El Intendente Marcelo Orazi encabezó el acto de entrega de los certificados a quienes realizaron en diciembre pasado el curso de embalado de frutas organizado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad.
En la oportunidad recibieron los mismos la primera tanda de un total de 123 personas que asistieron a la actividad. La segunda entrega se realizará mañana viernes a las 19 horas en el Minianfiteatro.
En la oportunidad, el titular de la Oficina de Empleo Darío Centeno manifestó que “desde este lugar siempre buscamos herramientas y alternativas que los pueda ayudar a conseguir trabajo. Les agradezco por su participación en el curso. Estoy contento porque hay vecinos que no están acá porque ya están trabajando en plantas de empaque”.
Por su parte el Intendente Orazi señaló que “es agradable estar en este tipo de actos porque significa otorgar herramientas que los acerque al mercado laboral que ofrece nuestra región en uno de los eslabones de la actividad frutícola”.
“Como dijo Darío me alegro que falte gente porque está trabajando. El Municipio, a través de la Oficina de Empleo, toma un rol presente pero fundamentalmente activo en la temática laboral, tan sensible e indispensable para todos. Lo hacemos no sólo a través de estas capacitaciones, sino también siendo intermediarios entre empresas y comercios reginenses que buscan y necesitan mano de obra local”, precisó Orazi.
“También lo hacemos cubriendo una franja que muchas veces queda al margen del mercado laboral, que son nuestros jóvenes a través del programa Empleo Joven. Son en definitiva no sólo decisiones sino hechos concretos en los que como Municipio intervenimos en el mercado laboral”, dijo el jefe comunal quien también felicitó a los asistentes por haber finalizado la capacitación.
Luego se procedió a la entrega de los certificados a cargo del Intendente Orazi y del titular de la Oficina de Empleo. Estuvieron además los Secretarios de Gobierno, Guillermo Carricavur; de Obras y Servicios Francisco Lucero y de Desarrollo Social Luisa Ibarra; la Directora de Recursos Humanos Celia Riffo y el capacitador Víctor Alvarado.
Además de la música de los artistas reginenses, el próximo Domingo de Plaza también contará con una propuesta solidaria que tiene como objetivo recolectar útiles escolares para luego armar kits que serán entregados en el comedor Jesús de barrio La Graava. “Todos soñamos con una educación de calidad y para que sea posible es necesario…
Marcas que se reconvierten para evitar los sellos negros. Danone, Nesquik, Bimbo y La Serenísima son algunas que modificaron el contenido de ciertos productos para así no tener el octógono. Crece el cumplimiento en góndolas. Una barrita de cereal, un alfajor de arroz, un pote de queso untable “light” nunca fueron garantía, pero desde que…
Cada vez que una familia argentina no puede pagar lo que debe, pasa algo más que un número en rojo en su presupuesto. Pasa algo político. Se activa una pregunta que estuvo suspendida, que muchas veces se evitó formular, pero que en algún momento encuentra su camino: ¿quién tiene la culpa de que yo no pueda pagar?
El Banco Central de la República Argentina publicó un dato que pronto repercutió en los medios. La mora en el financiamiento pasó de 2,5% en diciembre de 2024 a 9,3% en diciembre de 2025. En marzo de 2026 —el registro más reciente— trepó al 11,5%: una cifra que no se observaba desde hace más de veinte años. En doce meses, la irregularidad de los créditos a hogares se triplicó, con un incremento de 8,3 puntos porcentuales. Los préstamos personales concentran el mayor nivel de incumplimiento en quince años. Y el deterioro no se limita al sistema bancario: en las billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias —a las que recurren quienes el banco ya no les presta— la morosidad supera el 30%.
Los datos de mora de las familias argentinas durante el gobierno de Javier Milei siguen una curva que los economistas registran con sus instrumentos pero que las ciencias sociales deben interpretar con otros. No alcanza con decir que sube la morosidad en tarjetas, que se acumulan deudas de expensas y servicios, que los planes de pago se estiran hasta el absurdo. Lo que hay que entender es qué tipo de deuda es esa. Porque no todas las deudas son iguales, y la historia argentina lo demuestra con claridad: cada régimen político produjo su propio régimen de endeudamiento familiar, con sus promesas, sus trampas y sus consecuencias electorales. Esa historia la reconstruyo en Historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI), y lo que muestra es que la deuda que hoy llevan encima millones de hogares argentinos tiene un nombre específico: deuda de sacrificio.
El trampolín
Para entender la trampa, hay que entender primero el trampolín.
Milei llegó al poder montado sobre un estado de ánimo colectivo que tenía nombre propio en las encuestas: agotamiento moral. No era simplemente la pobreza, ni la inflación sola, ni la devaluación. Era algo más preciso: la sensación de haber hecho todo bien —trabajar, ahorrar, sacrificarse— y que aun así no alcanzara. La percepción de correr en el lugar, de esforzarse sin que el esfuerzo rindiera fruto.
En 2023, cuando se medían las intenciones de voto, ocho de cada diez argentinos acordaban con una afirmación demoledora: «Ante los problemas de la inflación, dependemos de nuestro esfuerzo y sacrificio.» Casi la misma proporción sostenía que se mataban de tanto trabajar y la inflación de todas formas no les permitía llegar a fin de mes. Estos números eran más altos entre quienes ya habían votado a Milei en las primarias.
El electorado de Milei es más complejo que cualquier retrato unívoco: cruzó clases sociales, generaciones y geografías. No se puede trazar una línea directa entre quién debía y quién votó. La deuda de sacrificio no produce votos: produce un estado de ánimo, una plausibilidad moral. Vuelve pensable lo que antes parecía impensable. Y lo que las encuestas de 2023 mostraban con consistencia es que ese estado de ánimo estaba extendido transversalmente: personas que habían pedido prestado para comer y personas de clase media que habían visto multiplicarse sus cuotas hipotecarias sin control compartían algo más profundo que una condición económica. Compartían la sensación de que el esfuerzo propio no encontraba retorno institucional. Que las deudas que cargaban no eran el precio de algo —no eran el escalón hacia ningún lugar. Eran simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer.
Eso es la deuda de sacrificio: deuda sin aspiración. Deuda que no te lleva a ningún lado. Deuda que es el precio de sobrevivir.
La previa
Para leer la mora de hoy hay que hacer un ejercicio que los titulares económicos no hacen: excavar. La deuda de sacrificio tiene capas. Cada una depositó algo que todavía está ahí, acumulado, sin resolver.
La primera capa es el macrismo. El crédito UVA —el instrumento hipotecario que prometía hacer accesible la vivienda— fue la trampa más sofisticada de ese período. Diseñada para un mundo de inflación baja y estable, explotó cuando el peso se derrumbó en 2018 y el FMI volvió con sus condiciones. Entre 2016 y 2019, el índice que actualizaba esas hipotecas subió 227% mientras los salarios formales crecían a la mitad de esa velocidad. Sandra había firmado su hipoteca en 2017 creyendo que la inflación bajaría. No bajó. «Préstamos, impuestos, colegio, mercado. No nos quedaba nada.» Carla, que había ahorrado ocho años para comprar su departamento, trabajaba quince horas diarias seis meses después de firmar. «Pagamos pero debemos más.» Esa deuda —la de la promesa traicionada— no desapareció con el cambio de gobierno. Se sedimentó.
La segunda capa es la pandemia. El aislamiento sanitario eliminó de un día para el otro el ingreso de millones de trabajadores informales. El alquiler no esperó. La comida no esperó. Los servicios no esperaron. El Estado asistió, pero con un margen fiscal ya comprometido por la deuda soberana que renegociaba con el FMI. Lo que no cubrió la política lo cubrieron los hogares: con fiado en el almacén, con préstamos entre familiares, con tarjetas giradas hasta el límite. Mónica pedía prestado a una agencia estatal para pagar la fiada del almacén y así poder seguir comprando fiado la semana siguiente. «Un círculo del que no se puede salir.» La pandemia no creó la deuda de sacrificio, pero la volvió masiva. Convirtió una tendencia en una condición estructural.
La deuda de sacrificio no produce votos: produce un estado de ánimo, una plausibilidad moral.
La tercera capa es la inflación del kirchnerismo tardío y el gobierno de Alberto Fernández. Leonardo, docente, lo describe con precisión: había pasado de endeudarse para comprar electrodomésticos —la vieja deuda de la inclusión que el kirchnerismo había promovido como símbolo de pertenencia— a endeudarse para comprar comida. El mismo instrumento, la tarjeta, el crédito, había cambiado de sentido. Ya no era el escalón hacia algo mejor. Era el parche para no caer. Ricardo, comerciante, llamaba a sus deudas «deudas de empobrecimiento»: lo opuesto de todo aquello para lo que había trabajado. Con una inflación que superó el 90% en 2022 y el 200% en 2023, las deudas acumuladas en los años anteriores no se disolvieron. Se compusieron.
Lo que define a este régimen de deuda no es solo su magnitud. Es su sentido acumulado. La deuda aspiracional —la que te permite comprarte una heladera, pagar la cuota del auto, planificar las vacaciones— crea un vínculo entre el esfuerzo presente y una promesa de futuro. La deuda de sacrificio es exactamente lo contrario: no te lleva a ningún lado. Es el precio de permanecer en el lugar. Y cuando esa experiencia se repite capa tras capa, gobierno tras gobierno, algo se rompe en la relación entre los hogares y la política.
El deudor de sacrificio siente que hizo todo lo que se suponía que debía hacer y que el Estado, la política, los gobernantes —todos, no uno en particular— no cumplieron su parte. Esa asimetría genera algo más que frustración: genera una superioridad moral sobre la clase política. «Nosotros nos arreglamos solos. Ellos no hicieron nada.» Y esa superioridad moral es exactamente lo que Milei supo leer, nombrar y capitalizar.
El candidato
La campaña de Milei fue, en el sentido más preciso de la palabra, una campaña sobre el sacrificio. Tradujo en lenguaje político algo que los hogares argentinos vivían en su economía doméstica: la sensación de que el sacrificio individual no encontraba contrapartida en el Estado, y de que ese Estado era en sí mismo el obstáculo.
La propuesta de la motosierra no era solo un programa económico: era una promesa de reciprocidad invertida. Si durante años las familias habían sacrificado mientras los políticos derrochaban, ahora los políticos también iban a sacrificar. La casta pagaría. El ajuste sería hacia arriba.
Hay una lógica interna en ese argumento que no puede desestimarse. El sacrificio vivido individualmente, sin retorno, sin reconocimiento, se convierte en política en una demanda: que otros también sacrifiquen, empezando por el Estado y por quienes lo gobiernan. La deuda de sacrificio no determina el voto —nada en política es tan lineal. Pero contribuye a moldear un paisaje moral en el que votar por la ruptura radical deja de parecer una locura y empieza a parecer lo único razonable. Quien vivió años pagando sin que nadie respondiera podía encontrar en la motosierra no un símbolo de crueldad sino de justicia: si nosotros sacrificamos, que sacrifiquen ellos también.
La deuda de sacrificio fue el trampolín. No porque causara el voto —las cadenas causales en política son siempre más enredadas que eso— sino porque instaló el estado de ánimo desde el cual una propuesta de ruptura radical pudo volverse moralmente plausible antes de volverse políticamente viable. La experiencia financiera acumulada de millones de hogares preparó el terreno. Milei lo leyó. No fue irracionalidad. Fue una respuesta moralmente coherente a años de promesas incumplidas, encontrando su cauce en la única opción que prometía romper con todo.
La trampa
Pero aquí empieza la trampa.
El gobierno de Milei heredó, como sus antecesores inmediatos, un régimen de deuda de sacrificio. Y como todos sus antecesores, lo profundizó.
El ajuste fiscal se tradujo en quita de subsidios, aumento de tarifas y retracción del salario real. Las familias que ya se endeudaban para sobrevivir se encontraron con que los números empeoraban. La mora creció. Las tarjetas dejaron de alcanzar. Los planes de pago se multiplicaron. Los bancos registraron aumentos en los índices de incumplimiento en créditos personales y prendarios. Los informes de las cámaras de comercio minorista mostraron caída del consumo y aumento de la deuda impaga con los proveedores.
La sociología de la deuda enseña algo que la economía tiende a olvidar: ¿quién tiene la culpa?
La promesa implícita del sacrificio colectivo —que el ajuste sería compartido, que la casta pagaría— chocó con una realidad más antigua y más dura: en los ajustes estructurales, quienes más pagan son siempre los que menos tienen. Las familias que habían votado esperando que otros sacrificaran descubrieron que el sacrificio seguía siendo, como siempre, el de ellas.
Hay algo particularmente cruel en esto. La deuda de sacrificio genera un tipo específico de juicio moral: no está dirigida a un gobierno en particular, sino a la capacidad institucional del Estado democrático de organizar la vida financiera de los hogares de manera compatible con su dignidad. Cuando ese juicio ya está hecho, cuando la confianza en las instituciones democráticas ya se perdió, no hay gobierno que pueda recuperarla fácilmente. Ni siquiera el que llegó prometiendo exactamente eso.
Lo que los números no dicen
Los datos de mora que circulan en los medios estas semanas se presentan como indicadores económicos. Lo son. Pero son también otra cosa: son el registro de una ruptura moral que lleva décadas construyéndose y que Milei, lejos de resolver, ha extendido bajo una nueva promesa. Su aparición repentina en la agenda pública no es casual: cuando la deuda de los hogares sube hasta hacerse visible para los medios, es porque ya hace tiempo que es insoportable para las familias. El debate público llega tarde. La experiencia financiera cotidiana llegó antes.
La sociología de la deuda enseña algo que la economía tiende a olvidar: el momento en que una familia no puede pagar no es solo un evento financiero. Es un momento en que se activa la pregunta sobre la responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa? ¿El deudor que no supo administrarse? ¿El gobierno que no controló la inflación? ¿El sistema que prometió lo que no podía cumplir?
En la Argentina de hoy, esa pregunta vuelve a estar disponible. Los hogares que se endeudaron para sobrevivir durante la pandemia, que esperaron que el ajuste de Milei trajera alguna estabilidad, que ven cómo la mora se acumula sin que el horizonte se despeje, están en ese umbral moral: el momento en que el sufrimiento privado busca una explicación pública y un responsable político.
La advertencia
Hay algo que conviene decir con claridad, porque suele perderse en el análisis coyuntural: la deuda de sacrificio es anterior a Milei y le va a sobrevivir.
No la inventó él. La encontró ya instalada, la supo leer mejor que sus competidores, y la transformó en capital electoral. Pero el régimen de deuda sacrificial que describe la experiencia financiera de millones de hogares argentinos se construyó a lo largo de años —la pandemia, la inflación crónica, los salarios que no alcanzan, la informalidad estructural— y no desaparecerá con un cambio de gobierno.
Aquí está el verdadero desafío para el sistema político argentino en su conjunto, y no solo para la gestión actual: ¿será capaz de interpretar lo que la deuda de sacrificio produce en términos de juicio moral sobre las instituciones? ¿O seguirá cayendo, ciclo tras ciclo, en la misma trampa?
La historia de cuarenta años de democracia argentina que reconstruyo en Historia de cómo nos endeudamos muestra un patrón perturbador. Cada régimen de deuda de los hogares generó sus propias expectativas, y cuando esas expectativas fueron traicionadas, la energía acumulada buscó una salida política. A veces fue una carta al presidente. A veces fue el cacerolazo. A veces fue un voto inesperado. Pero siempre llegó.
En doce meses, la irregularidad de los créditos a hogares se triplicó.
La deuda de sacrificio, cuando no encuentra respuesta en la política democrática, no desaparece: se radicaliza. Genera la sensación de que el esfuerzo individual fue real pero la contraparte institucional nunca existió. Y esa sensación —la de haber sido estafado por el sistema, no por un gobierno— es la más corrosiva de todas, porque ya no interpela a un presidente sino a la democracia misma.
La pregunta que queda abierta —y que los datos de mora de estas semanas vuelven urgente— es si habrá una nueva respuesta la próxima vez, o si el ciclo se repetirá con otro nombre y otra motosierra.
La decisión de Estados Unidos de catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas encendió una alarma en el sistema financiero brasileño. Los principales bancos del país comenzaron a analizar posibles escenarios de riesgo y buscaron asesoramiento en México, donde una ofensiva similar terminó golpeando a varias entidades financieras.
La preocupación excede ampliamente la cuestión de la seguridad pública. En el sector financiero temen que la nueva estrategia de Washington derive en mayores exigencias regulatorias, auditorías más rigurosas y un aumento de los riesgos legales para cualquier institución que opere en dólares o tenga exposición al sistema financiero estadounidense.
Por eso, varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico. El objetivo es evitar errores y prepararse para un escenario que podría volverse mucho más exigente.
El antecedente mexicano es el principal motivo de preocupación. A mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso bajo la mira a tres entidades financieras: CIBanco, Intercam y Vector. Las acusó de haber facilitado o permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas a organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Lo llamativo es que las investigaciones realizadas posteriormente por las autoridades mexicanas no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran las acusaciones formuladas por Washington. Sin embargo, el daño sobre las entidades ya estaba hecho.
Varios bancos brasileños iniciaron contactos con entidades mexicanas para entender qué ocurrió cuando Estados Unidos avanzó sobre instituciones sospechadas de facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico, como CIBanco, Intercam y Vector.
Ante el riesgo de una corrida y para evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero, el gobierno mexicano intervino las tres instituciones. La prioridad fue proteger a los ahorristas y preservar la estabilidad del sistema bancario. Aun así, las consecuencias fueron severas, las 3 instituciones dejaron de operar y transfirieron sus activos a otras entidades.
El episodio se convirtió en una señal de alerta para toda la industria financiera de la región. En México todavía existe preocupación por la posibilidad de que nuevas entidades sean alcanzadas por medidas similares. Incluso circulan versiones sobre una eventual atención especial de las autoridades estadounidenses sobre el Banco del Bienestar, la entidad estatal mexicana.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con su equipo económico.
Ese es precisamente el escenario que los bancos brasileños intentan evitar. La designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas modifica la naturaleza de los riesgos que enfrentan las entidades financieras. Ya no se trata únicamente de cumplir con las normas tradicionales de prevención del lavado de dinero.
La nueva categoría amplía las responsabilidades de bancos, fintechs y compañías que operan en el sistema financiero internacional. Los controles sobre clientes, beneficiarios finales, movimientos de fondos y estructuras societarias pasan a ser mucho más estrictos, especialmente cuando existen operaciones en dólares.
La principal amenaza radica en las sanciones de carácter extraterritorial. Una entidad puede enfrentar restricciones para operar con bancos estadounidenses o incluso perder acceso a determinados servicios financieros si las autoridades consideran que existió algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con organizaciones alcanzadas por las sanciones.
Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
Por eso el impacto potencial no se limita al sector bancario. Empresas de logística, transporte, comercio exterior, minería y agronegocios también podrían verse obligadas a reforzar sus mecanismos de control para evitar quedar involucradas en investigaciones o revisiones regulatorias.
Para los inversores, la señal es clara. Cuando Estados Unidos aplica la etiqueta de organización terrorista, las consecuencias suelen extenderse mucho más allá del ámbito criminal. El efecto alcanza al sistema financiero, incrementa los costos de cumplimiento normativo y eleva el riesgo regulatorio para bancos y empresas con presencia internacional.
La experiencia mexicana mostró que una investigación o una acusación pueden tener consecuencias significativas incluso antes de que exista una condena o una prueba definitiva. Por eso en Brasil el sector financiero decidió actuar con anticipación. La preocupación ya no es solamente el crimen organizado: ahora también es el costo de quedar bajo la lupa de Washington.
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