Con la presencia del Intendente Marcelo Orazi quedó inaugurada en el Galpón de las Artes la muestra ‘Artistas visuales rionegrinos representan los derechos humanos’.
Las imágenes pictóricas representan cada artículo de los Derechos Humanos con una mirada contemporánea, visual y crítica de nuestros artistas rionegrinos, siendo las obras patrimonio educativo y cultural de la provincia de Río Negro.
La muestra podrá ser visitada todos los domingos de agosto de 17 a 19 horas por el público en general. Además la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina realizará visitas guiadas destinadas a las escuelas, por lo cual las instituciones interesadas deberán comunicarse al celular 2984-650817 para coordinar las mismas.
Durante la inauguración de la muestra estuvieron presentes Leticia González y Sonia Almada de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, además de funcionarios municipales.
La decisión de Karina Milei y Juan Bautista Mahiques de enterrar el proyecto de reforma del Código Penal que se había trabajado durante dos años para proponer apenas unos retoques que tiene como eje central la suba de las penas para casi todos los delitos, excepto para los de la corrupción de la política, cayó como una bomba en el gobierno.
«Milei había colocado a la corrupción como uno de los principales problemas estructurales del país, en el proyecto de reforma del Código Penal que se dio de baja se agravaban las penas contra los delitos de los funcionarios como parte de la lucha contra la corrupción, ahora eso de dejó de lado», recordó un funcionario al tanto de las discusiones internas, ante la revelación del cambio profundo de sentido de la iniciativa que reveló La Nación.
La decisión de voltear el proyecto anterior se anunció luego de la primer reunión entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y el propio Javier Milei. El nuevo enfoque, más favorable o tolerante a la corrupción, coincide con la preocupación que atenaza a Karina Milei por el avance de las causas $Libra y Andis, que la tienen como protagonista de presuntos hechos de corrupción.
Mahiques llegó al cargo por decisión de la hermana y contra la opinión de su hermano que le había anticipado al juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que la nueva dulpa que conduciría el ministerio de Justicia era Guillermo Montenegro y Santiago Viola, como reveló LPO. No parece casual que en su primera entrevista luego de asumir el cargo, Mahiques haya hablado como abogado de los hermanos Milei y hasta deslizó la posibilidad de anular las pruebas de la causa de la Criptoestafa que los compromete.
La reforma del Código Penal que llevaba dos años de trabajo quedó así enterrada de un día para otro. El borrador que venían elaborando el camarista Mariano Borinsky y otros especialistas fue desplazado tras la intervención de Mahiques. El nuevo texto además de bajar las penas para los delitos de corrupción sube los montos para que se configure el delito de lavado de dinero, usualmente asociado a la corrupción de la política. El mensaje es claro y contradice los furibundos discursos de Milei contra la corrupción.
El nuevo texto además de bajar las penas para los delitos de corrupción sube los montos para que se configure el delito de lavado de dinero, usualmente asociado a la corrupción de la política. El mensaje es claro y contradice los furibundos discursos de Milei contra la corrupción.
El cambio más fuerte es conceptual. El gobierno de Milei se vuelca a una mirada punitivista del derecho penal para perseguir delitos comunes, pero pierde impulso en la lucha contra la corrupción, justo cuando sus tres funcionarios más importantes -Javier y Karina Milei y Manuel Adorni- aparecen muy comprometidos por sospechas de enriquecimiento ilícito.
La reforma así avanza sobre los delitos de calle contra la propiedad y se detiene frente a los delitos del poder. El giro no es técnico. Es político. Se abandona una lógica de revisión integral y se adopta un criterio selectivo. Castigar con mayor dureza los delitos comunes y hacer la vista gorda o directamente favorecer los de cuello blanco.
El texto prioriza el aumento de penas para delitos como robos, hurtos, entraderas, salideras bancarias y estafas, en línea con una agenda de seguridad urbana y se abandona la lucha contra la corrupción, antes descripta por Milei como una de las causas estructurales de la decadencia argentina. En el anterior proyecto se proponía incluso declarar impescriptibles los delitos de corrupción. Nada de eso quedó en la modificación de Mahiques.
El nuevo texto incluso introduce cambios en materia probatoria. Se ajustan los criterios de admisión de pruebas. Se limitan algunos mecanismos que hoy permiten incorporar evidencia en las causas. Un punto con impacto concreto, por ejemplo, en el caso Libra. Las modificaciones podrían afectar la validez de pruebas clave y habilitar su nulidad.
El texto también introduce cambios en delitos de lesa humanidad. Según el nuevo enfoque, se revisan criterios que hasta ahora tenían un tratamiento específico, lo que en la práctica abre la puerta a discusiones sobre su encuadre y alcance. Juristas advierten que, aunque no se modifican principios centrales como su imprescriptibilidad, sí se generan zonas grises en la interpretación que podrían ser utilizadas en planteos judiciales de los genocidas.
En el Congreso ya se anticipa una discusión tensa. Desde la oposición afirmaron que la reforma «recorta por arriba y endurece por abajo».
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Los defensores de un rugbier implicado en varias causas de corrupción pidieron que se cite a declarar como testigo a Héctor Daniel Marchi, que durante años manejó los millonarios recursos que administra la Corte Suprema de la Nación. El motivo es que un arrepentido en este juicio, que era un funcionario de máxima jerarquía de la ex AFIP, sostuvo que Marchi fue el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario.
El pedido lo formulan los abogados que defienden a Santiago Busaniche, un lobbysta de la Justicia Federal, conectado con jueces y funcionarios de Comodoro Py y con el mundo de los servicios de inteligencia, sospechado de haber gestionado pagos indebidos para diversos magistrados.
Los defensores de Busaniche solicitaron que a Marchi se lo exima del juramento de decir la verdad, que es obligatorio para quien declara como testigo. Esto se hace en los casos en que se presume algún tipo de compromiso ilícito, ya que una persona en esas condiciones queda liberado del peso de declarar algo que la perjudique. También solicitaron que le secuestren el teléfono.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 frente al estallido de una interna. Quien resistió su relevo, así lo reflejó la prensa por entonces, fue justamente Lorenzetti.
Según analizaron abogados en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario que hablaron con LPO, estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
En estos días se conocerá además el fallo de la sala de la Cámara de Casación que hace tres semanas recibió un pedido de la defensa de Busaniche para recusar a los fiscales que participan de la investigación al escribano y de invalidar la causa. Los tres jueces que recibieron el planteo son los camaristas Mariano Borinsky, José Luis Gemignani y Carlos Mahiques.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial.
El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando el ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.
En una de sus declaraciones como imputado colaborador, Vaudagna afirmó que Marchi estuvo en la gestión de esa extorsión, presionando para que se concretara. El financista Fernando Whpei, que está procesado y también actúa como arrepentido, admitió haber cobrado de parte de Iglesias 160 mil dólares en cinco pagos para que paralizaran la causa en su contra. Dos años después de iniciada esa causa, Bailaque le dictó la falta de mérito a Iglesias.
Busaniche está registrado en el teléfono de Vaudagna pidiendo en varias ocasiones que agilice desde la AFIP el informe que permitiría implicar a los empresarios que serían objeto de la extorsión y que fue el documento con el que se abrió la causa judicial para, según los fiscales, chantajear a los damnificados. Esta conversación ocurrió el 29 de noviembre de 2019. Dos días después el juez Bailaque mandó allanar a Iglesias
Los abogados de Busaniche, Diego Pirotta y Débora Lichtmann, dicen desde el inicio que a su cliente lo introducen de manera falaz en el caso. Sin embargo, Busaniche quedó formalmente acusado de instigar los delitos de allanamiento ilegal, falsificación de documento e incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que con esas maniobras se consumó la extorsión. No se probó que haya cobrado pero sí que fue partícipe para que la maniobra se concretara.
Estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
Hasta ahora cada uno de los planteos de la defensa de Busaniche fue desestimado por los jueces federales a cargo de las audiencias, tanto Eduardo Rodrígues da Cruz como en otra causa Carlos Vera Barros. Pero ahora que el trámite por la extorsión entra en etapa de control probatorio, sus defensores piden que citen a declarar a Marchi como testigo. Según los defensores la fiscalía nunca lo convocó pese a que Vaudagna hizo esa declaración implicando al ex administrador de la Corte. Ellos aspiran a que Marchi como testigo desbarate la acusación y de ese modo despegue a Busaniche.
Para ello también propusieron a otros testigos con ese mismo fin. Entre ellos a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó. Y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.
Asimismo piden que comparezcan Vaudagna y Whpei, los dos acusados de la extorsión junto al juez Bailaque. En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.
El empresario Fernando Whpei.
Para entender otras citaciones propuestas por la defensa hay que analizar el contexto de la supuesta extorsión. Claudio Iglesias, el empresario chantajeado, era en esa época directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, y aspiraba a llegar a la presidencia. Si bien esa posibilidad era remota, la causa penal en su contra lo terminó de sacar de carrera.
Los defensores Pirotta y Lichtmann citaron como testigo al abogado Ricardo Silberstein, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz. Adujeron que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias».
Silberstein nunca fue implicado en esta causa judicial. En una consulta con este medio a fines del año pasado dijo que era incomprensible que Vaudagna lo hubiera aludido. «No lo conozco, jamás tuve un encuentro con él, tampoco con Whpei o Busaniche. No entiendo por qué me involucran repentinamente en algo así en una causa que de repente se llenó de arrepentidos. Iglesias no fue nunca candidato a presidir San Cristóbal», dijo.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario.
Es justamente por descargos como éste que los defensores quieren que declare Silberstein y también su secretario privado en la época de los hechos. Silberstein será en octubre próximo candidato a presidir San Cristóbal. Los defensores piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.
Respecto de la citación como testigo a Marchi la pretensión es la misma. Que el ex administrador de la Corte señale si tuvo intervención en la extorsión como indica Vaudagna y que manifieste si conoce a Bailaque y a Busaniche.
El ex juez federal, Marcelo Bailaque.
Busaniche tiene un perfil muy llamativo y reconocible en el campo de los lobbies al interior de la Justicia Federal. De 53 años, fue empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a donde ingresó por impulso del ex diputado provincial Julio Gutiérrez, de quien es su yerno. Hace 25 años reside en Buenos Aires, en el Palacio Paz, y se mueve entre funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación y de los servicios de inteligencia del Estado. Le atribuyen gravitación en las designaciones de personal en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario. Los procesó el juez federal Vera Barros y hace dos semanas la Cámara Federal de Rosario confirmó la medida por unanimidad.
El escrito de la defensa de Busaniche que pide la comparecencia de Marchi fue presentado en febrero y trasciende cuando promedia abril, en el contexto de recrudecimiento de internas dentro de la Corte Suprema, tras la presentación desde el tribunal máximo de un proyecto que cambia la reglamentación para la elección de jueces.
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