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Se constató el funcionamiento de la planta de bombeo de líquidos cloacales

Luego de los trabajos realizados durante el fin de semana para solucionar la rotura del caño de impulsión de líquidos cloacales, en la jornada del martes quedó en funcionamiento a pleno la planta de bombeo ubicada en barrio Belgrano.

La obra ejecutada por el personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina consistió en la ejecución de un by pass, tras lo cual se procedió a la colocación de hormigón y de abrazaderas a los caños que se utilizaron para realizar el empalme.

También se realizaron modificaciones en las lagunas ubicadas al pie de la barda para disminuir la contra presión.

Luego quedó fuera de servicio la conexión provisoria que se había realizado en el sector ubicado frente a la Plaza Padre Rondini, en barrio Don Bosco, para posteriormente probar el funcionamiento de la planta de bombeo.

Tras la constatación de su correcto funcionamiento, el titular de Obras y Servicios Francisco Lucero destacó la tarea del personal a su cargo ya que la ubicación del caño que sufrió la rotura, por debajo de la ruta nacional 22 y a una profundidad de 2,5 metros, obligó a llevar adelante esta obra complementaria.

La adquisición del material necesario demandó una inversión municipal cercana al millón de pesos.

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    El Frigorífico Pico, uno de los más emblemáticos del país y creador de la marca de hamburguesas Paty, atraviesa un panorama crítico, con deudas que superan los 30 mil millones de pesos y una drástica reducción de la faena que llevó a la suspensión de sus 450 trabajadores.

    En un contexto donde el consumo interno de carne no logra un despegue sólido de las marcas mínimas históricas y con un fuerte retroceso exportador en mercados fuertes como China, el frigorífico pampeano pasó de faenar 600 a 50 vacunos por día.

    La empresa de la familia Lowenstein inició hace un año un proceso de reducción de planta que afectó a casi un centenar de empleados. Ahora, con la producción que sigue sin levantar, se definió paralizar la planta e iniciar las suspensiones masivas.

    En los gremios del sector admiten que la situación es extrema y que responde a un espiral de crisis que afecta a buena parte del sector desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

    Las exportaciones de carne cayeron un 7,3% en 2025, con una preocupante contracción de 12,3% en los envíos al principal mercado, China

    El drástico derrumbe de la faena agudizó el ya crítico panorama financiero del frigorífico que, solo al Banco de La Pampa, le adeuda 9.000 millones. En tanto, datos del Central exponen que la firma posee más de mil cheques rebotados y un total de deuda que merodea los 30 mil millones.

    Según declaraciones del intendente de la localidad pampeana de Trenel, Horacio Lorenzo, a La Arena, la empresa de los Lowenstein debe varios meses a los productores de hacienda de la zona y de Eduardo Castex.

    La empresa les anticipó a sus trabajadores que les pagarán por enero 500 mil pesos y les entregarán la carne semanal que les corresponde. Frente a eso, en Trenel, donde está radicado el frigorífico Pico, hay un fuerte temor de que se produzca el cierre de la planta.

    Durante 2025, varios frigoríficos iniciaron un proceso de reducción de personal, desatando conflictos vigentes a la fecha.

    Se profundizan los despidos en frigoríficos por el desplome de las exportaciones y la baja de consumo de carne

    Un caso paradigmático es el del frigorífico santafesino Euro, donde 15 familias de trabajadores sostienen hace dos meses y medio una toma de la planta en reclamo de sueldos adeudados desde octubre de 2025.

    Entre las causas del derrumbe, aparece la caída en las exportaciones, que presentaron una merma de 7,3% en 2025, con una preocupante contracción de los envíos al principal mercado, China, donde las exportaciones se redujeron un 12,3%. 

     

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  • El gobierno afirma que detuvo a un venezolano «terrorista» que se infiltró en el país

     

    Fuerzas federales argentinas detuvieron este viernes en Corrientes a un venezolano que ingresó de manera ilegal al país y registraba antecedentes penales graves. La detención se produjo el 20 de diciembre en el Puerto de Ituzaingó y el procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Prefectura Naval Argentina (PFA).

    Según informaron fuentes oficiales, el detenido dijo ser un ex integrante del Ejército de Venezuela y de ese modo justificó las 20 heridas de arma blanca que presenta en todo el cuerpo. También la bala que tiene alojada en el abdomen.

    Su vinculación con el Ejército quedó confirmada cuando las autoridades argentinas solicitaron a Interpol datos de esta persona.

    El mismo argumento utilizó en junio de 2024 cuando las autoridades de los Estados Unidos lo detuvieron. En ese entonces tenía en su poder un arma blanca y relató que había entrado al país a través de México.

    La detención se realizó a partir de un proceso de identificación y seguimiento basado en el cruce de información sensible, análisis de patrones regionales de desplazamiento y verificación de bases internacionales. Esto permitió reconstruir su recorrido clandestino por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, antes de arribar a la Argentina. Además, se constató que el sospechoso habría ingresado ilegalmente a los Estados Unidos, país del que fue expulsado en enero de 2025.

    Desde el gobierno aseguran que el detenido contaría con instrucción militar especializada y lo consideran un presunto integrante de la organización criminal y terrorista Tren de Aragua, una banda delictiva a la que Estados Unidos, declaró organización terrorista.

    Además, posee antecedentes por homicidio y registra un pedido de captura en Canadá por delitos de lesiones graves y amenazas.

    Para el gobierno, la detención expone un fenómeno que preocupa a nivel regional: el reordenamiento del poder en Venezuela y el debilitamiento del régimen está generando fracturas internas, desplazamientos y reacciones violentas de actores irregulares que ante la pérdida de control territorial y recursos buscan replegarse o expandirse hacia terceros países.

     

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    El recorte de subsidios energéticos que impulsa el Gobierno nacional es un costo que no desaparece, se traslada. La poda fiscal se ejecuta en el presupuesto nacional, pero el impacto social y político queda radicado en las provincias, que enfrentan facturas impagables, picos de consumo y la presión directa de los usuarios. 

    En 2026, el objetivo oficial es reducir los subsidios energéticos del 0,9% del PBI en 2025 al 0,5%, una baja de 0,4 puntos del producto, equivalente a varios miles de millones de dólares. Ese ahorro no es neutro territorialmente: golpea más fuerte donde la energía es más cara, más intensiva o directamente no hay alternativas. 

    El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) unifica electricidad, gas, Programa Hogar y propano en redes, elimina la segmentación N1-N2-N3 y deja solo dos categorías: usuarios con subsidio y sin subsidio. En los hechos, reduce volumen subsidiado y achica coberturas, sobre todo en los meses de menor consumo «teórico», que en muchas provincias no coinciden con el consumo real. 

    El 43,9% de los hogares argentinos no tiene acceso a gas natural por redes. Y el ajuste es todavía más crudo en el Programa Hogar, que cubre a los hogares que usan garrafas de GLP. En diciembre de 2025 alcanzaba a 3,9 millones de hogares, con una cobertura que llegó a representar solo el 8,5% del precio final de la garrafa, cuando en 2022 cubría cerca del 80%. El precio promedio nacional de la garrafa rondaba los $20.852, lo que implica que el subsidio efectivo había quedado reducido a un monto marginal . 

    Con el nuevo esquema, el beneficio pasa a cubrir el 50% del precio, pero con un límite mucho más restrictivo:  Hasta dos garrafas mensuales solo entre mayo y septiembre, una garrafa mensual el resto del año.

    A esa transferencia silenciosa de costos se suma el capítulo del gas natural, donde el nuevo esquema también introduce tensiones crecientes. Desde 2026, la bonificación al consumo de gas por redes queda acotada a los meses de mayor demanda, entre abril y septiembre, mientras que durante el resto del año los hogares deberán afrontar el precio pleno del PIST. 

    En términos prácticos, esto implica que en los meses templados, cuando el consumo no desaparece pero deja de estar subsidiado, las facturas pueden registrar saltos interanuales de hasta el 40%, incluso en usuarios de ingresos medios y bajos. 

    La secretaria de Energía, María Tettamanti

    La situación es aún más incierta en las zonas abastecidas por propano en redes: aunque el nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados incluye formalmente a este segmento, la Secretaría de Energía todavía no reglamentó el mecanismo de bonificaciones ni el sendero de precios. 

    Ese vacío normativo deja a miles de usuarios, mayoritariamente en provincias sin acceso al gas natural, expuestos a aumentos discrecionales y sin un marco claro de protección tarifaria, trasladando nuevamente la presión política y fiscal a los gobiernos provinciales.

    Eso implica consumos eléctricos estructuralmente más altos, justo cuando el esquema nacional reduce el bloque subsidiado. Con el nuevo esquema, en 2026 la bonificación eléctrica cubre 300 kWh/mes en meses de verano e invierno y 150 kWh/mes en meses templados. 

        

    Para un hogar que consume alrededor de 300 kWh mensuales, la consecuencia es directa: en los meses templados, la mitad del consumo pasa a pagarse a precio pleno. Para usuarios subsidiados, eso genera aumentos interanuales de entre 56% y 61% en esos meses, según las proyecciones de un informe elaborado por ex funcionarios de la Secretaría de Energía. 

    Por eso empiezan a aparecer fondos compensadores provinciales, descuentos transitorios y parches fiscales locales que, en la práctica, reponen parte del subsidio que Nación quitó.  E

    El caso de Santiago del Estero es ilustrativo. El gobierno provincial anunció un 40% de descuento en la tarifa eléctrica por dos meses, financiado con recursos propios y visible en la factura como «Fondo Compensador Estival Provincial». La medida alcanza a usuarios residenciales de todos los niveles de consumo y busca amortiguar el impacto de las temperaturas extremas.  

    «Acá hay una decisión nacional de recortar subsidios y el costo se traslada directo a las provincias con menos infraestructura. Lo que antes se financiaba con recursos del Estado nacional hoy se convierte en más presión sobre los presupuestos provinciales y, en última instancia, sobre las boletas que pagan las familias. Por eso es necesario que los gobernadores se pronuncien con claridad: no se puede aceptar en silencio que el ajuste se descentralice para que el costo político lo paguen las provincias», acusó un diputado peronista. 

    La lectura que hacen desde las provincias es que el recorte de subsidios no es solo una decisión fiscal: es una redistribución territorial del costo. Golpea más fuerte donde no hay gas por red, el consumo eléctrico es estructuralmente alto y los ingresos promedio son más bajos. 

     

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