El Intendente Marcelo Orazi encabezó el acto de entrega de los certificados a quienes realizaron en diciembre pasado el curso de embalado de frutas organizado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad.
En la oportunidad recibieron los mismos la primera tanda de un total de 123 personas que asistieron a la actividad. La segunda entrega se realizará mañana viernes a las 19 horas en el Minianfiteatro.
En la oportunidad, el titular de la Oficina de Empleo Darío Centeno manifestó que “desde este lugar siempre buscamos herramientas y alternativas que los pueda ayudar a conseguir trabajo. Les agradezco por su participación en el curso. Estoy contento porque hay vecinos que no están acá porque ya están trabajando en plantas de empaque”.
Por su parte el Intendente Orazi señaló que “es agradable estar en este tipo de actos porque significa otorgar herramientas que los acerque al mercado laboral que ofrece nuestra región en uno de los eslabones de la actividad frutícola”.
“Como dijo Darío me alegro que falte gente porque está trabajando. El Municipio, a través de la Oficina de Empleo, toma un rol presente pero fundamentalmente activo en la temática laboral, tan sensible e indispensable para todos. Lo hacemos no sólo a través de estas capacitaciones, sino también siendo intermediarios entre empresas y comercios reginenses que buscan y necesitan mano de obra local”, precisó Orazi.
“También lo hacemos cubriendo una franja que muchas veces queda al margen del mercado laboral, que son nuestros jóvenes a través del programa Empleo Joven. Son en definitiva no sólo decisiones sino hechos concretos en los que como Municipio intervenimos en el mercado laboral”, dijo el jefe comunal quien también felicitó a los asistentes por haber finalizado la capacitación.
Luego se procedió a la entrega de los certificados a cargo del Intendente Orazi y del titular de la Oficina de Empleo. Estuvieron además los Secretarios de Gobierno, Guillermo Carricavur; de Obras y Servicios Francisco Lucero y de Desarrollo Social Luisa Ibarra; la Directora de Recursos Humanos Celia Riffo y el capacitador Víctor Alvarado.
Axel Kicillof demora el envío al Senado de tres pliegos de candidatos a jueces de la Suprema Corte. Los nombres ya están en manos del gobernador y corresponden a los tres sectores mayoritarios del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Eos sectores afirman que el gobernador se comprometió a enviarlos en diciembre pasado.
En los primeros días de diciembre pasado, Kicillof selló un acuerdo con el kirchnerismo, el massismo, al que se sumó el radicalismo que conduce el senador Maxi Abad. En una oficina de la Ciudad de Buenos Aires llegaron Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, como negociadores de Kicillof. Facundo Tignanelli y Federico Otermin, por el kirchnerismo. Alexis Guerrera, por el massismo. Y Maxi Abad y Diego Garciarena por el radicalismo. «Kicillof participó vía teléfono en altavoz», afirmó a LPO un dirigente al tanto de las negociaciones.
Allí se acordó enviar al Senado bonaerense tres pliegos para que sean aprobados a fines de diciembre junto con el presupuesto 2026 y las autorizaciones de endeudamiento. Esos pliegos correspondían a los tres sectores del peronismo. En el entorno del gobernador consideraron en ese momento que mezclar las dos discusiones iba a terminar trabando la sanción del presupuesto y limitaron el reparto de cargos al directorio del Bapro.
Respecto de los nombres existe total hermetismo. Por el lado del gobernador suena el nombre de Santiago Pérez Teruel, hoy titular de la Asesoría General de Gobierno. En tanto, en las últimas semanas trascendió que el presidente del Honorable Tribunal de Cuentas, Federico Thea, también quiere ser.
En el massismo guardan hermetismo sobre su candidata para la Corte bonaerense, pero esta semana comenzó a sonar en despachos judiciales el nombre de Micaela Morán, una ex diputada nacional cercana a Malena Galmarini y siempre muy cuidada por el Frente Renovador.
Kicillof designó a Thea al frente de un cargo vitalicio por lo que resulta extraño que desista de ese asiento para pasar a la Suprema Corte. En tanto, el ala más progresista del gobierno bonaerense promueve que se elija a una mujer.
En el massismo hay algunos nombres. Esta semana comenzó a sonar en despachos judiciales el nombre de Micaela Morán, una ex diputada nacional cercana a Malena Galmarini y siempre muy cuidada por el massismo. Además de Morán, siempre estuvo en carpeta el nombre del diputado nacional Ramiro Gutiérrez, quizás el principal asesor de Massa en temas judiciales.
Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez.
En el kirchnerismo el hermetismo es total. Desde el inicio de la gestión Kicillof, cuando se generaron las primeras vacancias en el Máximo Tribunal, el nombre que trascendió fue el de Marisa Herrera, autora de tratados de referencia en derecho de familia.
En el peronismo no están conformes con la decisión de Kicillof de postergar las designaciones. «El gobernador lleva más dos meses demorando el acuerdo», confió a LPO un dirigente involucrado en las decisiones.
Como sea, en la reunión de diciembre se acordó además que el cuarto pliego se enviará al Senado antes de la feria judicial de julio. Ese lugar debe ser para el radicalismo y todo indica que el sector de Abad impondrá el nombre de la vicerrectora de la Universidad de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero.
En el kirchnerismo el hermetismo es total. Desde el inicio de la gestión Kicillof, cuando se generaron las primeras vacancias en el Máximo Tribunal, el nombre que trascendió fue el de Marisa Herrera, autora de tratados de referencia en derecho de familia.
Pero a ese cuarto pliego se le podría sumar un quinto. Es que en el gobierno bonaerense dan por hecho la decisión de la jueza Hilda Kogan de jubilarse.
LPO había adelantado en noviembre pasado las versiones de salida de la jueza. Kogan tuvo que presidir la Junta Electoral de la provincia cuando Kicillof desdobló la elección provincial y fue la responsable de garantizar una elección casi inédita en la historia reciente de la provincia. «Hasta acá llegué», dijo tras el recuento definitivo de los votos.
La jueza bonaerense Hilda Kogan.
Todo indica que ese quinto lugar también quedará para el peronismo, que niega la posibilidad de que el PRO o La Libertad Avanza se quede con ese asiento en la Corte.
Argumentan que por un lado tienen los votos en el Senado para quedarse con todos los lugares, pero están decididos a respetar el acuerdo con el radicalismo que ocupa distintas posiciones de poder de la provincia. Además, sostienen que el último juez en sumarse al Tribunal fue Sergio Torres en 2019 y fue elegido por la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, de manera que el PRO ya tendría su magistrado
Hoy, la Suprema Corte funciona con apenas tres de los siete jueces que la componen, una anormalidad institucional que preocupa en todos los ámbitos políticos.
En los últimos años la Corte fue acumulando vacancias. En junio del año pasado se retiró Luis Genoud, antes habían renunciado Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters. También falleció en su cargo el juez Héctor Negri, en 2020. Kicillof siempre postergó el momento de cubrir esas vacancias. «Así como está funciona muy bien», repetían en el gobierno provincial.
Marcelo Orrego salió este sábado a mitigar los efectos del desparramo que armó Luis Toto Caputo con la concesión de una línea de 500 kilowats para el distrito minero de Vicuña Corp, en San Juan. Con un posteo en X, el gobernador cuyano comunicó que mantuvo esta semana una reunión con los directivos de la empresa minera en Vancouver, para «avanzar en los términos de un acuerdo integral para el desarrollo de este proyecto minero».
Según Orrego, «el acuerdo contempla inversiones que la empresa realizará en infraestructura de soporte y de uso público vinculada al proyecto, y también recursos que permitirán llevar adelante obras provinciales que beneficiarán no solo al sector minero, sino a toda la matriz productiva sanjuanina».
Como informó LPO, la inversión de Vicuña a través de la empresa BHP sería el proyecto cuprífero más grande del país, aprovechando las condiciones del RIGI que se aprobó con la ley Bases en 2024. Si bien se espera una inversión total de más de U$s 18000 millones, a pagarse paulatinamente en un período que demandaría años, el problema de este tipo de iniciativas reside en el volumen de energía eléctrica que consumen y la chance de que afecten la disponibilidad del mismo insumo para abastecer otros proyectos productivos.
Por eso, el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, acusó un «avasallamiento» del gobierno nacional y anticipó que iría a la Justicia, si era necesario.
En ese contexto, el Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE) pidió formalmente al interventor del ENRE, Néstor Marcelo Lomboglia, que convoque a audiencias públicas en San Juan para que la comunidad discuta la viabilidad del proyecto.
Ahora Orrego tiene la oportunidad y el desafío de desactivar la bronca de los intendentes de su provincia por el regalo de Caputo a la minera. El gobernador deberá hacer equilibrio entre la preocupación de las comunidades locales y el interés de atribuirse el desembarco de la minera durante su mandato.
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