Se realizó la primera entrega de certificados del curso de embalador

En el Polideportivo Cumelén, culminó la capacitación a un grupo de empleados municipales (en este caso, agentes de Obras Públicas) sobre la ley Micaela, a cargo del Área Mujer y Diversidad. La misma se enmarca en la Ordenanza N°028/2020 y la Ley Nacional, la que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia…

 El Gobierno avanzó con una nueva tanda de concesiones viales bajo el esquema de iniciativa privada, pero en el sector de la construcción ya hablan de un modelo montado sobre promesas de financiamiento que aparecen muy voluntaristas. En las empresas creen que el plan de Luis Caputo para reactivar 9.000 kilómetros de rutas parece más una maqueta financiera que un programa de obra pública con chances reales de ejecutarse.

La nueva etapa de privatización incluye corredores nacionales que pasarán a manos privadas a cambio de explotación de peajes y compromisos de inversión. La administración de Javier Milei insiste en que el modelo permitirá reemplazar la obra pública tradicional por capital privado. El problema es que las grandes constructoras aseguran que ese capital no aparece.

«Todo está hiperverde», resumió a LPO el dueño de una importante constructora. Según explicó, varias compañías se anotan en las licitaciones más para obtener un activo político-financiero que porque crean viable el negocio. La lógica sería ganar la adjudicación y luego salir a buscar financiamiento usando como respaldo los futuros ingresos de peajes. Una apuesta a diez años montada sobre flujos que todavía no existen.

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 En las constructoras dicen que muchas firmas buscan adjudicaciones para mostrar movimiento, reactivar balances y salir del estado vegetativo en el que quedaron tras el derrumbe de la obra pública.  

El problema es que el mercado internacional ya no les presta a las constructoras argentinas. Después de la causa Cuadernos, gran parte de las empresas quedaron prácticamente vedadas del crédito externo. «Afuera no hay fondeo», explicó la fuente consultada. Por eso ahora intentan conseguir financiamiento local. Pero tampoco resulta sencillo.

Según describen en el sector, apenas dos compañías logran acceder a préstamos bancarios y más por relaciones históricas con entidades financieras que por confianza genuina en el negocio vial. Los bancos miran el esquema con desconfianza. La ecuación tiene demasiadas variables abiertas. 

El problema es que el mercado internacional ya no les presta a las constructoras argentinas. Después de la causa Cuadernos, gran parte de las empresas quedaron prácticamente vedadas del crédito externo. 

En las constructoras recuerdan que desde el macrismo hasta la actualidad se acumularon conflictos contractuales, renegociaciones y obras paralizadas. El recuerdo de las fallidas PPP todavía funciona como una alarma encendida dentro del sector. Aquellas autopistas prometidas nunca lograron superar la estructuración del financiamiento. 

Ahora apareció otro obstáculo que las empresas consideran todavía más delicado: las aseguradoras. Según explicó la fuente consultada, prácticamente no hay compañías dispuestas a emitir las garantías necesarias para respaldar contratos de esta magnitud. El motivo es simple. Si las obras no se terminan, las pólizas se ejecutan y las aseguradoras quedan expuestas a pérdidas millonarias.

«No hay seguros», sintetizó el empresario. La frase resume el principal cuello de botella del modelo. Sin aseguradoras que respalden los contratos, los bancos tampoco tienen incentivos para prestar. Y sin financiamiento, las concesiones quedan reducidas a anuncios administrativos.

La desconfianza también atraviesa las proyecciones oficiales. Caputo había asegurado que para julio habría miles de kilómetros de rutas en ejecución. En el sector privado creen que eso difícilmente ocurra. Las empresas observan un esquema donde el Estado se corre del financiamiento, pero el mercado no acepta ocupar ese lugar.

La discusión de fondo excede las rutas. Lo que está en juego es si existe en la Argentina puede acceder a un mercado financiero dispuesto a reemplazar al Estado en proyectos de infraestructura pesada. Por ahora, en el propio sector empresario responden con  escepticismo. 

En pleno control de daños que decidió motorizar el peronismo de Córdoba por el impacto político del caso Agostina, este martes se conoció que el intendente capitalino, Daniel Passerini, decidió que el secretario de Políticas Sociales, Raúl La Cava, arribe al Concejo Deliberante para ocupar la banca que por licencia obligada dejará el polémico Ricardo Moreno, el abogado allegado a Claudio Barrelier, hasta ahora el único acusado por el femicidio de la adolescente Agostina Vega.

La decisión del desembarco de La Cava, un hombre del viguismo, la tomaron entre Passerini y el gobernador Martín Llaryora con el objetivo de desactivar al líder de las 62 Organizaciones que encabezó un polémico raid mediático este lunes que enojó a los principales despachos del peronismo cordobesista.

La estrategia del PJ en Córdoba será ahora despegarse de Moreno, de quien resaltan su regreso de la mano del viguismo al peronismo tradicional y desde el kirchnerismo duro, cuando fue parte del esquema del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

«Esto se hace para reactivar el peronismo partidario. Ricardo siempre fue un ‘extra’ para nosotros» dijo una persona que conoce detalles de las conversaciones que se iniciaron en la mañana de este martes para enfriar el pedido de renuncia a la banca que la oposición le inició a Moreno en el Concejo Deliberante.

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La Cava es un jugador del viguismo, de buena relación con Llaryora y Passerini, e ingresará en un bloque oficialista que atravesó diferentes internas y grietas silenciosas en el último tiempo. «Va también porque no especuló cuando le tiraron esto. Que es algo de lo que ya se hablaba desde el fin de semana cuando empezaron a salir todas las vinculaciones de Moreno con este tipo (por Barrelier)», agregó una fuente.

Ricardo Moreno en el Concejo Deliberante cordobés

Hoy Llaryora se refirió al caso y dijo que «es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características».

Y después de contar por qué se reunió con la familia de la adolescente dijo: «lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones. Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio». 

 En medio de la polémica por la habilitación de una torre de 36 metros en su misma manzana, desde el Convento Santa Catalina de Siena denuncian que la peatonalización de Viamonte causó daños al edificio que tiene casi 300 años. El cura de la Iglesia decidió cerrarla y dar misa en la calle.

Construídos con adobe y sin cimientos que los sustenten, la Iglesia y el Monasterio de Santa Catalina de Siena son dos de los edificios más antiguos de la Ciudad junto con el Cabildo, la Iglesia del Pilar y la Iglesia de San Ignacio.

«Hemos decidido cerrar momentáneamente el tempo debido a los daños ocasionados por la peatonalización de la calle Viamonte que está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad», dice la nota que envió el padre Gustavo Antico. Un cartel en la puerta de la iglesia no dejó dudas: «Riesgo estructural».

El cura notó que tras el comienzo de las obras de peatonalización de Viamonte que ejecuta el Ministerio de Espacio Público aparecieron rajaduras en las paredes de la iglesia, algunas que llegaban hasta el techo y habían causado desprendimiento de materiales.

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En el gobierno porteño aseguraron a La Nación que antes de comenzar las obras, habían visitado el predio de Santa Catalina con un escribano y consignaron las grietas existentes.

Tras culpar al «martillo neumático», Antico volvió a pedir que el área contigua a la iglesia y el convento se convierta en un área de preservación. Ese reclamo parece difícil de cumplimentar: la justicia habilitó la construcción de un gigantesco templo mormón a pocos metros.

Casi media manzana delimitada por Reconquista, Córdoba, San Martín y Viamonte está ocupada por el monasterio y la iglesia de Santa Catalina. En la otra mitad hubo hasta hace meses un estacionamiento. El terreno fue comprado hasta 2023 por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Hubo varios proyectos para esa manzana, pero ninguno logró pasar el filtro de la Legislatura. La orden mormona realizó un gran negocio: compró el terreno por 20 millones de dólares con baja capacidad constructiva y tiempo después, solo con la firma de un funcionario porteño lograron que el gobierno les habilite una obra de 29 mil metros cuadrados.

El gestor de la obra fue Bodas-Miani-Anger, el estudio que consiguió las más lucrativas excepciones al código durante el larretismo y continúa con excelentes contactos con el gobierno de Jorge Macri. El templo diseñado por BMA parece un tardío y poco inspirado homenaje a Francisco Salamone, cien años después del auge Art déco.

Tras el visto bueno de la Dirección de Interpretación Urbanística de la díscola Cristina Giraud, Karina Burijson habilitó el cambio de zonificación necesario para que en el terreno pudiera instalarse un culto religioso. No hubo cuestionamientos gubernamentales a la superficie ni el tipo de edificación. Poco después de dar luz verde al proyecto, Burijson fue removida de su cargo y nombrada en la Corporación Puerto Madero.

El visto bueno del gobierno impulsó a la Asociación Civil Basta de Demoler a presentar un amparo para frenar la obra. Cuestionaron la intervención de Interpretación Urbanística para esa superficie y también la altura del permitida. En primera instancia la Justicia les dio la razón, pero en la Cámara la medida se dio vuelta. 

«En una reunión que tuvimos con los arquitectos de BMA, Rodolfo Miani nos aseguró que ningún edificio iba a ser más alto que la cúpula de la iglesia, que tiene 19 metros, pero hay uno que mide casi el doble. El estudio ni siquiera mostró los planos en la Justicia y el render que entregaron en los medios está mal hecho. Presentan Reconquista como una extensión de la plaza llena de árboles. La iluminación de los edificios tampoco coincide con la trayectorial del sol», rechazó Ana Bas, de Basta de Demoler.