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Se completó el cupo de castraciones

La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa que en la jornada de este lunes 3 de mayo se completó el cupo de castraciones, superando ampliamente el total de 300 animales, entre caninos y felinos.

Próximamente se comunicarán las nuevas fechas de inscripciones.

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  • El Galleguito Álvarez cuestionó a la Selección por no respetar a la FIFA y lo destrozaron en las redes: «Que la pague Adorni»

     

    Alejandro «Galleguito» Álvarez fue otro de los funcionarios de Javier Milei vilipendiado en las redes por ponerse del lado de la FIFA e Inglaterra tras el reclamo por Malvinas que hicieron los jugadores de la Scaloneta.

    El subsecretario de Política Universitaria quiso culpar a Natalia de la Sota por una posible sanción de la FIFA a la selección, luego de que los jugadores sacaran una bandera que decía «Las Malvinas son argentinas» tras el triunfo en la semifinal del Mundial.

    «Si Argentina sufre una sanción como consecuencia de no respetar lo dispuesto por FIFA ya sabemos a quien reclamar», dijo Álvarez en respuesta a las declaraciones de la diputada cordobesa: «El gobierno pretende decirnos cómo expresar nuestro amor a la patria», dijo De la Sota en repudio al anuncio de Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, que «acordó» que no ingresaran banderas con el mapa de Malvinas al estadio en el que jugó el equipo de Messi.

    Finalmente fueron los jugadores quienes se burlaron de Monteoliva y del gobierno de Milei con la bandera que exhibieron en el campo de juego, que desató la ira de los medios ingleses.

    La toma de posición del «Galleguito» contra los jugadores generó decenas de burlas en Twitter. «Te pagamos el sueldo a vos, mira si no vamos a pagar una multa por eso», le respondió un usuario.

    «Que la pague Adorni la multa», le respondió otro. «No podés ser funcionario y no defender nuestra soberanía. Cipayo nivel Dios», le reclamó el usuario Fabián Puratich.

    «Siempre abriéndose de gambas ante el patroncito y el poder ustedes eh, no fallan nunca», recordó otro usuario.

     

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  • El caso Fontevecchia complica la estrategia de Cristina para ser candidata

     

    La jugada de los abogados de Cristina Kirchner de apelar a la ONU para pedir una revisión de su condena para que pueda ser candidata en 2027 choca con la doctrina de la Corte Suprema que niega que exista una cuarta instancia internacional contra sus pronuciamientos. En 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Fontevecchia que los tribunales internacionales no tienen competencia para anular decisiones del máximo tribunal.

    El kirchnerismo lanzó un operativo clamor para que Cristina pueda competir por la presidencia en las elecciones del año próximo. Fue tras el anuncio de la integración de un nuevo equipo de abogados para asesorar a la ex presidenta en la búsqueda de un fallo internacional que revierta su condena actual que incluye la inhabilitación de por vida para presentarse en elecciones que disputen un cargo público.

    Javier Borrego, ex juez del Supremo Tribunal de España y el brasileño Rafael Valim, ex abogado de Lula y especialista en Lawfare, que se sumaron al penalista Carlos Beraldi, en la defensa de la expresidenta.

    Ese equipo anunció esta semana que recurriría a la ONU para exigir un pronunciamiento de su Comité de Derechos Humanos contra la condena de Cristina Kirchner y además presentarán un «amparo» ante el comité de expertos que asesora a ese comité, para que se le permita presentarse en las PASO.

    «Cristina se podría presentar a las PASO», advierte el nuevo abogado de la ex presidenta

    Pero tres fuentes judiciales, incluso una cercana a la ex presidenta, afirmaron a LPO que la vía elegida no tiene posibilidades de éxito. El primer escollo es que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emite dictámenes que no son vinculantes. Si bien una decisión favorable a Cristina podría generar una gran presión internacional, su aplicación dependerá de la justicia local. De hecho, Lula continuó preso a pesar de haber recibido un dictamen favorable. 

    Menos viable aún es que funcione el «amparo» ante el grupo de expertos que asesora al Comité de la ONU. «Se trata de abogados que emiten un documento de análisis, no es el dictámen del Comité de Derechos Humanos y mucho menos un fallo», afirmó a LPO una de las fuentes consultadas.

    En 2017, con el fallo Fontevecchia la Corte estableció que no hay una cuarta instancia internacional superior a los fallos del máximo tribunal argentino.

    Pero más allá de lo que defina el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de las probabilidades inciertas de que lo haga antes de las elecciones del año que viene, en el Poder Judicial creen que la maniobra de Cristina tiene otros dos obstáculos insuperables.

    La primera es una barrera constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 le dio rango constitucional a los tratados internacionales y como en ellos está incorporada la adhesión de la Argentina al tratado que dio nacimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CNDH), abrió un largo debate jurídico sobre si había adquirido estatus constitucional una «cuarta instancia» de apelación o revisión de los fallos firmes de la justicia argentina. 

    Pero, según estableció la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1997 para el caso Genie Lacayo vs Nicaragua, la CIDH puede señalar «las violaciones procesales de los derechos consagrados», pero «carecen de competencia» para subsanarlas.

    Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina. 

    La condena de Cristina en la Causa Vialidad está firme en todas las instancias judiciales de la Argentina: en junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el último recurso de queja de la defensa y agotó las vías judiciales internas del país, lo que dejó la condena firme de manera definitiva.

    Y ahí aparece la segunda barrera a la nueva estrategia judicial de la ex presidenta: la jurisprudencia al respecto. En la Justicia recuerdan que esta misma Corte estableció que no existe cuarta instancia en la Argentina el caso de Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico contra el Estado argentino. En 1995, la revista Noticias publicó dos artículos que revelaban la existencia de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. El riojano le hizo una demanda civil al medio y consiguió que la Corte Suprema dejara firme en 2001 un fallo que obligaba a Fontevecchia a pagar una indemnización de 150 mil dólares por violación del derecho a la intimidad.

    La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales.

    El dueño de la Editorial Perfil acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de que la vida privada de un presidente es escrutada legítimamente si involucra el uso de fondos públicos o afecta su idoneidad para el cargo. Además pidieron que se revocara la penalización económica. La CIDH le dio la razón a Fontevecchia en 2011.

    La CIDH dispuso que el dueño de Perfil debía ser indemnizado y además recomendó que se anule el fallo de Corte de 2001.

    Seis años más tarde, en 2017, la Corte actual aceptó la exigencia de indemnizar a Fontevecchia, pero rechazó revocar o anular su propia sentencia de aquel año.

    Ese fallo estableció un límite histórico en la relación de Argentina con los tribunales internacionales. El máximo tribunal determinó que la CIDH no representa una «cuarta instancia» con facultades para anular fallos locales firmes.

    «La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado estos principios al manifestar que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario y que no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales», argumentó la Corte en el fallo de 2017.

    Ante la consulta de LPO, Valim respondió que la condena a Cristina se inscribe en el ámbito penal y no en el civil, como el caso de Fontevecchia.

    El abogado explicó que ante un fallo favorable, «el Código Procesal Penal Federal prevé la revisión de la decisión interna por parte del propio poder judicial argentino para adecuarlo a las obligaciones internacionales obligatorias por la constitución argentina».

    Y agregó: «La eventual revisión de la sentencia se llevaría a cabo mediante el procedimiento previsto por el ordenamiento jurídico argentino y sería resuelta por los órganos jurisdiccionales nacionales».

    El antecedente de la CIDH le sirvió al kirchnerismo para no recurrir a es mismo tribunal por dos motivos: la posibilidad de no superar esa doctrina y evitar una demora de 16 años como la que padeció Fontevecchia. Acaso por eso recurrieron a la ONU, aunque el final asoma igual de desfavorable.

    Además, en la Justicia aseguraron a LPO que existe un acuerdo para avanzar con el decomiso de los bienes de la ex presidenta antes de que termine el año. La condena de la Causa Vialidad prevé la ejecución de bienes por 685 mil millones de pesos. Los abogados de Cristina aclararon que la cuestión del decomiso no tiene relación con la presentación que realizaron ante Naciones Unidas.

    Si esto se confirma, en la segunda mitad de este año la ex presidenta enfrentará una agenda judicial muy distinta al debate sobre su apelación a la ONU, sino sobre la venta de sus hoteles y otros bienes.

     

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  • Los intendentes arman una Liga y quieren poner el candidato a gobernador

     

    Un grupo de 11 intendentes bonaerenses consolidó una Liga y se posicionan como un cuarto sector dentro del peronismo. Este lunes visitaron a Axel Kicillof en La Plata y posaron frente a Casa de Gobierno en una foto fundacional del nuevo espacio.

    La reunión con el gobernador duró unas tres horas. Formalmente se comunicó que hablaron de la situación económica y del impacto del ajuste en los distritos. Sin embargo, hubo un diálogo político profundo con Kicillof, a quien visitaron como principal autoridad del peronismo en la provincia.

    El germen de la Liga fue lo que se denominó como Grupo AFA, un armado que integraron Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

    Ahora se sumaron Federico Susbielles (Bahía Blanca), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Juan de Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), y Mariel Fernández (Moreno). El espacio pasa a ser una Liga de Intendentes Peronistas.

    Guiño de Kicillof a la reelección de los intendentes: «Es muy infrecuente que el pueblo no pueda votar a dirigentes cercanos»

    La Liga busca constituir un nuevo espacio que complemente la actual división que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, se posiciona como un cuarto sector frente al axelismo, La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa. Pero, al mismo tiempo, no busca ser un grupo cerrado.

    Varios intendentes tienen puentes con Cristina y Máximo Kirchner, al tiempo que mantienen buen diálogo con Kicillof. No hay en la flamante Liga posturas extremas. Por caso, a pesar de la cercanía con la ex presidenta, en los hechos respaldaron el año pasado la decisión del gobernador de desdoblar la elección bonaerense.

    La idea del grupo es mantener y remarcar una fuerte identidad como intendentes peronistas. Eso, dicen, es un punto en común para poder abrir el juego y dialogar con el resto de los intendentes de la provincia.

    El grupo venía manteniendo conversaciones con Kicillof. Incluso el gobernador les planteó el año pasado que ese grupo debería formar parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su línea interna dentro del peronismo.

    Los jefes territoriales prefirieron mantener su identidad como intendentes. Creen que es justamente desde allí donde pueden aportar para la unidad en momentos en que el peronismo atraviesa una de sus peores crisis.

    De ahora en más buscarán abrir el juego. Retomar las reuniones con Kicillof, visitar a Sergio Massa en sus oficinas de Libertador y de manera individual y, por cuestiones judiciales, visitar a Cristina en su domicilio de San José 1111.

    Los intendentes entienden que la fragmentación del peronismo en tres sectores rompió con un esquema cotidiano de reuniones de jefes distritales que se juntaban a discutir política y buscar soluciones. Por caso, la solidez del grupo de intendentes fue clave entre 2015 y 2019 para resistir las políticas del PRO en la provincia.

    De ahora en más buscarán abrir el juego. Retomar las reuniones con Kicillof, visitar a Sergio Massa en sus oficinas de Libertador y de manera individual y, por cuestiones judiciales, visitar a Cristina en su domicilio de San José 1111.

    Aunque esquivan plantearlo abiertamente, la Liga buscará influir en la definición del sucesor de Kicillof en el gobierno bonaerense. Los intendentes saben del poder que consolidaron en la elección de septiembre pasado y buscarán hacer valer esa gesta. A diferencia de elecciones anteriores, en esa pulseada electoral ellos traccionaron solos la victoria del peronismo sobre La Libertad Avanza.

    Uno de los temas de los que se habló en la reunión fue la necesidad de modificar la ley que prohíbe las reelecciones. No hubo definiciones concretas, pero cayó bien en el grupo que Kicillof haya reflotado el tema en los últimos días.

    En los próximos días, los intendentes publicarán un documento fundacional y se expresarán públicamente sobre reelecciones y otros temas de coyuntura.

    También se conversó sobre la estrategia electoral del año próximo. Kicillof planteó que antes de definir la estrategia electoral bonaerense es necesario esperar qué resuelve el Congreso sobre la continuidad o eliminación de las PASO. La idea es esperar una definición sobre eso y luego comenzar a discutir hacia fin de año el camino a seguir en la provincia.

     

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