Segundo encuentro del ciclo ‘Cine en mi barrio’

La maquinaria de corrupción estructural que tejió Patricia Bullrich durante su paso por el Ministerio de Seguridad incluye compras irregulares, sobreprecios escandalosos, y una red de favores que alcanza hasta a su propia familia. La causa duerme en Comodoro Py, pero las pruebas hablan por sí solas.

Mientras el gobierno de Javier Milei repite eslóganes de transparencia y honestidad, una de sus figuras centrales protagoniza una historia de saqueo sistemático al Estado. Patricia Bullrich, reciclada una vez más como ministra de Seguridad, vuelve a ocupar el sillón desde el cual, entre 2016 y 2019, se aprobó una serie de operaciones que combinan negociados millonarios, direccionamiento de licitaciones y lavado de dinero familiar. Nada de esto es opinión: todo está documentado.

En el universo paralelo que habita Javier Milei, los corruptos siempre son otros. El gobierno libertario ha hecho del marketing contra “la casta” su núcleo discursivo. Pero detrás del telón, en las sombras donde operan los verdaderos engranajes del poder, una vieja conocida del macrismo sigue moviendo millones como si nada hubiese pasado. Patricia Bullrich no sólo volvió al Ministerio de Seguridad, sino que lo hizo con la impunidad garantizada por Comodoro Py y la bendición del nuevo oficialismo. Y es allí, en esa continuidad entre gobiernos que dicen enfrentarse pero que se tapan las espaldas, donde esta historia toma forma.

El video del diputado Rodolfo Tailhade vuelve a hacer lo que la Justicia no: exponer con datos precisos y documentación concreta cómo se vació el Estado bajo el pretexto de proteger al G20. Lo que debía ser una operación para garantizar la seguridad de una cumbre internacional terminó convirtiéndose en una caja negra de contratos adjudicados sin control, equipamiento comprado a empresas amigas, y un sistema de licitaciones que parecía diseñado más para enriquecerse que para gobernar.

Todo comenzó con una firma. El 16 de febrero de 2018, Bullrich y su equipo rubricaron un acta acuerdo para justificar una serie de compras directas millonarias con motivo del G20. Entre los firmantes figuran nombres que hoy están de vuelta en la función pública: Alberto Fernando Forig, Martín Siracusa, Carlos Becker Fioretti, Adriana La Forgia y Juan Ignacio Onel. Los cargos que ostentaban entonces explican mucho de lo que vendría: eran quienes manejaban la logística, la administración y las compras del ministerio. Eran, en otras palabras, los habilitados para hacer negocios.

Las compras, como documenta Tailhade, fueron escandalosas. Se pagaron 2,1 millones de dólares por vehículos que llegaron meses después del evento, cuando ya no servían para nada. De los 20 furgones adquiridos, sólo 5 llegaron antes del G20 y, encima, sin los equipos de comunicación prometidos. Las ambulancias llegaron medio año más tarde. ¿Consecuencias? Ninguna. No se aplicaron multas, no se rescindieron contratos. El Estado fue saqueado a la luz del día y nadie movió un dedo.

Lo mismo ocurrió con los uniformes, adjudicados por 200 mil dólares a la firma Geotex SRL, única oferente. ¿Casualidad? Ni por asomo. Meses antes, Siracusa —el mismo que firmó la compra— se había reunido con los responsables de la empresa. Los uniformes llegaron con cinco meses de retraso, y de los 900 prometidos, 800 no cumplían con los requisitos técnicos. La SIGEN nunca supo dónde terminaron. Pero el dinero ya había volado.

Otra operación notable fue la adjudicación a NTtec Company Limited, también única oferente, por dos millones de dólares. Aquí, el escándalo es aún más burdo: al momento de la contratación, la hija del director nacional de logística que aprobó la compra, Carlos Becker Fioretti, trabajaba en esa empresa. Sin embargo, la licitación siguió adelante. La entrega se hizo nueve días después del G20. Todo se lavó con el mismo jabón.

Los chalecos antibalas, que siempre se adquirieron a Fabricaciones Militares, fueron comprados por primera y única vez a la firma Antaj SRL. Un millón de dólares, con un sobreprecio de 300 mil respecto al precio testigo de la propia SIGEN. ¿Y quién era el gerente de la empresa? Alejandro Altoé, miembro de la fundación Confianza Pública de Graciela Ocaña, la supuesta «Señora Transparencia» de la política argentina. El entramado es perfecto: un círculo cerrado de funcionarios, empresarios amigos y operadores políticos que transformaron al Estado en una plataforma de negocios.

Pero lo que convierte esta trama en algo más grave que una simple cadena de corrupción es la reincidencia, la impunidad y el reciclaje institucional. La Oficina Anticorrupción denunció en 2022 a todos los involucrados por malversación de caudales públicos, administración fraudulenta e incumplimiento de deberes. Sin embargo, Comodoro Py decidió mirar para otro lado. Los seis imputados siguen libres, cinco volvieron a ocupar cargos públicos, y Bullrich volvió a ser ministra como si nada hubiera pasado.

¿Y el lavado? Allí entra el rol de la familia. Según denuncia Tailhade, Bullrich armó una ONG llamada IEES (Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad), que habría sido utilizada para canalizar parte de los fondos desviados entre 2016 y 2019. Una estructura aparentemente académica, en realidad convertida en lavadora de lujo. Porque si algo aprendió la ministra de Seguridad es que, para robar con impunidad, primero hay que revestirse de institucionalidad.

Todo esto ocurre mientras el gobierno de Javier Milei ajusta brutalmente a los sectores populares, recorta presupuesto en educación, salud y ciencia, y vende como “motosierra moral” lo que no es más que una redistribución brutal del poder económico hacia los mismos de siempre. La ministra que se llenó la boca hablando de “orden” y “república” es, según las pruebas, la protagonista de una de las mayores operaciones de desfalco del Estado argentino en tiempos recientes.

Mientras se demoniza a las universidades públicas y se reprime la protesta social, no hay un solo operativo judicial en curso contra Bullrich y su banda. Todo lo que debiera estar siendo investigado con rigurosidad por los tribunales, se reduce a una denuncia dormida en un cajón y una funcionaria que sigue acumulando poder.

Pero los datos están. Las fechas están. Las firmas, los montos, las empresas fantasmas, los vínculos familiares, las entregas fuera de término, los sobreprecios, los encuentros previos a las licitaciones, todo está registrado. Y sin embargo, el blindaje mediático, judicial y político permite que esta historia siga sin consecuencias.

Porque el problema no es Bullrich. El problema es un sistema que naturaliza el choreo cuando se hace con corbata, expediente y firma de funcionario público. El problema es un aparato estatal colonizado por mafias que, en nombre de la seguridad, nos desvalijan con total impunidad. Y lo más preocupante es que, mientras eso sucede, nos piden austeridad a nosotros.

(EnOrsai)