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REQUISITOS PARA HACER TURISMO EN RIO NEGRO

Con el objetivo de frenar el aumento de casos de COVID-19 durante el turismo, a partir de este lunes 3 de mayo entraron en vigencia los nuevos requisitos que deberán cumplir las personas que quieran ingresar o circular por Río Negro.

Las medidas resueltas por el Ministerio de Salud de Río Negro (Resolución Nº 2996), contemplan el requerimiento del test COVID negativo para quienes ingresen al territorio por transporte público de larga distancia, sea ómnibus o avión. Se permitirá la presentación de prueba PCR o test rápido siempre y cuando tenga la firma de un laboratorio habilitado.

En este sentido, quedarán exceptuados de presentar el test quienes arriben a Río Negro en vehículos particulares y los que circulen en transpote interurbano provincial e interprovincial. También estarán exentos de hacerlo los niños y niñas menores de 10 años que viajen en ómnibus o avión con acompañante.

Por otra parte, también se deberá presentar el permiso de Circulación RN aprobado. Para eso es necesario registrarse en https://circulacionrn.rionegro.gov.ar o en la app CirculaciónRN y seleccionar la solicitud para turismo.

En el caso de los grupos familiares, un solo responsable puede gestionar el permiso incluyendo al resto de los miembros de la familia. La aprobación del permiso puede demorar unas horas, por lo que se recomienda hacer el trámite con 72 horas de anticipación.

Una vez que el permiso esté aprobado, se tendrá que ingresar al mismo y completar la declaración jurada donde consta que no se presentan síntomas compatibles con el Coronavirus. El seguro/asistencia al viajero con cobertura para COVID-19 es opcional. 

En caso de las personas que acudan a alguna localidad rionegrina a pasar el día, deberán solicitar el permiso de recreación que es de autorización inmediata. Además se recomienda en todos los casos tramitar el certificado nacional CUIDAR en https://www.argentina.gob.ar/circular

Respecto a las nuevas medidas, la ministra de Turismo y Deporte, Martha Vélez, manifestó que “desde el Ministerio acompañamos las medidas recomendadas y resueltas por el Ministerio de Salud ante el escenario particular que presenta la provincia con zonas de alerta como la región cordillerana y zonas de riesgo como los departamentos de General Roca y Adolfo Alsina”.

Además, la funcionaria agregó que “es urgente contener la situación y ahora es un buen momento para tomar medidas anticipadas y evitar que siga habiendo propagación del virus para que la situación sanitaria pueda mejorar de cara a la temporada de invierno, donde comienzan a emerger actividades turísticas en algunas regiones de la provincia, como la cordillera”.

Por último, Vélez sostuvo que desde la cartera que dirige “siempre acompañamos al sector turístico, tanto desde las gestiones ante Nación, como a la hora de pensar las aperturas y los protocolos para cuando la situación epidemiológica lo permitió, por lo que seguiremos trabajando en esta línea para que los daños sean lo más atenuados posible”.

Cabe destacar que la reapertura internacional está condicionada a las normativas que emane el Gobierno Nacional, tanto en el aspecto sanitario como de circulación en los diferentes medios de transporte y a los lineamientos a los que la provincia de Río Negro adhiera.

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    La diputada Marcela Pagano denunció que Karina Milei firmó una licitación de $700 millones para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, direccionada para que la gane Franco Castelli, de quien sospecha que acreditaría una relación de parentesco con Belén Agudiez, la mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.

    Según la información aportada por la legisladora, dos empresas se presentaron como oferentes para competir por el negocio, La Mantovana y Grub, pero ambas pertenecen al mismo empresario, Castelli. El procedimiento licitatorio está identificado como Licitación Pública N° 23-0005-LPU26 y fue convocado por Karina para la contratación del «mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno».

    Sin embargo, Pagano precisa en su escrito que consta en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la pertenencia de ambas firmas al mismo grupo económico. «Es un hecho público, notorio y oponible frente a todos desde el 27 de septiembre de 2024», planteó.

    Además, indicó que es responsabilidad de Karina «verificar la independencia económica y la efectiva concurrencia competitiva de los oferentes admitidos al certamen». «La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual, la consagración de una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay, con la previsible consecuencia de afectar el precio final y, por ende, el patrimonio del Estado Nacional», expresó.

    Comodoro Py le abre una causa a la mano derecha de Karina en otro mensaje de enojo por Mahiques

    Pero el problema de la hermana presidencial no se detiene ahí. En rigor, la funcionaria que supervisa todo lo que ocurre en la residencia de Olivos es María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y mano derecha de Karina, a quien dentro del Gobierno llaman «la sombra de El Jefe».

    Tal como reveló LPO en exclusiva, Agudiez duplicó el presupuesto de su área en los primeros dos meses de gestión, ampliándolo a más de $50 millones solo para sueldos. También nombró a sus primos Osvaldo Javier Sosa, que es jardinero de oficio, como administrador general de Olivos, un cargo que se conoce como el de «intendente» del predio, y Agustín Expósito.

    Belén Agudiez.

    Fuentes del gobierno deslizaron hace más de dos años que, incluso, habría nombrado a su madre y a su hermana.

    Ahora, Pagano reclama al juez de la causa que confirme, con las partidas de nacimiento, si Agudiez es prima hermana de Castelli, el dueño de las empresas que se presentaron a la licitación de Karina.

    De comprobarse el lazo familiar, el escándalo sería que la hermana del Presidente contrató por $700 millones a la empresa cuyo dueño es pariente de su funcionaria de mayor confianza.

    No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente.

    La legisladora desliza, por otra parte, que existe la posibilidad que Castelli ya estuviera trabajando en Olivos pero sin contrato, lo que indicaría que la licitación sería el blanqueo para regularizar un servicio que se brindaba en la informalidad, sin registros fiscales. «No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente», conjetura la diputada.

    La denuncia apunta que Karina podría haber incurrido en «los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

    La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual.

    Por otro lado, Pagano advierte en su escrito que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que, durante el ejercicio 2023, el Estado Nacional ejecutó cerca de 3.000 contratos vinculados a servicios de limpieza y mantenimiento por más de $88000 millones, de los cuales aproximadamente el 60% se concentró en apenas 10 empresas. «Entre los oferentes recurrentes en ese universo, LA MANTOVANA y firmas vinculadas a GRUB S.A. aparecen consistentemente identificadas. La propia SIGEN habría detectado irregularidades administrativas en el 72% de los contratos revisados (falta de documentación respaldatoria, adjudicaciones directas insuficientemente justificadas, controles débiles sobre asistencia, aportes previsionales y ART)», detalla antes de opinar que «ese antecedente no resulta accesorio» sino que «contextualiza el caso de autos dentro de un esquema más amplio cuya investigación corresponde».

    Pagano reclama al juzgado que dicte una medida cautelar urgente para suspender el proceso de adjudicación de la licitación, que ordene el secuestro y resguardo del expediente administrativo completo de la licitación denunciada y que trabe las medidas cautelares patrimoniales que correspondan sobre los bienes de los eventuales imputados, en los términos del artículo 23 del Código Penal y normas procesales aplicables.

     

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