Luego de los trabajos realizados durante el fin de semana para solucionar la rotura del caño de impulsión de líquidos cloacales, en la jornada del martes quedó en funcionamiento a pleno la planta de bombeo ubicada en barrio Belgrano.
La obra ejecutada por el personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina consistió en la ejecución de un by pass, tras lo cual se procedió a la colocación de hormigón y de abrazaderas a los caños que se utilizaron para realizar el empalme.
También se realizaron modificaciones en las lagunas ubicadas al pie de la barda para disminuir la contra presión.
Luego quedó fuera de servicio la conexión provisoria que se había realizado en el sector ubicado frente a la Plaza Padre Rondini, en barrio Don Bosco, para posteriormente probar el funcionamiento de la planta de bombeo.
Tras la constatación de su correcto funcionamiento, el titular de Obras y Servicios Francisco Lucero destacó la tarea del personal a su cargo ya que la ubicación del caño que sufrió la rotura, por debajo de la ruta nacional 22 y a una profundidad de 2,5 metros, obligó a llevar adelante esta obra complementaria.
La adquisición del material necesario demandó una inversión municipal cercana al millón de pesos.
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La Justicia federal ordenó un allanamiento en la casa del empresario Javier Faroni señalado por el supuesto desvío de 42 millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyas sedes también era objeto de operativos policiales.
El allanamiento fue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, que lleva adelante una de las causas por las sospechas de corrupción en la AFA que sacuden a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino. Armella está detrás de las presuntas maniobras de
presunto lavado de dinero
de la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo.
El operativo contra Faroni se da luego de que el diario La Nación revelara el desvío de al menos 42 millones de dólares desde una cuenta de la AFA a sociedades fantasma.
Faroni y sus esposa Erica Gillette son los responsables de la firma TourProdEnter LLC que la AFA designó como agente comercial y que en los últimos cuatro años acumuló más de 260 millones de dólares en bancos de EEUU. Desde allí, al menos 42 millones de dólares se desviaron a sociedades fantasmas.
Faroni es un empresario teatral que se metió en el mundo de la política y llegó a ser diputado bonaerense y director de Aerolíneas Argentinas. Desde allí tejió vínculos con el Chiqui Tapia y terminó manejando las fortunas que genera la Selección Argentina en el exterior.
Según La Nación, Faroni fue interceptado anoche en Aeroparque
cuando intentaba viajar a Uruguay en un vuelo privado. Allí le informaron que tenía una prohibición de salir del país. Horas después, la Policía Federal allanó a su domicilio en El Yacht, de Nordelta, donde no se encontraba su esposa.
Armella, que estaba investigando las maniobras de Sur Finanzas con la AFA y varios clubes, amplió la investigación tras una presentación de la Procelac que aportó información sobre el supuesto desvío de fondos en EEUU.
Al mismo tiempo, el magistrado ordenó nuevos operativos en la histórica sede de la AFA de la calle y en el predio de Ezeiza.
Jorge Macri analiza denunciar ante la Corte el incumplimiento de Toto Caputo de la cautelar que impuso un pago mensual a la Ciudad por la coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la Ciudad.
Nación acumula 430 mil millones de pesos de deuda con la Ciudad desde agosto de 2025, cuando los pagos comenzaron a retrasarse. «Semejante suma ya no es un atraso, es un incumplimiento de la cautelar de la Corte», razonan en el gobierno porteño.
En efecto, el fallo de la Corte establecía que Nación debía pagarle a la Ciudad por goteo el 1,55% correspondiente a la Coparticipación. Eso implicaba transferencias diarias y automáticas al tesoro porteño. Apremiado por el déficit, Toto decidió hacer transferencias semanales de forma discrecional.
Al principio, Nación cumplió con los envíos, pero a los pocos meses comenzaron los retrasos. El peor momento llegó tras las elecciones porteñas de mayo y entre agosto de 2025 y enero de 2026 se acumularon 430 mil millones de pesos de deuda.
Semanas atrás hubo una reunión entre Jorge y Toto Caputo, pero no se registraron avances. Esta es una discusión paralela al fondo de la cuestión, que tiene que ver con el porcentaje total de Coparticipación que Nación le quitó a la Ciudad durante el gobierno de Alberto Fernández y que todavía está pendiente de resolución del máximo tribunal. Mientras sigue analizando ese tema, la Corte concedió la cautelar con un porcentaje menor que el que pretende recuperar la Ciudad, que es la que ahora está incumpliendo Caputo.
Caputo nos debe más de 430 mil millones, semejante suma ya no es un atraso, es un incumplimiento de la cautelar de la Corte.
Por eso, ahora en el gobierno porteño piensan en denunciar a la Corte el incumplimiento, aunque la respuesta del tribunal es incierta. «A la Corte no le gusta que la política lo quiera utilizar como mecanismo de negociación con el Estado», dijeron fuentes judiciales. En rigor, hasta ahora la Corte ha evitado confrontar con Milei.
«Hay 19 provincias que tienen reclamos por la coparticipación, esto recién arranca. Son cuestiones que tiene que discutir la política», agregaron las fuentes judiciales.
La cuestión no parece sencilla: cuando Nación propuso los pagos semanales en lugar de transferir por goteo, la Ciudad buscó que la justicia obligara a Nación a cumplir la mecánica original prevista por la Corte. Pero no hubo suerte: en el palacio de tribunales consideraron que su tarea estaba cumplida tras la promesa de Nación.
Son 300 litros del principio activo los que arribaron al país para comenzar la producción local de la vacuna. También llegaron 400.000 dosis del componente 2 de Sputnik V y 81.850 del componente 1. Argentina alcanzó este martes los casi 19 millones de dosis de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia Argentina alcanzó este martes…
Con la Resolución 213/2025, el Estado se retira de una de sus funciones más sensibles: controlar balanzas, surtidores, medidores y radares. Bajo el discurso de la “desburocratización”, Milei profundiza un modelo donde el mercado se audita a sí mismo.
Por Tomás Palazzo para NLI
El Consejo Directivo del INTI oficializó, a días de terminar el año, una decisión que marca un antes y un después en la política de control estatal: el organismo deja de prestar los servicios de metrología legal y certificación obligatoria en buena parte de los instrumentos que se usan todos los días en el comercio, la industria y el control público.
No se trata de un cambio técnico ni administrativo. Es un retiro deliberado del Estado de una función estratégica: garantizar que lo que se mide, se cobra, se multa o se factura sea correcto. Balanzas, surtidores de nafta, medidores de agua y electricidad, etilómetros, taxímetros y radares de velocidad ya no serán controlados directamente por un organismo público, sino por laboratorios y certificadoras privadas.
Un Estado que deja de controlar
La Resolución 213/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial dispone que el INTI abandona la aprobación de modelos, las verificaciones primitivas y los controles periódicos de instrumentos clave para la vida cotidiana. Estas tareas quedan en manos de entidades privadas acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), en un esquema donde el propio mercado pasa a auditarse.
El cronograma es progresivo, pero el sentido es claro: desde enero de 2026 el INTI empieza a correrse, primero en el AMBA y luego en el resto del país. Lo que durante décadas fue una función pública indelegable se transforma en un servicio tercerizado, pago y orientado por la lógica comercial.
La privatización que no se nombra
El texto habla de “simplificación”, “eliminación de trabas” y “reducción de costos”. Pero lo que no dice es que se vacía una capacidad estatal construida durante décadas. El INTI no era un actor más: era el garante público de que las reglas se cumplieran sin conflictos de interés.
Ahora, el mismo actor que fabrica, importa o comercializa un instrumento elige y paga al organismo que lo certifica. El riesgo es evidente: menos control independiente, más margen para el fraude, menos protección para consumidores y usuarios.
Este esquema no es nuevo. Es el mismo libreto que se aplicó en otras áreas del Estado bajo la consigna de achicar, delegar y confiar en el “autocontrol” del mercado. El resultado, históricamente, siempre fue el mismo: beneficios privados, costos socializados.
Milei y el Estado mínimo en acción
La Resolución del INTI no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia del Gobierno de Milei: retirar al Estado de las funciones de regulación y control, incluso en áreas donde está en juego el bolsillo de la gente, la seguridad vial y la salud pública.
Mientras se habla de eficiencia, el Estado renuncia a saber, medir y verificar. El INTI queda reducido a un rol casi académico, enfocado en metrología científica e industrial, pero sin capacidad real de control masivo. La soberanía técnica se diluye y el interés público queda subordinado a la rentabilidad privada.
En nombre de la “libertad”, el Gobierno habilita un sistema donde el control deja de ser una política pública y pasa a ser un negocio. Y cuando el Estado deja de controlar, nunca es el mercado el que pierde: pierde la sociedad.
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