PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa que en la jornada de este lunes 3 de mayo se completó el cupo de castraciones, superando ampliamente el total de 300 animales, entre caninos y felinos.
Próximamente se comunicarán las nuevas fechas de inscripciones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a pedir públicamente que los argentinos saquen los dólares que guardan fuera del sistema financiero y los vuelquen a la economía. Sin embargo, su propia declaración jurada revela que buena parte de su fortuna está radicada en el exterior, lo que expone una fuerte contradicción entre el discurso oficial y las prácticas personales del funcionario.
Por Roque Pérez para NLI
En medio de las dificultades para atraer divisas y sostener el esquema económico del gobierno de Milei, Caputo volvió a apelar al ahorro privado de los argentinos. Durante una intervención ante empresarios y sectores financieros, el ministro insistió en que los ahorristas deberían sacar los dólares “del colchón” e incorporarlos al circuito formal para financiar inversiones y crédito.
Según el funcionario, mantener los dólares guardados fuera del sistema implica una pérdida tanto para los ahorristas como para el país. En esa línea, defendió el programa económico del gobierno libertario y aseguró que la nueva legislación busca dar garantías para que esos fondos ingresen a bancos o al mercado financiero.
La idea central del planteo es clara: el gobierno necesita que los dólares que los argentinos guardan fuera del sistema vuelvan a circular para sostener el esquema económico.
Pero el discurso oficial choca con un dato incómodo.
De acuerdo con la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, el ministro informó un patrimonio de más de 11.800 millones de pesos, lo que lo ubica entre los funcionarios más ricos del gabinete nacional.
Lo más llamativo es la composición de esa fortuna: casi dos tercios de sus bienes están radicados fuera de la Argentina, incluyendo cuentas bancarias y acciones en el exterior.
Sólo en cuentas fuera del país declaró el equivalente a unos 5.900 millones de pesos, además de participaciones en empresas y otros activos financieros internacionales.
El contraste entre su discurso público y su estructura patrimonial abre un interrogante evidente:
si el propio ministro no confía en el sistema local para mantener sus ahorros, ¿por qué los argentinos deberían hacerlo?
La relación de Caputo con estructuras financieras offshore tampoco es nueva. Antes de llegar al gobierno ya había estado vinculado a fondos de inversión registrados en paraísos fiscales como las Islas Caimán, donde funcionaba el Alto Global Fund, un vehículo financiero del que fue administrador.
Las Islas Caimán son conocidas como uno de los principales centros offshore del mundo, utilizados habitualmente para gestionar capitales fuera de los sistemas fiscales nacionales.
Ese antecedente vuelve a cobrar relevancia ahora que el ministro pide confianza en el sistema financiero argentino.
La paradoja es evidente:
el mismo funcionario que reclama a los ciudadanos que vuelquen sus dólares a la economía local mantiene buena parte de su patrimonio fuera del país.
La contradicción no es sólo simbólica. También refleja una lógica histórica de las élites financieras argentinas: exigir confianza al público mientras resguardan su propio capital en el exterior.
En un país marcado por crisis recurrentes, devaluaciones y fugas de capitales, el mensaje del ministro parece enfrentar un problema básico de credibilidad.
Porque si quienes diseñan el modelo económico prefieren mantener su dinero lejos de la Argentina, la pregunta se vuelve inevitable:
¿por qué el resto de los argentinos debería hacer lo contrario?
Sergio Busso es el ministro más experimentado del gobierno de Martín Llaryora. Es un todo terreno de los gobiernos del peronismo cordobés: lideró las carteras de Seguridad, Gobierno, Agricultura y, desde diciembre, Bioagroindustria, un mega ministerio que atiende el corazón de la narrativa cordobesista: la producción y el agro.
Con ese bagaje, advierte por la caída de la actividad económica, la pérdida de puestos de empleo formal y la apertura de las importaciones sin una reforma impositiva y con continuidad de las retenciones.
Dice que el peronismo cordobés «no tenemos nada que ver con el peronismo nacional, al menos con el kirchnerismo». «Hemos peleado más de 20 años en serio con el kirchnerismo y un proyecto que no nos hacía parte a las provincias productivas», advierte ante quienes creen que el Gobierno provincial debe ir hacia un entendimiento con el PJ nacional.
En una entrevista con LPO, Busso dice que el Gobierno de Córdoba «acompaña el cambio que se está haciendo en Argentina», pero reclama una reforma tributaria potente, con foco en las retenciones. : «La industria paga 4.5 por exportaciones, lo que es un despropósito porque en lugar de estimular o reconocer al que exporta, lo penalizás; es bastante contradictorio», dice.
Y se embandera en las retenciones al campo. «Tenemos 26 puntos de retención en soja, en esta cosecha gruesa que vamos a tener, Córdoba va a aportar más o menos 2.500 millones de dólares, 2.500 millones de dólares, dólares de Estado Nacional, que son recursos de los productores, no de un gobierno, pero que no vuelven nada al bolsillo del productor. Y si no vuelven al bolsillo del productor, no hay posibilidad de mejorar la actividad económica».
-¿Esperaba que en esta coyuntura Milei promoviera una reforma impositiva en este sentido?
-Cualquier proyecto económico necesita tener un proyecto productivo, porque si no producimos todo se hace inviable. El problema es que hay que agrandar la torta para romper la desigualdad y la inequidad, y dar oportunidades de trabajo y desarrollo a la gente.
-¿Y ese modelo productivo no aparece?
-No lo veo. Estamos de acuerdo con la apertura de la economía y de la competencia en un mundo globalizado, hay que hacerlo; pero con un planteo inteligente, en particular ante China. Ante el mercado chino se compite de manera desigual. Y eso no es un problema de impuestos o hacer más eficiente a la empresa, si no que es prácticamente imposible.
Vemos que la falta de actividad económica está pegando muy fuerte. Lo vemos en los impuestos vinculados a la actividad -IVA, Ingresos Brutos, Ganancias-que vienen en caída libre
-En dos años se perdieron en Córdoba 11.200 puestos de trabajo formales ¿Estamos en una crisis del empleo formal?
-No hacemos política con esto, pero hay incertidumbre. Todos los sectores nos manifiestan la falta de actividad económica, que pega muy fuerte en el comercio y en la industria. Esto va más allá de la apertura, que es otro tema. La pérdida de empleo formal no es lo mismo que la apertura, que es un proceso, y es complicado. En cambio, sí vemos que la falta de actividad económica está pegando muy fuerte. Lo vemos en los impuestos vinculados a la actividad -IVA, Ingresos Brutos, Ganancias-que vienen en caída libre.
-De estos más de 11.000 puestos, ¿vislumbran en el mediano plazo posibilidades de reemplazarlo por empleo formal?
-Hay Inversiones, muchas de ellas estimuladas mediante la desgravación impositiva de programas provinciales. La industria automotriz tiene proyectos para los próximos meses, y eso es bueno. Pero la preocupación es la integración con pymes locales.
Hay pueblos y ciudades que viven de la producción de maquinaria agrícola. Hoy no hay financiamiento para que un productor se entusiasme con invertir en maquinaria agrícola. Si el Estado no acompaña, la actividad económica por sí sola no funciona.
No es lo mismo que traigan productos importados y se ensamblen acá; y otra es que los componentes sean fabricados acá. La ley de autopartes vence en 2027, y nos preocupa mucho que esa ley quede sin efecto, porque esa ley medianamente protege al ecosistema de pymes metalmecánicas que participan de la industria automotriz. Sin esa ley, sería muy duro para Córdoba.
-¿La caída en la venta de maquinaria agrícola es una foto que anticipa el futuro de la industria automotriz si no se la protege?
-Seguramente. Hay pueblos y ciudades que viven de la producción de maquinaria agrícola. Hoy no hay financiamiento para que un productor se entusiasme con invertir en maquinaria agrícola. Si el Estado no acompaña, la actividad económica por sí sola no funciona. Decir «yo genero condiciones macroeconómicas y que cada uno se las arregle como puede» no parece ser un proceso productivo.
Si no acompañamos con condiciones objetivas para competir, muchos van a quedar en el camino. En el caso de la maquinaria agrícola, sin intervención de los Estados provinciales -Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires- en hacer una tasa competitiva, se convertiría en una ilusión cualquier financiamiento.
Hay un desfasaje muy fuerte entre lo que cobra Nación y las provincias. La Nación sigue teniendo los mismos impuestos, y las que hacen el achique y bajan impuestos son las provincias.
-¿Cuál es el tiempo que necesitan los sectores productivos para acomodarse a esta nueva realidad económica y la apertura indiscriminada?
-Pesan las decisiones de política económica nacional. Las decisiones que corresponden a nivel provincial, estamos prácticamente al máximo del acompañamiento que podemos dar. Si no ponemos recursos no habrá posibilidades de hacer un financiamiento competitivo para la producción. La industria en Córdoba no paga ingresos brutos, la industria en Córdoba prácticamente no paga impuestos. Tampoco paga ingresos brutos el campo.
-¿La reforma laboral ayudará a recuperar los puestos de trabajo formales perdidos?
-Modernizar las relaciones laborales es un camino necesario. Pero por sí sola no ayuda. A la par debe haber una reforma tributaria. Hay un desfasaje muy fuerte entre lo que cobra Nación y las provincias. La Nación sigue teniendo los mismos impuestos, y las que hacen el achique y bajan impuestos son las provincias.
Retenciones quedan en el Estado nacional, no vuelven a los productores, no vuelve nada. Impuestos al combustible, al cheque, igual. Son impuestos que no tienen una contraprestación del Estado nacional. Ese «Estado ausente» que promueven, en las provincias tiene que estar presente porque la educación la brinda la provincia, sobre todo en el interior. Al igual que la salud: la demanda en salud pública aumentó más del 40 por ciento.
-¿Cómo «machea» este diagnóstico con un electorado que votó mayoritariamente a Milei?
-Lo votó masivamente en el balotaje. Pero cualquier anti K habría sacado 70%. Lo mismo pasó con Macri. Es una situación histórica de Córdoba en rechazo a las políticas kirchneristas. Después, en las elecciones de mediano término, nosotros llevábamos a la persona más prestigiosa y más calificada, y se votó un acompañamiento a un proyecto nacional que iba a tener dificultades si no ganaba, lo que iba a generar complicaciones.
Cuando llegue la hora de elegir a nivel provincial, nuestro Gobierno tiene una alta valoración porque pese a las dificultades siguió gestionando siguió acompañando a la gente y haciéndonos cargo de lo que la Nación abandonó.
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El secretario general del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, mantuvo una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones, donde le alertó sobre la gravedad que atraviesa el sistema sanitario por el desfasaje entre los aportes que se hacen a través del monotributo y los costos de los servicios que se prestan.
Según el informe que elevaron Cavalieri entregó a Lugones, mientras el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los $100.000 mensuales por adulto -y asciende a los $170.000 en el caso de adultos mayores-, el aporte que realiza un monotributista al sistema de obras sociales es de apenas $22.000 mensuales.
El informe indica que con este importe no se cubre ni siquiera el valor de una consulta médica. Una radiografía cuesta entre $80.000 y $150.000 y los análisis clínicos completos oscilan entre $200.000 y $300.000.
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Esto sin contemplar procedimientos de mayor complejidad, como una cirugía, que puede costar entre $1.000.000 y $2.500.000 en los casos más simples, ni tratamientos de alta complejidad como oncología, diabetes u otras enfermedades crónicas.
Cavalieri afirmó que «el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud».
Mario Lugones.
Tras la reunión -de la que también participó Carlos Pérez, titular de OSECAC-, Cavalieri explicó que le acercaron al ministro de Salud algunas opciones. Una de ellas es que los monotributistas equiparen el aporte al de los trabajadores en relación de dependencia. Otra opción sería que se elimine el aporte de salud que hacen los monotributista.
«Desde OSECAC queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, estamos convencidos de la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas», dijo el titular de OSECAC. «Sin embargo, también sabemos que, si continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no solo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas, sino la de todos los afiliados del sistema», agregó.
En tanto, Cavalieri explicó que actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de OSECAC. «Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema de obras sociales», dijo y planteó que el tema debe debatirse. «El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario que hoy sostiene la atención médica de millones de personas en la Argentina», cerró.
La distribuidora Edersa anunció un corte de energía para mañana martes 26 en Villa Regina que, afectará, entre otras, la calle donde se encuentra el edificio central de la Municipalidad de Villa Regina (Avenida Rivadavia 220). Por esta razón la atención al público relacionada con el cobro de tasas y trámites que impliquen la utilización…
