Cómo se llevó a cabo la campaña de forestación

El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar extranjeros del país. Bajo el argumento de combatir los «mensajes de odio» contra los argentinos y proteger los símbolos patrios, el DNU 681/2026 introduce conceptos amplios cuya interpretación queda en manos del Estado, abriendo interrogantes sobre sus alcances y el impacto que podría tener sobre la libertad de expresión y los derechos de la población migrante.

Por Ignacio Álvez Alcorta para NLI

El Gobierno amplía las causales para impedir el ingreso y expulsar extranjeros

Con el DNU 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Milei volvió a modificar la Ley de Migraciones Nº 25.871 mediante un decreto de necesidad y urgencia, profundizando el endurecimiento de la política migratoria iniciado meses atrás. La norma incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la ley, que establece las causales para impedir el ingreso al país, y otro al artículo 62, referido a la cancelación de residencias ya otorgadas. A partir de ahora, podrán rechazarse solicitudes de ingreso o dejar sin efecto residencias cuando el Estado considere que un extranjero incurrió en determinadas conductas vinculadas con discursos de odio o actos contra los símbolos nacionales.

El nuevo texto establece que no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, quienes inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad, quienes participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o quienes inciten a cometer cualquiera de esas acciones. Paralelamente, el decreto modifica el artículo 63 para establecer que la cancelación de la residencia por estas nuevas causales podrá derivar en la obligación de abandonar el país o directamente en la expulsión, según determine la autoridad migratoria.

Conceptos abiertos que dejan amplios márgenes de interpretación

Aunque el decreto incorpora una cláusula que aclara que no podrán considerarse comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni la crítica política, académica o ciudadana, la redacción deja numerosos interrogantes abiertos que probablemente terminarán siendo objeto de discusión judicial.

El primero de ellos es que la norma no define qué constituye exactamente un «mensaje de odio». No se establecen parámetros objetivos ni se remite a una tipificación penal específica. Tampoco se determina qué características debe reunir una manifestación para ser considerada incitación a la violencia contra los argentinos. Esa ausencia de definiciones deja un margen de interpretación muy amplio para la Dirección Nacional de Migraciones y, eventualmente, para los tribunales.

Otro aspecto que permanece en una verdadera nebulosa jurídica es el concepto de «ultraje a los símbolos patrios». El decreto no enumera conductas concretas ni explica si el ultraje debe encontrarse previamente acreditado mediante una sentencia judicial o si bastará con una valoración administrativa. No queda claro, por ejemplo, si una intervención artística, una protesta pública, una performance, la quema de una bandera o una publicación en redes sociales podrían ser consideradas comprendidas dentro de esa figura, ya que el texto evita cualquier precisión.

La misma incertidumbre aparece respecto de la prueba. El DNU no explica quién determinará que una persona emitió mensajes de odio ni cuál será el estándar probatorio exigido. Tampoco establece si será necesaria una condena penal previa, una resolución judicial, un expediente administrativo o simplemente informes elaborados por organismos estatales. En consecuencia, queda abierta la discusión sobre cuáles serán las garantías de defensa para los extranjeros alcanzados por la medida.

Entre la libertad de expresión y las facultades discrecionales del Estado

El propio decreto intenta anticiparse a esas objeciones al sostener que la medida no afecta la libertad de expresión, ya que excluye expresamente el disenso ideológico y la crítica política. Sin embargo, la delimitación entre una crítica protegida constitucionalmente y un supuesto mensaje de odio aparece como uno de los puntos más delicados de toda la reforma.

La dificultad radica en que la decisión sobre dónde termina una opinión política y dónde comienza una conducta que habilite la expulsión quedará inicialmente en manos de la administración pública. Esa amplitud interpretativa podría derivar en cuestionamientos sobre el alcance de las facultades discrecionales del Estado y sobre el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

A ello se suma que la norma tampoco distingue si los hechos deben haber ocurrido dentro del territorio argentino o en el extranjero. La redacción permitiría, en principio, considerar publicaciones realizadas fuera del país o manifestaciones efectuadas años antes del ingreso, sin que el decreto establezca límites temporales ni criterios para valorar la gravedad de cada caso.

Una nueva vuelta de tuerca en la política migratoria de Milei

La modificación se inscribe dentro del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración libertaria durante el último año. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ejecutivo avanzó mediante distintos decretos sobre el régimen migratorio, restringiendo derechos y ampliando las facultades de la Dirección Nacional de Migraciones, una estrategia que ya generó presentaciones judiciales y cuestionamientos por parte de organismos especializados en derechos humanos y asociaciones de migrantes.

Con el DNU 681/2026, el Gobierno vuelve a recurrir al mecanismo del decreto para introducir modificaciones en una ley sancionada por el Congreso. Más allá del argumento oficial de proteger a los argentinos frente a expresiones violentas o discriminatorias, la incorporación de conceptos jurídicos abiertos y la ausencia de precisiones sobre su aplicación concreta anticipan un escenario de fuerte debate constitucional. El verdadero alcance de estas nuevas facultades dependerá, probablemente, de cómo las aplique la autoridad migratoria y de las decisiones que adopten los tribunales cuando comiencen a llegar los primeros casos.

Javier Milei y Diego Santilli designaron como subsecretario de Proyectos Estratégicos a Guillermo Nicanor Toranzos Torino, un ex funcionario de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa con una extensa trayectoria en la Sociedad Rural Argentina.

Por Tomás Palazzo para NLI

El Gobierno de Javier Milei continúa completando el organigrama de la nueva Jefatura de Gabinete encabezada por Diego Santilli. Esta vez lo hizo con la designación de Guillermo Nicanor Toranzos Torino como subsecretario de Proyectos Estratégicos, un cargo de fuerte peso político y técnico que dependerá de la Vicejefatura de Gabinete. Sin embargo, el dato que sobresale de su nombramiento no está en sus antecedentes académicos sino en su extensa trayectoria dentro del Estado: fue funcionario durante el menemismo y luego continuó ocupando responsabilidades durante el gobierno de la Alianza, una continuidad que vuelve a poner en evidencia el reciclaje de cuadros de los años noventa dentro de la administración libertaria.

Un hombre de los ’90 vuelve al Gobierno

La designación fue oficializada mediante el Decreto 647/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli. Toranzos Torino tendrá a su cargo la flamante Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, un área creada para coordinar programas considerados prioritarios por la Casa Rosada, intervenir en proyectos con organismos internacionales y asistir técnicamente a la Jefatura de Gabinete en iniciativas de alcance nacional.

Pero detrás de ese perfil técnico aparece una historia política que atraviesa distintos gobiernos. Entre 1995 y 1999, durante la segunda presidencia de Carlos Menem, se desempeñó como Coordinador General de la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y también fue director ejecutivo de la Unidad Coordinadora de Política de Fomento de Exportaciones, formando parte del esquema económico que impulsó la apertura comercial y las reformas estructurales de aquella década.

Lejos de finalizar allí su paso por el Estado, logró mantener presencia durante el cambio de signo político. Entre 2000 y 2001 trabajó como asesor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación durante la presidencia de Fernando de la Rúa, consolidando una continuidad que atravesó tanto el menemismo como la gestión de la Alianza.

Vínculos históricos con la Sociedad Rural

Antes incluso de ingresar al Gobierno nacional, Toranzos Torino había construido una carrera ligada a uno de los sectores más tradicionales del poder económico argentino.

Durante una década, entre 1984 y 1994, fue Jefe de Economistas del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, una de las entidades históricamente enfrentadas con los gobiernos peronistas y protagonista de numerosos debates sobre política agropecuaria. Posteriormente desarrolló una extensa actividad como consultor para organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la FAO, además de desempeñarse como docente universitario en distintas instituciones.

Su currículum también incluye participación como experto argentino en mecanismos de solución de controversias del Mercosur y cargos vinculados al comercio exterior y la economía forestal, conformando un perfil eminentemente técnico especializado en planificación económica y agronegocios.

El regreso de los cuadros de los años noventa

Toranzos Torino integró el equipo técnico que ejecutó la política de comercio exterior del menemismo, orientada a la apertura de mercados y la promoción de exportaciones durante la segunda presidencia de Carlos Menem. Desde la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, donde se desempeñó entre 1995 y 1999, formó parte del entramado estatal que impulsó la inserción de la economía argentina en los mercados internacionales, en un período marcado por la reducción de barreras comerciales, la profundización del Mercosur y el modelo de apertura económica que caracterizó a la década del noventa.

Aquel esquema económico, presentado entonces como una vía para modernizar la economía y aumentar la competitividad, también fue objeto de fuertes críticas por sus efectos sobre sectores industriales nacionales, que denunciaron dificultades para competir frente a la apertura importadora y la pérdida de capacidades productivas. Tres décadas después, uno de los cuadros técnicos de aquella etapa vuelve al Estado de la mano del gobierno de Javier Milei y Diego Santilli.

La incorporación de Toranzos Torino se produce en plena reorganización del Gobierno tras el desembarco de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. Aunque el oficialismo suele presentarse como una fuerza que busca romper con «la vieja política», la elección de un funcionario con responsabilidades durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa vuelve a mostrar una tendencia creciente dentro de la administración libertaria: la recuperación de cuadros técnicos formados durante las reformas económicas de los años noventa.

En este caso, además, se trata de un funcionario que arriba a una dependencia encargada de coordinar proyectos estratégicos y la relación técnica con organismos internacionales, un área con capacidad de incidencia sobre algunas de las principales políticas públicas que impulsará la Jefatura de Gabinete en la nueva etapa de gestión.