El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana vía zoom del acto encabezado por la gobernadora Arabela Carreras en el que se firmó el contrato de obra con la empresa ING CO SRL que ejecutará los trabajos para dotar de los servicios de agua potable, red eléctrica y alumbrado público al loteo Barazzutti.
La obra beneficiará a 107 familias que, de esta manera, podrán empezar a construir sus viviendas, demanda una inversión del Estado provincial de $ 22.141.002,15 y está enmarcada en el programa ‘Suelo Urbano’.
El acuerdo fue suscripto por la interventora del IPPV Inés Pérez Raventos y el representante de la empresa Ernesto Pasaron.
En la oportunidad Orazi destacó “la decisión política de la gobernadora de impulsar y llevar adelante el programa ‘Suelo Urbano’ en la provincia y, a partir de las gestiones que hicimos desde el Municipo, Regina ha sido una de las primeras ciudades en oficializar su implementación”.
“En nuestro caso estamos regularizando la situación de estos lotes para que sus beneficiarios puedan comenzar a construir sus viviendas, después de muchos años de espera. Esta gestión se ha propuesto una planificación ordenada de la ciudad, no queremos más improvisación cuando nos referimos a una demanda tan seria y sensible como lo es la vivienda”, manifestó Orazi.
Por su parte, Carreras indicó que “Villa Regina ha sido uno de los Municipios muy proactivos en materia de diálogo y de trabajo en conjunto con el IPPV y logramos avanzar en la provisión de servicios para estos lotes”.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni sumó un nuevo capítulo con una medida que podría aportar información clave sobre el origen de los fondos utilizados para remodelar su vivienda en el country Indio Cuá. La Justicia comenzó a analizar conversaciones extraídas del teléfono celular del contratista Matías Tabar, incluyendo intercambios con una secretaria de la Jefatura de Gabinete y con el propio funcionario.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La medida profundiza una causa que ya había generado fuerte repercusión luego de que el contratista declarara bajo juramento que la obra demandó unos 245.000 dólares, pagados en efectivo y sin facturación, un dato que abrió interrogantes sobre la consistencia patrimonial del actual jefe de Gabinete.
Una pericia que puede cambiar el rumbo del expediente
De acuerdo con la información conocida, la extracción del contenido del teléfono del contratista se realizó de manera completa y el material quedó incorporado al expediente judicial. Ahora los investigadores revisan mensajes de WhatsApp, llamadas y otras comunicaciones que podrían reconstruir cómo se desarrolló la contratación, la ejecución de la obra y los pagos realizados.
Entre los elementos bajo análisis aparecen conversaciones con una secretaria del jefe de Gabinete, una circunstancia que amplía el universo de personas involucradas en la reconstrucción de los hechos y que podría aportar detalles sobre la coordinación de los trabajos y los contactos entre las partes.
La expectativa de la fiscalía es determinar si las comunicaciones son compatibles con la versión oficial o si revelan inconsistencias respecto de las fechas, los montos abonados o la modalidad de contratación.
La declaración que abrió nuevas preguntas
El avance judicial se produce después de que Tabar brindara un testimonio que colocó a Adorni en una situación delicada. Según su declaración, las refacciones se extendieron durante aproximadamente diez meses y tuvieron un costo total de 245.000 dólares, abonados en dos etapas y siempre en efectivo.
El contratista sostuvo además que durante la ejecución de las obras el funcionario alquiló otra vivienda dentro del mismo country y explicó que las remodelaciones incluyeron cocina, baños, pisos, quincho y pileta, además de otros trabajos complementarios.
Ese relato impulsó nuevas medidas de prueba y derivó en la incorporación del teléfono celular como una de las evidencias centrales de la investigación.
Una causa con creciente impacto político
Mientras la Justicia revisa los chats y la documentación obtenida, el expediente mantiene bajo observación la evolución patrimonial del funcionario y la correspondencia entre los gastos declarados y las obras realizadas en la propiedad de Indio Cuá.
La aparición de conversaciones entre el contratista y una integrante del equipo de la Jefatura de Gabinete agrega un nuevo elemento de análisis, ya que permitirá reconstruir la dinámica de la relación entre las partes y verificar si existieron gestiones administrativas o coordinaciones vinculadas con la millonaria remodelación.
Con la información digital ya incorporada al expediente, la fiscalía avanza sobre una etapa que puede resultar determinante para establecer si las explicaciones ofrecidas hasta el momento alcanzan para despejar las dudas sobre el origen de los fondos y la forma en que se desarrolló la contratación.
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