PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa que en la jornada de este lunes 3 de mayo se completó el cupo de castraciones, superando ampliamente el total de 300 animales, entre caninos y felinos.
Próximamente se comunicarán las nuevas fechas de inscripciones.
La Municipalidad de Villa Regina recuerda la vigencia de la Ordenanza 10/2009 que reglamenta el arbolado urbano y establece el procedimiento para la autorización de extracción de árboles, los criterios de plantación y el sistema de multas para quienes infrinjan la presente normativa. En este sentido, se informa que multará a los frentistas que no…
Año tras año la educación pública va resquebrajándose en sus cimientos; gobierno tras gobierno se la amedrenta y ametralla en nuestro país de manera sucesiva hace más de dos décadas. Golpes de knock out contundentes. Sin embargo quienes la sostienen tambalean pero no sucumben, siguen pensando y trabajando desde abajo, justamente desde donde se sientan…
A fines de 2021, un año antes de que la Selección Argentina de Fútbol se coronase campeón mundial en Qatar, la AFA designó a la empresa TourProdEnter LLC como agente comercial de la Asociación del Fútbol Argentino.
La empresa está registrada a nombre del productor de espectáculos Javier Faroni y su esposa Erica Gillette y su principal función es el cobro de los ingresos para AFA en el exterior. Todos los réditos económicos que genera la Selección Argentina a través de los sponsors, derechos de televisación y partidos amistosos eran administrados por Faroni y Gillette, un negocio monumental que según el diario La Nación en cuatro años llegó a cosechar más de 260 millones de dólares.
La pareja y el titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, quedaron bajo la lupa sospechados de participar de un engranaje financiero que reportan al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia y a su mano derecha Pablo Toviggino.
En la investigación que firmaron los periodistas Nicolás Pizzi, Ignacio Grimaldi y Hugo Alconada Mon detectaron que Faroni a través de TourProdEnter LLC repartió fondos en cuatro bancos: más de USD146 millones en el Bank of America, otros USD72,4 millones en el Synovus, USD41 millones en el Citibank y el remanente en el JP Morgan, enumeran según surge del análisis de registros bancarios que cita La Nación que fueron remitidos por la justicia de Estados Unidos.
Una investigación de La Nación detectaron que Faroni a través de TourProdEnter LLC repartió fondos en cuatro bancos: más de USD146 millones en el Bank of America, otros USD72,4 millones en el Synovus, USD41 millones en el Citibank y el remanente en el JP Morgan, enumeran según surge del análisis de registros bancarios que fueron remitidos por la justicia de Estados Unidos.
De esa ganancia millonaria, advirtieron que al menos 42 millones de dólares se desviaron a cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada.
Tapia y Toviggino
Como titulares de esas empresas fantasmas figuran el nombre de argentinos que trabajan como empleados en relación de dependencia en Bariloche, son beneficiarios de viviendas sociales, afrontaron ejecuciones comerciales y fiscales y, en un caso, fue declarada en quiebra con presunción de fraude, según reconstruyó LA NACION.
Además, hay otros USD109,9 millones de la AFA que se remitieron a un agente de valores con sede en Uruguay que recurrió a un vehículo regulado en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para custodiar los fondos, en tanto que decenas de millones de dólares se destinaron a gastos de lujo alrededor del mundo: aviones privados, equitación, yates, peluquería, autos, residencias veraniegas y entradas de teatro VIP, entre otros consumos y actividades suntuarias.
La investigación del diario La Nación admitió que en la documentación confidencial que analizaron no aparecen los nombres de «Chiqui» Tapia ni de Pablo Toviggino pero si por ejemplo el nombre de la esposa de Toviggino como receptora de fondos y una sociedad anónima en la que su hermano, Darío Toviggino, aparece como accionista. Además, muchos gastos fueron coincidentes con actividades oficiales de las autoridades de la AFA.
Las sociedades a las que se le transfirieron fondos desde TourProdEnter LLC que no reportan movimientos ni empleados a cargo son Soagu Services LLC, que recibió USD10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por USD13,4 millones; Velp LLC, con USD3 millones; y Velpasalt LLC, con USD14,7 millones
Según reconstruyó La Nación, las sociedades a las que se le transfirieron fondos desde TourProdEnter LLC que no reportan movimientos ni empleados a cargo son Soagu Services LLC, que recibió USD10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por USD13,4 millones; Velp LLC, con USD3 millones; y Velpasalt LLC, con USD14,7 millones.
Los titulares que figuran en los registros de esas sociedades tienen domicilios en Bariloche y son empleados, beneficiarios de planes sociales y en uno de los casos con una causa por fraude.
Es el caso de la sociedad Velp LLC cuyo responsable es Verónica Inés López, una argentina de 52 años pareja de Roberto Salice que aparece como responsable de Velpasalt LLC. Salice fue declarado en quiebra en 2019 y con una causa por presunción de fraude.
Los periodistas de La Nación hablaron con Salice quien negó tener algún contacto con TourProdEnter LLC aunque conocía el nombre de la sociedad Velpasalt LLC radicada en Estados Unidos. Según Salice estuvo anotado como manager pero la firma ya no existía.
Según la investigación, Velpasalt LLC sigue activa y la que se cerró fue Velp LLC en la que aparece el nombre de su esposa, Verónica Inés López, que se disolvió el 22 de septiembre de 2023, según los registros. Sin embargo, siete días después de disuelta, recibió una transferencia desde el banco Synovus por 341.000 dólares, concluyó La Nación.
La líder de la Coalición Cívica deberá presentarse mañana ante la Justicia luego de que el fiscal Germán Camafreita denunciara haber sido intimidado tras ordenar allanamientos en una causa sensible. El expediente expone audios, llamados y un patrón de aprietes que vuelve a poner a Carrió en el centro de la escena judicial.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Justicia citó para este martes a Elisa Carrió para que dé explicaciones luego de la denuncia presentada por el fiscal Germán Camafreita, quien aseguró haber sido amenazado por la exdiputada nacional tras los allanamientos al domicilio de Matías Yofe, en el marco de una causa que investiga a una presunta banda dedicada a denuncias falsas y extorsiones.
Según consta en el informe elevado por el funcionario judicial, Carrió lo llamó telefónicamente el 2 de enero, pocas horas después de los procedimientos realizados en una vivienda ubicada en Pilar, y lanzó una serie de advertencias que quedaron asentadas en el expediente.
De acuerdo al relato de Camafreita, durante esa primera comunicación Carrió le dijo que “no sabía en qué me estaba metiendo”, que “iba a terminar preso” y que ella avanzaría “en forma despiadada” contra él. Incluso, según el fiscal, la exlegisladora aseguró que al día siguiente sería “portada de todos los medios nacionales”.
En el mismo llamado, Carrió cuestionó el allanamiento, afirmó que “se violaban derechos fundamentales” y sostuvo que se trataba de una “causa armada”, en un tono que el fiscal describió como intimidante.
Minutos después, siempre según el informe judicial, la dirigente de la Coalición Cívica volvió a comunicarse, esta vez a los gritos, para advertirle que lo denunciaría en el Juzgado Federal.
El episodio no terminó ahí. Dos horas más tarde, luego de que se le facilitara el número de expediente para que pudiera interiorizarse formalmente de la causa, Carrió volvió a llamar. En esa comunicación ensayó una especie de disculpa, pero inmediatamente retomó el tono confrontativo.
Camafreita dejó asentado que la exdiputada le dijo que Prefectura Naval Argentina radicaría una denuncia por el allanamiento ilegal, insistiendo en la supuesta irregularidad del procedimiento y reforzando la presión sobre el fiscal interviniente.
La escalada derivó en una presentación formal. La semana pasada, la Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar denunció a Elisa Carrió y a la abogada Albana Zoppolo ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro, por las amenazas y presiones sufridas durante el desarrollo del procedimiento judicial.
En el oficio, el fiscal puso a disposición todas las actuaciones labradas para que el Colegio evalúe la conducta profesional de ambas letradas durante los hechos denunciados.
En paralelo, en tribunales se investiga algo todavía más delicado: la posible existencia de un “modus operandi” por parte de dirigentes políticos que, ante causas que los incomodan, recurrirían a amenazas, aprietes y denuncias cruzadas para condicionar el accionar de fiscales y jueces.
La citación judicial a Carrió abre un capítulo incómodo para una dirigente que construyó su figura pública enarbolando banderas de ética y transparencia. Esta vez, sin discursos ni micrófonos, deberá responder ante la Justicia.
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