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Se realizó la primera entrega de certificados del curso de embalador

El Intendente Marcelo Orazi encabezó el acto de entrega de los certificados a quienes realizaron en diciembre pasado el curso de embalado de frutas organizado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad.

En la oportunidad recibieron los mismos la primera tanda de un total de 123 personas que asistieron a la actividad. La segunda entrega se realizará mañana viernes a las 19 horas en el Minianfiteatro.

En la oportunidad, el titular de la Oficina de Empleo Darío Centeno manifestó que “desde este lugar siempre buscamos herramientas y alternativas que los pueda ayudar a conseguir trabajo. Les agradezco por su participación en el curso. Estoy contento porque hay vecinos que no están acá porque ya están trabajando en plantas de empaque”.

Por su parte el Intendente Orazi señaló que “es agradable estar en este tipo de actos porque significa otorgar herramientas que los acerque al mercado laboral que ofrece nuestra región en uno de los eslabones de la actividad frutícola”.

“Como dijo Darío me alegro que falte gente porque está trabajando. El Municipio, a través de la Oficina de Empleo, toma un rol presente pero fundamentalmente activo en la temática laboral, tan sensible e indispensable para todos. Lo hacemos no sólo a través de estas capacitaciones, sino también siendo intermediarios entre empresas y comercios reginenses que buscan y necesitan mano de obra local”, precisó Orazi.

“También lo hacemos cubriendo una franja que muchas veces queda al margen del mercado laboral, que son nuestros jóvenes a través del programa Empleo Joven. Son en definitiva no sólo decisiones sino hechos concretos en los que como Municipio intervenimos en el mercado laboral”, dijo el jefe comunal quien también felicitó a los asistentes por haber finalizado la capacitación.

Luego se procedió a la entrega de los certificados a cargo del Intendente Orazi y del titular de la Oficina de Empleo. Estuvieron además los Secretarios de Gobierno, Guillermo Carricavur; de Obras y Servicios Francisco Lucero y de Desarrollo Social Luisa Ibarra; la Directora de Recursos Humanos Celia Riffo y el capacitador Víctor Alvarado.

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    El decreto que apunta a la Corte y abre una nueva batalla política: Milei modifica el histórico procedimiento de selección de jueces

     

    Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.

    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.

    La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.

    Un cambio que acelera los tiempos políticos

    Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.

    La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.

    El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.

    El impacto político detrás del cambio

    Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.

    La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.

    Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.

    En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.

    Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico

    El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.

    Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.

    La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.

     

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  • Afirman que Dietrich está detrás de la estrategia de DEME para ensuciar la adjudicación de la Hidrovía

     

    Guillermo Dietrich estaría detrás del lobby de la empresa belga DEME, que perdió la licitación por la Hidrovía frente a Jan de Nul y ahora busca ensuciar el proceso. El ex ministro de Transporte de Macri es mencionado en el sector como el operador de DEME, con quien, afirman, acordó trabajar.

    Mauricio Macri siempre quiso tener el control de la Hidrovía. Intentó hacerlo durante su gobierno y no pudo. Luego avanzó durante el gobierno de Javier Milei y eso generó un fuerte roce con Santiago Caputo, quien lo acusó de sabotear el primer intento de licitación, que logró detonar.

    De hecho, entre los nombres que Macri promovía como funcionarios al inicio de la gestión de Milei, cuando creía posible un «take over» del gobierno libertario, estaba el de Dietrich que en las conversaciones dejaba en claro su interés por controlar la licitación de la Hidrovía.

    Jan de Nul acusa a DEME de evadir IVA para ofrecer un peaje más barato en la Hidrovía

    Macri buscó en principio que la holandesa se quede con una parte del negocio. Quien movió sus vínculos para que el ex presidente impulse ese consorcio fue la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta.

    El problema fue que Boskalis, una de las principales empresas holandesas en negocios marítimos y fluviales, no contaba con la capacidad operativa para hacerse cargo del total de la hidrovía. Por eso Macri trabajó para que la licitación sea por partes y que diferentes empresas se queden con distintos tramos. Esto tenía una contra: el Estado se tenía que hacer cargo de los tramos menos redituables y encarecía el peaje.

    Entre los nombres que Macri promovía como funcionarios al inicio de la gestión de Milei, cuando creía posible un «take over» del gobierno libertario, estaba el de Dietrich que en las conversaciones dejaba en claro su interés por controlar la licitación de la Hidrovía.

    En el mercado afirman que Dietrich estuvo detrás de la avanzada contra la empresa Jan De Nul quien -asociada a la firma argentina Servimagnus- ganó la pulseada contra DEME por la administración de la vía navegable.

    Según el dictamen de la Comisión Evaluadora de la licitación internacional la unión Jan De Nul-Servimagnus obtuvo el mejor desempeño en las etapas de evaluación técnica y antecedentes, alcanzando 66,20 puntos, mientras que la oferta de DEME logró 42,14 puntos.

    LPO contó que la diferencia se produjo en la valoración técnica, toda vez que ambas empresas presentaron exactamente las mismas tarifas económicas para las tres etapas de la concesión y consiguieron el puntaje máximo en ese apartado.

    La empresa ganadora acreditó experiencia por más de 210 millones de metros cúbicos dragados en la Hidrovía y otros proyectos internacionales, además de antecedentes en balizamiento y mantenimiento de vías navegables similares.

    Pese a la derrota, DEME no se dio por vencidos y difundió que estaba en condiciones de operar la Hidrovía con una tarifa 17,4% inferior a la prevista en el proceso licitatorio. Según la empresa belga, esa reducción permitiría un ahorro de cientos de millones de dólares para exportadores, importadores y usuarios de la vía navegable.

    Jan De Nul salió al cruce de esa oferta y sostuvo que ese supuesto ahorro no surge de una mayor eficiencia operativa sino fundamentalmente de la omisión del pago de impuestos como el IVA, un esquema de inversiones significativamente menor al previsto en los pliegos y errores en la estimación de los ingresos futuros de la concesión.

     

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