Luego de hacer su bajada por el Sendero de la Capilla y, repartir caramelos para todos los presentes, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron trasladados al Anfiteatro “Cono Randazzo” por los Bomberos Voluntarios en su autobomba. Allí los esperaban miles de niños, con toda la ilusión que genera, esperando por los sorteos y los espectáculos que se presentaron.
Distintos personajes del grupo “Todos Somos Uno” animaron a los más pequeños que bailaron y se sacaron fotos con ellos. Además, se presentó el Mago José que desplegó sus trucos ante la mirada atenta de niños y adultos. Entre cada presentación se sortearon regalos entre los presentes con los números que se entregaron en la entrada del predio.
Con un gran trabajo de toda la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina, el evento se extendió hasta pasada la medianoche cuando todos los que asistieron se retiraron a sus hogares después de haber vivido una noche a pura emoción.
Manuel Adorni sigue demorando la presentación de su declaración jurada y en el gobierno ahora lo apuran para que explique su crecimiento patrimonial antes de que arranque el Mundial.
El jefe de gabinete sigue dilatando la presentación pese a que el propio Javier Milei anunció en los medios hace tres semanas que era inminente la aparición del documento.
LPO anticipó que Adorni teme que aparezca otro constructor o contratista como Matías Tabar que lo embarre con más gastos siderales en las propiedades que adquirió una vez que llegó a la función pública y por eso esperaba que el fiscal Gerardo Pollicita termine la ronda de testigos que llamó a declarar en la causa que instruye por enriquecimiento ilícito.
Pero Pollicita se pidió licencia y su puesto es subrogado por alrededor de una semana y media por el fiscal Franco Picardi. En el gobierno interpretan que la causa no terminará hasta la vuelta de Pollicita, que podría llamar a declarar al funcionario y eventualmente procesarlo.
Las presiones para que presente la DDJJ provienen de varios sectores del oficialismo. Quienes hicieron públicas esas presiones fueron los senadores Patricia Bullrich, Luis Juez y Francisco Paoltroni. Además, la vicepresidenta Victoria Villarruel dijo que «todos estamos esperando que Adorni presente la declaración jurada».
En la Rosada filtraron en un principio que Adorni entregaría los papeles a la Oficina Anticorrupción a fines de esta semana o a más tardar el lunes primero de junio. Pero ahora, no quieren dar por cerrada una fecha y se siguen estirando los plazos, pese a que cada día que pasa, la palabra de Milei queda aún más en offisde. La única fecha concreta es el 31 de julio, el plazo límite que otorgó la Oficina Anticorrupción, que extendió el deadline original del 31 de mayo para coincidir con los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales.
«La va a presentar en el momento en el que no le demos el gusto a Bullrich o a Villarruel», desafió ante LPO una encumbrada fuente de Casa Rosada.
El problema político para Milei es que la discusión por la Hidrovía empieza a parecerse demasiado a las viejas estructuras de poder que prometía erradicar.
Por Tomás Palazzo para NLI
La caída de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay dejó algo más grave que un fracaso administrativo. Lo que empezó como una discusión técnica sobre dragado y navegación terminó exponiendo una feroz interna empresaria, operadores históricos del negocio marítimo y vínculos incómodos para un Gobierno que llegó prometiendo terminar con “la casta”.
La llamada Vía Navegable Troncal no es un contrato más. Por allí circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas, especialmente granos, aceites y derivados agroindustriales. El control del sistema implica manejar peajes millonarios, logística estratégica y una enorme capacidad de influencia sobre el comercio exterior argentino.
Por eso la pelea alrededor de la Hidrovía nunca fue solamente técnica.
El rol de Juan Manuel Ondarcuhu y Emilio Elías
En el centro de las versiones que circulan en el sector marítimo aparece el nombre de Juan Manuel Ondarcuhu, ligado al grupo naviero Maruba, una de las empresas históricas del transporte fluvial argentino.
Ondarcuhu es un actor conocido dentro del mundo portuario y marítimo. Su nombre empezó a sonar con más fuerza alrededor de la discusión por la Hidrovía debido a presuntos movimientos de lobby y articulación empresarial vinculados a la futura concesión del corredor fluvial.
Junto a él aparece mencionado Emilio Elías, señalado por distintos actores del sector como otro de los operadores con influencia dentro de las negociaciones informales que rodearon el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno.
La importancia política del tema radica justamente ahí: la discusión sobre la Hidrovía empieza a mostrar la presencia de los mismos grupos empresarios y operadores históricos que desde hace décadas orbitan alrededor de los grandes negocios del Estado.
Una licitación envuelta en sospechas
La administración de Milei había presentado la nueva licitación como una demostración de transparencia y apertura al sector privado. Sin embargo, el proceso terminó convertido en un problema político.
La licitación fue anulada luego de que sólo quedara una oferente formal, la empresa belga DEME. A partir de ahí comenzaron las acusaciones cruzadas, las denuncias de presiones empresariales y las sospechas sobre posibles intentos de direccionamiento de los pliegos.
Dentro del sector naviero aseguran que detrás de la caída del proceso existió una guerra silenciosa entre grupos económicos con intereses en el control del negocio portuario y del dragado.
Y es ahí donde empiezan a aparecer los nombres de operadores, estudios jurídicos, empresarios marítimos y compañías vinculadas históricamente al comercio exterior argentino.
Mucho más que barcos
La Hidrovía concentra uno de los negocios estratégicos más importantes de la región. No se trata solamente de barcos circulando por el Paraná.
Lo que está en juego incluye: peajes multimillonarios, control logístico, acceso privilegiado a información comercial, influencia sobre puertos privados y capacidad de presión sobre buena parte del ingreso de dólares al país.
Por eso cada movimiento alrededor de la concesión genera tensión política y económica.
En despachos oficiales y empresas del sector existe preocupación por la posibilidad de que comiencen a trascender reuniones reservadas, gestiones privadas y contactos informales vinculados al armado de la licitación.
Si el expediente escala judicialmente, la situación podría transformarse en uno de los mayores dolores de cabeza para el Gobierno.
El choque entre el discurso anticasta y los viejos operadores
El problema político para Milei es evidente.
Mientras el oficialismo construyó su identidad alrededor del combate contra “la casta”, la discusión por la Hidrovía muestra la persistencia de estructuras empresariales tradicionales con fuerte capacidad de influencia sobre áreas estratégicas del Estado.
La aparición de nombres ligados históricamente al negocio marítimo y portuario alimenta además la sensación de que detrás del relato libertario siguen operando viejos mecanismos de poder económico.
La pelea por la Hidrovía expone justamente eso: una disputa feroz entre sectores empresarios por el control de una de las cajas más importantes de la Argentina.
Y en ese tablero, nombres como Juan Manuel Ondarcuhu, Emilio Elías, Maruba y los grupos vinculados al negocio portuario empiezan a quedar cada vez más cerca del centro de la escena política.
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El llaryorismo decidió apuntar todos los dardos a la compleja situación que atraviesa Marcos Carasso, el radical que en el 2023 fue compañero de fórmula y candidato a vicegobernador de Luis Juez. En aquel momento, Carasso era, además, el presidente de la UCR cordobesa; situación por la que el senador aliado de Javier Milei lo eligió para completar el binomio y tratar de contar con la totalidad del respaldo radical. Algo que tampoco ocurrió.
Ahora, a casi tres años de aquellos comicios, el panorama para Carasso se complicó porque fue imputado en una causa en la que se investiga sobrefacturación en Pami. Motivo por el que fue allanado la semana pasada en su domicilio particular, en la localidad de General Cabrera, como así también en las oficinas que ocupa en la capital cordobesa en el Tribunal de Cuentas, el organismo que controla el juecismo. Y desde el que incomoda y presiona la gestión de Llaryora.
Por esto, en las últimas horas Carasso terminó imputado por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa. En una maniobra en la que se investiga asociación ilícita y defraudación al Estado por casi 1400 millones de pesos en la obra social nacional.
De acuerdo con lo que se desprende de la investigación, el radical, que es licenciado en Kinesiología podría estar vinculado a una empresa de servicios médicos en General Cabrera, localidad de la que también fue intendente, que proveía prestaciones a Pami. Y es ahí adonde apunta la investigación de la Justicia federal.
La situación es curiosa por distintos motivos. Entre ellos, porque hace algunas semanas, cuando los intendentes reclamaron a la Nación por el envío de los fondos adeudados de Pami, el libreto libertario, los socios de Juez, fue: «que se dejen auditar». Auditoría que, en el caso de Carasso, se vuelve en contra.
No sólo porque Carasso fue candidato a vice de Juez, sino porque el propio senador le dio trabajo dentro del Tribunal de Cuentas con un sueldo que roza los cuatro millones de pesos.
Por esta situación, cuando esta mañana Rodrigo de Loredo fue consultado en una entrevista con La Voz dijo: «por eso, pregúntenle a Juez». Y se despegó de inmediato de Carasso, con quien nunca tuvo una buena relación.
No obstante, en el llaryorismo fueron por un paso más. Presentaron un pedido de informes en la Unicameral que fue impulsado por el jefe del bloque del oficialismo y presidente del PJ, Facundo Torres. «Hace apenas unos días vimos a dirigentes de la oposición hacer carancheo político incluso en medio de una situación dolorosa que conmocionó a toda la provincia. No faltó nada: conferencias de prensa, declaraciones, videos para redes, fotos, pedidos de jury y una carrera por llegar primero al micrófono», dijo Torres.
Y agregó que «sin embargo, cuando la situación involucra al radical Marcos Carasso, ex diputado nacional, ex candidato a vicegobernador de Luis Juez e integrante de la lista que nucleó en su momento a la absoluta mayoría de quienes hoy integran la oposición en la Legislatura, el silencio parece imponerse de golpe».
En el peronismo dicen que Carasso fue candidatos de la gran mayoría de la oposición -radicalismo, juecismo, un sector del PRO y también de un neolibertario-, con lo cual deberían responder por la situación del radical oriundo del sur provincial.
La causa en la que se investiga al radical tuvo su primer impacto hace unos días, pero puede ser mayor el golpe en los próximos días. Porque en el pedido de informes, el peronismo sumó el nombre de Claudio Suchecki, el cuñado de Juez y hombre que se desempeñó en distintos cargos dentro del Estado en los que el juecismo tuvo injerencia.
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