Se completó el cupo de castraciones

El gobierno mandó este viernes al Congreso el proyecto de Inocencia Fiscal II, cuya presentación fue delegada por Luis Caputo en tres tributaristas en el Ministerio de Economía, pero la oposición ya advierte sobre su inconstitucionalidad.

El peronista Guillermo Michel señaló que el texto fue redactado por el estudio Lisicki Litvin y advirtió que «César Litvin es un asesor impositivo, que trabaja mucho para Patricia Bullrich». «Incluso hay una foto de Caputo con varios tributaristas, ni siquiera lo armó el Estado porque como la mayoría de las leyes que presenta este gobierno, no las hacen los funcionarios públicos sino los estudios de abogados», sostuvo.

Según el entrerriano, los libertarios «buscan copiar el viejo tapón fiscal» de Domingo Cavallo. «Consiste en que el contribuyente presente la última declaración jurada y que para atrás no se pueda ir», indicó, y concluyó que «así como está el borrador, claramente es inconstitucional porque, con un blanqueo, eximís de responsabilidad penal y tributaria para atrás».

En declaraciones al streaming Gelatina, el legislador conjeturó que «no van con un blanqueo general de nuevo porque le GAFI le pondría reparos». «Es inconstitucional porque las facultades del Estado, la de controlar, fiscalizar y recaudar, no las podés delegar. No podés decir ‘no voy a hacer esa facultad'», argumentó.

Caputo relanzó la Ley de Inocencia Fiscal para tentar los dólares del colchón, pero persisten las dudas sobre los controles

De todas maneras, aventuró que se trata nada más que de «un anuncio periodístico». «El blanqueo anterior fue exitoso, 24 mil millones de dólares, pero este último lo están modificando porque no está dando resultados», aseguró.

También el socialista Esteban Paulón se pronunció contra la intención del gobierno de habilitar el acogimiento de funcionarios y familiares al esquema de este proyecto. «El Gobierno confirmó que funcionarios, políticos y sus familiares también podrán adherir al régimen de «inocencia fiscal. Más impunidad. Menos transparencia», posteó en X.

Paulón había presentado a principios de mes un proyecto para excluir a quienes ejercen cargos públicos. «La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos», dijo.

Agustín Rossi también se manifestó contra la iniciativa, al tildar el proyecto como «vergonzoso». «No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública», se quejó.

La crisis policial en Santa Cruz no cesa. Tras más de un mes de rebelión en reclamos de mejores salariales, el gobiernos y los efectivos policiales se reunieron con el gobierno de Claudio Vidal  pero la negociación fracasó. 

Según el medios locales, el gobierno patagónico «terminó por coronar el fracaso de siete intentos de acuerdos previos por diferencias sustanciales de los aumentos pactados está en el tiempo y en la cantidad de sumas en negro».

Vidal ofreció un salario de $ 1.600.000 de acá al mes de diciembre pero las dificultades se dieron en la integración del mismo ya que los efectivos pretendían que el monto se integrara a partir de este mes y el gobierno se lo desdoblaba en todo un semestre.

Por otra parte si bien algunos ítems se regularizaron, aún restan muchas sumas en negro que no son aceptadas por los efectivos en servicio, por cuanto a quienes se retiren, esas sumas integraran el salario y a los que hoy son retirados, no les correspondería cobrarlas por su carácter no remunerativo.

La rebelión policial jaquea a Vidal: «Es el peor gobernador de la historia»

En ese marco, los policías decidieron profundizar la manifestación en las calles con carpas frente a la casa de gobierno, cortes de calle y la instalación de una carpa en pleno invierno, una de ellas en la residencial de Vidal en Río Gallegos.

En medio de la crisis, filtraron un video que presenta imágenes de un operativo policial realzado en 2015 en donde aparecen detenidos Vidal y su ministro de Seguridad, Pedro Prodromos por el homicidio de Reinaldo Vargas ocurrido el 9 de abril de ese año en Caleta Olivia. Vargas era un joven militante de la UOCRA que murió de un disparo en la cabeza en un enfrentamiento con el sindicato de petroleros de Vidal.

Lo cierto es que la crisis está poniendo en jaque la gestión del gobernador patagónico que, como contó LPO, viajó a Buenos Aires el 30 de junio para negociar una ayuda económica que le permita desactivar la rebelión. 

Sin respaldo político y con una crisis social en ascenso, el gobernador patagónico consiguió al menos que la secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano dictara un cuarto intermedio hasta este miércoles, con el objetivo de que la provincia pudiera diseñar una oferta para salir del conflicto con los uniformados.

Dirigentes opositores a Vidal dijeron que el gobernador «no está controlando nada» y advirtieron que «si consigue dinero para pagar un aumento a la Policía, se le van a ir al humo todos». Esa apreciación apunta a que el malestar también alcanza a los gremios docentes y el sector de la salud.