Luego de los trabajos realizados durante el fin de semana para solucionar la rotura del caño de impulsión de líquidos cloacales, en la jornada del martes quedó en funcionamiento a pleno la planta de bombeo ubicada en barrio Belgrano.
La obra ejecutada por el personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina consistió en la ejecución de un by pass, tras lo cual se procedió a la colocación de hormigón y de abrazaderas a los caños que se utilizaron para realizar el empalme.
También se realizaron modificaciones en las lagunas ubicadas al pie de la barda para disminuir la contra presión.
Luego quedó fuera de servicio la conexión provisoria que se había realizado en el sector ubicado frente a la Plaza Padre Rondini, en barrio Don Bosco, para posteriormente probar el funcionamiento de la planta de bombeo.
Tras la constatación de su correcto funcionamiento, el titular de Obras y Servicios Francisco Lucero destacó la tarea del personal a su cargo ya que la ubicación del caño que sufrió la rotura, por debajo de la ruta nacional 22 y a una profundidad de 2,5 metros, obligó a llevar adelante esta obra complementaria.
La adquisición del material necesario demandó una inversión municipal cercana al millón de pesos.
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El gobierno de Milei avanzó un paso más en la entrega de las áreas sensibles del Estado a los intereses privados: designó al ahora ex CEO de OSDE como máxima autoridad de la ANMAT, el organismo encargado de controlar medicamentos, vacunas, alimentos y tecnologías sanitarias. Un nombramiento que despierta serias sospechas por los conflictos de intereses y los antecedentes del sector.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La decisión quedó formalizada este lunes con la publicación del Decreto 3/2026, mediante el cual Milei aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio y designó a Luis Eduardo Fontana como nuevo Administrador Nacional de la ANMAT, un organismo clave dentro del sistema de salud pública. No se trata de un cargo menor: la ANMAT tiene bajo su responsabilidad el control y la fiscalización de medicamentos, vacunas, alimentos, productos médicos y tecnologías sanitarias, funciones que quedaron especialmente bajo la lupa tras el escándalo del fentanilo.
La elección de Fontana, de 71 años, no es inocente ni técnica. Fontana es el reciente CEO de OSDE, una de las principales prepagas del país, beneficiada de manera directa por la desregulación del sector impulsada por el propio Milei a través del DNU 70/23. En otras palabras, el gobierno colocó a un representante del negocio privado de la salud a controlar un organismo que debería actuar como contrapeso y garante del interés público.
El Estado regulador en manos del mercado
Con este nombramiento, el Ejecutivo refuerza una lógica que ya es marca registrada de la gestión Milei: vaciar al Estado desde adentro y ponerlo al servicio de las corporaciones. La ANMAT no solo autoriza medicamentos y vacunas, sino que define estándares de seguridad, evalúa riesgos sanitarios y puede frenar productos peligrosos. Entregar ese poder a alguien con intereses directos en el sistema privado de salud rompe cualquier principio de independencia regulatoria.
La preocupación no es teórica. OSDE fue protagonista central de los aumentos desmedidos en las cuotas de la medicina prepaga durante el primer semestre de 2024, con subas de hasta 400%, habilitadas por la desregulación total del sector. En ese contexto, una jueza federal, María Caccioppoli, falló a favor de las personas afiliadas y ordenó la devolución de los incrementos, además de pedir que se investigara un posible accionar delictivo de los directivos de OSDE.
OSDE, negocios cruzados y causas judiciales
El fallo de Caccioppoli fue incómodo para el poder económico. Tanto, que la jueza terminó siendo apartada de la causa luego de que OSDE la recusara. Según denunciaron abogadas que representan a personas afiliadas, el apartamiento estuvo directamente vinculado con su decisión de enfrentarse a la corporación y proteger, en su mayoría, a personas jubiladas afectadas por los aumentos.
Detrás de OSDE hay una estructura que dista mucho de la imagen de “prepaga solidaria” que intenta mostrar. Aunque se presenta como empresa de medicina prepaga, OSDE tiene la figura jurídica de una obra social sin fines de lucro, lo que le permite no pagar impuestos como Ganancias o Ingresos Brutos. Sin embargo, administra un presupuesto mensual cercano a los 360 millones de dólares y funciona como un “financiador puro” del sistema, contratando prestaciones a empresas privadas muchas veces vinculadas a sus propios directivos.
En ese entramado aparecen sociedades compartidas, clínicas, prestadoras y empresas de importación de tecnología médica donde se repiten los mismos nombres: directivos de OSDE que, a la vez, son proveedores del sistema. Fontana no es ajeno a ese esquema, y su desembarco en la ANMAT despierta alertas inevitables.
Un mensaje político claro
El mensaje del gobierno es contundente: el control estatal es un obstáculo a remover, no una herramienta para cuidar a la población. Colocar al ahora ex CEO de una prepaga en la conducción del organismo que debe regular medicamentos y tecnologías sanitarias no es una casualidad ni un error de cálculo. Es una definición ideológica.
Mientras Milei habla de “libertad”, el Estado queda capturado por los mismos actores que deberían ser controlados. La ANMAT, una institución clave para la salud pública, pasa a estar conducida por alguien con intereses directos en el negocio sanitario privado. Una decisión peligrosa, que expone hasta qué punto este gobierno está dispuesto a subordinar la salud de la población a las reglas del mercado.
Los Caminos del Vino fue la propuesta innovadora del programa de esta edición vendimial, organizada por la Municipalidad de Villa Regina, con una globa que exhibió la producción de más de una docena de bodegas de toda la provincia y ofreció, además, la posibilidad de degustación, compra de vinos y hasta de una delicada copa…
Morgan Stanley puso el foco donde el Gobierno quiere mostrar resultados. El banco destacó que la Argentina pagó la deuda de enero sin sobresaltos. Pero el informe agrega una advertencia clave: la estrategia sirve en el corto plazo. Más adelante, la tensión vuelve.
El arranque de 2026 fue ordenado. En los primeros días del año, el Tesoro canceló unos USD 4.300 millones de deuda en moneda extranjera. Es cerca del 21% de los vencimientos totales del año, estimados en USD 19.900 millones. El mercado lo tenía descontado. Y se cumplió.
«El cumplimiento de las obligaciones era plenamente esperado por el mercado, a pesar del anuncio de último momento de un Repo por USD 3.000 millones que incrementó las divisas disponibles en el BCRA y, a su vez, permitió al Tesoro comprar las divisas suficientes para efectuar el pago», señala el informe.
Según el banco, ese pago fue posible por una combinación puntual. Aporte de organismos, manejo fino de caja y el repo por USD 3.000 millones que reforzó las reservas del Banco Central. Una estrategia que tiene pocas chances de repetirse.
El informe aclara que las necesidades brutas de divisas para 2026 ascienden a USD 38.700 millones. El número incluye intereses y amortizaciones de toda la deuda en moneda extranjera. Es el dato central del paper.
Proyectamos que las principales fuentes de divisas para el Gobierno nacional serán USD 5.000 millones provenientes de organismos multilaterales y USD 6.000 millones de bonos en moneda extranjera, tanto externos como domésticos. Esto deja una brecha de USD 5.000 millones para 2026, que surge de flujos netos negativos del FMI y de los bonos en moneda extranjera. El Tesoro deberá comprar estas divisas al BCRA o directamente a través de operaciones en bloque.
De ese total, unos USD 18.900 millones corresponden a bonos duales que ajustan por dólar pero se pagan en pesos. No requieren dólares billete. Así, la necesidad efectiva baja a USD 19.900 millones. De ese monto, USD 8.700 millones son intereses y USD 11.100 millones capital.
Morgan Stanley estima que parte se puede cubrir con USD 5.000 millones de organismos multilaterales y otros USD 6.000 millones vía emisiones de deuda en moneda extranjera, tanto externas como locales. Aun así, queda un bache de unos USD 5.000 millones.
El informe señala que ese faltante debería cubrirse con compras del Tesoro al Banco Central o con operaciones financieras específicas. Ninguna de las dos opciones es neutra para las reservas. Por eso el banco es claro en su recomendación. Ve valor en posiciones de corto plazo en deuda argentina. Especialmente en los tramos que vencen con el primer trimestre del año.
«Proyectamos que las principales fuentes de divisas para el Gobierno nacional serán USD 5.000 millones provenientes de organismos multilaterales y USD 6.000 millones de bonos en moneda extranjera, tanto externos como domésticos. Esto deja una brecha de USD 5.000 millones para 2026, que surge de flujos netos negativos del FMI y de los bonos en moneda extranjera. El Tesoro deberá comprar estas divisas al BCRA o directamente a través de operaciones en bloque», asegura el informe.
El punto más delicado es el FMI. En 2026 vencen unos USD 4.400 millones. Y, a diferencia de 2025, la Argentina sería pagadora neta por unos USD 2.300 millones. Es una salida adicional de divisas en un año cargado.
La lógica es simple: los pagos inmediatos están cubiertos. El problema aparece más adelante. Hacia el segundo trimestre, las necesidades de dólares se vuelven más exigentes. Y las fuentes de financiamiento, más inciertas. Ahí es donde el riesgo crece.
Morgan Stanley también analiza el roll over. Señala que varios vencimientos en dólares son con el propio sector público y pueden renovarse. Incluye letras del Tesoro y compromisos con el Banco Central. Eso alivia, pero no resuelve.
El punto más delicado es el FMI. En 2026 vencen unos USD 4.400 millones. Y, a diferencia de 2025, la Argentina sería pagadora neta por unos USD 2.300 millones. Es una salida adicional de divisas en un año cargado.
El banco ve difícil ampliar el programa con el Fondo. La deuda ya ronda los USD 57.000 millones, más de trece veces la cuota. Incluso con buena relación política, el margen es limitado.
En ese contexto, el informe deja abierta la puerta a un regreso al mercado internacional. Habla de una posible emisión antes de julio. Un bono a entre 7 y 12 años, con tasa superior al 10%. Caro, pero funcional para cubrir vencimientos.
La conclusión es prudente. Morgan Stanley reconoce que el Gobierno logró ordenar el frente inmediato. Pero advierte que la estrategia es de corto alcance.
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