El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana vía zoom del acto encabezado por la gobernadora Arabela Carreras en el que se firmó el contrato de obra con la empresa ING CO SRL que ejecutará los trabajos para dotar de los servicios de agua potable, red eléctrica y alumbrado público al loteo Barazzutti.
La obra beneficiará a 107 familias que, de esta manera, podrán empezar a construir sus viviendas, demanda una inversión del Estado provincial de $ 22.141.002,15 y está enmarcada en el programa ‘Suelo Urbano’.
El acuerdo fue suscripto por la interventora del IPPV Inés Pérez Raventos y el representante de la empresa Ernesto Pasaron.
En la oportunidad Orazi destacó “la decisión política de la gobernadora de impulsar y llevar adelante el programa ‘Suelo Urbano’ en la provincia y, a partir de las gestiones que hicimos desde el Municipo, Regina ha sido una de las primeras ciudades en oficializar su implementación”.
“En nuestro caso estamos regularizando la situación de estos lotes para que sus beneficiarios puedan comenzar a construir sus viviendas, después de muchos años de espera. Esta gestión se ha propuesto una planificación ordenada de la ciudad, no queremos más improvisación cuando nos referimos a una demanda tan seria y sensible como lo es la vivienda”, manifestó Orazi.
Por su parte, Carreras indicó que “Villa Regina ha sido uno de los Municipios muy proactivos en materia de diálogo y de trabajo en conjunto con el IPPV y logramos avanzar en la provisión de servicios para estos lotes”.
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El gobierno de Maximiliano Pullaro avanzó con la licitación del nuevo sistema integrado de salud laboral para los trabajadores estatales, dicho de manera fácil, el mecanismo para controlar presentismo, resúmen en los gremios. El dato curioso es que solo hubo un solo interesado en el pliego para un negocio de mil millones de pesos.
Según el acta oficial, a la que accedió LPO, únicamente cotizó SML Consultores Médicos, una firma vinculada a la aseguradora Experta, que de esta manera quedó en posición de quedarse con un contrato millonario para gestionar el control médico y el ausentismo en toda la administración pública provincial.
El dato no es menor. En el mercado de la medicina laboral y los riesgos del trabajo operan al menos unas quince empresas con capacidad técnica para prestar el servicio. Sin embargo, ninguna de ellas se presentó. Ni siquiera Colonia Suiza, una de las compañías líderes que trabaja con ART y grandes empleadores.
En el sector no dudan en vincular esa ausencia masiva con las condiciones del pliego. «Es imposible cumplir con lo que piden con ese presupuesto», explicó a LPO un operador con años en el negocio de los seguros.
La licitación contempla la cobertura integral de la salud laboral de toda la administración pública provincial, incluyendo docentes, policías, empleados administrativos, pasantes y becarios.
Pero además, según deslizan fuentes del sector, exige una presencia territorial extrema de agentes sanitarios: piden capacidad de respuesta en cada punto de la provincia donde haya un trabajador estatal, o sea, en todos lados, señaló una fuente al tanto del pliego que habló con LPO.
La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones. O saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared.
Eso implica, en la práctica, montar una red de prestadores médicos que cubra no solo las grandes ciudades sino también pueblos y localidades pequeñas, donde la presencia de profesionales es más escasa y los costos operativos se disparan.
«La provincia tiene docentes y policías en todo el territorio. Para cumplir el pliego tenés que tener cobertura real en cada lugar. Eso no se arma con mil doscientos millones», resumieron y agregaron «o saben que no van a ser tan exigente en el monitoreo o se van a dar la cabeza contra la pared».
Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional
Las estimaciones de las empresas médicas locales ubican el costo razonable del servicio por encima de los 2.500 millones de pesos, más del doble del monto que trascendió como referencia oficial. Incluso algunas ofertas habrían superado ampliamente ese número, lo que refuerza la idea de un desfasaje entre las exigencias técnicas y el presupuesto previsto.
En el negocio de la salud señalan al radical Julián Galdeano como el que encargado de armar la licitación. «En definitiva hizo su trabajo» ironizó un empresario de la ciudad de Santa Fe. Galdeano es el secretario de Vinculación Institucional de la provincia.
Los ganadores eran accionistas de la aseguradora La Caja y se hicieron del control pleno en 2015 tras la salida de Generali que fue rebautizada como Experta. En ese movimiento también reordenaron su sociedad con los D’Onofrio en La Estrella Seguros de Retiro, una caja histórica del sistema previsional.
Desde entonces, ambos grupos manejan un entramado que combina seguros laborales, ART, servicios médicos y de retiros ocupando una porción importante del mercado. De esa manera, debajo de Experta armaron una estructura propia de medicina laboral.
La sociedad madre es SML y la ART es SML Consultores Médicos, dedicada a servicios de salud ocupacional y control de ausentismo. Es decir, el mismo grupo que asegura a los trabajadores también interviene en el monitoreo de su presentismo, cerrando un circuito completo de negocio.
Ahí es donde aparece la licitación santafesina: SML Consultores Médicos no es una firma aislada sino una pieza de ese engranaje. El contrato para controlar el presentismo estatal termina así en manos de un holding que integra seguros, salud y gestión laboral asociado a los D’Onofrio, socios con Werthein en los negocios.
Ahora en Santa Fe, el resultado es una licitación formalmente abierta pero sin competencia real, en un servicio clave para la gestión de los recursos humanos del Estado. Un esquema que en los gremios estatales miran con desconfianza y temen que el sistema se convierta en una ART que no tenga como objetivo primario velar por la salud laboral.
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