Los comicios a nivel provincial no sorprendieron demasiado, Soria y Matzen irán al Congreso como se preveía, la posibilidad más lógica tras la baja de Gatti visualizaba este escenario. La polarización política, llegó desde Buenos Aires, el electorado provincial pareciera votar a un escenario nacionalizado implantado por los medios, la polarización alcanzó a casi todas las provincias. Los dos mundillos políticos de nuestro país accedieron a una banca en el Congreso con el voto del electorado rionegrino. María Emilia Soria (FPV) absorbió aproximadamente la mitad de los votos acéfalos de JSRN, logrando el acompañamiento del 50% de los rionegrinos. Lorena Matzen (Cambiemos) se quedó con la otra mitad del electorado abandonado por el partido del Gobernador Alberto Weretilnek, de esta manera creció más de 10 puntos con respecto a las primarias, superando el 30% de los votos. Magdalena Odarda cayó 1 punto con respecto a las PASO.
Las obviedades esconden ciertos secretos, y tras el triunfo anticipado del FPV y Cambiemos en Río Negro, existe cierto reposicionamiento de cara a las elecciones de 2019. Martín Soria, recorre un camino que tiene como meta la Gobernación rionegrina, desde las elecciones en el 2015 evidenció haber jugado su propia estrategia de cara a ese objetivo. Hoy, con el acompañamiento de casi la mitad del electorado provincial se posiciona con una fuerte intensión de voto. Luego del discurso de victoria de su hermana María Emilia, Martín dijo “acabamos de dar otro paso contundente, vamos a regresar al gobierno dentro de un año y medio”. El Intendente de la ciudad de Gral. Roca, cerró el acto político como protagonista principal de los comicios.
Detrás del acceso a la banca de la allense Lorena Matzen, asciende la figura del Diputado Nacional Sergio Wisky quien es el elegido por el Gobierno Nacional para ser el candidato a Gobernador de Rio Negro en 2019, el Diputado cumplió con su deber cívico el domingo por la mañana y no demoró en expresar que a partir del próximo martes comenzaría a trabajar para ser Gobernador de Rio Negro. Dentro del bunker de Cambiemos en Allen, el presidente de la UCR Darío Berardi se mostró muy contento por los resultados obtenidos y recordó que hace 2 años la UCR obtuvo solo 3,1% de los votos. Fue cauto ante la idea de posicionar a Wisky como candidato a Gobernador y aclaró “la lista la vamos a hacer de forma inteligente como lo hicimos ahora”.
Dos apreciaciones diametralmente enfrentadas se desprenden del papel político que decidió jugar JSRN cortando transversalmente las elecciones legislativas 2017, surcando a partir de su decisión el camino al resultado final de los sufragios. Dependiendo del cristal con el que se la mire se podrá decir que, le brindó el apoyo a la candidata del Gobierno Nacional para que acceda al Congreso pero principalmente posicionó al candidato del PRO Sergio Wisky para el 2019. O bien se podrá interpretar, que fortaleció al Clan Soria que ayer empezó a olfatear un dulce olor a venganza que los estimulará a competir para reivindicar el mandato de su padre que quedó trunco allá por 2011.
Para los comicios del 2019 aún queda mucho camino y tiempo por recorrer, e infinitos son los factores -internos y externos, provinciales o nacionales, socioeconómicos y culturales- que podrían modificar el resultado. Pero los aromas a alianzas siempre sobrevuelan el día posterior a las elecciones, quizás alguna potencie la posibilidad de achicar la brecha evidenciada el día de ayer entre los universos políticos antagónicos que reinan en nuestro país, y ayer se impusieron claramente dentro de nuestra provincia.
El dibujo del nuevo mapa político nacional cobra peso y también hace su juego. Como los medios, el marketing, los punteros, las charlas de café; todas variables que pueden modificar un sufragio y en consecuencia la vida política de un candidato, OJO, la vida de un candidato. La tuya, la mía, la del vecino siguen igual. Perdón. No te robo más tiempo, seguí laburando.
Un paro dilatado en el tiempo a causa del dulce acomodo por parte del gobierno a los altos dirigentes sindicales, que como todos sabemos manejan intereses ajenos a los de los trabajadores. Un paro que muchos esperaban que se diera antes. Un paro nacional con alta adhesión, que en este caso y como siempre, tendrá…
En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.
Por Amparo Lestienne para NLI
El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal
El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.
Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.
Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.
Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.
Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación
El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.
Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.
Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.
El telón de fondo: caída del presupuesto científico
Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.
En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.
En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.
ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso
Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.
Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.
La tensión central: menos presupuesto, más costos
La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.
Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.
El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.
Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización
En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.
La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado
En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.
Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.
Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.
El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.
Conclusión: un cambio silencioso pero estructural
Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.
En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.
La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.
El proyecto Cabrón Patagonia Argentina, se estableció en la Localidad de Valle Azul del Alto Valle de Río Negro, con el objeto de elaborar grandes vinos típicos y con la menor intervención posible. La enología está a cargo del Lic. Ramiro Simone, un mendocino de amplia trayectoria por bodegas de Mendoza y Neuquén, que encontró…
PREMIOS ETAPAS Tercera edición. Ya estamos preparando la Tercera edición del los PREMIOS ETAPAS organizados por #LaTapa, en los eTapas destacamos y valoramos a jóvenes deportistas reginenses en etapa formativa por su compromiso, compañerismo, dedicación y proyección a través del voto en nuestra plataforma. Nos comunicamos con entrenadores y dirigentes locales para que ellos seleccionen a…
Durante el mes de mayo se conmemoró en todo el mundo la “Semana del Parto Respetado” bajo el lema: «Menos intervenciones, más cuidados». Se intenta sensibilizar para promover la modalidad del parto humanizado ante prácticas que son antinaturales y que violentan a la mujer y al bebé. También, se busca visualizar la ley 25.929 (aprobada…
Previo a la final del US Open último Grand Slam del año en el que el argentino Juan Martín Del Potro enfrentará al serbio Novak Djokovic me embarcó en un pseudo análisis contracultural de los huevitos de oro del fútbol argentino, deporte que despierta algo inexplicable para la mayoría de los argentinos (columna en la…
