Luego de hacer su bajada por el Sendero de la Capilla y, repartir caramelos para todos los presentes, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron trasladados al Anfiteatro “Cono Randazzo” por los Bomberos Voluntarios en su autobomba. Allí los esperaban miles de niños, con toda la ilusión que genera, esperando por los sorteos y los espectáculos que se presentaron.
Distintos personajes del grupo “Todos Somos Uno” animaron a los más pequeños que bailaron y se sacaron fotos con ellos. Además, se presentó el Mago José que desplegó sus trucos ante la mirada atenta de niños y adultos. Entre cada presentación se sortearon regalos entre los presentes con los números que se entregaron en la entrada del predio.
Con un gran trabajo de toda la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina, el evento se extendió hasta pasada la medianoche cuando todos los que asistieron se retiraron a sus hogares después de haber vivido una noche a pura emoción.
Visitamos el cuartel de Bomberos Voluntarios Antonio Pirri de Villa Regina para entrevistar a su Jefe Fabian Bustos, a causa de la llamativa cantidad de incendios que se dan en la temporada de verano. Sin embargo, en una charla muy amena logramos no sólo indagar sobre el por qué de los 89 siniestros del mes…
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En la campaña electoral de 2023, los gritos vehementes de Javier Milei denunciando el “zurdaje comunista” generaron incredulidad y hasta risas. ¿A quién le hablaba?, ¿a quién convocaba con ese discurso antiguo? pensamos muchos. Un asombro similar produjeron las declaraciones de Donald Trump, que en 2019 denunció el “Green New Deal” (la propuesta de un nuevo acuerdo ecologista) como “un Caballo de Troya para el socialismo en Estados Unidos”. Más lejano aun pudo parecer el lema “Comunismo o libertad” usado en la campaña electoral de 2021 por Isabel Díaz Ayuso, la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid. Y desde luego, está el caso de Jair Bolsonaro, uno de los pioneros en reavivar la tradición anticomunista. Hasta hace poco tiempo, en su dispersión y heterogeneidad estas menciones podían parecer trasnochadas o anacrónicas, dada la desaparición del horizonte del comunismo soviético. Sin embargo, esos candidatos han llegado al poder. Entonces: ¿trasnochados ellos o ingenuos nosotros?
Estos líderes forman parte de una lista más larga de quienes, con mayor o menor vehemencia, reclaman contra la conspiración comunista, socialista o colectivista que aqueja al mundo. De la ecología a las políticas de género, de los impuestos al cuidado humanitario de inmigrantes, o la educación sexual, hoy muchas de las causas y valores de la renovación de la cultura democrática de las últimas décadas han sido tachados de comunistas, como un avance totalitario y opresor. En el caso de los sectores ultraliberales, la educación y la salud públicas –y todas las políticas redistributivas o progresivas– son consideradas nuevas formas de comunismo. Así, la gran familia de las nuevas derechas parece estar viviendo otra vez la Guerra Fría, más cerca del delirio paranoide que de algún enfrentamiento real con opciones anticapitalistas.
¿Anacrónico?
El primer dato a considerar es que el anticomunismo de estos líderes no es una novedad; tiene una larga historia de persecución política y pensamiento conspirativo que atraviesa todo el siglo XX de Occidente y que se remonta incluso a décadas anteriores a la Guerra Fría, al menos hasta la Revolución Rusa de 1917. Lo mismo sucede con la historia de estas derechas: la novedad que representan tiene profundas raíces en la historia del conservadurismo y el nacionalismo de cada país y a escala global (1). Por tanto, el anticomunismo es tan antiguo como la historia de las derechas que hoy tratamos de entender. Pero esto no significa que el fenómeno actual sea la mera continuidad de ese pasado o que pueda pensarse como la simple reverberación del fascismo de entreguerras. Hay en las derechas radicales una novedad indiscutible en la manera en que disputan sus intereses bajo el juego político de la democracia liberal, al mismo tiempo que la socavan por dentro, tal como han señalado agudos observadores (2). ¿Cuál es la novedad de su anticomunismo? ¿Por qué y para qué movilizar imaginarios en apariencia old fashioned, especialmente para las jóvenes generaciones a las que se dirigen?
Se suele decir que el anticomunismo es un discurso anacrónico, en un mundo donde, desde la caída del Muro de Berlín (1989) y la disolución de la Unión Soviética (1991) el comunismo no existe más como opción política. Por esa razón, el componente antimarxista de las nuevas derechas suele ser relegado como un dato más de una retórica florida. Esta perspectiva tiende a descartar el problema, considerando como una mera estrategia discursiva al elemento ideológico que organizó buena parte del conflicto político del siglo XX. La dificultad reside en entender “comunismo” en términos geopolíticos literales, como si solo se refiriese al mundo soviético, a los partidos comunistas en Occidente o a la defensa de un modelo anticapitalista. Y tal vez ese no sea el ángulo más productivo para pensar el problema. La pregunta es, más bien, otra: ¿qué están diciendo cuando dicen “comunismo”, y qué potencial político tiene hoy volver a movilizar este término?
Feminismo, género, diversidades sexuales, raciales o religiosas, educación sexual, cambio climático, migraciones, islamismo, redistribución del ingreso, protección de las minorías y de los sectores sociales más vulnerables… La lista de ideas, proyectos o sujetos tachados de “marxismo cultural” o “socialismo” –según las declinaciones de cada profeta– muestran, de una punta a la otra del mapa global, que “comunismo” designa hoy los valores del llamado mundo “progresista” de las últimas décadas (“woke”, en su versión despectiva). En otros términos, el anticomunismo es una declinación a la antigua del actual antiprogresismo, con la diferencia de que hoy la disputa se produce dentro del capitalismo y con variaciones muy relativas. Sin embargo, en esas variaciones relativas, que parecen marginales dentro del capitalismo, se juega la vida de millones de personas. Al apelar a la potencia simbólica del término “marxista” o “comunista”, los líderes de derecha buscan recuperar la fuerza mayor de ese combate en el Occidente liberal (de todas maneras, la evocación no es igual en todos, y de hecho algunos líderes, como Marine Le Pen o Giorgia Meloni, no recurren tanto a la batería discursiva anticomunista). En cualquier caso, todos defienden el mismo sentido antiprogresista que los vehementes antimarxistas Santiago Abascal o Javier Milei.
Antiprogresismo
El segundo dato clave –ya muy conocido– es que el antiprogresismo es hoy el centro de la batalla cultural de las nuevas derechas globales, que en cada país adquiere sus propios contornos –antiperonista y ultraliberal en Argentina, islamobófico y antimigratorio en Europa o Estados Unidos–. Esa guerra cultural de la “internacional reaccionaria” parte del supuesto de que la izquierda, a pesar de su fracaso en la construcción del socialismo, se impuso en el terreno cultural. La verdadera lucha debería apuntar, para las fuerzas conservadoras, a la hegemonía del progresismo que destruye la sociedad occidental con su pensamiento “políticamente correcto” (3). Por eso mismo, se presentan como la rebelión contra un sistema que suponen conquistado y dominado por el progresismo y la izquierda. Por muy anacrónico que parezca, el anticomunismo es coherente y está en el corazón del proyecto ideológico de las nuevas derechas.
El anticomunismo propone respuestas fáciles en un mundo atravesado por miedos, incertidumbres y sentimientos de disolución social.
Una mención aparte merece el combate contra el feminismo y la “ideología de género”, combate que va más allá de sus élites dirigentes. ¿Por qué el feminismo y la diversidad sexual están en el centro de la disputa y de la denuncia anticomunista sobre el “marxismo cultural”? En la actual configuración de las democracias liberales, pocas cosas –o casi ninguna– representan una amenaza real al orden social. Sin embargo, el feminismo, en su impugnación antipatriarcal (que incluye el cuestionamiento del orden heterosexual como norma), conserva un poder subversivo y antisistema que no tiene ningún otro factor del progresismo actual (independientemente de las corrientes dentro del feminismo). Así, estas derechas, que se proclaman antisistema, luchan en realidad por la preservación de un orden social blanco, masculino y colonial que sienten socavado. Tal como lo hacía el anticomunismo del pasado, que veía el orden occidental en peligro e imaginaba conspiraciones paranoicas de la Casa Blanca a la Casa Rosada, de los hippies a las guerrillas, de las minifaldas al peronismo. Es aquí, en la lucha por la preservación del sistema, donde la impugnación de “marxista” o “comunista” aplicada al feminismo encuentra todas sus resonancias pasadas.
Si bien la batalla cultural antiprogresista unifica a las nuevas derechas radicales, sus diferencias no son menores, especialmente en cuestiones como la economía y el nacionalismo. Estas variaciones indican, también, que el florecimiento de fuerzas radicales de derecha debe ser explicado en función de procesos y tradiciones locales –y no meramente como una “ola global”–. Es aquí donde el anticomunismo de Milei adquiere su rasgo distintivo: no se trata de la impugnación de las agendas culturales del progresismo biempensante, sino de la destrucción de todo resabio de políticas orientadas a las grandes mayorías sociales entendidas como formas de estatismo y colectivismo. Se trata de la gestión desnuda en favor de los intereses del tecno-capitalismo concentrado internacional. Con ello, el neoliberalismo argentino –en la versión iracunda de Milei– retoma una larga tradición de nuestras derechas. Basta con evocar la última dictadura para constatar que las derechas fueron tan anticomunistas como neoliberales y autoritarias, y que su principal oponente fueron las políticas estatistas, keynesianas y redistributivas, en general asociadas al peronismo y al kirchnerismo. Desde luego, esto parece dejar a Milei lejos del proteccionismo de Trump, pero muy cerca de la defensa compartida del tecno-capitalismo. En todo caso, el anticomunismo neoliberal de Milei se alinea cómodamente con el de Bolsonaro o José Kast.
Dentro de estas variaciones nacionales, algunos argumentos de orden geopolítico explican los tópicos anticomunistas de manera más concreta, sin los efectos anacrónicos que parecen tener en boca de líderes como Milei. El caso más claro es Trump y su batalla por la supervivencia del poder imperial estadounidense frente a China. Ello le permite, sin excesivos retorcimientos históricos, identificar su enemigo en el “comunismo oriental”. De la misma manera, su electorado de origen latino vota entusiasta la condena a la “troika de la tiranía”, tal como la llamó su Consejero de Seguridad Nacional en 2018, John Bolton, a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por la misma razón estratégica pero en sentido inverso, en Hungría Viktor Orban dejó de lado su discurso anticomunista –que asociaba la Rusia de hoy con la Unión Soviética– para pasar a una cercanía más pragmática con Vladimir Putin.
Significante vacío
Volvamos a nuestras preguntas de partida: ¿por qué y para qué movilizar el imaginario anticomunista? Si, una vez más, dejamos de pensar el comunismo en términos literales, surge un último elemento clave: el potencial político-simbólico del discurso anticomunista en su larga historia. Con mayor o menor pregnancia según los países, “comunista” ha funcionado también como un potente significante vacío negativo, capaz de ser llenado con los más diversos contenidos y sujetos, como un otro absoluto, peligroso y amenazante. Tanto es así que Alice Weidel, la dirigente de la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD), puede permitirse decir que Adolf Hitler era un “comunista”.
La noción de significante vacío es particularmente útil para entender el peso del anticomunismo en Argentina, donde –salvo algunos momentos– no ha habido fuerzas de izquierda importantes, a diferencia de países como Brasil o Chile, donde el comunismo evoca miedos históricos bien reales. En Argentina “comunista” es, entonces, un sentido a ser llenado, que sirve para polarizar y designar un otro peligroso que pone en riesgo “nuestro” orden social y moral, nuestra comunidad. Es, por ello, un enemigo absoluto que debe ser eliminado (4). En la historia argentina, la denuncia del “peligro rojo” ha servido para generar miedos sociales y justificar la persecución de trabajadores, partidos de izquierda, peronistas y antiperonistas, mujeres, jóvenes, gays o artistas “transgresores”, cuyas prácticas, ideas o deseos parecían hacer tambalear el orden occidental y cristiano. Movilizado con fines instrumentales o con auténtica convicción ideológica, “comunista” o “marxista” ha funcionado en boca de las derechas como designación automática de un culpable de todos los males. Así, el anticomunismo finalmente propone certezas y respuestas fáciles en un mundo atravesado por miedos, incertidumbres y sentimientos de disolución social y amenaza sobre la comunidad de pertenencia. Esta potencia simbólica es la que sigue funcionando en el apelativo “comunista” aplicado en el presente. Por eso mismo, la pandemia de Covid –epítome máximo de la disolución final por venir– fue también un momento de renacimiento del anticomunismo.
Es entonces este gran poder performativo de la acusación de “comunista”, tan sedimentado históricamente en el mundo occidental, lo que permite que las nuevas derechas –herederas al fin y al cabo de largas tradiciones conservadoras– sigan utilizando el término para arremeter en su batalla cultural. Sin duda, la movilización antiprogresista ha logrado dar una nueva vida al “miedo rojo” para las generaciones desencantadas de nuestro tiempo.
1. Para el caso argentino, véase: Sergio Morresi y Martín Vicente, “Rayos en un cielo encapotado: la nueva derecha como una constante irregular en Argentina”, en Pablo Semán (coord.), Está entre nosotros, Buenos Aires, Siglo XXI, 2023. 2. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel, 2018; Steven Forti, Democracias en extinción, Barcelona, Akal, 2024. 3. Pablo Stefanoni, “Las mil mesetas de la reacción: mutaciones de las extremas derechas y guerras culturales del siglo XXI”, en J. A. Sanahuja y Pablo Stefanoni (eds.), Extremas derechas y democracia: perspectivas iberoamericanas, Madrid, Fundación Carolina, 2023. 4. Ernesto Bohoslavsky y Marina Franco, Fantasmas rojos. El anticomunismo en la Argentina del siglo XX, UNSAM, 2024.
El avión Boeing C 40 Clipper de la Fuerza Aérea norteamericana despegó de la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, el viernes 23 de enero a las 18.06. Casi todas las autoridades oficiales guardaron silencio sobre su recorrido. A las 22.12 aterrizó en San Juan de Puerto Rico, y a las 23.36 despegó nuevamente, para arribar a las 8.40 del sábado 24 a Buenos Aires. A las 11.22 del domingo 25 llegó a Tierra del Fuego, donde fue fotografiado en plena pista. La imagen se viralizó a los pocos minutos. Y también el misterio.
¿Quiénes venían en el avión? No fue la primera llegada de una comitiva estadounidense sin aviso a la provincia. A falta de información oficial, tanto de la Nación como de la Provincia, reconstruimos artesanalmente el paso a paso de la delegación.
Eran veintitrés personas: siete miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (pertenecientes al comité bipartidario de Energía y Comercio), cuatro funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina (uno de ellos un traductor), y el resto familiares de los congresistas, asesores en temas ambientales y un médico. Entre los senadores estaba Morgan Griffith, figura central del Comité, influyente republicano y representante del noveno distrito de Virginia.
Sin que casi nadie supiera de la visita, la comitiva visitó el Parque Nacional Tierra del Fuego, ícono de la oferta paisajística del Fin del Mundo. Después almorzó en la ex hostería Alakush, situada dentro del área natural protegida, y por la tarde regresó al centro para alojarse en el hotel Las Hayas.
La única comunicación de un organismo oficial la dio la embajada norteamericana, que rompió el misterio con un escueto comunicado. Allí se habló de reuniones con funcionarios y científicos para “abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.
Pero la reunión fue privada, en otro hotel de las afueras de Ushuaia el lunes 26, y los organismos invitados se despegaron uno por uno de cualquier vínculo con la organización. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf) admitió una invitación y envió cuatro representantes, mientras que desde el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic, dependiente del Conicet) explicaron que “algunos investigadores acudieron pero por interés propio”. Fueron tres del organismo. Es decir que los siete congresales y sus colaboradores se reunieron con solo siete personas de la provincia, varias de las cuales dijeron haber ido a título personal.
El encuentro duró cerca de una hora y el temario fue “muy básico” para la magnitud del traslado y de la logística, dijeron fuentes que estuvieron allí. “No pareció que ese hubiera sido el objetivo central del viaje”, agregaron.
Solo la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López (Fuerza Patria) se dio por enterada de lo ocurrido y en un comunicado pidió explicaciones al Gobierno nacional. Se quejó de la nula información oficial y de la falta de intervención del Congreso para autorizar la actividad.
El encuentro duró cerca de una hora y el temario fue “muy básico” para la magnitud del traslado y de la logística, dijeron fuentes que estuvieron allí.
Sin más, el avión se fue de Ushuaia en las primeras horas del martes 27 y a las 9.30 aterrizó en Neuquén. La delegación tenía previsto recorrer el yacimiento de Vaca Muerta.
Desinformación y sospechas
Mientras los congresistas norteamericanos preguntaban sobre la clase de aves que hay en Tierra del Fuego y la importancia de la ubicación geográfica de la isla, sin mayores detalles, la mayoría de la población fueguina vinculaba la llegada de la delegación del gobierno de Estados Unidos con otro episodio ocurrido cinco días antes: la intervención federal del puerto de Ushuaia.
“Qué casualidad, intervienen el puerto y de inmediato viene una delegación del gobierno con intereses geopolíticos en la zona”. Con más o menos euforia, mensajes de este tipo se replicaron durante todo ese fin de semana en redes sociales y charlas de café.
Pero este clima no es nuevo. En Tierra del Fuego hace meses que rondan la desinformación y las sospechas sobre las operaciones estadounidenses en la zona. Habría que preguntarse por qué. Acaso las suspicacias hayan empezado en abril de 2024, cuando el presidente Javier Milei llegó de madrugada a la ciudad de Ushuaia. Fue para participar de un acto junto a la generala y entonces jefa del Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses, Laura Richardson. Milei fue directo desde el Aeropuerto al gimnasio de la Base Naval, vestido de fajina. En el lugar no había ninguna autoridad provincial. Ni el intendente de la ciudad, Walter Vuoto, ni el gobernador Gustavo Melella.
Allí, además de los saludos protocolares, el Presidente habló de dos temas distintos, pero relacionados: la construcción de una Base Naval Integrada en la península de la capital fueguina y la creación de un Polo Logístico Antártico que funcionaría en el mismo lugar como una gran estación de servicios para los buques civiles y militares que operan en la Antártida. La base naval sería, claro, un enclave de Defensa, para cuidar los intereses soberanos en un sitio geográficamente estratégico como el Atlántico Sur. El polo logístico es otra cosa: una idea de negocios que alguna vez se pensó para diversificar la matriz productiva fueguina.
Como sea, en aquella madrugada de abril se deslizó la idea de un interés norteamericano por “colaborar” con esas obras. ¿De qué forma? ¿A cambio de qué? La falta de precisiones dio lugar a los primeros rumores: desde una base de submarinos hasta una presencia militar estadounidense permanente en la zona. Las versiones no tardaron en tomar cuerpo.
Para colmo, en una visita con menos repercusión mediática, en mayo de 2025 vino a Ushuaia el sucesor de Richardson en el Comando Sur, Alvin Holsey. Hubo una reunión protocolar con militares del Área Naval Austral, escasa información oficial, y más rumores.
En aquella madrugada de abril se deslizó la idea de un interés norteamericano por “colaborar” con esas obras. ¿De qué forma? ¿A cambio de qué? La falta de precisiones dio lugar a los primeros rumores: desde una base de submarinos hasta una presencia militar estadounidense permanente en la zona.
Cinco meses después, en octubre, tropas estadounidenses realizaron en la ciudad ejercicios de entrenamiento militar. Fue parte de la operación Tridente – que también abarcó Mar del Plata y Puerto Belgrano -, autorizada por Milei mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que obvió el pase por el Congreso.
Y mientras tanto, persiste un conflicto con la empresa Leolabs, de origen norteamericano pero creada en Ushuaia y con domicilios en el Reino Unido, que en 2022 instaló en el municipio de Tolhuin un radar de uso potencialmente militar. Autorizado y luego inhabilitado por la gestión de Alberto Fernández, el artefacto sigue en el mismo lugar, mientras la empresa hace lobby ante Milei para que le permitan reactivarlo. Se trata de una antena presentada como parte de un emprendimiento privado para monitorear la “basura espacial” en las órbitas bajas de la Tierra, de modo de evitar colisiones con satélites. El radar fue emplazado dentro de la Estancia El Relincho, a unos once kilómetros del poblado situado en el medio de la isla.
Después de que un informe del ministerio de Defensa de Alberto Fernández advirtiera sobre su potencial uso militar, las autoridades nacionales mandaron desactivar el aparato, que quedó sin personal de la empresa en las instalaciones y con apenas una custodia policial. Aunque hay versiones de que igual podría operarse de forma remota, desde cualquier otra parte del mundo. Mientras, Leolabs difundió acuerdos con gobiernos como el del Reino Unido o el de Estados Unidos para cumplir funciones militares con su red mundial de radares.
Controlar el puerto, la geopolítica y los negocios
Tierra del Fuego era un territorio nacional hasta su provincialización en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem. Fue en ese contexto que, el 25 de septiembre de 1992, la ex Administración General de Puertos le cedió a la flamante provincia “el dominio, administración y explotación del puerto de Ushuaia”. Para esa tarea, se creó la Dirección Provincial de Puertos (DPP). El convenio de transferencia de la terminal portuaria fijó algunas condiciones. Por ejemplo, que los ingresos del puerto “sean contabilizados de manera independiente de las rentas generales provinciales y aplicados exclusivamente a cubrir gastos de administración, operación, capacitación e inversiones vinculadas a la actividad portuaria”. La Nación también se atribuyó facultades de contralor, y la potestad de sanciones en caso de incumplimiento.
La relación navegó por aguas tranquilas durante 33 años, pero en 2025, ya con Milei en el poder y enfrentado con el díscolo gobernador fueguino Melella, el escenario se agitó. En octubre de 2025, la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) hizo una auditoría con resultados lapidarios. El informe halló desde fallas estructurales y de seguridad, hasta falta de inversión en obras y el presunto desvío de fondos hacia fines ajenos a la actividad portuaria.
El puerto de Ushuaia constituye un factor de desarrollo económico clave para Tierra del Fuego, tanto por los servicios que presta a embarcaciones turísticas, de carga y de pesca, como por su condición estratégica para el tráfico marítimo hacia y desde la Antártida.
La auditoría se activó después de que la Legislatura fueguina sancionara, en julio, la Ley 1596, que autorizó a la Provincia a utilizar fondos portuarios para morigerar el déficit de la Obra Social del Estado (Osef). También señalaron préstamos por $4200 millones que el puerto le concedió al gobierno provincial para terminar un hospital y comprar equipamiento sanitario.
Con estos argumentos como eje, la ANPyN se salteó otras posibles sanciones menos drásticas (como multas o apercibimientos) y el 20 de enero decidió la intervención federal.
El puerto de Ushuaia constituye un factor de desarrollo económico clave para Tierra del Fuego, tanto por los servicios que presta a embarcaciones turísticas, de carga y de pesca, como por su condición estratégica para el tráfico marítimo hacia y desde la Antártida.
Los cerca de 700 barcos a los que presta múltiples servicios le aseguran un presupuesto anual del orden de los $22.000 millones.
En el caso de los cruceros turísticos, las más de 500 recaladas anuales (540 previstas para esta temporada) implican un creciente movimiento de pasajeros que, por ejemplo en 2024, representó 232.107 personas, contando 87.935 tripulantes y 144.172 cruceristas.
Ese movimiento de gente deriva en una actividad económica extra para la ciudad, ya que aunque pernoctan en los barcos, los pasajeros consumen en comercios locales y contratan servicios turísticos y de transporte.
El año pasado, de los 675 buques que pasaron por el muelle, 511 fueron de pasaje, 34 de pesca y 30 de carga.
Por otra parte, al estar situado a solo 1000 kilómetros de la Antártida, el puerto posee una importancia fundamental en el movimiento de buques desde y hacia ese continente, y concentra actualmente cerca del 90% del tráfico marítimo antártico.
El 20 de enero, una comitiva nacional se presentó en el edificio portuario y tomó el control. Si bien la medida abarca el manejo administrativo y de la infraestructura portuaria, lo cierto es que el organismo asumió la conducción total de la terminal, en plena temporada alta de cruceros. Para ello desplazó al presidente de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, junto a sus colaboradoes inmediatos, y sólo permitió el ingreso de una veintena de trabajadores, todos ligados a la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego, el gremio que había radicado la denuncia sobre las irregularidades en el puerto. De hecho, aunque no fue designado oficialmente un interventor, esa función le fue asignada a Juan Avellaneda, secretario general del sindicato, quien se convirtió en el nexo principal con el titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor.
La intervención se resolvió por el plazo de un año prorrogable por otro, y la resolución dejó claro que el costo de oponerse a los nuevos lineamientos de gestión podría ser la inhabilitación completa de la terminal.
La reacción de la gestión de Melella fue negar cada una de las imputaciones y considerar a la intervención como un “avasallamiento” que viola el federalismo y la Constitución. De hecho, al cierre de esta nota se iba a presentar una acción judicial ante los tribunales federales de Ushuaia, bajo esa línea de argumentos.
Murcia retrucó que no había motivos para interceder en el puerto justo en una época de máxima actividad, cuando se estaban atendiendo cientos de cruceros y se esperaban 540 recaladas de barcos en la temporada.
La intervención se resolvió por el plazo de un año prorrogable por otro, y la resolución dejó claro que el costo de oponerse a los nuevos lineamientos de gestión podría ser la inhabilitación completa de la terminal.
El funcionario explicó que la ley 1596 de desvío de fondos a la obra social provincial “no llegó a aplicarse nunca” debido a los cuestionamientos que generó. Y dijo que los recursos prestados al Gobierno constituyen una inversión porque son devueltos en cuotas, con intereses y con garantía bancaria.
La sombra china
Más allá de la evidente pérdida de un polo de desarrollo económico y estratégico que implica para Tierra del Fuego desprenderse de la administración del puerto de Ushuaia, lo ocurrido en los últimos días (y acaso en los últimos meses) respecto de las relaciones del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos abre todo tipo de lecturas sobre los futuros acontecimientos en la provincia.
¿La intervención del puerto es un capítulo más de la disputa política entre el gobierno libertario y un gobernador kirchnerista que resiste las medidas de Milei? ¿O es un paso más de la escalada norteamericana sobre intereses geopolíticos en el Atlántico Sur? ¿Es ambas cosas?
Clarín publicó este lunes una nota firmada por los generales Jorge Fabián Berredo y Edgar Calandin donde advierten: “Cuando el cambio climático transforma condiciones y reduce barreras naturales, y grandes potencias relativizan los consensos multilaterales, los espacios extremos dejan de ser periferia y pasan a integrarse a las dinámicas centrales d epoder, energía y seguridad. En el Ártico, la expansión de capacidades y presencia precedió a la discusión y la reinterpretación de las normas. Esa secuencia constituye una advertencia directa para el extremo sur”.
Aunque la visita a Ushuaia de la delegación de congresistas estadounidenses fue vinculada socialmente con la intervención del puerto, debido básicamente a la cercanía temporal entre ambos acontecimientos, tampoco habría que descartar objetivos que exceden la dinámica política local y se sitúan en una escala más internacional, como la disputa global de Estados Unidos en su afán de ser el grán policía de Occidente.
Hay quienes hacen lecturas más jugadas. “Tierra del Fuego va a ser la Groenlandia del sur – dice a Revista Anfibia Enzo Girardi, experto en geopolítica y docente de la UNSAM – Trump nos la va a pedir, es la puerta a la Antártida y una ruta alternativa para los misiles continentales. Y, lamentablemente, nosotros se la vamos a dar. Vamos a ejercer una soberanía nominal”.
¿La intervención del puerto es un capítulo más de la disputa política entre el gobierno libertario y un gobernador kirchnerista que resiste las medidas de Milei? ¿O es un paso más de la escalada norteamericana sobre intereses geopolíticos en el Atlántico Sur?
El interés de Estados Unidos por “colaborar” con la Base Naval Integrada de Ushuaia surgió después de que se publicara en la prensa nacional la supuesta intención del gobierno chino por hacer lo propio. Y el actual gobernador Melella tiene en agenda avanzada dos inversiones chinas en la isla: la industrialización del gas de regalías a través de la instalación de una planta de úrea (un compuesto sintético para producir resinas o fertilizantes) y metanol en la ciudad de Río Grande, por parte de la empresa Shaanxi Chemical Industry Group (unos 800 millones de dólares) y la construcción de una usina termoeléctrica en Ushuaia por parte de la firma Rainbow International Xi’an Engineering (unos 65 millones de dólares).
Portales especializados de la provincia, como Agenda Malvinas, interpretaron que la misteriosa comitiva norteamericana no llegó a Ushuaia para visitar paisajes ni para monitorear puertos intervenidos, sino para bloquear el avance chino sobre recursos naturales estratégicos. Las piezas se mueven con poco disimulo, como en un tablero de TEG. Para entender mejor el mapa, habrá que esperar a los próximos meses.
Repudiamos enfáticamente un nuevo hecho vandálico contra los bienes públicos, esta vez ocurrido en el barrio El Sauce. En el acceso a ese sector de la ciudad robaron 4 equipos peritas del alumbrado público con 200 metros de cable. Esto constituye un ataque a las mejoras que en materia de infraestructura lleva adelante el Municipio…
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