La semana que viene se pondrán en marcha los trabajos para dotar de los servicios de agua potable, red eléctrica y alumbrado público al loteo Barazzutti. Así se lo confirmó el responsable de la empresa INGOO SRL Ernesto Pasaron al Intendente Marcelo Orazi en una reunión que mantuvieron en la mañana de este martes.
Las tareas se iniciarán con la instalación del transformador y la realización del tendido eléctrico para el alumbrado público. Luego continuará con la red eléctrica y agua potable.
“Se trata de una gran noticia para los vecinos de estos 107 lotes que desde hace años esperan contar con los servicios para poder iniciar la construcción de sus viviendas. Gracias a la decisión de la Gobernadora Arabela Carreras de implementar el programa ‘Suelo Urbano’ podremos cumplir con esta obra”, manifestó el Intendente Orazi tras el encuentro.
Recordemos que el 28 de julio se abrieron los sobres de la licitación y el pasado 22 de septiembre se firmó el acuerdo correspondiente entre la interventora del IPPV Inés Pérez Raventos y Pasaron, que fue refrendado por la Gobernadora Carreras en un acto en el cual Orazi participó vía Zoom.
Por la mañana el gobierno anunció que levantaba las sanciones disciplinarias contra policías que habían abandonado el servicio. Era una acción concertada frente a la dureza de la protesta de uniformados que no aflojaba. Pero una vez más ese anticipo fue un búmeran que volvió duro. Quizá la imagen más elocuente fue que el jefe de policía de la provincia recibió insultos y hasta fue escupido por grupos que estaban frente a la Jefatura de Rosario. Los patrulleros siguieron hasta las 17 de la tarde estacionados, los efectivos a cara limpia sin prestar tareas y sus familiares en inmediaciones.
Así estaban a las 17.45 cuando Maximiliano Pullaro habló desde la Casa de Gobierno para anunciar por segunda vez en cinco días una recomposición salarial. La primera más que atemperar las protestas pareció echarles más leña.
La de este miércoles a la tarde todavía está en proceso de ser digerida pero implicó un desembolso más notorio. Ningún policía de Santa Fe que tenga tareas iniciales en la fuerza percibirá menos de 1.350.000 pesos. Los que presten tareas en la calle en las ciudades de mayor riesgo ganarán más de 2.300.000 pesos.
Eso implicó que tras una semana de protestas de intensidad sostenida el conflicto se levantara. Los policías apostados en Jefatura celebraron con expresiones de júbilo y abrazos el reconocimiento salarial que pasó a ser sustancial. Y que pese a ser más suculento para el personal que asume más riesgos, el que está en la calle, también alcanza a los efectivos no operativos, que son más del 60 por ciento del plantel de 25 mil policías santafesinos.
El aumento salarial se decidió frente a una crisis que parecía haber roto la cadena de mando policial y que arrinconó al gobierno santafesino, al que una protesta inorgánica pero masiva y muy visible socavó en su capacidad de negociación política. También deja en pie incógnitas sobre cuestiones de manejo de la autoridad.
La decisión de dar marcha atrás con las sanciones supone un problema ante una fuerza basada en un principio vertical de obediencia. Una especie de instructivo para la próxima vez ya que ante las medidas disciplinarias hubo primero desafío y después concesiones en el sentido de lo demandado.
Queda en pie una situación contradictoria. El gobierno de Pullaro aceptó levantar los pases a disponibilidad de 20 efectivos a los que señaló por abandono de servicio. Pero las denuncias penales que el mismo gobierno promovió ya tramitan por otra vía que es la del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Este jueves a la mañana 11 de estos policías están citados por la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Al mismo tiempo que Pullaro hacía los anuncios, los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina elaboraban la imputación que en unas horas formularán ante un juez.
Este es un capítulo que seguirá frente a un tema complicado. Hubo una demanda laboral de parte de la policía reconocida por el gobernador. Pero en el marco de esos reclamos por condiciones de trabajo y de ingresos hubo policías sancionados que ahora serán imputados. La incógnita poderosa en términos políticos es si cometieron actos dolosos al demandar mejoras de trabajo que el mismo gobernador reconoce aunque su gestión los denunció penalmente.
En el mayor escenario de la protesta, el portón de Jefatura de Rosario por calle Ovidio Lagos, había una atmósfera de fiesta. Los policías sentían que habían torcido a su favor una demanda justa donde había efectivos que estaban por debajo de la línea de pobreza para un grupo familiar con sus ingresos por debajo del millón de pesos.
«Es un aumento histórico», decía un comisario a LPO frente a la estación de servicio YPF. «Personas del escalafón técnico que no portan armas pasan de ganar 780 mil pesos a 1.300.000. Es más de un 50 por ciento de suba», graficó. Un comisario con veinte años de antigüedad pasa según los cálculos rápidos que se hacían en la zona de 3.500.000 a cinco millones de pesos.
Un día agitado
Este miércoles Pullaro se presentó a hacer los anuncios flanqueado por su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de policía de provincia, Luis Maldonado. El gobernador dijo a la prensa que sostener al jefe de policía a su lado en los anuncios era una revalidación explícita de su conducción. Por la mañana había sido insultado de arriba abajo cuando ingresaba a la Jefatura de Rosario y hasta hubo quien lo escupió. Pullaro deslizó que eso no lo hicieron policías activos sino actores mezclados en la protesta.
El piso salarial pasó a ser para policías y penitenciarios santafesinos iniciales de 1.350.000 pesos. «Ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $ 1.438.835», dijo Pullaro en la conferencia de prensa que dio en la tarde del miércoles. Si ese mismo suboficial cumple tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, las zonas de mayor demanda de servicio de seguridad en la provincia, recibirá un plus de 500 mil pesos, por lo que su ingreso total será de $ 1.938.835.
«Si este policía maneja el vehículo policial, con el riesgo que eso implica, va a ganar $ 2.188.835 por mes a partir de febrero», dijo Pullaro. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, precisó que percibirán $ 2.084.000 si no conducen y $ 2.334.535 si manejan patrullero. Los suplementos se estratifican en tres niveles. «No es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión», dijo el gobernador.
Pullaro hizo un reconocimiento a la policía a la que consideró fundamental para bajar los niveles de violencia. Dijo que en lo que va del año hay 13 homicidios. Y que hace solo tres años a la misma altura había 60. «Estamos profundamente agradecidos del trabajo realizado en los últimos dos años y casi dos meses para reducir los indicadores de violencia y de inseguridad que padecían los rosarinos», dijo el gobernador. «No fueron casualidad, sino producto de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres de la fuerza», dijo.
Las idas y vueltas
El martes por la noche el gobierno asistía a dos jornadas de protestas sostenidas, como más de 60 patrulleros estacionados en la Jefatura de Rosario, un acuartelamiento a cielo abierto que obligó a que se utilizaran fuerzas especiales y hasta agentes penitenciarios para las tareas de custodia. En ese contexto a las 23.30 el ministro de Seguridad Cococcioni y su par de Economía Pablo Olivares acudieron a una reunión en Jefatura con referentes tras las negociaciones trabadas previamente.
Tras esa cita los ministros dijeron que la seguridad pública nunca se había resentido, que la operatividad siempre se mantuvo al 90 por ciento sin hechos graves y con todas las incidencias atendidas.
Pero Cococcioni marcó, como lo haría más tarde Pullaro, que todos los reclamos eran atendibles. Y entonces hizo el anuncio crucial en relación a las medidas disciplinarias, es decir, los veinte efectivos puestos en disponibilidad en Rosario. También había inicialmente 42 efectivos de la Policía Motorizada en Santa Fe con inicio de trámites para su desafectación provisoria.
«A quienes fueron notificados de medidas administrativas les solicitamos que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reincorporen de inmediato al servicio ordinario. Esto implica que salen de inmediato de la situación preventiva en la que habían sido colocados», sostuvo el titular de Seguridad. Su colega de Economía ponderó «la alta dedicación y la elevada carga horaria» del personal policial.
Ahí está un asunto que entronca casi en la definición sociológica del conflicto. Todo el gobierno reconoce que se trató de una crisis laboral donde los policías hicieron reivindicaciones por ingresos y mejoras de trabajo. «Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad», dijo Pullaro en la conferencia de prensa.
Solo que en una fuerza no sindicalizada la explicitación de los reclamos que esta vez estallaron es esporádica. ¿En qué lugar quedan entonces los que fueron denunciados por el mismo gobierno y mañana serán imputados? ¿Es conciliable que estuvieran haciendo una demanda laboral y al mismo tiempo cometieran actos dolosos por los que en unas horas serán imputados?
En materia de bienestar policial, Pullaro detalló que se ampliaron las frecuencias de transporte para agentes del norte provincial que trabajan en Rosario -hoy son doce recorridos- y que se avanza en soluciones para los «fines de ruta» hacia Casilda, Constitución y Cañada de Gómez. Indicó que «no hay inconveniente en sumar más servicios si son necesarios».
Asimismo, señaló que se reforzó el gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 efectivos, y que la tarjeta alimentaria pasó de $ 84.000 a $ 168.000. Además, explicó que se habilitarán lugares de pernocte para quienes viajan largas distancias: «Si el personal estaba estresado por la carga de trabajo y el traslado, podrá quedarse a dormir aquí, como lo hacen las fuerzas federales».
Finalmente, cerró con un mensaje político claro: «Habiendo atendido todas las demandas, creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la Unidad Regional II».
De la conferencia, realizada en la sede de Gobierno en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Luis Maldonado.
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Medio Oriente quedó al borde una guerra total luego del lanzamiento de misiles a Irán en un operativo militar conjunto realizado entre Estados Unidos e Israel. La operación busca impedir el desarrollo nuclear del régimen de los ayatolá y, al mismo tiempo, forzar un cambio de gobierno.
La respuesta de Irán fue inmediata y atacó bases militares estadounidenses en Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait en un escenario de tensión que amenaza con un enfrentamiento a gran escala y pone en vilo a toda la región.
El Gobierno de Irán aseguró a través de un comunicado que está «más preparado que nunca» para responder al ataque y destacó que «las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con decisión a los agresores».
A su vez, medios iraníes reportaron que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una escuela primaria en la ciudad de Minab que dejo como saldo más de 60 niñas muertas.
En efecto, el hecho se produce en medio de negociaciones que se venían llevando a cabo en Omán con el canciller de ese país del Golfo Pérsico como mediador para alcanzar un acuerdo entre EEUU y el régimen iraní por el desarrollo nuclear.
«Estoy consternado. Una vez más, las negociaciones activas y serias se han visto socavadas. Esto no beneficia ni a los intereses de Estados Unidos ni a la causa de la paz mundial. Y rezo por los inocentes que sufrirán. Insto a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más. Esta no es su guerra», escribió en X el canciller de Omán, Badr Albusaidi.
Sin embargo, horas después de conocerse los ataques, Donald Trump publicó un video en sus redes sociales en el que justificó el ataque y anunció una campaña sin final con el objetivo de un cambio de régimen.
Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear… Al gran y orgulloso pueblo de Irán , les digo esta noche que la hora de su libertad ha llegado. Ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche
Trump afirmó que comenzaron «operaciones de combate de gran envergadura en Irán». «Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear… Al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad ha llegado. Ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche», continuó.
El líder republicano sostuvo que Irán continuó «desarrollando su programa nuclear y que planea desarrollar misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense, por lo que llamó al pueblo iraní a «tomar el control de su gobierno».
En su discurso planteó que su objetivo «es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní».
Se espera un ataque contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato
En este contexto, Israel informó que fue un «ataque preventivo» y declaró el estado de emergencia en todo su territorio. El Ministerio de Defensa israelí, Israel Katz dijo que «la operación buscó eliminar amenazas directas contra el país».
Asimismo, Katz ordenó medidas excepcionales de seguridad y advirtió que «se espera un ataque contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato».
Por su parte, el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también dio un mensaje grabado en el que planteó que «durante 47 años, el régimen de los ayatolás ha exigido Muerte a Israel y Muerte a Estados Unidos». Ha derramado nuestra sangre, asesinado a muchos estadounidenses y masacrado a su propio pueblo. No se debe permitir que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad».
«Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino. Ha llegado el momento de que todos los sectores del pueblo iraní -los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis- se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y pacífico», agregó.
«Les pido, ciudadanos de Israel, que cumplan con las directivas del Comando del Frente Interno. Los próximos días de la Operación Rugido de León exigirán paciencia y fortaleza de todos nosotros. Nos mantendremos unidos, lucharemos juntos y juntos garantizaremos la eternidad de Israel», concluyó.
La continuidad de las operaciones militares en Irán podrían generar un escenario de inestabilidad en Irán en el estrecho de Ormuz que es estratégico para el comercio energético mundial dado que concentra aproximadamente el 20% del gas natural licuado global y entre el 20% y el 25% del petróleo y sus derivados. Un cierre, aunque sea parcial, puede complicar las exportaciones de Arabia Saudita, Kuwait, Irak y los Emiratos Árabes Unidos.
Los números de la cadena de supermercados La Anónima exponen el fuerte deterioro del mercado interno y el quiebre de la cadena de pagos en la economía doméstica. Una señal difícil de ignorar. El balance de una de las cadenas históricas del consumo masivo argentino refleja el enfriamiento de la economía y el deterioro del ingreso real.
La empresa de Federico Braun informó un fuerte aumento de la morosidad vinculada al financiamiento a clientes. El cargo por incobrabilidad alcanzó los $19.255 millones, contra $2.830 millones del mismo período del año anterior, un salto cercano a siete veces. El dato no sólo impactó en los resultados contables. Expone un problema más profundo: hogares que sostienen el consumo a crédito pero con creciente dificultad para cerrar el mes.
El negocio principal también acusó el golpe. Las ventas del segmento supermercados, que representan más del 87% de la facturación, retrocedieron 4,2% interanual pese a la apertura de nuevas sucursales. El fenómeno no es aislado. En el sector admiten que hay menos tickets y compras más chicas. El ajuste del gasto cotidiano se volvió visible incluso en regiones donde la cadena mantiene posiciones dominantes.
La rentabilidad acompañó esa tendencia. El resultado operativo cayó 46% y la ganancia neta se redujo a $9.709 millones, apenas el 0,65% de los ingresos, muy por debajo del margen del año anterior. Los costos laborales y operativos crecieron en línea con las paritarias y la adaptación de las estructuras a un menor nivel de actividad. El negocio sigue funcionando, pero con márgenes cada vez más estrechos.
El contraste apareció en otro lado. Mientras el consumo interno se debilitó, el negocio frigorífico creció 57,7% impulsado por exportaciones y mejores precios internacionales. La foto es elocuente: el mercado externo compensa lo que el mercado local ya no puede sostener. Una imagen conocida en la economía argentina, donde el sector exportador avanza mientras el consumo doméstico se repliega.
También el negocio financiero asociado a tarjetas propias mostró crecimiento, con una suba superior al 100% interanual, aunque todavía con un peso marginal dentro de la facturación total. En los hechos, el financiamiento deja de ser un incentivo a las ventas para convertirse en un riesgo. Cuando la mora sube, el crédito deja de empujar el consumo y pasa a revelar sus límites.
Detrás de la compañía aparece además una historia empresaria que excede al balance. Federico Braun forma parte de una de las familias más tradicionales del capitalismo argentino. Los Braun-Menéndez construyeron su poder económico en la Patagonia desde fines del siglo XIX, con estancias, comercio y redes logísticas. A comienzos del siglo pasado, el grupo amplió su presencia en el sistema financiero y mantiene hasta el día de hoy su participación societaria en el Banco Galicia a través de la red familiar que une a los Braun con los Escasany, uno de los núcleos tradicionales del empresariado local.
Federico Braun fue además uno de los empresarios que expresó respaldo público al rumbo económico del gobierno de Javier Milei, especialmente en lo referido a la desregulación y la apertura económica. Ese posicionamiento no es menor. La paradoja es que el mismo proceso que promete ordenar precios y costos expone hoy el límite del mercado interno: cuando el ajuste avanza sobre ingresos y consumo, incluso las empresas más consolidadas empiezan a mostrar tensiones en sus balances.
En ese sentido, el resultado de La Anónima funciona como un termómetro. No es sólo la historia de una cadena de supermercados. Es la señal de un cambio en la dinámica económica: el consumo deja de ser motor y pasa a ser variable de ajuste.
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