El Intendente Marcelo Orazi encabezó el acto de entrega de los certificados a quienes realizaron en diciembre pasado el curso de embalado de frutas organizado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad.
En la oportunidad recibieron los mismos la primera tanda de un total de 123 personas que asistieron a la actividad. La segunda entrega se realizará mañana viernes a las 19 horas en el Minianfiteatro.
En la oportunidad, el titular de la Oficina de Empleo Darío Centeno manifestó que “desde este lugar siempre buscamos herramientas y alternativas que los pueda ayudar a conseguir trabajo. Les agradezco por su participación en el curso. Estoy contento porque hay vecinos que no están acá porque ya están trabajando en plantas de empaque”.
Por su parte el Intendente Orazi señaló que “es agradable estar en este tipo de actos porque significa otorgar herramientas que los acerque al mercado laboral que ofrece nuestra región en uno de los eslabones de la actividad frutícola”.
“Como dijo Darío me alegro que falte gente porque está trabajando. El Municipio, a través de la Oficina de Empleo, toma un rol presente pero fundamentalmente activo en la temática laboral, tan sensible e indispensable para todos. Lo hacemos no sólo a través de estas capacitaciones, sino también siendo intermediarios entre empresas y comercios reginenses que buscan y necesitan mano de obra local”, precisó Orazi.
“También lo hacemos cubriendo una franja que muchas veces queda al margen del mercado laboral, que son nuestros jóvenes a través del programa Empleo Joven. Son en definitiva no sólo decisiones sino hechos concretos en los que como Municipio intervenimos en el mercado laboral”, dijo el jefe comunal quien también felicitó a los asistentes por haber finalizado la capacitación.
Luego se procedió a la entrega de los certificados a cargo del Intendente Orazi y del titular de la Oficina de Empleo. Estuvieron además los Secretarios de Gobierno, Guillermo Carricavur; de Obras y Servicios Francisco Lucero y de Desarrollo Social Luisa Ibarra; la Directora de Recursos Humanos Celia Riffo y el capacitador Víctor Alvarado.
Justina le dijo a su papá: «Hagamos algo no solo por mí, ayudemos a todos los que podamos», era su misión, ella nos estaba abriendo a un mundo de generosidad impresionante sin saber cuál era el final. Ese final, duro e inexplicable, nos golpeó, nos hirió. Pero, de a poco, también nos está ayudando a…
La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.
El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.
El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.
En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.
Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge .
Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».
Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.
En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.
El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.
En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.
Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.
En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.
Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.
La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.
La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.
En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación
El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.
Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.
En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.
La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.
En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.
El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él.
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Con el objetivo de reforzar la concientización sobre las medidas preventivas frente al COVID-19, un grupo de personas coordinado por el Departamento de Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina recorrerá nuevamente espacios públicos de la ciudad entregando folletería, recordando el uso del tapabocas, la importancia del lavado de manos o el uso de…
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