EEUU avanza sobre el mega puerto de Chancay en Perú y extrema la tensión con China

EEUU avanza sobre el mega puerto de Chancay en Perú y extrema la tensión con China

 

 El puerto de Chancay es la inversión portuaria más fuerte de China fuera de sus fronteras. Se inauguró en noviembre de 2024 con la presencia de Xi Jinping en el marco de un Foro de Asia-Pacífico que se realizó en Lima. 

El puente cuenta con una infraestructura capaz de atraer a los buques contenedores más grandes del mundo y la obra portuaria requirió una inversión cercana a los 1.300 millones de dólares en la primera de cuatro etapas. 

La terminal busca convertirse en la salida de los productos de Latinoamérica hacia Asia y ya provocó un sismo geopolítico. Chancay es para China una parada clave en la nueva Ruta de la Seda, la mega iniciativa de infraestructura y comercio que la potencia diseñó para afianzar su supremacía global.

Por ese motivo es que Estados Unidos puso los ojos sobre esa obra estratégica. La oficina de Latinoamérica del Departamento de Estado de EEUU advirtió que Perú podría quedar «imposibilitado» de supervisar el puerto bajo propietarios chinos «depredadores» y señalara que «el dinero barato chino cuesta soberanía».

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La respuesta de China fue contundente y a través de un comunicado expresó su «fuerte insatisfacción» por las declaraciones de Estados Unidos y acusó a Washington de una «fabricación y difamación flagrantes» en relación con el proyecto desarrollado por la naviera estatal china Cosco. 

La oficina de Latinoamérica del Departamento de Estado de EEUU advirtió que Perú podría quedar «imposibilitado» de supervisar el puerto bajo propietarios chinos «depredadores» y señalara que «el dinero barato chino cuesta soberanía

El portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian afirmó este jueves, en rueda de prensa, que China «se opone firmemente» a las declaraciones de la parte estadounidense.

Esta tensión coincide el fallo de un juez peruano, que excluyó al puerto de ser regulado y fiscalizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Perú, más allá de las tarifas de los servicios que brinda.

Mega puerto de Chancay en Perú

El Gobierno peruano anunció que apelará la sentencia, mientras que Washington criticó la decisión judicial al considerar que limita la capacidad de supervisión estatal sobre una infraestructura estratégica.

Las críticas de Washington llegaron tanto de la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, como del embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, enfocado en contrarrestar la influencia de China. 

En esa tarea, el presidente interino, José Jerí se mostró con Navarro y el diplomático trumpista posteó: «Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú». 

Ese tuit pareció un mensaje encriptado relacionado a la polémica por reuniones semiclandestinas del mandatario con empresarios chinos en un restaurante de comida peruano-china. Justamente, el duelo de ese restaurante es Zhihua Yang, que este jueves se negó a presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Manzano logró meterse en Chancay, el mega puerto que Xi Jinping construye en Perú 

Esta situación tiene al Jerí muy cerca de sufrir un juicio político que lo saque del cargo, un práctica habitual en la última década en Perú. 

El puerto, que tiene una capacidad de un millón de contenedores al año, se ubica a 80 kilómetros al norte de Lima y pertenece, en un 60 %, a la empresa estatal china Cosco Shiping y, en un 40 %, a la minera peruana Volcan Compañía Minera, la cuarta productora de plata y zinc a nivel mundial. Su objetivo es convertirse en el principal ‘hub’ (centro de conexiones) del comercio marítimo de China con Suramérica. 

Un dato relevante es que en abril se realizarán elecciones presidenciales y tanto Estados Unidos como China están mirando con atención a quienes se presentan como candidatos en un mapa electoral donde quienes lideran las encuestas no superan el 10 por ciento de la intención de voto.

 

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    De esta manera, bajo la Sección 122 el Ejecutivo no puede bajar o discriminar líneas arancelarias específicas para países específicos de manera selectiva. La aplicación de aranceles es uniformes y no discriminatorias.  

    Brasil es el gran ganador porque tenía 40% de aranceles pero había logrado la excepción de varios productos tras un acuerdo de Lula con Trump y se logró ingresar la carne brasileña. Con el fallo, quedó tiene 15%.

    En este contexto, la doctora en Relaciones Internacionales Julieta Zelicovich dijo a LPO que «a los aranceles anunciados el día viernes de esta sección 122 le falta todavía madurar en términos de mecanismos de aplicación, ver cuáles son las excepciones que van a ir otorgando para comprender de manera definitivamente su impacto o el impacto que va a tener en los próximos meses». 

    Según Zelicovich, «lo que vemos es alto nivel de incertidumbre. Y si nos basamos en las experiencias anteriores de Trump, es esperable que esta nueva política, este nuevo anuncio de aranceles, dé lugar a lobbies domésticos para pedirles excepciones y todo es un gran negocio de gestión de la política».  

    Entonces, agrega la académica que «todavía a estos aranceles anunciadas el viernes les falta una vuelta de tuerca para terminar de poder dimensionar su impacto concreto sobre la economía. Así que es esperable que haya aranceles y que los aranceles más importantes que afectan a Argentina, que son los que derivan de las secciones 232 y 301 antes que los que eran del IEPA, siguen vigentes».

     En el caso del acuerdo de Argentina con Estados Unidos, Zelicovich dijo que «hoy está en un limbo porque los compromisos que Estados Unidos asumió con Argentina en ese acuerdo dejaron de tener validez jurídica dentro de los Estados Unidos. 

    (El acuerdo) hoy está en un limbo porque los compromisos que Estados Unidos asumió con Argentina en ese acuerdo dejaron de tener validez jurídica dentro de los Estados Unidos

    «Le había aceptado algunos de los aranceles de ese 2 de abril promovidos por el IEPA que el Tribunal de Justicia norteamericano declaró inconstitucional y ante la ausencia de esa regla que había subido el arancel, esas excepciones desaparecen y lo que resta ver es si Estados Unidos, va a incluir a Argentina, va a replicar esas excepciones frente a las nuevas legislaciones, algo que todavía no ha sucedido», detalló. 

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    En este contexto, la especialista afirmó que «Argentina puede de manera subordinada decir que siguen vigentes pero lo cierto es que la contraparte de Estados Unidos no está este acuerdo siempre fue un acuerdo simétrico donde a Argentina se le piden reformas legislativas profundas y lo que Estados Unidos ponía sobre la mesa no son más que unos decretos de baja calidad jurídica e institucional dentro del andamiaje de Estados Unidos. Es la precariedad misma del acuerdo». 

    Por último, Julieta Zelicovich sostuvo que «Argentina no está sola en eso, sino que es una decena de acuerdos que Estados Unidos fue firmando entre mitad del año pasado, mitad de 2025 y comienzos de 2026, donde todos los países hoy se encuentran preguntándose qué es lo que ha pasado con esas concesiones arancelarias y cuánto de eso va a ser en vigor o no. Siempre pensando que estos aranceles del 2 de abril eran aranceles ilegítimos». 

     

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    ¿La justicia social es un robo? La utopía extrema detrás del dogma de Milei

     

    La afirmación de Milei de que “la justicia social es un robo” no es novedosa ni revolucionaria: es la versión más radical de una corriente libertaria minoritaria que la historia económica, la experiencia democrática y los grandes líderes del siglo XX pusieron en discusión. Desde Friedrich Hayek hasta Robert Nozick sostuvieron críticas conceptuales a la redistribución, pero incluso las democracias más capitalistas del mundo terminaron incorporando impuestos progresivos y políticas sociales como condición de estabilidad.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La frase de Milei se inscribe en una tradición ideológica específica: el libertarismo radical, una corriente que considera que cualquier redistribución forzada por el Estado vulnera el derecho de propiedad. Sin embargo, cuando esa tesis se contrasta con la experiencia histórica concreta de las naciones desarrolladas, el resultado es contundente: no existe un solo país moderno que funcione sin algún grado de justicia social institucionalizada.


    El origen intelectual: una tesis extrema y minoritaria

    El economista austríaco Friedrich Hayek tituló directamente uno de sus libros The Mirage of Social Justice. Allí sostuvo que el concepto de justicia social es un “espejismo” porque el mercado no tiene voluntad moral; por lo tanto, no puede ser justo ni injusto. Para Hayek, intentar corregir resultados del mercado implica abrir la puerta a una expansión del poder estatal.

    Más explícito fue el filósofo estadounidense Robert Nozick, quien escribió en Anarchy, State, and Utopia que “taxation of earnings from labor is on a par with forced labor”, es decir, que gravar ingresos es equiparable al trabajo forzado. Esa es la raíz conceptual más cercana a la frase de Milei.

    Pero incluso dentro del liberalismo clásico estas posiciones fueron discutidas. Milton Friedman, muy mencionado por Milei, por ejemplo, defendía el mercado pero aceptaba el impuesto negativo a la renta como mecanismo para asistir a los más pobres. Es decir, reconocía que algún tipo de red de contención era necesaria para que el sistema no colapsara socialmente.

    El problema es que el libertarismo puro funciona como construcción teórica, pero carece de evidencia empírica en Estados complejos y democráticos.


    La experiencia histórica: sin redistribución no hay estabilidad

    Las grandes democracias capitalistas del siglo XX no avanzaron hacia menos Estado luego de las crisis, sino hacia más regulación y más políticas sociales.

    Tras la Gran Depresión producto del derrumbe de la bolsa en 1929, Franklin D. Roosevelt sostuvo con claridad que “necessitous men are not free men”, es decir, los hombres necesitados no son hombres libres. El New Deal no fue una concesión ideológica: fue una respuesta pragmática para salvar al capitalismo de sí mismo.

    En Europa, incluso líderes conservadores comprendieron la necesidad de incorporar justicia social como principio organizador. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido construyó su Estado de bienestar con consenso transversal. La experiencia mostró que sin cohesión social, el mercado se vuelve políticamente inviable.

    El filósofo John Rawls, en A Theory of Justice, planteó el llamado “principio de diferencia”: las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. No se trata de igualitarismo absoluto, sino de una arquitectura institucional que garantice legitimidad.

    La historia económica moderna es clara: los países más desarrollados combinan mercado con impuestos progresivos, servicios públicos universales y mecanismos de redistribución. Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y los países nórdicos aplican impuestos a la renta, sistemas previsionales solidarios y políticas de bienestar. Ninguno abrazó el ideal libertario puro.


    El caso argentino: justicia social como pacto democrático

    En la Argentina, la justicia social no fue una consigna abstracta sino una reorganización concreta del vínculo entre capital y trabajo impulsada por Juan Domingo Perón. Derechos laborales, aguinaldo, vacaciones pagas y movilidad social ascendente no surgieron de la espontaneidad del mercado, sino de decisiones políticas.

    Reducir ese proceso histórico a la categoría de “robo” implica desconocer que toda organización estatal moderna se basa en impuestos. Sin impuestos no hay educación pública, no hay infraestructura, no hay sistema judicial, no hay defensa, no hay estabilidad monetaria.

    El propio desarrollo del capitalismo industrial necesitó del Estado para expandirse: desde la construcción de ferrocarriles hasta la financiación de universidades y sistemas científicos.


    Una consigna más ideológica que aplicable

    La idea de que la justicia social es un robo parte de una concepción absoluta del derecho de propiedad. Pero en la práctica, ningún país desarrollado sostiene esa tesis en términos absolutos. Incluso los modelos de baja presión fiscal mantienen impuestos indirectos, gravámenes corporativos y algún tipo de política social.

    La pregunta central no es si existe redistribución —porque existe en todos los Estados modernos— sino qué nivel de redistribución garantiza estabilidad sin ahogar la actividad económica.

    Los grandes líderes del siglo XX no abolieron la justicia social: la institucionalizaron como parte del contrato democrático. La experiencia histórica demuestra que cuando la desigualdad se vuelve extrema, el resultado no es más libertad sino más conflicto.

    La frase de Milei, lejos de ser una novedad disruptiva, revive una discusión teórica que ya fue puesta a prueba. Y la evidencia empírica indica que las sociedades más prósperas no eliminaron la justicia social: la regularon, la administraron y la integraron como herramienta de cohesión.

    El libertarismo absoluto puede funcionar como consigna. Pero solo es una utopía sin aplicación real en el mundo fuera de la imaginación descontrolada de Milei.

     

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  • El sindicato de capitanes y oficiales fluviales inicia un paro y se frenan las exportaciones por 48 horas

     

    El Sindicato del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo lanzó un paro de 48 horas contra la reforma laboral, en una medida de fuerza que bloquea las las exportaciones de granos y otros productos. Su secretario General, Mariano Moreno, advirtió que «al personal embarcado no le dejan ni el 14 bis», en referencia al artículo de la Constitución que garantiza los derechos laborales.

    Según el dirigente gremial, el artículo 2° del proyecto que salió con media sanción del Senado «excluye de forma explícita al personal embarcado en su inciso g y lo pone en igualdad de condiciones que las personas privadas de su libertad, esto significa que ya ni siquiera se cuenta con los derechos más básicos que protegen al trabajador».

    Moreno argumentó que «antes, si había un conflicto no previsto en el contrato de ajuste, se invocaba la Ley de Contrato de Trabajo para proteger al marinero o Capitán pero, con esta reforma, se asume que el régimen de navegación es autónomo». «Esto debilita la protección general porque la Ley de Navegación es de carácter comercial y administrativo, y no tiene la carga de justicia social y protección al trabajador que tiene un Convenio Colectivo de Trabajo o lo mínimo que garantiza la LCT», precisó.

    La preocupación del sindicato es por lo que llaman la «monotributización» de su actividad. El líder gremial alerta que la incorporación de conceptos como transporte y flete a los contratos regulados por el Código Civil y Comercial, tal como consta en el artículo 2° de la ley en debate, «abre una puerta peligrosa para que las empresas argumenten que ciertos servicios no son empleo, sino una relación comercial entre partes independientes».

    Los gremios del transporte se suman a la convocatoria de la CGT y el paro es total

    Fuentes sindicales explicaron a LPO que «si la medida de fuerza o el cese de actividades involucra el amarre y desamarre de buques, impacta de forma directa y genera demoras y atraso en la carga de granos y productos». «Principalmente en los puertos del UP River, desde San Lorenzo a Timbúes», precisaron.

    La huelga comenzó durante la medianoche de este miércoles y se extendería por 48 horas. «Son 17 puertos que quedarían sin servicio y no pueden atracar los barcos», anticiparon en el gremio y agregaron que «si bien se puede mantener alguna guardia mínima en determinadas tripulaciones, el paro afecta a todo el comercio exterior». 

    Si la medida de fuerza o el cese de actividades involucra el amarre y desamarre de buques, impacta de forma directa y genera demoras y atraso en la carga de granos y productos

    Los datos oficiales del sector Marítimo, Fluvial y Pesquero indican que el 100% de su personal está registrado, por la imposibilidad de evadir controles en los registros de embarcación. «De ser una actividad regulada y en blanco, podríamos pasar a ser un sector regido por acuerdos individuales y monotributo, lo que llevaría al desmembramiento de la profesión», alertó Moreno.

     Por otro lado, los 9 gremios de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) iniciaron un paro de actividades en rechazo a la reforma laboral. Se trata de una decisión inédita motivada por la exclusión legal de los Marinos Mercantes en la nueva ley y la equiparación con presidiarios.

    Un marino en actividad dijo a LPO que «quedar fuera de la ley implica que toda legislación aplicable caduca para este sector. La ley remite al sector a la Ley de Navegación, donde la relación de dependencia (vacaciones, aguinaldo, accidente) termina al desembarcar y firmar el fin del contrato. Esta precariedad legal no se aplica ni siquiera a taxistas, colectiveros o choferes de locomotora.».

    En este marco, informan fuentes de la Marina que «se instruyó a los tripulantes remolcadores que no le presten asistencia ni de entrada ni de salida a los buques de pasajeros en todo el territorio argentino, tanto el puerto de Ushuaia, Puerto Madryn y Buenos Aires».

    En ese marco, la FESIMAF informó que realizará una conferencia de prensa por la tarde de este miércoles con el eje puerto en el rechazo al tratamiento de la Reforma Laboral y, especialmente, a la modificación del artículo 1 del proyecto, que excluye a la Marina Mercante de la Ley de Contrato de Trabajo. 

    Quedar fuera de la ley implica que toda legislación aplicable caduca para este sector. La ley remite al sector a la Ley de Navegación, donde la relación de dependencia (vacaciones, aguinaldo, accidente) termina al desembarcar y firmar el fin del contrato. Esta precariedad legal no se aplica ni siquiera a taxistas, colectiveros o choferes de locomotora

    La Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) también adhiere a la medida de fuerza y comunicó que garantizará el cumplimiento efectivo del paro en cada terminal portuaria, en rechazo a una reforma que según explicaron en el comunicado «pone en riesgo convenios colectivos, condiciones laborales y estabilidad en la actividad».

    A su vez, el Sindicato de Conductores Navales (Siconara) anunció que el paro de 48 horas es ante la iniciativa legislativa que «pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolo fuera de la protección laboral básica y ubicándolo bajo el Código de Comercio. Lo cual es una negligencia que reclamamos sea excluida ahora en Diputados luego de su aprobación en el Senado», señaló su secretario general, Mariano Vilar, quien agregó que se movilizarán el jueves 19/02 al Congreso Nacional.

    Desde la organización sostuvieron que esta reforma, de aprobarse así, constituye «un ajuste laboral que atenta contra principios protectores elementales, deteriora las condiciones del transporte marítimo y generará impactos operativos directos sobre la logística y el comercio exterior del país, por eso nos movilizamos al congreso nacional esté jueves».

    Vilar remarcó que los Conductores Navales «somos trabajadores argentinos en Argentina, en tierra o en el mar, y debemos regirnos por los mismos derechos que el resto. Pretenden excluirnos incluso del alcance de la justicia laboral, ubicándonos bajo el Código de Comercio como si no fuéramos trabajadores, incluyéndonos en otro regímenes, cómo los que se encuentran privados de su libertad».

    Ritondo y Sáenz rechazan el artículo de licencias y obligan al Gobierno a bajarlo

    «Esto no es modernización ni adecuación normativa: es un recorte de derechos. Pretenden convertir a los trabajadores embarcados en personal con menor tutela jurídica, debilitando garantías esenciales frente al abuso patronal», afirmó.

    «Excluirnos implica poner en riesgo licencias y resguardos frente al fraude laboral. Además, tensiona el funcionamiento del sistema marítimo y podría afectar la cadena del comercio exterior si se consolida este retroceso. La actividad marítima es estratégica para el país. No aceptaremos que se avance en una legislación que degrade condiciones laborales y comprometa el normal desarrollo del transporte y la producción», cerró.

     

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