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Medidas sanitarias vigentes hasta el 17 de septiembre

La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 6526 del Ministerio de Salud de Río Negro que extiende las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 17 de septiembre.

Circulación

La restricción a la circulación de las personas será entre las 2:00 de domingo a jueves, y la 3:00 los días viernes, sábado y vísperas de feriado, hasta las 6:00 del día siguiente.

Habilitaciones

*Las reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas. Si el domicilio contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la concurrencia podrá alcanzar hasta 20 personas.

*Las actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de hasta 200 personas.

*Los locales gastronómicos podrán funcionar durante el horario de circulación habilitado. En todos los casos se permite un máximo del 70% del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados. Los propietarios, empleados y aquellos clientes que se encontraren en esos establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta 60 minutos adicionales para retirarse de los mismos y llegar a sus domicilios de residencia dentro de ese lapso, debiendo acreditar tal circunstancia mediante comprobante de consumo o similar.

*Los locales comerciales de cualquier rubro podrán funcionar respetando el horario de circulación habilitado.

*Las farmacias y estaciones de servicio -únicamente para el expendio de combustibles- podrán funcionar durante las 24 horas.

*La realización de actos públicos y protocolares, aniversarios y fiestas populares, sin aglomeración de personas y respetando el distanciamiento social.

*La práctica deportiva en espacios públicos y privados cerrados con el 70% del aforo.

*La realización de eventos, encuentros y competencias deportivas, profesionales o amateurs, podrá realizarse con público asistente hasta un 50% del aforo máximo, evitando toda aglomeración de personas.

*La realización de eventos religiosos en lugares cerrados, en los que deberá observarse, como máximo, un 70% de aforo.

*Las clases presenciales y ensayos de actividades artísticas, individuales o en grupos según protocolo y con un aforo máximo del 70% del espacio donde se realizan.

*La apertura de bibliotecas con entrega de libros y las salas de lectura de las bibliotecas con máximo de aforo de hasta el 70% de su capacidad.

*La realización de actividades en cines, teatros, museos, salas de espectáculos de centros culturales o salones de eventos a los efectos del desarrollo de artes escénicas o actividades culturales, durante el horario de circulación habilitado. En todos los casos se permite un 70% de aforo. Los empleados y las personas que se encontraren en dichos establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta 60 minutos adicionales para retirarse de los mismos y llegar a sus domicilios de residencia dentro de ese lapso, debiendo acreditar tal circunstancia mediante tickets de acceso al espectáculo.

*La actividad de casinos y bingos podrá funcionar de acuerdo al horario de circulación habilitado, con un aforo máximo del 70% del espacio disponible. Los empleados y aquellos clientes que se encontraren en esos establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta 60 minutos adicionales para retirarse de los mismos y llegar a sus domicilios de residencia dentro de ese lapso, debiendo acreditar tal circunstancia mediante comprobante de consumo o similar.

*La apertura de salones de eventos con un aforo máximo del 70% del espacio disponible, o un máximo de 200 personas, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados.

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    Lo echaron del gobierno por ocultar propiedades… pero a otros no: el caso Frugoni vuelve a exponer la doble vara de Milei

     

    El desplazamiento de Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía, por ocultar propiedades en Estados Unidos abre una pregunta incómoda que el oficialismo evita responder: ¿por qué a algunos los echan y a otros, con situaciones similares, los sostienen?

    Por Roque Pérez para NLI

    La salida de Frugoni se produjo luego de que se confirmara que tenía al menos siete u ocho inmuebles en Florida sin declarar ante los organismos argentinos, además de sociedades en el exterior utilizadas para adquirirlos. El caso no fue menor: se trata de un funcionario clave en el área de infraestructura, bajo la órbita directa del ministro Luis Caputo.

    El escándalo que terminó en despido

    La investigación periodística reveló que Frugoni omitió incluir en sus declaraciones juradas propiedades valuadas entre 140.000 y 310.000 dólares cada una, muchas de ellas adquiridas a través de firmas registradas en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad.

    El propio funcionario terminó admitiendo la irregularidad. Reconoció que no había declarado esos bienes y aseguró que se trataba de un “error” que estaba intentando corregir.

    Pero el daño ya estaba hecho. La normativa argentina es clara: todo funcionario debe declarar la totalidad de su patrimonio, tanto en el país como en el exterior, y la omisión puede configurar delitos como enriquecimiento ilícito u omisión maliciosa.

    En ese contexto, el Gobierno decidió avanzar con su salida. Una decisión que, en apariencia, busca mostrar firmeza frente a la corrupción.

    La incómoda comparación con Adorni

    Sin embargo, el caso abre una contradicción evidente. Porque mientras Frugoni fue eyectado, Manuel Adorni sigue en su cargo pese a estar bajo cuestionamientos patrimoniales y judiciales similares, tal como ya trascendió en distintas investigaciones públicas.

    La comparación no es menor: ambos casos giran en torno a inconsistencias en declaraciones juradas, patrimonio no declarado o bajo sospecha, y posibles irregularidades en el manejo de bienes.

    Entonces, la pregunta es inevitable:
    ¿por qué a Frugoni sí y a Adorni no?

    Discrecionalidad, relato y costo político

    La respuesta parece menos jurídica que política. Frugoni era un funcionario técnico, prescindible dentro del esquema de poder. Adorni, en cambio, es una figura central en la comunicación del gobierno de Milei, con exposición mediática diaria y rol estratégico en la construcción del relato oficial.

    En otras palabras, no todos los funcionarios valen lo mismo dentro del dispositivo político.

    El gobierno intenta instalar una narrativa de “tolerancia cero” frente a irregularidades, pero los hechos muestran otra cosa: la vara cambia según el peso político del implicado.

    Un problema más profundo

    El caso Frugoni no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de episodios que golpean el discurso de transparencia de la actual gestión, especialmente en áreas sensibles como la obra pública y la administración de recursos.

    La utilización de sociedades en el exterior, la omisión de bienes y las inconsistencias patrimoniales no son meros tecnicismos: son señales de posibles circuitos de opacidad que contradicen el discurso anticasta.

    Y cuando la reacción del Estado es selectiva, el problema se agrava.

    La pregunta que queda abierta

    El desplazamiento de Frugoni podría haber sido un gesto de institucionalidad. Pero pierde fuerza cuando no se aplica el mismo criterio a todos.

    Porque en política, tan importante como sancionar es hacerlo sin discrecionalidad.
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    no hay una política anticorrupción, sino una administración del costo político de cada escándalo.

     

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    El General de Brigada, Sergio Maldonado, presentó su renuncia como presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armada, a solo tres meses de haberse creado tras la disolución del IOSFA.

    Fuentes al tanto de la situación revelaron a LPO que la salida se produce por diferencias profundas de Maldonado con Presti en el mano de la crisis que afecta a miles de militares activos y retirados que no tienen cobertura médica. 

    Además, el pasado primero de mayo se produjo el suicidio de un suboficial retirado en medio de esta crisis y eso habría sido el detonante de la salida del ahora ex funcionario. 

    El Gobierno buscaba descomprimir la dramática situación con la nueva obra social pero todavía no queda claro la manera en la que Defensa se hará cargo de una deuda de 200 mil millones de pesos que tiene a los afiliados sin cobertura y en muchos casos tiene que transitar enfermedades graves y tratamientos complejos de su bolsillo. 

    Escándalo IOSFA: los militares están sin cobertura y denuncian un negociado de Petri para vaciar la obra social

    Esto, generó movilizaciones en ciudades importantes como Mar del Plata en donde se concentraron en una de las clínicas que reclama una deuda millonaria. 

    El Ministerio de Defensa informó ante Diputados que la deuda del IOSFA al 31 de marzo de 2026 ascendía a $248.600.811.333,39. El pasivo incluye $16.290 millones en reintegros, $161 millones en servicios básicos, $178.961 millones en gasto prestacional y funcionamiento, y $53.187 millones en préstamos del IAF. 

    Fuentes al tanto de la situación revelaron a LPO que la salida se produce por diferencias profundas de Maldonado con Presti en el mano de la crisis que afecta a miles de militares activos y retirados que no tienen cobertura médica

    Al momento de la transición, el IOSFA tenía 523.611 afiliados: 331.152 vinculados a las Fuerzas Armadas y 192.459 a las fuerzas de seguridad. De ese total, el padrón de 331.152 afiliados de las Fuerzas Armadas fue transferido a la OSFA el 31 de marzo.

    LPO reveló en exclusivo que el ante el grado de desesperación para hacer frente a estos compromisos, Carlos Presti evalúa rematar 44 inmuebles militares para pagar la deuda. El documento oficial al que accedió a LPO el pasado 23 de marzo, propone retirar propiedades y redefinir la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos.

    Justamente, el gobierno publicó un decreto en el que abre el juego para la venta de esos territorios, lo que generó una extrema preocupación en bloques políticos de Mar del Plata, dado que la ciudad balnearia tiene una importante cantidad de inmuebles. 

    Al momento de la transición, el IOSFA tenía 523.611 afiliados: 331.152 vinculados a las Fuerzas Armadas y 192.459 a las fuerzas de seguridad. De ese total, el padrón de 331.152 afiliados de las Fuerzas Armadas fue transferido a la OSFA el 31 de marzo 

    La crisis de la obra social se originó en su totalidad en esta gestión libertaria, con los manejos de los funcionaros que respondían a Luis Petri y que fue generando una bola de nieve hasta llegar a la situación actual. 

    Pero además del abandono que sufren los militares afiliados para tener una cobertura médica, en las Fuerzas Armadas apareció otro malestar desde la asunción del nuevo ministro de Defensa, el general Carlos Presti. La Fuerza Aérea lo acusa de «teñir de verde» el Ministerio al colocar a gente de confianza del Ejército de manera mayoritaria en todas las áreas, tanto del ministerio como las empresas que dependen de Defensa.

    El Gobierno disuelve IOSFA pero sigue con una deuda de 200 mil millones de pesos 

    LPO publicó en exclusivo que las críticas internas a los hombres de Petri en IOSFA era que usaban los recursos de los afiliados para la campaña electoral en Mendoza. Dentro de los supuestos cobradores de campaña aparecen Surabelle y el empresario Fernando Riccomi, apuntado por el Ejército por recaudar a nombre de Petri.

    Riccomi es también el titular de la prepaga Medycin, que adquirió porciones de Delta Salud S.A. y fue aportante de campaña del socialismo en Santa Fe. Es accionista en empresas como Rosario Futuros y Opciones S.A y tiene una acción en el Rofex, el mercado de futuros.

    El nuevo emprendimiento de Riccomi es el inmobiliario, en especial en Funes, la ciudad pegada a Rosario donde están los mayores barrios privados, donde tienen casa Lionel Messi y Ángel Di María. 

     

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