La cifra surge de un modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), afiliada a la Facultad de Medicina de la UBA. El estudio calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, por ahorro en los costos del sistema de salud.
Fumar mata a 123 personas por día y le cuesta al sistema de salud más de $ 196 millones por año para la atención médica de las patologías que provoca, reveló un estudio de modelo matemático realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial y sus efectos negativos también se trasladan a la economía.
Al respecto el equipo de investigación del IECS, una institución académica afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también calculó que, si se aumentaran los impuestos a los productos del tabaco, incrementando su precio 50%, la Argentina obtendría un beneficio económico de $ 590.674 millones, proveniente principalmente del ahorro de costos en el sistema de salud y la mayor recaudación fiscal.
Es un monto con el cual se podrían construir, por ejemplo, 1.750 escuelas.
“El tabaquismo es un problema mayor de salud pública y nuestro objetivo es proveer de evidencia para que los gobiernos y sistemas de salud adopten políticas públicas más efectivas y eficientes que permitan combatirlo”, explicó el director ejecutivo del IECS, doctor Andrés Pichon-Riviere.
Pichon-Riviere, magister en ciencias y en Epidemiología Clínica de la Universidad de Harvard, indicó que “en la Argentina, la recaudación por impuestos al tabaco solo cubre 26% de lo que el país gasta por los daños y costos directos e indirectos que produce“.
El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial y sus efectos negativos también se trasladan a la economía.
Por su parte el economista Alfredo Palacios, coordinador de Economía de la Salud del IECS y autor principal del estudio, sostuvo que “a pesar de los progresos alcanzados en materia de impuestos en los últimos años, la carga de enfermedad por tabaquismo sigue siendo muy alta en Argentina, así como los costos directos e indirectos que implica”.
“Los cigarrillos en Argentina son baratos -subrayó- y hay un margen para aumentar impuestos. Para la Organización Mundial de la Salud, aumentar el precio de los cigarrillos a través de impuestos es la mejor medida para reducir los impactos de esta epidemia”, señaló Palacios
Se estima que en nuestro país el 29,6% de los hombres y el 20,4% de las mujeres fuma. Y eso no es gratuito para la economía y la sociedad.
Los investigadores del IECS estimaron que el cigarrillo produce cada año en el país:
101.736 casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
61.470 de enfermedades cardíacas,
32.650 de neumonías,
11.374 de accidente cerebrovascular (ACV)
19,178 de cánceres, incluyendo 9.513 de pulmón.
Asimismo, es responsable de:
9.972 muertes anuales por enfermedades cardíacas;
9.153 por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC);
8.593 por cáncer de pulmón;
5.757 por otros cánceres;
5.144 por tabaquismo pasivo y otras causas;
3.915 por neumonía;
2.182 por accidente cerebrovascular (ACV).
En conjunto, estas cifras representan el 14% de las muertes anuales en el país.
Palacios explicó que en el estudio consideraron un argumento habitual de la industria tabacalera, que busca disuadir las políticas de aumento de impuesto al tabaco señalando el potencial incentivo del comercio ilícito de cigarrillos.
“No vale la pena que los legisladores pierdan tiempo en eso. Aún en un escenario pesimista de potencial comercio ilícito el país va a obtener enormes beneficios si se aumenta el impuesto al tabaco”, aseguró.
De acuerdo con lo reportado por el estudio, aún, considerando un escenario pesimista de potencial comercio ilícito, incrementar un 50% el precio de los cigarrillos a través de impuestos podría salvar 17.440 vidas en 10 años; evitar 74.040 enfermedades; y producir beneficios económicos totales de $ 547.659 millones.
Los resultados forman parte de una investigación en la que colaboraron más de 40 investigadores y centros de investigación e instituciones públicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú.
Orianatiene 16 años. Aunque no fue hace mucho tiempo, recuerda sus inicios en la escuela secundaria como si fueran parte de otra vida. “Nos daban buenas charlas”, dice sobre los encuentros semanales que tenían en el aula con las profes. Con ellas aprendió sobre infecciones de transmisión sexual como el VIH, sobre las diferencias entre el preservativo, un DIU hormonal y el chip anticonceptivo. También, que el consentimiento tiene que ver con respetar el propio deseo, que “un no es no, y listo”.
—Fue muy útil. Si no me lo decían ellas, capaz ni me enteraba.
Desde la vuelta de la democracia, la profundización en la manera de abordar y sensibilizar sobre salud sexual impulsó leyes provinciales situadas, adaptadas a la realidad y a las necesidades de cada territorio. En los últimos siete años, las políticas públicas transversales lograron reducir un 50 por ciento los embarazos de adolescentes argentinas. Pero la tendencia no alcanzó de igual manera a todo el país: una de las excepciones sigue siendo Salta, donde el promedio de fecundidad en esa franja de edad aún es más alto que en el resto de las provincias y está por encima del promedio a nivel mundial. Como sus pares de distintas regiones, Oriana tuvo acceso a un ámbito de conversación segura, pedagógica, asertiva y accesible sobre su cuerpo, su deseo, los cuidados y el futuro. Lo encontró en un espacio central como es la escuela pero con un modelo descentralizado de los habituales, como podría ser el consultorio de una ginecóloga o la clase de biología.
Aquellas charlas eran parte del Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia), creado en 2017 con un objetivo principal: prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, hacer parte también a los adultos sobre el tema, tender puentes más eficientes y afectivos de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, enseñar sobre decisiones informadas y consentimiento, prevenir el abuso sexual. Articulados a través de los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social, a nivel nacional y provincial se formaron equipos territoriales integrados por docentes y referentes comunitarios presentes en centros de salud, hospitales, centros barriales y secundarias como la de Oriana. “Hoy se habla mucho más de otras cosas, como bullying y grooming”, cuenta la adolescente.
Así como ningún derecho nace y se convierte en política pública, pero puede llegar a serlo, no toda política pública es perfecta: hace su camino al andar. En Argentina 43.210 adolescentes de 15 a 19 tuvieron un hijo en 2022, al igual que 1087 adolescentes menores de 15.
La historia de la ampliación de los derechos sexuales en el país se inició a mediados de los 80. El acceso a “la píldora” fue bandera de la segunda ola feminista de los años 60, que vio interrumpida su marcha por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En dictadura se eliminaron las actividades de control de la natalidad y también la venta de anticonceptivos. La apertura del 83 mostró una sociedad más madura y sensible. Por fin, en 2002 llegó la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que impulsó la creación de un programa pionero. Por primera vez en el país, la salud sexual y reproductiva entró en la agenda de las políticas públicas del Estado nacional.
Pese a los cambios de gobierno y de políticas de los últimos años, las principales redes que muchos de esos programas tejen quedan de pie. Algunas preguntas también quedan: ¿Alcanzan solo los marcos legales o necesitan una corporalidad social robusta para sortear los contextos políticos? ¿Cómo se altera el alcance de los diversos programas si su sustentabilidad sufre recortes? ¿Cómo involucrar más a las familias? ¿Cómo involucrar más a los varones? ¿Cómo desandar la vergüenza para hablar del tema, los mitos sobre los efectos colaterales del uso de métodos anticonceptivos, los prejuicios sobre el deseo en la adolescencia, los gestos machistas, los miedos, el pudor y los malos entendidos? ¿Cómo incidir en particular en las provincias argentinas donde aún queda mucho por acompañar y sostener en relación a la maternidad y paternidad tempranas? ¿Cómo proponer otros imaginarios de futuros posibles y probables? ¿Cómo fortalecer a esas redes que aún permanecen?
Estas fueron las motivaciones que impulsaron el Estudio sobre trayectorias, experiencias y significados en torno al embarazo temprano no intencional en la adolescencia en la Provincia de Salta, iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina. La investigación puso la lupa en un territorio determinado para repensar lo que subyace a la estadística: las vidas. “Nos impulsó la ausencia de datos de infancias y adolescencias que muchas veces caracterizan la investigación social. Por eso, nuestro gran desafío fue dar lugar a las voces de las jóvenes”, cuenta Anabel Fernández Prieto, Oficial de Programas de UNFPA. Esas voces, sus testimonios, “muestran la necesidad de seguir trabajando en políticas y acciones. Pero no en soledad ni de manera aislada, sino entramando con distintos sectores”, agrega Fernández Prieto.
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A Oriana no le gusta ventilar su intimidad. Por eso aprovechaba las rondas de preguntas que hacían sus compañeras de cursada a las asesoras del Plan ENIA que mostraban distintos métodos anticonceptivos, explicaban su uso y sobre todo, las escuchaban. La conversación grupal ayudaba a desandar temores y vergüenzas, a ponerlos en palabras. Dos cosas le quedaron grabadas a Oriana: que nadie puede obligarlas a hacer algo que no quieran y que para lo que necesitara, siempre estarían abiertas las puertas y la escucha en el Centro de Salud. Si Oriana no estaba de novia, ¿para qué iba a ir a retirar anticonceptivos?, pensaba. Al poco tiempo, se enamoró. Ella tenía 15 años y él 16. A pesar de toda la información que tuvo a mano, semanas después, un atraso en su menstruación. Ni lo dudó: fue a la salita a pedir un test de embarazo. Hoy es madre, su bebé tiene cuatro meses.
El Estudio… ofrece argumentos para profundizar los debates sobre el derecho de las juventudes a vivir su salud sexual de manera segura y libre.
Blanca deja el cochecito de su bebé de siete meses en cualquier rincón del aula. Quedará ahí, plegado, un buen tiempo. Lo que sobran, cada mañana, son brazos dispuestos a alzarlo. Blanca tiene 16. No planeaba ser mamá pero sabía criar. Es la tercera de siete hermanos, viven con su papá. Hoy su vida cotidiana se reparte entre la escuela, su familia, y un trabajo nuevo: los fines de semana limpia micros en la terminal. Con este ingreso más la Asignacion Universal por Hijo, compra pañales que se terminarán antes de llegar a fin de mes.
Qué ofrecerles a las adolescentes que fueron madres también es una pregunta-guía. Uno de los datos que arrojaes que ninguno de esos hijos accede a jardines maternales o escuelas de nivel inicial. Los cuidados recaen, sobre todo, en las madres, que resuelven en un mix de ayuda familiar y brazos de docentes que aupan en medio de las clases. “Sus voces nos muestran que sin la intervención del ámbito público no es posible pensar en políticas que protejan sus derechos y también sus deseos”, dice Fernandez Prieto.
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Emilia responde con pocas palabras. Ante algunas preguntas, duda y repregunta. Tiene 16 años. A los 10 años tuvo su primer novio, él tenía 11. Tres años después tendrían un bebé. Hace poco se separaron. El ahora tiene 17 y desde hace meses que no ve a su hija. Emilia sostiene la crianza sola, con ayuda de su mamá y sus hermanas. De las charlas en la escuela recuerda los videos sobre los cambios corporales y los métodos anticonceptivos, pero no cuenta mucho sobre eso. Se entusiasma un poco más cuando le preguntan cómo era su vida antes de la maternidad. “Antes era re infantil y caprichosa. Ahora maduré mucho”. Sobre cómo imagina su futuro, dice:
—Espero que mi hija no repita mis errores.
Emilia quiere ser masajista. “Voy a estudiar mucho para salir adelante”.
Entre los objetivos de las políticas públicas que trabajan por la prevención del embarazo temprano suelen estar, también, acompañar la maternidad precoz sobre todo de quienes vienen de contextos de pobreza. Las contienen, entre otras cosas, para que puedan completar sus trayectorias educativas y aún así maternar, criar y cuidar protegidas.
“A pesar de vivir muchas formas de violencias que restringen su libertad de decidir, las adolescentes imaginan, diseñan y construyen un futuro posible”, dice Andrea Flores, investigadora del informe de UNFPA.
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Luna prestaba mucha atención a “eso de las relaciones”. En las charlas sobre educación sexual que daban en su escuela aprendió que podía pedir que le colocaran un dispositivo intrauterino de manera segura y gratuita en el centro de salud del barrio. Estaba dispuesta a hacerlo, pero una de sus hermanas le dijo que le daría pinchazos. Al final eligió tomar pastillas y fue en esas charlas donde las agentes de salud le explicaron cómo hacerlo. No se animó a preguntarle si lo del pinchazo era cierto.
En las mismas aulas donde escuchó sobre historia o matemáticas, recibió información sobre salud sexual de manera segura y amorosa. En su casa de eso no se habla, dice, y entre amigas, tampoco. Nunca buscó información en internet. Y no se le ocurría ir al centro de salud, en el barrio está la idea de que ahí se va “solo para atender a los bebés”.
Caminar los territorios y conversar con las adolescentes evidencia que si bien Argentina avanzó en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos a través de leyes nacionales, provinciales y políticas públicas, aún queda por construir el acceso universal a esa información. Una función esencial de la salud pública es la producción, el análisis y comunicación de ese tipo de datos.
En Argentina, al menos nueve leyes nacionales garantizan a las mujeres de entre 15 y 49 años el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a información y educación en la materia. Con las leyes solas no alcanza, sin las leyes no se puede. ¿Qué aportan los programas que previenen el embarazo adolescente al ejercicio y acceso a estos derechos?
Entre 2018 y 2023 los embarazos en niñas y adolescentes se redujeron a la mitad. Pero aún hay miles de jóvenes que llegan a la maternidad de manera temprana. Que teniendo acceso a diferentes métodos anticonceptivos, no los incorporan de manera eficaz. Que teniendo acceso a la IVE, no eligen interrumpir sus embarazos. Que aún soñando futuros muy lejos de pañales y mamaderas, terminan yendo a la escuela acompañadas de sus bebés. ¿Qué pasa? ¿Qué falla? El Estudio… detecta un denominador común en el testimonio de las adolescentes madres: les da mucha vergüenza hablar, repreguntar sobre cuestiones de salud sexual. Sin la permanencia de políticas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia los espacios pedagógicos que, incluso entre risas nerviosas habilitan las dudas y preguntas, queda desierto.
El día que se enteró que estaba embarazada, Oriana llegó al borde del llanto a la escuela. En el baño le contó por primera vez a una compañera lo que le estaba pasando. Lloró con ella y hasta con la vicedirectora, que se acercó para contenerla. “Necesitaba desahogarme” recuerda. Durante el embarazo no se perdió ni un día de clases.
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