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“VINO PARA CUMPLIR UNA MISIÓN: SALVAR VIDAS” LEY JUSTINA

Justina le dijo a su papá: «Hagamos algo no solo por mí, ayudemos a todos los que podamos», era su misión, ella nos estaba abriendo a un mundo de generosidad impresionante sin saber cuál era el final. Ese final, duro e inexplicable, nos golpeó, nos hirió. Pero, de a poco, también nos está ayudando a comprender su legado. Ella vino por algo. Vino para salvar a muchos otros. Vino para cumplir una misión: salvar vidas y que podamos comprender un tema tan complejo como la donación de órganos

Fragmento de la entrevista realizada por La Nación a Paola Lo Cane.

Asoma la contrariedad de lo intrínseco en la profundidad del ser, donde las decisiones más difíciles toman partida, bajan línea, expresan un sentir, eligen un camino. Se apoderó la perfección de la decisión. Inexplicable, o inentendible. Afortunado. Pienso en la sabiduría emocional para lograr revertir (o paliar) el dolor y convertirlo en sanación a partir de la ayuda a invisibles, a terceros ajenos, lejanos, vidas en otras vidas. Como situar con simetría las energías en el legado que su ángel vino a dejarles. A enseñarles, a enseñarnos. Simple y resolutiva sabiduría pigmea.

Hace poco tiempo la familia Hernández de Villa Regina logró a partir de la triste pérdida de un hijo poner al resguardo otras tres vidas desconocidas. El ejemplo en el vecino. Y no se trata solo de solidaridad, esto viene a ser un nuevo cambio cultural de una marcada evolución social, otra forma de ver la vida, es un cambio de paradigma en salud y también un largo proceso de reeducación. Un ejemplo en la región que ubica en valor real lo que significa la donación de órganos.

La flamante ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células bautizada «Ley Justina» implica que todos los ciudadanos mayores de 18 años son donantes salvo que dejen constancia expresa de lo contrario. Esto, en principio, modifica lo que se denomina “ley del donante presunto”, que también considera a toda persona como donante si no existe una manifestación en contra, pero que además fija que, al momento de la muerte, las autoridades responsables deben solicitar la aprobación a la familia sobre la voluntad del fallecido. Ahora, nadie tiene derecho a interferir en la decisión del donante. Actualmente el 40% de las donaciones se pierden por oposición familiar a la elección en vida de la persona fallecida.

La Ley se sancionó durante esta semana por unanimidad tras obtener 202 votos afirmativos en la Cámara de Diputados de la Nación. En un clima que podría ser alentador para la sociedad si se lograra habitualmente. Existió una profunda sensibilidad e interpretaciones coincidentes sin importar vertientes políticas e ideológicas. Los padres de Justina, Ezequiel y Paola fueron promotores de esta ley a partir de la campaña «MultiplicaT x 7» que tuvo el impulso que agregó la participación del senador radical Juan Carlos Marino.

NUMEROS INCUCAI

El registro tiene actualmente 3.067.165 personas inscriptas como donantes y el total de voluntades negativas es de 1.058.626. En Argentina existen casi 11 mil personas se encuentran en una lista de espera para ser trasplantados.

DONANTES VIVOS

En relación a los trasplantes con donantes vivos, la ley habilita la donación renal cruzada, que había sido aprobada por el Incucai menos de un año atrás. Este procedimiento involucra a cuatro personas y funciona como un intercambio de donantes entre dos receptores que cuentan con donantes vivos (generalmente familiares) pero que no son compatibles entre ellos.

Este tipo de trasplante recibió más atención después de que en 2015 el periodista Jorge Lanata recibiera un riñón de este método, permitido entonces a través de una autorización judicial.

PARA LOS ANTI

En el artículo 31 se mantiene la posibilidad de manifestar en forma expresa su voluntad negativa o afirmativa a la donación; restringir de un modo específico su voluntad afirmativa a determinados órganos; o condicionar su finalidad.

Y SI DE LEY SE HABLA, LEY BRISA

La Cámara de Diputados también validó de manera unánime la resolución que establece una reparación monetaria para las personas cuyo progenitor sea culpable del asesinato de sus madres. La reparación, que comienza a regir desde el momento del procesamiento del femicida, consiste en un haber jubilatorio mínimo mensual, y está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, siendo retroactiva al momento de la comisión del crimen. Sin embargo, la reparación se extingue cuando los hijos de las víctimas fatales de femicidios, cumplen los 21 años. La percepción de la reparación también se extingue con el sobreseimiento o absolución del progenitor procesado.

¿A qué debe su nombre?. El proyecto lleva el nombre de «Ley Brisa» en referencia al caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años cuya madre fue asesinada a golpes el 20 de diciembre pasado y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa por su marido, quien está detenido. Ahora la menor vive en Moreno junto a su abuelo materno, su tía, y sus hermanos gemelos, Elías y Tobías, de siete años.

EMILIANO PICCININI-LA TAPA

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  • El Madoff argentino puede quedar en libertad en breve y detona un escándalo judicial en Rosario

     

    La causa que investiga el desvío de más de 60 millones de dólares de ahorristas estafados por el financista Luis Herrera y dos de sus hijos entró en zona de turbulencia desde que la fiscalía trata de cerrar el caso con un juicio abreviado que deja a las puertas de la libertad a los implicados, como adelantó LPO.

    El acuerdo que impulsa el fiscal Sebastián Narvaja deja en libertad condicional a los dos hijos de Herrera con una condena de tres años y cinco años de prisión efectiva para el padre que está pronto a cumplir 70 y obtendría la domiciliaria. La situación generó tal alboroto que este lunes el Fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo, convocó a los querellantes a una reunión para ponerse al tanto del tema.

     [Piden cinco años de condena en un juicio abreviado para el Madoff rosarino]

    Sucede que los querellantes detectaron que el financista resarcirá la estafa millonaria a más de 400 ahorristas con patrimonio ínfimo disponible que se reduce a dos departamentos de menor valor, un Volkswagen Golf modelo 2016 y un Honda TN Acty de 1980. Una de las querellantes calculó el patrimonio que podría quedar afectado a la distribución y no supera los 700 mil dólares, «no llega al 2 por ciento del monto de la estafa», dijo.

     Todo surge del borrador del juicio abreviado al cual accedió en exclusiva LPO donde se enumeran todos los bienes y vehículos de los Herreras «cuyo decomiso se requerirá», dice el fiscal Narvaja. Sin embargo, los bienes más valiosos pertenecen a Luis Herrera que se declaró en quiebra «lo que torna dichos bienes jurídicamente indisponibles y priva a la reparación de idoneidad jurídica real», explicó a LPO una de las querellantes.  

    Luis Herrera

    Esto significa que los bienes afectados a la quiebra «no son de Herrera, son de la quiebra», agregó uno de los letrados que representa a uno de los damnificados. Según el abogado, hay jurisprudencia de sobra donde la quiebra tiene preponderancia sobre los bienes por encima de cualquier otro requerimiento judicial.

     Todos estos delitos son de una gravedad extraordinaria que significaría un pésimo mensaje a la sociedad que se resuelva con un abreviado que los deje en libertad y que en un año puedan disfrutar de los millones choreados 

    «Del listado de bienes surge que más del 95% del universo patrimonial ofrecido corresponde a Luis Alberto Herrera, incluyendo inmuebles, vehículos, embarcación, acciones societarias, dividendos, fondos bancarios y armamento. Dichos bienes constituyen el núcleo sustancial de la supuesta capacidad reparadora», señaló una abogada al tanto del expediente que habló con este medio y subrayó que «los bienes pertenecientes a Ignacio Luis Herrera y Diego Francisco Herrera se reducen a un número muy acotado de inmuebles, un 50% indiviso en uno de ellos y dos vehículos, configurando un universo patrimonial marginal dentro del esquema propuesto».

     Algunos damnificados cuestionaron que el Ministerio Público de la Acusación haya validado a deudores que habían hecho depósitos en negro sin ninguna discriminación con aquellos inversores que tenían depósitos declarados y que tributaban impuestos. 

    En definitiva, «son dos mangos», ilustró un abogado querellante sobre el patrimonio que deberá repartirse entre los damnificados. Además, algunos damnificados cuestionaron que el Ministerio Público de la Acusación haya validado a deudores que habían hecho depósitos en negro sin ninguna discriminación con aquellos inversores que tenían depósitos declarados y que tributaban impuestos.

     [Cómo se instrumentó la descomunal estafa del Madoff de Rosario]

    Lo cierto es que el tema amenaza con disparar un conflicto judicial de dimensiones: «hacer un abreviado con el caso Herrera es como haber hecho un abreviado con Alvarado (narco) o con la muerte de Kennedy», consideró un funcionario judicial de la provincia en diálogo con LPO.

    Es que el caso es asimilable al de Vicentín por la cantidad de estafados y por los montos sospechados de haber sido desviados a cuentas off shore que siguen controlando los Herreras, dicen los ahorristas. De hecho, el abreviado significa que se declaran culpable de los delitos que se los acusa.

     A Luis Herrera y a dos de sus hijos, Ignacio Luis y diego Francisco, se los señala como responsables de un plan fraudulento en el que acumularon delitos en un listado escalofriante en el que se los acusa de asociación ilícita, administración fraudulenta en 554 hechos, estafa en 26 casos, quiebra fraudulenta y lavado de activos de origen lícito todo en concurso real. 

    A Luis Herrera y a dos de sus hijos, Ignacio Luis y diego Francisco, se los señala como responsables de un plan fraudulento en el que acumularon delitos en un listado escalofriante en el que se los acusa de asociación ilícita, administración fraudulenta en 554 hechos, estafa en 26 casos, quiebra fraudulenta y lavado de activos de origen lícito todo en concurso real.

    «Todos estos delitos son de una gravedad extraordinaria que significaría un pésimo mensaje a la sociedad que se resuelva con un abreviado que los deje en libertad y que en un año puedan disfrutar de los millones choreados», dijo uno de los afectados que pidió preservar su nombre.

    A su turno, el abogado Mariano Ramos, que representa a algunos ahorristas insistió en diálogo con LPO que «Herrera y sus hijos siguen mintiendo porque hasta hace pocas semanas repetían a sus clientes que la plata estaba y que no la podían traer al país por culpa de la persecución de los fiscales y ahora resulta que se esfumó», dijo.

    Lo cierto es que los damnificados dijeron a LPO que «la familia Herrera sigue viviendo a lo grande. Nadie sabe de qué trabajan los otros hijos pero tienen gastos millonarios en tarjetas de crédito. Aca en Rosario podés estafar a medio mundo y después andar como si nada por Alberdi», dijo a LPO un ahorrista indignado.

     

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