Luego de los trabajos realizados durante el fin de semana para solucionar la rotura del caño de impulsión de líquidos cloacales, en la jornada del martes quedó en funcionamiento a pleno la planta de bombeo ubicada en barrio Belgrano.
La obra ejecutada por el personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina consistió en la ejecución de un by pass, tras lo cual se procedió a la colocación de hormigón y de abrazaderas a los caños que se utilizaron para realizar el empalme.
También se realizaron modificaciones en las lagunas ubicadas al pie de la barda para disminuir la contra presión.
Luego quedó fuera de servicio la conexión provisoria que se había realizado en el sector ubicado frente a la Plaza Padre Rondini, en barrio Don Bosco, para posteriormente probar el funcionamiento de la planta de bombeo.
Tras la constatación de su correcto funcionamiento, el titular de Obras y Servicios Francisco Lucero destacó la tarea del personal a su cargo ya que la ubicación del caño que sufrió la rotura, por debajo de la ruta nacional 22 y a una profundidad de 2,5 metros, obligó a llevar adelante esta obra complementaria.
La adquisición del material necesario demandó una inversión municipal cercana al millón de pesos.
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Un posteo cuestionando la decisión de Pullaro que se negó en su momento a liquidar los 800 millones de dólares que consiguió en los mercados internacionales disparó una catarata de críticas de parte de los libertarios al gobierno provincial.
Un posteo cuestionando la decisión de Pullaro que se negó en su momento a liquidar los 800 millones de dólares que consiguió en los mercados internacionales disparó una catarata de críticas de parte de los libertarios al gobierno provincial.
Todo empezó cuando funcionarios del equipo económico cuestionaran públicamente la decisión del gobernador de no liquidar en enero los fondos tomados para financiar obras en Santa Fe y ahora con la baja del dólar oficial, la provincia habría perdido más de $120 millones de dólares, según calculó el mismo Toto Caputo.
El cruce fue amplificado por Javier Milei y convirtió una discusión técnica en un nuevo frente político entre Nación y Provincia a hora de su llegada.
El presidente amplificó la polémica
Los libertarios sostienen que la decisión de Pullaro generó pérdidas millonarias para la provincia por la baja del tipo de cambio y por no haber colocado los fondos a tasa en pesos. Caputo llegó a hablar de un costo superior a los 120 mil millones de pesos y calificó la estrategia como una especulación sin sentido, con gastos en pesos financiados con dólares que permanecen sin liquidar.
En respuesta, el gobierno santafesino buscó correr la discusión del terreno financiero al político y de gestión. Cerca de Pullaro remarcaron a LPO que la provincia tomó deuda para inversiones duras en infraestructura y desarrollo productivo, y no para realizar colocaciones financieras. «Si el objetivo hubiese sido hacer inversión financiera, directamente no se habría tomado la deuda», señalaron.
En ese marco, defendieron la decisión de liquidar los dólares a medida que avanza la ejecución de las obras y rechazaron de plano la lógica del Gobierno nacional. «No gestionamos el Tesoro Provincial con criterios de un trader. Hablar de ganar o perder en colocaciones financieras implica aceptar riesgos que no pueden aplicarse al manejo de fondos públicos», afirmaron, en una réplica directa a los cuestionamientos del Ministerio de Economía.
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A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.
Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.
Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.
Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.
Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).
En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.
Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.
Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno
En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.
Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.
El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora
El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.
Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.
«Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.
Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones.
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