“VINO PARA CUMPLIR UNA MISIÓN: SALVAR VIDAS” LEY JUSTINA
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“VINO PARA CUMPLIR UNA MISIÓN: SALVAR VIDAS” LEY JUSTINA

Justina le dijo a su papá: «Hagamos algo no solo por mí, ayudemos a todos los que podamos», era su misión, ella nos estaba abriendo a un mundo de generosidad impresionante sin saber cuál era el final. Ese final, duro e inexplicable, nos golpeó, nos hirió. Pero, de a poco, también nos está ayudando a comprender su legado. Ella vino por algo. Vino para salvar a muchos otros. Vino para cumplir una misión: salvar vidas y que podamos comprender un tema tan complejo como la donación de órganos. 

Fragmento de la entrevista realizada por La Nación a Paola Lo Cane.

Asoma la contrariedad de lo intrínseco en la profundidad del ser, donde las decisiones más difíciles toman partida, bajan línea, expresan un sentir, eligen un camino. Se apoderó la perfección de la decisión. Inexplicable, o inentendible. Afortunado. Pienso en la sabiduría emocional para lograr revertir (o paliar) el dolor y convertirlo en sanación a partir de la ayuda a invisibles, a terceros ajenos, lejanos, vidas en otras vidas. Como situar con simetría las energías en el legado que su ángel vino a dejarles. A enseñarles, a enseñarnos. Simple y resolutiva sabiduría pigmea.

Hace poco tiempo la familia Hernández de Villa Regina logró a partir de la triste pérdida de un hijo poner al resguardo otras tres vidas desconocidas. El ejemplo en el vecino. Y no se trata solo de solidaridad, esto viene a ser un nuevo cambio cultural de una marcada evolución social, otra forma de ver la vida, es un cambio de paradigma en salud y también un largo proceso de reeducación. Un ejemplo en la región que ubica en valor real lo que significa la donación de órganos.

La flamante ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células bautizada «Ley Justina» implica que todos los ciudadanos mayores de 18 años son donantes salvo que dejen constancia expresa de lo contrario. Esto, en principio, modifica lo que se denomina “ley del donante presunto”, que también considera a toda persona como donante si no existe una manifestación en contra, pero que además fija que, al momento de la muerte, las autoridades responsables deben solicitar la aprobación a la familia sobre la voluntad del fallecido. Ahora, nadie tiene derecho a interferir en la decisión del donante. Actualmente el 40% de las donaciones se pierden por oposición familiar a la elección en vida de la persona fallecida.

La Ley se sancionó durante esta semana por unanimidad tras obtener 202 votos afirmativos en la Cámara de Diputados de la Nación. En un clima que podría ser alentador para la sociedad si se lograra habitualmente. Existió una profunda sensibilidad e interpretaciones coincidentes sin importar vertientes políticas e ideológicas. Los padres de Justina, Ezequiel y Paola fueron promotores de esta ley a partir de la campaña «MultiplicaT x 7» que tuvo el impulso que agregó la participación del senador radical Juan Carlos Marino.

NUMEROS INCUCAI

El registro tiene actualmente 3.067.165 personas inscriptas como donantes y el total de voluntades negativas es de 1.058.626. En Argentina existen casi 11 mil personas se encuentran en una lista de espera para ser trasplantados.

DONANTES VIVOS

En relación a los trasplantes con donantes vivos, la ley habilita la donación renal cruzada, que había sido aprobada por el Incucai menos de un año atrás. Este procedimiento involucra a cuatro personas y funciona como un intercambio de donantes entre dos receptores que cuentan con donantes vivos (generalmente familiares) pero que no son compatibles entre ellos.

Este tipo de trasplante recibió más atención después de que en 2015 el periodista Jorge Lanata recibiera un riñón de este método, permitido entonces a través de una autorización judicial.

PARA LOS ANTI

En el artículo 31 se mantiene la posibilidad de manifestar en forma expresa su voluntad negativa o afirmativa a la donación; restringir de un modo específico su voluntad afirmativa a determinados órganos; o condicionar su finalidad.

Y SI DE LEY SE HABLA, LEY BRISA

La Cámara de Diputados también validó de manera unánime la resolución que establece una reparación monetaria para las personas cuyo progenitor sea culpable del asesinato de sus madres. La reparación, que comienza a regir desde el momento del procesamiento del femicida, consiste en un haber jubilatorio mínimo mensual, y está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, siendo retroactiva al momento de la comisión del crimen. Sin embargo, la reparación se extingue cuando los hijos de las víctimas fatales de femicidios, cumplen los 21 años. La percepción de la reparación también se extingue con el sobreseimiento o absolución del progenitor procesado.

¿A qué debe su nombre?. El proyecto lleva el nombre de «Ley Brisa» en referencia al caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años cuya madre fue asesinada a golpes el 20 de diciembre pasado y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa por su marido, quien está detenido. Ahora la menor vive en Moreno junto a su abuelo materno, su tía, y sus hermanos gemelos, Elías y Tobías, de siete años.

EMILIANO PICCININI-LA TAPA

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  • Tensión entre Toto Caputo y Milei por la relación con Reino Unido y el destino del oro del Banco Central

     

     La ofensiva de Javier Milei contra Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas generó malestar en Luis «Toto» Caputo. En Economía preocupa que la escalada con Londres pueda derivar en represalias sobre activos argentinos que se encuentran bajo jurisdicción británica. En particular, vuelve al centro de la escena el oro de las reservas del Banco Central que salió del país en 2024 y que las versiones más fuertes del mercado ubican en Londres. 

    La preocupación de Caputo apareció después de grabar la cadena nacional en la que Milei endureció como nunca su posición frente a Reino Unido. El Presidente reaccionó al avance de Sea Lion, el proyecto petrolero offshore ubicado al norte de las Islas Malvinas que opera Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration. 

    «No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados», dijo Milei. Y anunció que el Gobierno desplegará «todas las herramientas del Estado: diplomáticas, económicas, judiciales y legales» para frenar a las compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en las islas. 

    La amenaza no alcanza solamente a las petroleras. El Presidente anticipó castigos para accionistas, directores y proveedores y afirmó que las compañías involucradas directa o indirectamente en proyectos en Malvinas serán inhabilitadas para operar en Argentina. 

    «Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad», afirmó Milei. Y remató: «No se pueden hacer las dos cosas». 

    La decisión prende fuego una parte central de la narrativa libertaria. El gobierno que hizo de la retirada del Estado de las relaciones económicas una bandera ahora propone utilizar todo el peso del Estado para interferir sobre una explotación entre empresas privadas. 

    Navitas y Rockhopper tomaron una decisión empresarial, consiguieron financiamiento y avanzan con una inversión que Argentina considera ilegal porque se desarrolla sobre recursos ubicados en un territorio cuya soberanía reclama. 

    Pero la incomodidad es todavía mayor porque Sea Lion consiguió algo que el gobierno de Milei busca desesperadamente para los grandes proyectos argentinos: una decisión final de inversión. Navitas y Rockhopper aprobaron en diciembre de 2025 la FID de la primera etapa y pocos días después alcanzaron el cierre financiero. El proyecto tiene contratos centrales firmados, USD 1.000 millones de deuda para su desarrollo y apunta a producir el primer petróleo en el primer trimestre de 2028. 

    Sea Lion está así varios casilleros por delante de buena parte de las inversiones que el Gobierno presenta como las futuras fábricas de dólares de Argentina. La FID es precisamente la frontera que todavía necesitan cruzar proyectos centrales para la estrategia oficial, entre ellos Argentina LNG y varios de los grandes desarrollos mineros. Una cosa es anunciar una inversión potencial y otra es que los accionistas pongan la firma, cierren el financiamiento y comprometan el capital para ejecutarla. 

    Navitas controla el 65% de Sea Lion y Rockhopper tiene el 35%. La primera fase contempla 11 pozos submarinos y el petróleo será procesado mediante un buque FPSO. Navitas afirma que las aprobaciones y el financiamiento necesarios para ejecutar el proyecto están asegurados y proyecta el primer petróleo para marzo de 2028. Además, las operaciones vinculadas al desarrollo se manejarán desde oficinas en Londres, Aberdeen y las islas. 

    Ese avance explica la dureza de Milei. «Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar», dijo. 

    Para el Presidente, permitirlo generaría «un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos». 

    Pero para Caputo la cuestión abre un problema adicional. En Economía temen que una escalada económica contra intereses británicos habilite una respuesta de Londres sobre activos argentinos. 

    Ahí reaparece una de las operaciones más opacas del comienzo del gobierno libertario: la salida del oro de las reservas del Banco Central. 

    Caputo defendió en 2024 la decisión de sacar los lingotes del país. El argumento del ministro fue que mantener el oro encerrado en las bóvedas del Central impedía obtener un rendimiento sobre ese activo. El BCRA terminó reconociendo que había realizado transferencias entre sus cuentas, pero nunca quiso revelar oficialmente cuánto oro salió, cuál fue su destino final, quién quedó como custodio ni bajo qué condiciones quedó depositado. 

    Las versiones más fuertes del mercado ubicaron los lingotes en Londres. El secreto que rodeó aquella operación adquiere ahora otra dimensión. La preocupación en el entorno de Caputo es qué capacidad tendría Reino Unido para tomar represalias sobre activos argentinos que estén bajo su jurisdicción si la escalada impulsada por Milei pasa de la retórica diplomática a las sanciones económicas. 

    El propio Milei convirtió esa posibilidad en un problema de seguridad nacional. «Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional», dijo. Y enseguida amplió el concepto hacia el corazón del área que controla Caputo: «Atraer inversiones, proteger nuestra moneda, fortalecer nuestro sistema financiero y desarrollar nuestros recursos críticos son cuestiones de seguridad nacional». 

    La contradicción es incómoda para Toto. El ministro necesita acceso a los grandes centros financieros internacionales y fue quien defendió sacar el oro del país para convertir un activo inmovilizado en una herramienta financiera. Ahora Milei decidió escalar precisamente contra Reino Unido, mientras el Banco Central mantiene en secreto si parte de esas reservas permanece en Londres y bajo qué régimen jurídico.

    «Es claro que ellos recorren un camino de declive», lanzó además Milei sobre los británicos. 

    La frase cayó particularmente mal en la antesala de la Argentina Week que el Gobierno prepara en Londres. El encuentro fue concebido como una vidriera para atraer inversiones y acercar funcionarios argentinos a inversores y actores del mercado británico. La ofensiva por Malvinas amenaza con convertir ese desembarco en un escenario mucho más incómodo para el equipo económico. 

    Caputo queda atrapado en esa pinza. Necesita capital extranjero para conseguir que Argentina LNG, los proyectos mineros y otras grandes inversiones pasen de los anuncios a decisiones finales de inversión. Y Sea Lion, el proyecto que Milei ahora busca frenar utilizando la fuerza económica del Estado, ya consiguió justamente eso. 

    La prédica libertaria termina así chocando contra una razón de Estado. Milei reivindicó sanciones, prohibiciones, represalias económicas y la intervención sobre relaciones entre privados para defender la soberanía argentina. Caputo, mientras tanto, mira el otro lado del Atlántico y una pregunta que el Central lleva dos años evitando contestar. 

    Porque después de la cadena, la discusión sobre el oro dejó de ser solamente dónde están los lingotes. La pregunta que inquieta a Economía es mucho más urgente: si efectivamente están en Londres, qué margen tendría Reino Unido para afectar esos activos argentinos si decide responder a la ofensiva de Milei.