La Municipalidad de Villa Regina informa que debido a las medidas sanitarias extraordinarias anunciadas por el Ministerio de Salud de Río Negro a las que adhiere la Municipalidad de Villa Regina se suspenden los siguientes eventos:
-3° Fecha del Campeonato Patagónico de Motocross
-3° Fecha del Rally Regional
-16° Trekking al Indio Comahue
-‘Mundo Boca te espera’ (actividad del Club Atlético Boca Juniors)
-Reunión Hípica (El Chiripá)
Los organizadores habían presentado los protocolos respectivos pero las restricciones adoptadas por la cartera sanitaria provincial impiden la realización de los mismos.
El vocero Adrián Ravier admitió que el Ministerio de Economía retiene
«para lograr el equilibrio fiscal»
una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles, que por ley debe destinarse al arreglo de rutas, y hundió a Luis «Toto» Caputo, que ahora se enfrenta a una causa por malversación de fondos.
«No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de las rutas», afirmó Ravier en una entrevista con El Diario de La Pampa. «Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van», continuó el vocero, que aseguró que el resto la dispone el Ministerio de Economía como «parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja».
El problema es que lo recaudado por el impuesto a los combustibles tiene asignación específica para el Sistema Vial Integrado, un fideicomiso que debería destinarse únicamente a obras viales y al mantenimiento de rutas nacionales. Es decir que, según los dichos de Ravier, Caputo se está quedando con una porción de ese impuesto para lograr cubrir el déficit, pese a que por ley no puede hacerlo.
Los dichos del vocero no podrían haber llegado en peor momento para Caputo. Un día antes el diario La Nación reveló que el gobierno lleva recaudado más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso, pero hasta fines de mayo mantenía más de $1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos.
Según el informe, desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la tasa de subejecución del Sistema Vial Integrado asciende al 73,8%. De haberse utilizado el dinero para lo que establece la ley, se podrían haber intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial, que se encuentra en estado deplorable.
No es la primera vez que Ravier complica a Caputo con sus declaraciones, como cuando el mes pasado dijo que «es una posibilidad que el dólar llegue a $ 1.800 en los próximos meses» y provocó un temblor en el mercado
La retención de lo recaudado por el impuesto a los combustibles es un viejo reclamo de los gobernadores, que hasta amagaron con imponer una ley para cambiar la distribución. Pero a último momento negociaron con la Casa Rosada y dejaron caer el proyecto, mientras el desastre de las rutas se sigue profundizando.
Tras esa publicación, la diputada nacional Verónica Tolosa Paz hizo una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.
La presentación apunta contra el ministro Caputo, el secretario legal y técnico Juan Ignacio Stampalija, el secretario de Hacienda Carlos Guberman, las autoridades de Vialidad Nacional, y los funcionarios del Banco Nación que hayan intervenido en su carácter de fiduciario.
La denuncia de Tolosa Paz es muy detallada, pero no llega a tomar en cuenta los dichos de Ravier que abiertamente admite que Caputo está cometiendo una irregularidad grave y podría ser juzgado por desvío de fondos. Seguramente la declaración de Ravier será incorporada a la causa.
No es la primera vez que Ravier complica a Caputo con sus declaraciones, como cuando el mes pasado dijo que «es una posibilidad que el dólar llegue a $ 1.800 en los próximos meses» y provocó un temblor en el mercado. En ese momento en Economía estallaron contra el vocero y algunos pidieron su salida.
El acto fue encabezado por Axel Kicillof, Augusto Costa y Ariel Sujarchuk, presidente ad honorem del organismo, que se propone como un ámbito de articulación entre el Estado y el ecosistema del conocimiento para fortalecer el desarrollo productivo y el empleo de calidad en la provincia y el resto de la Argentina.
Ante más de 800 representantes del sector, el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y Ariel Sujarchuk encabezaron el lanzamiento del Consejo Provincial de Economía del Conocimiento (COPEC), un espacio permanente de trabajo conjunto entre el Estado provincial y los sectores del conocimiento para diseñar e impulsar políticas que fortalezcan la innovación, el desarrollo productivo y la generación de empleo.
«Desde la Provincia de Buenos Aires queremos generar un ámbito de diálogo multisectorial, heterogéneo y diverso, donde las distintas miradas construyan un pensamiento colectivo. El COPEC viene a escuchar, debatir, aportar y generar propuestas para la economía del conocimiento, un sector profundamente dinámico y transversal que atraviesa a todas las industrias. Si la economía del conocimiento es la economía del futuro, tenemos que trabajar para que sea uno de los grandes motores del desarrollo de la Argentina», enfatizó Sujarchuk en su carácter de presidente ad honorem del COPEC.
El acto se realizó en el espacio El Cubo, de Vicente López, y contó con la presencia de representantes de cámaras y entidades empresariales, clústers tecnológicos, universidades nacionales y centros de formación públicos y privados, científicos e investigadores, sindicatos y gremios, autoridades provinciales y funcionarios municipales.
«El COPEC expresa la necesidad urgente de discutir, pensar y compartir conocimientos sobre un sector clave para el desarrollo nacional como es la economía del conocimiento. Por eso decidimos poner al frente a Ariel Sujarchuk, que tiene experiencia tanto en este sector como en la incorporación de nuevas tecnologías a la gestión. En un momento en que el Gobierno Nacional desfinancia y destruye capacidades científicas, tecnológicas y universitarias que llevaron décadas construir, desde la Provincia proponemos generar una agenda, definir políticas públicas y trabajar junto con el sector privado, las universidades, los municipios y todos los actores para construir nuestro lugar en esta transformación», resaltó Kicillof.
El COPEC nace con el objetivo de consolidar una agenda estratégica para uno de los sectores con mayor capacidad de transformar la matriz productiva bonaerense. A través del diálogo permanente entre el sector público y el privado, buscará identificar desafíos, promover iniciativas de investigación, desarrollo e innovación, impulsar la formación de talento, fortalecer las capacidades tecnológicas y generar condiciones para el crecimiento de las actividades basadas en el conocimiento. El próximo viernes se abrirán las mesas de trabajo entre los distintos sectores.
«La economía del conocimiento es central para el desarrollo de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires. Con el COPEC generamos un nuevo ámbito para nuclear a los diferentes sectores, escuchar, construir un diagnóstico común y trabajar juntos en propuestas y políticas públicas que permitan aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos de la revolución tecnológica que estamos viviendo», remarcó Costa.
La participación y el intercambio entre los distintos sectores comenzaron desde el propio acto de lanzamiento, donde también aportaron sus miradas el presidente del Polo IT La Plata, Gastón Menvielle; la presidenta de Bedson S.A., Alicia Romero de Colusi; el presidente de Argencon, Sebastián Mocorrea; el director ejecutivo de CAPIT, Pablo Wisznia; el CEO de CRUX Aerospace, Pablo Hollarl; el rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Greco; y la rectora de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Alejandra Zinni.
Con una agenda de actividades que comenzará en los próximos días, el Consejo funcionará como un espacio de construcción de consensos. Allí confluirán las distintas voces del ecosistema para definir prioridades, promover proyectos y contribuir al diseño de políticas públicas que respondan a las necesidades del sector.
Mirgor, la empresa de Nicolás «Nicky» Caputo, echó a casi 300 empleados y agravó la crisis industrial de Tierra del Fuego, que desde que asumió Javier Milei perdió la mitad de los empleos que genera el Régimen de Promoción.
Según adelantó el sitio local Red23, la mayoría de los despedidos serían trabajadores efectivos y con antigüedad dentro del Grupo Mirgor, un dato que incrementó la preocupación entre los operarios ante la magnitud de la decisión de la empresa.
Desde las primeras horas del lunes, cientos de trabajadores comenzaron a concentrarse frente a las instalaciones de las plantas de Río Grande y cortaron las calles.
El Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia dictó la conciliación obligatoria que pone en suspenso los despidos por 15 días. Pero la realidad del sector tiene las características de una crisis terminal, según explicaron a LPO fuentes fueguinas.
Cuando asumió Milei, los empleos directos e indirectos que generaba el Régimen de Promoción Industrial eran alrededor de 12 mil. Ahora son la mitad y creen que para el año que viene, podrían ser no más de 3.000.
La apertura indiscriminada de importaciones fue un mazazo para el régimen, que atraviesa su peor momento en 50 años. En parte porque las dos grandes jugadoras del mercado, beneficiadas históricamente por el régimen de promoción fueguino, no están peleando por el interés de la isla como en otros años. Tanto Newsan de Rubén Cherñajovsky como Mirgor de Caputo se diversificaron en otros rubros ajenos a la electrónica, acaso previendo este escenario crítico.
La centrales obreras, movimientos sociales y agrupaciones de endeudados realizaron este jueves una multitudinaria marcha al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento familiar para cubrir el pago de servicios y alimentos.
Los manifestantes acusaron con una preocupación central la precarización del endeudamiento, que registra un acelerado traspaso de los bancos a las billeteras virtuales como Mercado Pago, que impone tasas de interés siderales y que son acusadas de «usureras» por algunas entidades de defensa del consumidor.
La CGT y las dos CTA alertaron una morosidad récord y le exigieron al gobierno de Javier Milei un plan para refinanciar deudas, regulación de las tasas de interés y un programa enfocado en aliviar el peso del endeudamiento en las pymes.
«No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática», alertó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, que reclamó que el Gobierno ponga «límites a la usura».
Según datos del Banco Central, más de 20 millones de personas están endeudadas. En el caso de la morosidad con billeteras virtuales, un informe del CEPA reveló que saltó de 7,3% en noviembre de 2024 a 30,1% en junio de 2026.
El préstamo fue una forma de parar la situación social. Ahora ya el préstamo sobrepasó porque hay más de 20 millones de personas en problemas. Hay 5 millones de usuarios que están en la refinanciación, que están al borde de la asfixia.
«La marcha al Gobierno no le interesa porque son perversos, creo que hasta disfrutan de ver al pueblo sufrir», dijo a LPO Osvaldo Bassano, director de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc), que alertó que sobre un estallido social de no haber respuestas al reclamo de los endeudados.
«Tenés al Ejecutivo que dice que no hay ningún problema, al Legislativo que tiene un montón de proyectos bloqueados y al Poder Judicial que no resuelve a favor de los consumidores. ¿Cómo terminan resolviendo los pueblos cuando no tienen canalizada la solución? Esto termina en la calle, con violencia y con un desquicio social. Este es el problema serio que tenemos hoy», sostuvo Bassano.
Y agregó: «El préstamo fue una forma de parar la situación social, ahora ya el préstamo sobrepasó porque hay más de 20 millones de personas en problemas. Hay 5 millones de usuarios que están en la refinanciación, que están al borde de la asfixia».
El dirigente de Adduc advirtió que las altas tasas de Mercado Pago no están siendo reguladas por el Banco Central, por lo que el Estado está siendo cómplice de intereses «usurarios». «No hay que descartar que en un futuro algún funcionario termine siendo solidariamente responsable por los daños que hubiese causado», dijo.
Por su parte, el titular de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios (Acuba), Gerónimo Rossi, también puso de relieve el peso del endeudamiento con billeteras virtuales que en la entidad denominan como «prestamistas virtuales».
«Le asignan nombres comerciales como ‘billeteras virtuales’ o ‘proveedores de pago’ y en realidad son los canales que usan para llegar a la gente para darles préstamos a un solo click, prestamos de urgencia que la gente toma y no repara en el costo que termina pagando en tasas de interés respecto de los préstamos», dijo Rossi a LPO.
Para el dirigente de Acuba ese mecanismo, a diferencia del tradicional préstamo que se toma en una sede física, «está viciando la voluntad, porque un consumidor que está urgido, encuentra un salvavidas de plomo en su celular, con un scoring dudoso».
Los bancos tienen que ganar un poco menos para que esto mejore y el Estado tiene que poner lo suyo porque los créditos son muy caros porque los intereses están gravadísimos con impuestos y todo eso lo paga el consumidor
Ahí, Rossi hizo foco en la responsabilidad de quien presta: «¿Quién fue el que valorizó o tuvo en cuenta las capacidades crediticias de esas personas? No sabemos si es algún algoritmo, si tiene una base sustentable. Acá hay una proliferación de créditos masivos de fácil acceso sin ningún control».
Al advertir que «la gente está endeudándose para consumos de gastos corrientes», el titular de Usuarios Bancarios dijo que la principal causa del sobreendeudamiento es «el atraso de los ingresos familiares frente a la enorme cantidad de aumentos de precios que hubo sin control».
Frente a eso, detalló que hay bancos que ya empezaron a dar refinanciaciones a sus clientes «con tasas considerablemente más bajas que las de una tarjeta de crédito o un préstamo personal».
«Los bancos tienen que ganar un poco menos para que esto mejore y el Estado tiene que poner lo suyo porque los créditos son muy caros porque los intereses están gravadísimos con impuestos y todo eso lo paga el consumidor. Si los bancos están ofreciendo refinanciaciones a tasas más bajas, quiere decir que se puede», agregó.
En tanto, el ex diputado y actual titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores, Ricardo Vago habló de «la problemática de la instantaneidad del teléfono». «Hay poco trabajo, endeudamiento, apuestas online. El teléfono es mágico en el sentido es que es un instante», dijo a LPO.
En la entidad presidida por Vago vienen trabajando en proyectos que, además de regular las tasas y las fintech, buscan dotar de mayor peso a las asociaciones de consumidores a la hora de «intimar a la empresa cobradora a trasparentar sus números de interés para que el deudor conozca cómo inflan los números y permita una discusión en igualdad».
Por esta situación, varias organizaciones de defensa de usuarios y consumidores se reunirán este viernes en el Congreso con el diputado Esteban Paulón.
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