SIN DEBATE NO HAY LICENCIA

El modelo extractivista se impone a la fuerza, Rio Negro no está exento de este tipo de políticas antidemocráticas. Las empresas demandan y los gobiernos cumplen. La sociedad defiende el medio ambiente.

Para construir el oleoducto y el puerto exportador en Punta Colorada, el Estado provincial se vio obligado a derogar la Ley 3.308 que prohibía las actividades petroleras en el golfo desde la década del ´90. Lo hizo sin debate previo, sin dejar ingresar a la legislatura a las asambleas y organizaciones ambientalistas, sin la debida consulta a las comunidades involucradas, y con la patota de la UOCRA custodiando el recinto como grupo de choque en aquella jornada legislativa de septiembre del 2022, todo esto, a las claras, dice algo.

Es necesario recalcar que la zona del Golfo San Matías presenta un delicado equilibrio en su biodiversidad, que a la vez allí se impulsan economías regionales como la pesca artesanal y el turismo. Actividades que generan 50.000 puestos laborales permanentes que se incrementan en temporada y que según las proyecciones se multiplicaran en los próximos años.

Sumado a esto se ponen en riesgo cuatro áreas naturales protegidas y un parque nacional en Río Negro: la Bahía de San Antonio, Punta Bermeja, Reserva Caleta de los Loros y Puerto Lobos, y el Parque Nacional Islote Lobos. Por el intercambio de flujos de agua también compromete la Península Valdés, en Chubut, reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Sí, ahí donde de todas partes del mundo van a ver a las ballenas.

También la supervivencia de más de 150 especies de moluscos, crustáceos, peces, aves, tortugas y mamíferos marinos, como ballenas, lobos marinos, delfines, que habitan, migran, se reproducen y alimentan en el golfo San Matías. Es la principal zona de reproducción de la ballena franca austral en el Atlántico sudoccidental y del Pingüino de Magallanes, además de punto estratégico para más de 150 especies de aves migratorias. Por esto mismo, es la gran afluencia de turismo de todo el mundo.

“Queremos expresar enérgicamente que esta Audiencia carece de validez, que es nula y que vamos a iniciar las acciones administrativas y judiciales pertinentes. Violaron nuestros derechos, el más elemental: el derecho a la participación. Llenaron el gimnasio donde se realizó la audiencia fraudulenta en Sierra Grande para impedir la intervención de voces críticas. Además, al vernos llegar movilizados decidieron apelar a la violencia con grupos organizados por el intendente Enzo Tamburrini y dirigidos por su jefe de gobierno, José María Clemant, quién daba las órdenes para las agresiones”, comienza el comunicado compartido por las asambleas del Currú Leufú.

Afirman los asambleístas que Tamburrini, intendente de Sierra Grande, pidió llevar la Audiencia Pública a su localidad y desde entonces entendieron que el gobierno había resuelto imponer este proyecto a costa de degradar aún más los mecanismos democráticos.

Expresan en su comunicado “No logramos participar de la audiencia. De todos los oradores inscriptos de asambleas y organizaciones, sólo seis pudieron acreditarse. Al resto le negaron la entrada con razones arbitrarias. Desde temprano llenaron el gimnasio con gente que llevó el gobierno y la intendencia. Dijeron que iban a garantizar el ingreso de nuestros oradores pero no cumplieron. Las fuerzas policiales retrasaban el ingreso de integrantes de las asambleas controlando sus pertenencias, no dejaban entrar carteles ni banderas contra el proyecto. Mientras para las patotas y personas afines la entrada era libre y adentro abundaban los carteles y banderas de YPF.”

Agregan “Una de las oradoras de las asambleas que logró acreditarse reclamó a la funcionaria de Ambiente de la provincia, Dina Migani, sobre la prohibición del ingreso de muchos integrantes de las asambleas y denunció que afuera estábamos recibiendo golpes. La respuesta fue sacarla violentamente con la policía luego de amenazarla. Además, la funcionaria dijo no poder garantizar la seguridad que había comprometido para quienes estaban manifestándose contra la instalación del oleoducto.”

La secretaria de ambiente Migani, también empresaria petrolera ya que su empresa familiar (Quimpe srl) es proveedora de servicios e insumos para dichas actividades (infringiendo la ley de ética del funcionario público) presenció cómo negaban el ingreso a las personas ya acreditadas como oradoras. También presenció uno de los momentos en los que las patotas atacaron a asambleístas. “Fue testigo de todo y, sin embargo, decidió darle continuidad a la audiencia”, expresan en el comunicado.

Las asambleas habían invitado a participar a especialistas en cambio climático, energía, ecología, biólogos/as marinas, oceanógrafos que no pudieron participar, los dejaron bajo la lluvia, sin acceso a baños y cuando vieron que iban a permanecer hicieron que las patotas de la intendencia y la UOCRA los atacaran con golpes y empujones.

Previamente a la audiencia las asambleas realizaron una serie de gestiones para garantizar las condiciones de seguridad y participación ya que se avizoraba un clima de hostilidad y confrontación arengado por los mismos funcionarios. Al respecto, Organismos de Derechos Humanos se pusieron en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. También el Obispado de la Diócesis de Viedma y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos habló con la gobernación y los jefes del operativo para advertir y evitar estas hostilidades. Todos asumieron el compromiso de garantizar nuestra integridad física y nadie cumplió. 

“Entendemos que están imponiendo el proyecto apelando a la violación de leyes, rompiendo con los estándares básicos de derechos humanos. Están imponiendo el proyecto con violencia y represión. YPF, la Secretaría de Ambiente de la empresaria Dina Migani y el intendente de Unión por la Patría Renzo Tamburrini arengan articuladamente discursos de odio contra el movimiento ambiental cuyos resultados están a la vista. Ante todo esto, las Asambleas de Río Negro, Chubut y organizaciones de Neuquén demandamos que esta Audiencia no es un acto administrativo válido. Lo que organizaron no fue una Audiencia Pública bajo normas vigentes, fue un acto sectorial violento, viciado y carente de voces críticas” afirman.  

El comunicado sentencia sobre el final, “Esta instancia nos da más claridad porque vuelve a poner de manifiesto que están impidiendo la expresión de quienes están en oposición. Si ellos están convencidos de su apoyo al proyecto, ¿por qué no nos dejan participar?, ¿a qué le tienen miedo? Tal vez lo que pretenden evitar es que aportemos análisis reales con los que peligre la legitimidad que están consiguiendo con mecanismos antidemocráticos, represivos, que incurren en la violación de derechos humanos, acuerdos y tratados internacionales”.

YPF promete crear 2500 puestos de trabajo con el proyecto pero no aclara que no serán permanentes. 2400 empleos serán momentáneos durante la ejecución de la obra y solo cien permanentes en la parte operativa de la terminal, esencialmente técnicos y de monitoreo a distancia. Referentes del sector empresarial y técnico reconocen que el horizonte exportador es de 10 años.

Multiplicar la extracción de crudo en Vaca Muerta a través del fracking, por un lado acorta el tiempo de producción, es decir menos años de trabajo; duplica el uso y la contaminación del agua y del aire, movimientos sísmicos en zonas aledañas e incremento de minería de arenas silíceas que ya se instalan en nuestra provincia. Todas estas acciones tienen graves consecuencias para la salud de la población, como ya está probado en juicios contra empresas petroleras. Como así también genera mayor desigualdad en los ingresos, como ya lo estamos sufriendo en ciudades donde el costo de vida se vuelve inaccesible para el 60% de los trabajadorxs.

En definitiva, un proyecto que no multiplica los puestos laborales permanentes, que tiene una duración acotada en el tiempo, pone en peligro la biodiversidad y la continuidad de economías regionales debe ser discutida en todas sus aristas por todos los actores involucrados. Para que se pueda poner en la balanza lo que se gana y se pierde, tanto en el presente como para los que vienen, porque justamente la defensa del medioambiente se encuentra directamente relacionada con la defensa de los derechos de las futuras generaciones.

Foto portada: CarolinaBlumenkranc