Dos organizaciones civiles, una especializada en cuestiones penales, le pidieron al presidente Javier Milei que rechace la renuncia solicitada por el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. También solicitaron al Presidente del Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti y al titular de la Comisión de Acusación en ese ámbito, el senador nacional Luis Juez, que procedan sin dilaciones a la suspensión y juzgamiento de Bailaque.
El magistrado rosarino está imputado en tres causas penales de delitos que de manera general los fiscales actuantes definieron como corrupción institucional. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura dictaminó que los legajos abiertos en su contra son causal de destitución y lo citó a efectuar su descargo final para el próximo martes 17. Pero el juez hace tres días elevó un pedido de renuncia al Ministerio de Justicia de la Nación.
Renunció el polémico juez Bailaque, acusado de extorsión y vínculos con los narcos
Las organizaciones ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) pidieron que Milei y su ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona rechacen la renuncia. Los firmantes indican que la aceptación de la dimisión extingue el procedimiento en el Consejo de la Magistratura que lleva al posible juicio político. Y si eso pasa el juez además de evitar ese enjuiciamiento accede a una jubilación privilegiada.
“No se trata solo del caso Bailaque, sino de un mecanismo que consagra la impunidad institucional. Si esto se permite, cualquier juez acusado de corrupción sabrá que puede evitar el juicio político simplemente renunciando”, advirtieron. Desde las organizaciones suscriptoras califican de “maniobra” la decisión de renuncia. “En casi un tercio de los ya excepcionales casos que llegan al Jurado de Enjuiciamiento, no hay resolución de fondo porque se acepta la renuncia del juez denunciado”, afirman.
“La Constitución y los precedentes permiten rechazarla para que se garantice su juzgamiento”, señalaron desde ACIJ e INECIP. Esta última entidad está especializada en sistemas procesales y asesora en reformas judiciales a provincias argentinas y diversos países de América Latina.
Las dos organizaciones firmantes subrayan que “Bailaque es investigado por haber obstaculizado el avance de una causa penal a su cargo contra un líder narco y por la extorsión a un empresario a cambio de beneficios procesales, entre otros hechos.
Por esas causas penales tres fiscales lo acusaron en audiencias ya formalizadas por extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. Le impusieron prisión preventiva domiciliaria por 90 días y un embargo en sus bienes hasta totalizar 600 millones de pesos. Estas medidas no pueden activarse en tanto el magistrado conserve fueros.
Bailaque tiene tres expedientes disciplinarios activos en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. “La aceptación de su renuncia por parte del Poder Ejecutivo implicaría el archivo automático de estos procesos, lo que impediría avanzar hacia una eventual remoción por mal desempeño.
El Consejo de la Magistratura da un paso clave para destituir al juez Bailaque
Recordaron que el Consejo de la Magistratura sigue funcionando con una normativa derogada, a pesar de que ya pasaron tres años desde el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Congreso dictar una nueva ley.
“Es imprescindible que las autoridades nacionales actúen con decisión. La impunidad de quienes deshonran la función judicial socava la confianza pública en sus instituciones”, cierra la nota.
