Luego de hacer su bajada por el Sendero de la Capilla y, repartir caramelos para todos los presentes, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron trasladados al Anfiteatro “Cono Randazzo” por los Bomberos Voluntarios en su autobomba. Allí los esperaban miles de niños, con toda la ilusión que genera, esperando por los sorteos y los espectáculos que se presentaron.
Distintos personajes del grupo “Todos Somos Uno” animaron a los más pequeños que bailaron y se sacaron fotos con ellos. Además, se presentó el Mago José que desplegó sus trucos ante la mirada atenta de niños y adultos. Entre cada presentación se sortearon regalos entre los presentes con los números que se entregaron en la entrada del predio.
Con un gran trabajo de toda la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina, el evento se extendió hasta pasada la medianoche cuando todos los que asistieron se retiraron a sus hogares después de haber vivido una noche a pura emoción.
Les presentamos la ZONA 2 de los Premios Digitales Deportivos ETAPAS 2022. El formato de esta segunda edición comprende dos zonas de 10 deportistas, que una vez finalizada la votación se re ordenarán los 20 deportistas por cantidad de votos recibidos y los 8 con más votos pasarán a la instancia FINAL con el mismo…
Durante sábado y domingo la Feria ReEmprender acompañará la décima edición del ‘Pedaleando por un sueño’. Artesanos y emprendedores se harán presentes durante ambas jornadas a partir de las 16 horas en la plaza Primeros Pobladores. Difunde esta nota
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó finalmente este domingo la ley sancionada que establece que las elecciones generales se realizarán el 6 de septiembre próximo, después de que el parlamento con mayoría opositora advirtiera que lo haría si la mandataria se negaba. Áñez sostuvo que “nunca” tuvo interés en prorrogar su gestión. “De…
Mientras todos seguimos «entretenidos» con las propiedades de Adorni, el gobierno se sigue llevando puesto al Estado y continúa su avance sobre bienes estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno dio un nuevo paso en su política de achicamiento estatal con la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que habilita el avance en la venta de activos estratégicos vinculados a ENARSA, la empresa energética estatal. La medida, que pasa casi desapercibida en la agenda mediática, constituye en los hechos un nuevo capítulo en el proceso de privatización de áreas clave del sistema energético argentino.
Lejos de tratarse de un movimiento aislado, la decisión se inscribe en una lógica más amplia: la retirada progresiva del Estado de sectores estratégicos, bajo el argumento de eficiencia y reducción del gasto. En este caso, el foco está puesto en la participación accionaria vinculada a la transmisión eléctrica, un área sensible que impacta directamente en la distribución y el costo de la energía.
Energía en venta, soberanía en retroceso
La resolución del Ministerio de Economía habilita la venta de acciones que ENARSA posee en el entramado energético, avanzando así sobre uno de los últimos bastiones de presencia estatal en el sector. No es un dato menor: la energía no es un mercado cualquiera, sino un insumo básico que condiciona el desarrollo productivo, el precio de los alimentos y la vida cotidiana de millones de argentinos.
La decisión de desprenderse de estos activos se produce en un contexto de fuerte presión sobre tarifas y con un esquema económico que ya trasladó costos al bolsillo de los usuarios. En ese marco, la privatización no aparece como una política neutral, sino como una transferencia de poder económico hacia actores privados, en detrimento del control público.
El relato del ajuste y la realidad del vaciamiento
Mientras Milei insiste con su discurso contra “la casta” y el gasto político, las medidas concretas revelan otra dinámica: no se trata solo de reducir el Estado, sino de redefinir quién se queda con lo que el Estado deja. La venta de activos energéticos no elimina el negocio: lo cambia de manos.
Este tipo de decisiones reaviva un debate histórico en la Argentina. Las privatizaciones de los años noventa dejaron un saldo conocido: pérdida de control estratégico, deterioro de servicios en algunos casos y una dependencia creciente de empresas con lógica de rentabilidad antes que de servicio público. El antecedente está sobre la mesa, pero el Gobierno avanza en la misma dirección.
Un modelo que prioriza el mercado por sobre el interés público
El avance sobre ENARSA confirma el rumbo de la política económica: menos Estado en áreas clave y mayor protagonismo del sector privado, incluso en ámbitos donde la intervención estatal resulta fundamental para garantizar equidad y planificación a largo plazo.
La discusión de fondo no es técnica sino política. ¿Debe el Estado retirarse de la energía? ¿Quién regula cuando el mercado concentra poder? ¿Qué pasa con las tarifas cuando el objetivo central es la rentabilidad? Son preguntas que la resolución no responde, pero que quedan abiertas mientras se ejecuta el proceso.
En paralelo, el ajuste fiscal continúa impactando sobre salarios, jubilaciones y políticas sociales. En ese contexto, la venta de activos públicos aparece como una pieza más de un esquema que combina recorte, transferencia de recursos y reconfiguración del rol estatal.
Lo que está en juego no es solo una empresa, sino una concepción de país. Y en ese tablero, la decisión de avanzar sobre ENARSA marca con claridad el sentido del proyecto en marcha.
Axel Kicillof participará el martes de una audiencia en la Corte Suprema que deberá decidir por el recorte de fondos a la provincia de Buenos Aires. Fuentes de Casa de gobierno confirmaron que el propio gobernador estará presente en el segundo encuentro con funcionarios del gobierno de Milei en medio de la pelea por más de 2 billones de pesos.
El primer encuentro ocurrió a mediados de marzo. En esa audiencia, los representantes de la Corte le preguntaron al Estado nacional si tenía algún ofrecimiento para hacer y respondieron que no contaban con datos suficientes para estimar las supuestas transferencias adeudadas.
La provincia de Buenos Aires, es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a Nación. Por lo que el Estado Nacional debe compensar los déficits. Eso se realiza a través de un sistema de simulaciones y auditorias que debe hacer el Estado Nacional sobre las cuentas provinciales.
En La Plata aseguran que vienen enviando toda la documentación sin demoras. Sin embargo, desde el primer día de enero de 2024 dejaron de recibir las transferencias.
Los argumentos que plantearon los representantes de la ANSES en la audiencia con la provincia fueron que no estaban terminadas las auditorías sobre la provincia. Los enviados por Kicillof dijeron que todo estaba presentado en tiempo y forma, pero dejaron en claro que estaban dispuestos a volver a enviar toda la documentación. En función de eso, la Corte convocó a una nueva audiencia para el 21 de abril.
La convocatoria a la audiencia está a cargo de la secretaría de Juicios Originarios que controla Alejandro Daniel Rodríguez. Allí se presentaron por parte de la provincia Pablo López (Economía), Hernán Gómez (Fiscal de Estado), Santiago Pérez Teruel (asesor General de Gobierno) y Marina Moretti (IPS). En tanto, en representación de la ANSES asistió su secretario Legal y Técnico, Andrés María Gutiérrez.
Según la demanda del gobierno bonaerense, las deudas corresponden a anticipos recibidos y adeudados por la Nación; actualización de los anticipos 2023 (se recibieron con base 2018); fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020) y diferencias entre el déficit de caja no transferida y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Días atrás, el gobierno de Kicillof presentó su octava demanda ante la Corte. En este caso reclama más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.
Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.
El consenso fiscal se firmó durante el macrismo y contempló un acercamiento entre el gobierno nacional y las provincias para determinar acuerdos en materia tributaria y de coparticipación. Por ejemplo, contemplaba la baja de impuestos como Ingresos Brutos, al tiempo que especificaba sobre la adecuación de normas jubilatorias y la cobertura del déficit de las cajas previsionales.
El resto de las presentaciones ante el Máximo Tribunal tienen que ver con el recorte del Fondo de Seguridad; el Fondo compensador al Transporte, el boleto integrado, el Fondo de Incentivo Docente (FONID), el Fondo para bosques nativos y la posibilidad de cobrar tributos locales en los servicios de gas.
El Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y el Director de Deportes Damián Álvarez recibieron a Miguel González, representante del gremio SUGARA que nuclea a los guardavidas en el país. En la oportunidad el referente sindical hizo entrega a la Municipalidad de handies y cuellos ortopédicos para la prestación del servicio durante la temporada. Cabe destacar…
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