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El gobierno amenaza con intervenir el directorio del Conicet para quitarles poder a las universidades, que temen el desmantelamiento de la investigación científica argentina.
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, se reunió con dos encumbrados científicos en los últimos días para asegurarles que no van a cerrar el organismo que conduce el clonador de ovejas Daniel Salamone.
Pero de esa reunión se desprendieron las versiones que indican que el gobierno intentará desplazar a los directores del Conicet que representan a sectores fundamentales como las Universidades Nacionales, las Provincias, el Sector Agropecuario y el Sector Industrial.
Esos cuatro directores, de un total de nueve, son los nombrados por el presidente a partir de la sugerencia de parte de los distintos sectores. En su lugar, el gobierno podría crear otros cuatro directorios para licuar la representación de las universidades y las provincias.
En el gobierno dijeron a LPO que pueden hacer eso con un simple decreto pero que no avanzarán. “El director de agro y el de provincias son nuestros, ¿para qué los vamos a correr?”, dijeron a este medio en la Rosada.
De concretarse esta intervención, el Gobierno concentraría aún más el control de las decisiones estratégicas del principal organismo de ciencia y tecnología del país, dejando sin voz a actores clave de la comunidad científica, educativa y productiva.
La medida se suma a la paralización de proyectos, la suspensión de becas y la falta de convocatoria a nuevos ingresos a la carrera de investigador, profundizando el desfinanciamiento y la precarización del sistema.
El otro objetivo del gobierno, por impulso del ministro Federico Sturzenegger, es eliminar por completo la Agencia I+D+i, el organismo nacional encargado de implementar distintos programas para financiar proyectos de investigación en todo el país.
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En el campo entraron en alerta al conocer el decreto que redactó Federico Sturzenegger para eliminar el Inase, el organismo que controla el comercio de semillas.
LPO accedió en exclusiva al decreto que se publicará el lunes en el Boletín Oficial y que eliminará otras dependencias y modificará otras relacionadas al sector agropecuario.
Entre las empresas dedicadas al negocio de las semillas hay alarma porque sin el Inase creen que puede dispararse el comercio ilegal de semillas, que en la Argentina mueve varios cientos de millones de dólares por año.
Además del Inase, se eliminará la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) y sus tareas quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura.
El decreto también elimina la Agencia Regulatoria del Cannabis (Ariccame), cuyas funciones serán absorbidas por el Ministerio de Economía, en el caso del uso industrial, y por la ANMAT, que asumirá la regulación del cannabis con fines medicinales.
También se dispuso la disolución del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), cuyas competencias serán absorbidas por Economía. De este modo, Luis “Toto” Caputo ganará atribuciones, una concesión que hizo su rival interno Sturzenegger para avanzar con estos cambios que fueron resistidos en un principio por el titular de Economía, que se quejaba porque le complicaban su relación con el campo.
Otros organismos no desaparecen, pero pierden su estatus de autarquía. Es el caso del INTA, que pasa a ser un ente desconcentrado dependiente de Agricultura, y del INTI, que será una unidad organizativa bajo la Secretaría de Industria, aunque mantendrá su nombre para fines internacionales. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) también cambia de estatus: se incorpora a la estructura de Agricultura y mantendrá únicamente funciones de fiscalización en el tramo final de la cadena productiva. Por último, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perderá su autonomía y quedará como organismo desconcentrado dentro de la Secretaría de Industria y Comercio.
El decreto justifica estas medidas con una crítica explícita a la falta de eficiencia de estos organismos, a los que acusa de haber multiplicado sus estructuras y su personal sin resultados visibles, ni mejoras en su desempeño institucional. Además, plantea que muchas de sus funciones se superponen con otras dependencias del Estado, lo que habría generado una burocracia innecesaria y gastos difíciles de sostener.
El ex diputado Agustín Rossi, Guillermo Moreno y Axel Kicillof se refirieron a la posibilidad de indultar a Cristina Kirchner si el peronismo recupera el gobierno en 2027.
Pese a que todavía quedan más de dos años para esos comicios, el ex ministro de Defensa y ex jefe de Gabinete dijo ante la consulta de AM530 que el candidato peronista debe prometer que “no pasará un minuto de mandato sin que se proceda a la liberación de Cristina, devolverle lo que le robó la Corte Suprema”. En efecto, Rossi cree que el Poder Judicial “ya escribió parte de la plataforma electoral para el 2027”.
Moreno, por su parte, deslizó en el canal de streaming Gelatina que la vicepresidenta Victoria Villarruel podría indultar a Cristina, mientras Javier Milei está de gira por Israel. “¿Y si Villarruel la indulta ahora que tiene las facultades para hacerlo? Ahora es presidenta, porque Milei está en Israel”, dijo el ex secretario de Comercio.
Hasta el gobernador bonaerense tuvo que responder en declaraciones a Cenital por la chance de indultar a la ex mandataria en caso de convertirse en Jefe de Estado. “Creo que también el que recibe el indulto… hubo discusiones de todo tipo”, contestó.
La vacilación inicial de Kicillof habría obedecido a que Cristina declinó el ofrecimiento del indulto que había barajado Alberto Fernández en 2022, tras el alegato del fiscal Diego Luciani ante el tribunal de primera instancia que la terminó condenando.
Desde el entorno del gobernador, aclararon a LPO que “no hay dudas que Cristina no puede estar condenada por una causa inventada y sin pruebas”. “Para 2027 falta una eternidad, vaya a saber dónde nos encuentra, pero si nos toca tener algún grado de responsabilidad, no vamos a dudar”, explicaron.
El indulto para Cristina ya fue planteado por el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, que tras la condena del tribunal encabezado por Rodrigo Giménez Uriburu sostenía que Alberto debía usar sus facultades para hacerlo y que la ex Presidenta tuviera plenos derechos para participar como candidata si quería.
“Si la vicepresidenta es condenada, no quedará otra alternativa que buscar una solución en el Derecho interno para salvar el futuro de la democracia, ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones”, argumentó en agosto de 2022 el ex supremo, durante un reportaje en la AM750.
LPO reveló por aquellos días que Alberto evaluaba indultar a Cristina. Tras el alegato del fiscal Diego Luciani, habían quedado en analizar juntos “los pasos a seguir” pero la ex mandataria habría deslizado que no estaba de acuerdo en ser indultada.
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