SOMOS LOCALES OTRA VEZ

En Defendiendo lo indefendible, Walter Block propone un experimento intelectual tan provocador como peligrosamente infantil: tomar a los personajes más odiados del capitalismo —usureros, proxenetas, chantajistas, traficantes— y presentarlos no solo como agentes económicos legítimos, sino como benefactores sociales injustamente perseguidos. Textualmente dice Block: “La filosofía libertaria condena únicamente la violencia no provocada, es decir, el uso de la violencia contra una persona no violenta o su propiedad.” El truco es simple, elegante y brutal: reducir toda la moral social a una sola regla, la no agresión física directa.

Por Walter Onorato para NLI

Para Block, si no hay violencia explícita —golpes, balas, cuchillos— entonces no hay crimen. Todo lo demás es sentimentalismo, prejuicio o histeria colectiva. La explotación, la miseria, la dependencia económica, el abuso estructural o la desigualdad extrema quedan mágicamente fuera del análisis. No existen como problema moral. No entran en el “radar” libertario. Block lo dice de esta manera: “La premisa básica de esta filosofía es que la agresión frente a no agresores es ilegítima” (…) “La filosofía libertaria condena únicamente la violencia no provocada, es decir, el uso de la violencia contra una persona no violenta o su propiedad.” Después, todo lo demás, vale.

Desde esta lógica, el mercado aparece como una fuerza casi sagrada: todo intercambio voluntario es beneficioso por definición. Si alguien acepta pagar intereses usurarios, vender su cuerpo, consumir drogas destructivas o trabajar por un salario miserable, el sistema queda absuelto. No importa el contexto, la necesidad ni la asimetría de poder: si hubo consentimiento formal, hubo justicia.

Después de esta brevísima interpretación de la introducción del libro de Walter Block descubrimos el “truco” del mago circense. Esta ética (para algunos sería la falta de ética) que se encuentra encerrada en este libro marginal queda liberada y sale de la oscuridad para convertirse increíblemente en una práctica de gobierno. No es casual que el presidente argentino haya reunido a su círculo más cercano de funcionarios y les haya regalado Defendiendo lo indefendible. No fue un gesto cultural, un estimula a la producción de libros o una simple provocación cultural: fue una bajada de línea ideológica. Un manual moral para gobernar sin culpa.

Vayamos a lo concreto, a los datos duros, al deleite de todo historiador. Mencionemos sólo cuatro ejemplos:

Caso 1. Las denuncias por el cobro de coimas del 3 % en la provisión de medicamentos para personas con discapacidad, que involucran a la hermana del Presidente, no representarían ningún problema moral bajo la lógica de Block. Nadie fue encañonado. Hubo un trámite, un intermediario y una aceptación forzada por la necesidad. Para el libertarismo radical, no hay corrupción: hay un incentivo dentro de una transacción “voluntaria”. El discapacitado no es una víctima; es un consumidor sin alternativas.

Caso 2. La frustrada candidatura de José Luis Espert, tras confirmarse su vinculación con el narcotráfico, tampoco colisiona con este marco teórico. Para el autor, el narcotráfico, mientras no medie violencia física directa en el intercambio, es apenas un mercado prohibido por el Estado. El problema no es el dinero sucio, sino que el Estado lo persiga. El narco no es un criminal: es un empresario ilegalizado.

Caso 3. La situación de la senadora Lorena Villaverde, a quien la Justicia le embargó sueldo y aguinaldo por haber vendido terrenos que nunca entregó, tampoco constituye una estafa desde esta ética. Walter Block diría que hubo contratos, firmas y compradores “voluntarios”. Si alguien confió, perdió y quedó sin nada, el mercado ya emitió su veredicto. La política y la justicia sobran.

Caso 4. El escándalo de la estafa con criptomonedas conocido como $LIBRA termina de cerrar el círculo. Según denuncias e investigaciones periodísticas, la participación del propio presidente fue un elemento imprescindible para que el esquema pudiera desplegarse: sin su aval político, simbólico y comunicacional, la operatoria no habría tenido ni alcance ni credibilidad. Sin embargo, bajo la lógica de Block, el problema vuelve a disolverse. Nadie fue obligado a invertir. Si alguien perdió sus ahorros, no fue estafado: fue un mal inversor. El daño desaparece. La responsabilidad política también.

Y es recién acá donde el gesto del libro cobra su verdadero sentido.

Primero: es una señal ideológica interna, no un chiste ni una provocación pública. Un presidente no regala libros al azar. Menos aún a su gabinete. Ese libro funciona como un manual doctrinario: no está pensado para convencer a la sociedad, sino para ordenar moralmente a quienes gobiernan. Es una bajada de línea: esto que hacemos no es un error, es teoría.

Segundo: redefine qué entiende el gobierno por corrupción. Block no niega la existencia de prácticas desagradables; las despenaliza moralmente. Si el único límite es la violencia física directa, entonces la corrupción administrativa, las coimas, las estafas contractuales, el tráfico de influencias o el dinero narco dejan de ser un problema ético. Pueden ser feos, pero no ilegítimos. El regalo del libro es un mensaje claro: no se sientan culpables.

Tercero: convierte los escándalos en coherencia. Cuando aparecen casos como coimas en medicamentos, candidatos ligados al narcotráfico o estafas inmobiliarias, el gobierno no los vive como contradicciones de su discurso, sino como daños colaterales aceptables. El libro explica por qué: si hubo consentimiento, firma o necesidad aceptada, entonces el mercado ya habló. La política no tiene nada que corregir.

Cuarto: es una pedagogía del poder. El libro enseña a gobernar sin culpa. A mirar a la víctima como “cliente”. A pensar al Estado como agresor y al poderoso como héroe incomprendido. Regalar ese texto es formar subjetividades de gobierno capaces de administrar el ajuste, la exclusión y la impunidad con una sonrisa tecnocrática.

En síntesis, ese regalo no es simbólico.

Es una confesión ideológica.

Es decirle al gabinete: si algo huele mal, tranquilos, no es corrupción; es mercado.

Y por eso Defendiendo lo indefendible no es solo un libro provocador: es un manual de anestesia moral, es un manual de gobierno, ideal para un capitalismo que necesita convencernos de que la crueldad es libertad y que la miseria ajena es, en el fondo, una elección personal.

Pd. Recuerden, que para ser libertario, hay que ser millonario o ignorante.

El DNU 34/2026 no es una reforma administrativa neutra: es la llave que le permite a Carlos Presti poblar el Ministerio de Defensa con personal militar en actividad sin que eso tenga costo para sus carreras. Un cambio legal hecho a medida de una nueva conducción, que diluye el límite entre mando civil y estructura castrense.

Por Roque Pérez para NLI

Desde hpy, con la publicación del Decreto 34/2026, el gobierno de Milei modificó por DNU la Ley para el Personal Militar N° 19.101. El cambio central es claro: los militares designados para cumplir funciones dentro del Ministerio de Defensa pasan a ser considerados en “servicio efectivo”, algo que hasta ahora no ocurría.

Hasta este decreto, cualquier oficial superior que aceptara un cargo en Defensa que no fuera estrictamente operativo veía afectada su carrera: quedaba en situación de disponibilidad o pasiva, el tiempo no computaba plenamente para ascensos y se resentía el cálculo del haber de retiro. En los hechos, ir al Ministerio era un freno profesional.

Ese obstáculo acaba de ser removido.

Un decreto funcional a una nueva conducción

La modificación legal encaja de manera perfecta con el desembarco de Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa. Con origen militar y sin una estructura civil propia consolidada, Presti necesitaba una herramienta concreta para traer oficiales en actividad al corazón del Ministerio sin que eso implicara sacrificar trayectorias ni generar resistencias internas.

El DNU hace exactamente eso: convierte al Ministerio de Defensa en una extensión válida de la carrera militar, permitiendo que oficiales del cuadro permanente ocupen cargos clave —secretarías, subsecretarías, direcciones estratégicas— sin perder antigüedad, posibilidades de ascenso ni futuro previsional.

El propio texto del decreto reconoce el problema y lo justifica: habla de “incongruencia” en castigar la carrera de quienes son designados por el Poder Ejecutivo y de la necesidad de cubrir cargos “de manera inmediata”. Traducido: Presti necesitaba traer gente ya, y el andamiaje legal anterior se lo impedía.

Militarización de la gestión civil

El cambio no es menor desde el punto de vista institucional. Se reduce de hecho la frontera entre conducción civil y estructura militar, una línea que fue cuidadosamente trazada en la Argentina desde el retorno democrático.

Aunque el decreto aclara que no se pueden ejercer cargos simultáneos en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio, el efecto político es evidente: militares en actividad pasan a ocupar funciones administrativas y políticas dentro de Defensa como parte normal de su carrera.

Esto altera el equilibrio histórico del Ministerio, donde los cuadros civiles especializados —en planificación, presupuesto, control democrático y política de defensa— pierden peso frente a una conducción cada vez más castrense. El Ministerio deja de ser un espacio de control civil fuerte para convertirse en una zona de circulación interna del poder militar.

El DNU como atajo

No es casual que la reforma se haya hecho por Decreto de Necesidad y Urgencia. El texto invoca la “urgencia” de cubrir cargos y evitar perjuicios en las carreras militares. Lo que se evita, en realidad, es el debate parlamentario sobre un cambio sensible en la relación entre Fuerzas Armadas y poder civil.

El Congreso queda relegado a una revisión posterior, mientras la nueva estructura ya está en marcha.

Una reforma con nombre y apellido

El DNU 34/2026 no responde a una demanda histórica del sistema de defensa ni a un reclamo generalizado del personal militar. Responde a una necesidad política concreta de esta etapa: permitir que Carlos Presti arme su equipo con personal de las Fuerzas Armadas sin pagar costos internos.

En síntesis, el decreto no solo protege carreras militares: reconfigura el Ministerio de Defensa, fortalece el peso castrense en su conducción y consolida una decisión política de Milei que va mucho más allá de una corrección técnica.