también una institución vinculada con la presencia cultural y académica argentina en el exterior. Por eso, lo ocurrido durante la gestión de Muzio excede una discusión interna sobre administración. La controversia terminó involucrando memoria histórica, convivencia universitaria, política exterior y la orientación ideológica que el Gobierno pretende imprimirle a espacios que tradicionalmente estuvieron vinculados con la universidad pública, la cultura y la investigación.

    Una gestión atravesada por denuncias y polémicas

    Muzio había llegado a la conducción de la Casa Argentina durante el gobierno de Milei y su administración fue acumulando cuestionamientos. El funcionario enfrentaba denuncias y que el Gobierno terminó presionándolo para evitar que el conflicto adquiriera mayor dimensión política antes de la visita presidencial a Francia.

    Uno de los episodios que mayor repercusión generó fue el retiro de una placa que recordaba a los desaparecidos durante la dictadura argentina. El hecho resulta particularmente significativo porque la memoria de los crímenes de lesa humanidad constituye una de las construcciones democráticas más importantes de la Argentina desde 1983 y porque la Casa Argentina se encuentra inserta en un ámbito universitario internacional donde esa dimensión histórica no puede separarse de la propia identidad del país.

    La controversia se profundizó con cuestionamientos relacionados con residentes y con la realización o recepción de encuentros vinculados a sectores de extrema derecha. Distintos medios señalaron que la gestión de Muzio había quedado bajo observación por decisiones internas y por sus vínculos con ámbitos políticos de ese espacio ideológico.

    La combinación es políticamente explosiva para un gobierno que hizo de la batalla cultural uno de los ejes centrales de su identidad: una institución argentina en París, estudiantes y residentes, una placa de memoria retirada y actividades asociadas a la ultraderecha. Todo ello en el marco de una administración que desde su llegada al poder modificó radicalmente el discurso oficial sobre derechos humanos, memoria y el papel del Estado.

    La renuncia de Muzio no borra esos episodios. Apenas cambia el nombre que estará al frente de la institución.

    Cuando el problema deja de ser administrativo

    La salida adquiere otra dimensión si se observa el calendario. Muzio renunció a pocos días de que el escándalo pudiera convertirse en un problema diplomático y político para Milei en Francia. La prensa argentina informó que la salida se produjo en medio de la preocupación oficial por el impacto que la controversia podía tener sobre la visita presidencial y sobre la agenda vinculada a la Paris Week, prevista para fines de septiembre.

    Es allí donde una renuncia aparentemente menor empieza a revelar algo más profundo sobre el funcionamiento del Gobierno.

    La administración Milei ha construido buena parte de su política exterior alrededor de la exposición internacional del Presidente, sus encuentros con líderes extranjeros, sus intervenciones políticas y su particular estrategia de alineamiento con Donald Trump y otros referentes de la derecha global. En ese esquema, cualquier escándalo producido dentro de una institución argentina en el exterior puede dejar de ser un problema burocrático para transformarse rápidamente en una incomodidad presidencial.

    Y la Casa Argentina en París no es un lugar cualquiera. Está en una de las capitales políticas, culturales y diplomáticas más importantes del mundo y dentro de un espacio universitario de enorme visibilidad internacional. Una controversia vinculada con derechos humanos, estudiantes y organizaciones de ultraderecha difícilmente podía permanecer encerrada entre las paredes de una residencia.

    De allí que la renuncia de Muzio pueda leerse también como una operación de control de daños.

    Antes que asumir públicamente el costo político del escándalo, el Gobierno optó por cambiar al funcionario cuestionado.

    El problema de fondo: qué Argentina se representa afuera

    La discusión plantea además una pregunta que excede el nombre de Muzio: ¿qué Argentina quiere representar el gobierno de Milei en sus instituciones culturales y académicas en el extranjero?

    Durante décadas, las casas argentinas en distintas ciudades del mundo funcionaron como espacios de encuentro para estudiantes, investigadores, artistas y ciudadanos que construían su experiencia fuera del país. La política exterior cultural podía tener gobiernos de distinto signo, pero existía una continuidad vinculada con la universidad, la investigación, la cultura y la memoria democrática.

    El modelo libertario introdujo otra mirada sobre el Estado y sobre las instituciones públicas. En su concepción, buena parte de esas estructuras son vistas como espacios atravesados por privilegios, burocracias o intereses políticos que deberían ser revisados, reducidos o directamente eliminados. El conflicto de París aparece así como una expresión pequeña, pero significativa, de una disputa mucho mayor por el sentido de las instituciones argentinas.

    Porque quitar una placa de homenaje a los desaparecidos no es simplemente retirar un objeto de una pared. Tampoco lo es convertir una residencia universitaria en escenario de determinadas disputas ideológicas. Son decisiones que transmiten un mensaje acerca de qué acontecimientos se consideran dignos de memoria y qué sectores políticos son considerados legítimos interlocutores.

    En una institución que lleva el nombre de la Argentina, ese mensaje trasciende al funcionario de turno.

    Por eso la renuncia de Muzio no debería clausurar el debate. Si el Gobierno considera que hubo errores de gestión, deberá explicar cuáles fueron. Si existieron denuncias, deberá aclararlas. Y si la salida estuvo vinculada con la necesidad de evitar un costo político para Milei antes de su visita a Francia, también sería saludable que lo explicara.

    Porque cambiar al director puede apagar momentáneamente los titulares, pero no resuelve las preguntas que dejaron los meses de polémica.

    La Casa Argentina seguirá allí, en París, como una representación del país. Y el verdadero interrogante ahora será qué orientación tendrá esa institución después de la salida de Muzio y si el Gobierno pretende recuperar su perfil académico y cultural o profundizar la transformación ideológica que atravesó su gestión.

    La renuncia puede cerrar una crisis de nombres. Lo que todavía no está resuelto es la crisis de sentido.

     

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