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‘Charles y el escarabajo gigante’: una historia para todos, con humor y amor

El próximo sábado a las 17 horas se presentará la obra de títeres ‘Charles y el escarabajo gigante’ en el SUM de la Escuela de Arte de Villa Regina.

La función es parte del Circuito Infantil de Teatro y Títeres para las Infancias 2021. La entrada es gratuita pero, debido a los cupos limitados, es con reserva, para lo cual deberán comunicarse al teléfono 2984 65-0817 o dirigirse personalmente a la EMA.

‘Charles y el escarabajo gigante’ cuenta la historia del joven Charles Darwin y sus fantásticos viajes contada para que los niños de 7 a 77 años se sienten, la vean, se rían y aprendan.

Esta historia la hacen 3 personas, dos manipuladores en escena y un técnico de luz y sonido. Estas tres personas constituyen el grupo Puppa Bakhala que significa “casita de muñecas”.

Los dos manipuladores son Violeta Alvarez y Daniel Podjarny y la técnica es Julieta Lucero.

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     Europa avanzó con una restricción que en la práctica deja afuera de sus importaciones al biodiesel argentino que se produce en polo agroindustrial de Santa Fe. La decisión de clasificar a la soja como materia prima de «alto riesgo ambiental» implica una exclusión del biocombustible local del sistema europeo de energías renovables y amenaza con recortar exportaciones por unos USD 390 millones anuales.

    El impacto encendió alarmas en la provincia donde se concentra el 80% de la producción y el gobernador Maximiliano Pullaro se reunió de urgencia con ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno para evaluar una estrategia que incluye escalar el conflicto a la Organización Mundial del Comercio.

    Es que la Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria. Como consecuencia, el biodiesel elaborado con aceite de soja deja de computar como energía renovable dentro de la UE, lo que lo vuelve inviable para ese mercado.

     La Comisión Europea incluyó a la soja dentro de las materias primas con «alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo» (ILUC por sus siglas en inglés), una categoría que aunque suene ambiental termina funcionando como una barrera paraarancelaria 

    En ese marco, Pullaro llevó el planteo a la Cancillería. En una reunión en Buenos Aires con Pablo Quirno, el gobernador entregó un dossier técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que busca respaldar la posición argentina frente a Bruselas.

    El documento reúne evidencia científica, productiva y económica y, según explicó el ministro Gustavo Puccini, «refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo».

    Según detallaron fuentes provinciales, el informe será incorporado a la presentación que la Cancillería realizará la próxima semana en Europa, en un intento por frenar el endurecimiento de las restricciones y evitar el cierre definitivo del mercado para el biodiesel argentino.

    El punto es que ese criterio es duramente cuestionado por Argentina. Los argumentos de la provincia de Santa Fe sostienen que el concepto de ILUC no se basa en impactos medibles sino en modelos teóricos con altos niveles de incertidumbre:

    «No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo», advierte el informe.

     No existe evidencia científica verificable que demuestre una relación causal entre la producción de biodiesel de soja en Argentina y cambios indirectos en el uso del suelo  

    El documento señala que las sospechas europeas no tienen sustento real porque la superficie sembrada con soja en el país se mantiene estable o incluso en retroceso desde hace más de una década.

    En Santa Fe, por ejemplo, los datos muestran que la proporción de bosques se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2008 y 2024, lo que refuerza la idea de que no hubo expansión sobre áreas de alto valor ambiental.

    Otro de los cuestionamientos apunta a lo que consideran un sesgo metodológico. Mientras la UE penaliza a la soja importada por un supuesto riesgo ambiental, mantiene fuera de esa categoría a cultivos producidos dentro del propio bloque, como la colza y esa discriminación vulnera los principios del comercio internacional.

     El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa 

    El mercado europeo es el más importante para la exportación de del biocombustible. Entre 2018 y 2025, el 97% de la venta de biodiesel tuvieron como destino la UE, llegando al 100% el último año y la restricción pone a la industria en la cornisa.

    En Santa Fe se concentra el polo industrial del biodiesel donde se fabrica el 80% de la producción y genera una red de empresas que incluye puertos, aceiteras, plantas químicas y logística. El valor promedio de la producción en los últimos cinco años supera los 1.100 millones de dólares anuales, lo que da dimensión del impacto potencial.

    A eso se suma el efecto fiscal y laboral. Solo por la caída del comercio con Europa, la provincia podría perder más de USD 100 millones en recaudación. En paralelo, están en riesgo casi 2.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, en un sector que se caracteriza por altos niveles de formalidad y salarios por encima del promedio.

    En Santa Fe advierten que el impacto puede ir más allá del biodiésel. La clasificación de la soja como insumo de «alto riesgo ILUC» podría extenderse a toda la cadena de valor y complicar la exportación al mercado europeo de otros productos como aceite, harina y poroto. «No se trata solo de un biocombustible, sino de un complejo exportador estratégico», señaló Pullaro.

    En ese contexto, el Gobierno nacional y la provincia comenzaron a coordinar una respuesta diplomática. No es la primera vez que Argentina enfrenta a la Unión Europea por el biodiesel y en 2016 la OMC ya había obligado a reabrir el mercado europeo. 

     

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    Otras dos mujeres le prestaron 100 mil dólares a Manuel Adorni para que se pudiera comprar una casa en un country Extaltación de la Cruz cuando ya era funcionario de Javier Milei.

    Según reveló La Nación, el 15 de noviembre de 2024 Adorni y su esposa Bettina Angeletti recibiorn una crédito no bancario de Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, que prestó 15.000 dólares.

    El mismo día del crédito Angeletti adquirió la casa del country Indio Cuá que Adorni no informó en su declaración jurada. En ese momento era el secretario de Comunicación de la Nación y tampoco informó ese cambio en su patrimonio cuando asumió como jefe de gabinete a fines de 2025.

    Adorni ya había recibido 200 mil dólares de otras dos mujeres jubiladas, Beatriz Viegas, de 72 años, y de Claudia Sbabo, de 64. Consultada por La Nación, Sbabo dijo que ni lo conocía a Adorni, que usó esa plata para comprarse un departamento en Caballito por la mitad de su valor. 

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    Adorni había informado que Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio eran sus acreedoras en su declaración jurada, pero se desconocían los detalles sobre esa deuda. La Nación reveló que el monto que declaró Adorni es de cerca del 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. El funcionario informó en su presentación ante la Oficina Anticorrupción una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio (que tomó en dólares) y una de 7.740.000 con Cancio.

    La escribana que intervino en la operación fue Adriana Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa del countru y el departamento de Caballito.

    El fiscal que lleva adelante la investigación sobre Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, citó a declarar a Nechevenko para este miércoles como testigo.

    La fiscalía le pidió además a la escribana todos los documentos vinculados a las operaciones en las que hayan intervenido Adorni o su mujer. 

     

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