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SE COLOCARÁN DECREMENTADORES EN LAS INTERSECCIONES CON LA AUTOVÍA 22

Los decrementadores permiten que los peatones tomen en cuenta el tiempo real que tienen para cruzar la calle, reduce la ansiedad de los automovilistas y permite calcular maniobras en cada encrucijada que tiene estos dispositivos que contienen un reloj digital que realiza un conteo del tiempo de duración de cada luz del semáforo, indicando a peatones y conductores la cantidad de segundos que restan de espera. Este sistema constituye una herramienta importante para contribuir a la seguridad vial de la ciudad.

Hasta el momento hay colocados solamente en dos intersecciones pero la idea es lograr colocarlos en todos los semáforos de la ciudad. Ya se procedió a la colocación y puesta en funcionamiento en las esuqinas de Avenida Mitre y Brown/Lisandro de la Torre. Y en los semáforos de calle Cipolletti y Yapeyú.

A su vez existe una ordenanza que data del año 2017 que habilita al municipio a colocarlos en la autovía nacional 22 por lo que probablemente los próximos sean colocados en intersecciones de la rn22.

El primero se colocará en el cruce de la ruta con calle Pioneros, este es uno de los semáforos colocados sobre la autovía que más posibilidades de giro tiene y a su vez uno de los que tiene mayor flujo vehicular. En contraposición tiene un puente elevadizo para cruzar y bajo flujo de peatones, por el contrario y solo como ejemplo, las intersecciones a la altura de calle San Martín y España tienen un gran flujo de peatones hacia zona céntrica y no brinda otra posibilidad de paso que no sea a pie sobre la autovía.

Los parámetros que se toman para la selección de las intersecciones donde pueden ubicar decrementadores son el flujo vehicular, las arterias que se conectan o cruzan dijo el Directror de Tránsito y agregó  “en realidad, si fuera posible, todo semáforo debería contar con decrementador, no solo para vehículos, también peatones». Mario Figueroa, director de tránsito y protección civil de villa Regina nos cuenta cual es el proyecto.

Campaña para promover el respeto hacia los peatones

Continuando con las actividades de educación vial, la Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante la campaña ‘Regina respeta al peatón’ con el objetivo de que tanto conductores de vehículos como peatones tomen conocimiento de los derechos y obligaciones que tienen al transitar en la vía pública.

La actividad se enmarca en el ‘Día Internacional del Peatón’ que se celebra cada 17 de agosto en todo el mundo, con la finalidad de promover el respeto hacia los peatones, recordar los derechos y obligaciones que implica el circular de esta manera; reforzar el uso de los espacios peatonales y difundir una cultura vial que reconozca su prioridad.

La campaña se extenderá hasta mediados de agosto y consiste en la entrega de folletería a cargo del personal de Tránsito que cuenta con la colaboración de integrantes del Club Fortaleza y Perla del Valle del IAVRE.

“Destacamos y agradecemos la participación de los chicos que nos ayudan a transmitir esta información y nos acompañan para que entre todos podamos hacer una sociedad más consciente y con mayor seguridad vial”, manifestó el Director de Tránsito Mario Figueroa.

Agregó que “desde la Dirección hacemos hincapié en que si todos aportamos podemos tener un tránsito seguro y ordenando y, en este sentido, la educación vial en todos los ámbitos es fundamental”.

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  • La justicia federal de Córdoba cruje por su propio caso Adorni

     

    La Justicia Federal de Córdoba atraviesa la mayor crisis institucional de las últimas décadas. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (pareja entre sí) quedaron en el centro de dos investigaciones penales que, combinadas, amenazan con sacudir el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y con exponer un presunto entramado de favores entre la pareja de magistrados y el poder económico.

    La última ofensiva llegó este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.

    El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje.

    La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios.

    La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales.

    La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.

    Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares.

    El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje.

    Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.

    La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía.

    Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.

    En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.

    Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.

    La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori.

    Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.

    Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.

    Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.

    Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.

    Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas.

    En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.

    En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.

    La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión.

    Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.

    En los tribunales federales nadie recuerda un escenario semejante.

    La Cámara Federal de Córdoba es el órgano revisor de todas las decisiones adoptadas por los juzgados federales de la provincia. Allí se resuelven causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país.

    Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y la profundización de las pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.

    Las investigaciones acabaron con la estrategia de Sánchez Torres de convertirse en ministro de la Corte Suprema de la Nación, con el aval de Martín Llaryora y otros gobernadores. El propio Sánchez Torres le expuso su plan a Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás. Allí, Sánchez Torres intentó convencer al dueño de General Deheza de que lo avale en el círculo rojo para destrabar cualquier resistencia a su llegada al máximo tribunal. La jugada fue coincidente con la caída de Ariel Lijo.

     

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