Luego de hacer su bajada por el Sendero de la Capilla y, repartir caramelos para todos los presentes, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron trasladados al Anfiteatro “Cono Randazzo” por los Bomberos Voluntarios en su autobomba. Allí los esperaban miles de niños, con toda la ilusión que genera, esperando por los sorteos y los espectáculos que se presentaron.
Distintos personajes del grupo “Todos Somos Uno” animaron a los más pequeños que bailaron y se sacaron fotos con ellos. Además, se presentó el Mago José que desplegó sus trucos ante la mirada atenta de niños y adultos. Entre cada presentación se sortearon regalos entre los presentes con los números que se entregaron en la entrada del predio.
Con un gran trabajo de toda la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina, el evento se extendió hasta pasada la medianoche cuando todos los que asistieron se retiraron a sus hogares después de haber vivido una noche a pura emoción.
El equipo económico quiere usar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para mover la economía. La implementación de la idea es incipiente, pero ya abrió otro conflicto en el gabinete: la ministra Sandra Pettovello que tomó el control del organismo, enfrenta cuestionamientos.
«Hay ruido con la Anses, hay ruido con Pettovello», reconoció un diputado libertario al tanto de las discusiones del equipo económico, que como reveló LPO, está preocupado por reactivar la economía.
El razonamiento es pragmático. Sin margen fiscal y con un mercado financiero todavía chico, el FGS aparece como uno de los pocos lugares con volumen para mover la economía real., por ejemplo, con créditos a tasas subsidiadas.
No sería la primera vez. La idea con aroma kirchnerista tiene antecedentes que van desde la Tarjeta Argenta de 2012 para jubilados, hasta su reconversión en préstamos en efectivo en 2017, cuando el dinero empezó a acreditarse en cuentas bancarias. Después vinieron los Créditos Anses, con montos más altos y plazos más largos. La pandemia frenó ese circuito y recién en 2021 se reactivó de forma más acotada.
El punto de quiebre fue 2023. En plena campaña, bajo la conducción de Sergio Massa, el crédito desde Anses se expandió de manera masiva. Se ampliaron montos, se bajaron tasas y se incorporaron trabajadores formales con líneas específicas. Los préstamos llegaron hasta un millón de pesos para asalariados y 600 mil para jubilados. Fue una política explícita de estímulo al consumo en clave electoral. Ese movimiento quedó instalado como parte del llamado «plan platita».
En plena campaña, bajo la conducción de Sergio Massa, el crédito desde Anses se expandió de manera masiva. Se ampliaron montos, se bajaron tasas y se incorporaron trabajadores formales con líneas específicas. Fue una política explícita de estímulo al consumo en clave electoral. Ese movimiento quedó instalado como parte del llamado «plan platita».
Ese antecedente explica por qué hoy todas las miradas apuntan a Sandra Pettovello. Bajo su órbita quedó la Anses que dirige Guillermo Arancibia, un técnico serio pero con margen acotado. Pettovello le restringió la comunicación con la prensa y supervisa cada una de sus decisiones.
Ahí aparece la tensión. La ministra tiene la llave del FGS. El recuerdo del uso electoral de esa herramienta pesa. En el oficialismo saben que abrir esa caja implica moverse en un terreno incómodo, donde la necesidad económica choca con el relato político.
Entre las opciones también se analiza utilizar parte de los fondos del FGS para dar créditos hipotecarios, una manera de mover la construcción, hoy entre los sectores hundidos. Pero hay un problema legal. El Decreto 1039 modificó la ley previsional y le quitó al FGS la posibilidad de otorgar préstamos directos. Se eliminaron los incisos que habilitaban invertir en hipotecas y financiar beneficiarios. También se cerró la puerta a créditos subsidiados. El argumento oficial fue preservar la rentabilidad del fondo y dejar el crédito en manos del sector privado.
El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para que la Anses financie la deuda de las familias.
Esa restricción obliga a buscar alternativas. Una de las que circula es el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas del diputado peronista Guillermo Michel. El proyecto plantea usar el FGS para refinanciar deudas de tarjetas y prestamistas. Habla de préstamos de hasta 1,5 millones de pesos, con cuotas atadas a la tasa Tamar y un límite del 30% del ingreso. Convertir el proyecto en ley habilitaría a usar al FGS para aliviar la situación de mora de las familias y liberar capacidad de consumo.
Mientras tanto, la actual conducción de la Anses tomó un camino distinto, que incluso contradice el relato libertario. Mientras el discurso oficial planteaba reducir la presencia estatal en empresas, los números muestran lo contrario. El FGS aumentó su participación en varias compañías, en algunos casos mas que duplicando su posición, como reveló la periodista Florencia Donovan en su columna de este sábado en La Nación.
Los datos surgen de las presentaciones de las empresas que cotizan en Wall Street. Galicia informó que la Anses pasó de tener el 16,8% a 22,5% del grupo. La participación estatal en Loma Negra saltó de 5,33% a 9,2%. TGS pasó de 24% a 25,33%. En YPF la tenencia de acciones paso del 1,46% a 8% del paquete que está en manos del mercado. En Banco Macro avanzó de 28,8% a 29,75%. Y en Byma trepó de 3,34% a 8%.
En el mercado, esa dinámica se lee con doble lente. Por un lado, algunos operadores destacan que el FGS está comprando acciones a precios que consideran bajos. Una señal alcista para el Merval. Por otro, advierten un riesgo político: las empresas buscan recomprar esas participaciones para evitar que, en un eventual cambio de signo político, el Estado gane influencia en sus directorios. «Señal mixta», apuntó a LPO un analista del mercado, «bullish por valuaciones, más ruido por gobernanza» completó.
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La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.
La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.
La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno
El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.
Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.
Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.
Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”
La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.
Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.
Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.
La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.
Comunicación, soberanía y mercado
El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.
La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.
Ahí reside el núcleo político del asunto.
Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.
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