Con el objetivo de frenar el aumento de casos de COVID-19 durante el turismo, a partir de este lunes 3 de mayo entraron en vigencia los nuevos requisitos que deberán cumplir las personas que quieran ingresar o circular por Río Negro.
Las medidas resueltas por el Ministerio de Salud de Río Negro (Resolución Nº 2996), contemplan el requerimiento del test COVID negativo para quienes ingresen al territorio por transporte público de larga distancia, sea ómnibus o avión. Se permitirá la presentación de prueba PCR o test rápido siempre y cuando tenga la firma de un laboratorio habilitado.
En este sentido, quedarán exceptuados de presentar el test quienes arriben a Río Negro en vehículos particulares y los que circulen en transpote interurbano provincial e interprovincial. También estarán exentos de hacerlo los niños y niñas menores de 10 años que viajen en ómnibus o avión con acompañante.
Por otra parte, también se deberá presentar el permiso de Circulación RN aprobado. Para eso es necesario registrarse en https://circulacionrn.rionegro.gov.ar o en la app CirculaciónRN y seleccionar la solicitud para turismo.
En el caso de los grupos familiares, un solo responsable puede gestionar el permiso incluyendo al resto de los miembros de la familia. La aprobación del permiso puede demorar unas horas, por lo que se recomienda hacer el trámite con 72 horas de anticipación.
Una vez que el permiso esté aprobado, se tendrá que ingresar al mismo y completar la declaración jurada donde consta que no se presentan síntomas compatibles con el Coronavirus. El seguro/asistencia al viajero con cobertura para COVID-19 es opcional.
En caso de las personas que acudan a alguna localidad rionegrina a pasar el día, deberán solicitar el permiso de recreación que es de autorización inmediata. Además se recomienda en todos los casos tramitar el certificado nacional CUIDAR en https://www.argentina.gob.ar/circular
Respecto a las nuevas medidas, la ministra de Turismo y Deporte, Martha Vélez, manifestó que “desde el Ministerio acompañamos las medidas recomendadas y resueltas por el Ministerio de Salud ante el escenario particular que presenta la provincia con zonas de alerta como la región cordillerana y zonas de riesgo como los departamentos de General Roca y Adolfo Alsina”.
Además, la funcionaria agregó que “es urgente contener la situación y ahora es un buen momento para tomar medidas anticipadas y evitar que siga habiendo propagación del virus para que la situación sanitaria pueda mejorar de cara a la temporada de invierno, donde comienzan a emerger actividades turísticas en algunas regiones de la provincia, como la cordillera”.
Por último, Vélez sostuvo que desde la cartera que dirige “siempre acompañamos al sector turístico, tanto desde las gestiones ante Nación, como a la hora de pensar las aperturas y los protocolos para cuando la situación epidemiológica lo permitió, por lo que seguiremos trabajando en esta línea para que los daños sean lo más atenuados posible”.
Cabe destacar que la reapertura internacional está condicionada a las normativas que emane el Gobierno Nacional, tanto en el aspecto sanitario como de circulación en los diferentes medios de transporte y a los lineamientos a los que la provincia de Río Negro adhiera.
La confianza de los jóvenes en el gobierno de Javier Milei se desplomó en el último mes de acuerdo al índice que elabora la Universidad Di Tella y encendió las alarmas en Casa Rosada.
De acuerdo al informe, el índice de confianza que los jóvenes le tienen al gobierno cayó un 23% sólo en el último mes. Es decir que uno de cada cuatro jóvenes que creían en el gobierno dejaron de hacerlo sólo en julio.
En la Rosada creen que esto puede afectar directamente a los planes de Milei para ganar en primera vuelta en 2027, que es la apuesta principal del gobierno para evitar un ballotage. Es que en todas las encuestas aparece un rechazo cada vez más grande a la figura del libertario, que en algunos casos supera el 60 por ciento, un nivel que puede ser letal en una segunda vuelta.
Milei también se desplomó en el índice de confianza al consumidor que elabora la Di Tella y los malos resultados ponen en duda su reelección que en oficialismo daban por descontada.
El Índice de Confianza, que Di Tella mide desde 2001, en julio fue de 1,94 puntos, un 6,5% menos que lo medido en mayo pasado.
La cifra es 3,9% más baja a la conseguida por Mauricio Macri en su 31 mes de mandato, pero 73% más alta que la alcanzada por Alberto Fernández en ese mismo tiempo de gestión.
Frente al mismo período de 2025, Milei cayó 21%. «En julio se retoma la tendencia descendente del ICG observada durante 2026, con junio como única excepción», explicaron desde la Di Tella.
Escándalo en el Gobierno de Milei por la designación de Adriana Baravalle en Ciencia: su doctorado en Inteligencia Artificial quedó bajo la lupa por la universidad que lo otorgó.
Por Roque Pérez para NLI
La designación de Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología abrió una polémica que excede largamente una discusión sobre currículums. La funcionaria llega para conducir una de las áreas estratégicas del Estado argentino con un doctorado en Inteligencia Artificial otorgado por la American Andragogy University, una institución radicada en Hawaii que, según distintas fuentes periodísticas, no cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.
El dato resulta particularmente llamativo porque Baravalle no fue presentada como una funcionaria administrativa más, sino como una especialista destinada a conducir la política científica y tecnológica de un país que posee universidades, investigadores, organismos científicos y una extensa tradición académica. La controversia, por lo tanto, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué criterios está utilizando el Gobierno de Javier Milei para seleccionar a quienes deben conducir la ciencia argentina?
Un doctorado que quedó bajo la lupa
El título de doctora en Inteligencia Artificial que figura asociado a Baravalle proviene de la American Andragogy University, una institución de enseñanza a distancia de Hawaii cuya situación académica generó cuestionamientos. La propia universidad se presenta como una institución con métodos de formación “no tradicionales” y advierte que sus diplomas pueden no resultar habilitantes para determinadas profesiones.
La controversia se profundiza por las características del programa. Según la información difundida sobre la institución, una tesis doctoral podría completarse en un período extraordinariamente breve, algo que naturalmente despierta interrogantes cuando se lo compara con los procesos habituales de formación doctoral en universidades reconocidas.
El problema no es que una persona estudie a distancia. Tampoco que una universidad tenga métodos pedagógicos diferentes. La cuestión central es otra: qué reconocimiento académico tiene efectivamente el título y qué valor posee una credencial de ese tipo para quien pasa a dirigir la política científica de la Argentina.
El caso ya generó repercusiones en otros países. Distintas publicaciones recordaron que en Perú hubo cuestionamientos vinculados con un ex funcionario que había incorporado a su currículum un doctorado otorgado por la misma institución.
La paradoja de un Gobierno que ajusta a la ciencia
La polémica adquiere una dimensión mayor cuando se la coloca en el contexto de la política científica del Gobierno.
Mientras el sistema nacional de ciencia y tecnología atraviesa recortes presupuestarios, pérdida de investigadores y reducción de programas, la administración libertaria acaba de colocar al frente del área a una funcionaria cuya principal credencial polémica es precisamente un doctorado cuya validez académica genera cuestionamientos.
No se trata de descalificar toda la trayectoria de Baravalle. Y allí está justamente una de las cuestiones que conviene separar para evitar simplificaciones.
La funcionaria sí posee antecedentes académicos y profesionales comprobables. Tiene formación de posgrado en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento en la Universidad Austral, experiencia en áreas vinculadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y gestión de datos, y una extensa actividad docente. La propia Universidad Austral registra su trayectoria académica y profesional.
También aparece documentada como doctoranda en Ingeniería de la Universidad Austral, además de contar con antecedentes de investigación y participación en actividades vinculadas con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Por eso, el escándalo no pasa sencillamente por afirmar que “no sabe nada” o que carece de formación. Eso sería una caricatura y no está respaldado por la información disponible.
La discusión es más precisa: ¿por qué una funcionaria con una trayectoria profesional real decidió incorporar a su perfil el título de doctora en Inteligencia Artificial de una institución cuya acreditación genera semejante controversia? ¿Qué evaluación hizo el Gobierno de esa credencial antes de designarla para conducir la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología?
Ciencia argentina: cuando el problema no es solamente el currículum
La escena tiene además una carga simbólica difícil de ignorar.
Argentina posee universidades públicas y privadas de enorme prestigio, investigadores reconocidos internacionalmente, organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica y una comunidad científica que durante décadas construyó capacidades en campos como biotecnología, medicina, física nuclear, informática, inteligencia artificial y tecnología satelital.
En ese contexto, la conducción política de la ciencia no es un cargo menor. Define prioridades de investigación, políticas de innovación, vínculos con universidades, financiamiento, transferencia tecnológica y buena parte de las condiciones en las que trabajan miles de científicos.
La designación de Baravalle, entonces, vuelve a poner en discusión una contradicción más profunda del modelo libertario: un Gobierno que cuestiona permanentemente las estructuras académicas y científicas existentes termina generando controversias alrededor de las credenciales de quienes coloca al frente del sistema.
El caso tampoco debería convertirse en una caza de brujas contra la funcionaria. Su trayectoria previa merece ser evaluada por sus resultados, sus antecedentes comprobables y sus decisiones al frente del organismo. Pero justamente por tratarse de un área estratégica, las credenciales académicas de quien la conduce deben poder ser examinadas públicamente.
La ciencia no funciona sobre la base de títulos decorativos ni de etiquetas. Funciona sobre publicaciones, investigación, evaluación de pares, instituciones, evidencia y conocimiento acumulado.
Y allí aparece la paradoja que deja este nuevo episodio del Gobierno de Milei: mientras se reclama “excelencia” para justificar el ajuste sobre universidades, investigadores y organismos científicos, la persona elegida para conducir la política nacional de ciencia llega al cargo envuelta en una polémica precisamente por una de sus credenciales académicas.
El problema, en definitiva, no es solamente Adriana Baravalle. Es qué lugar ocupa el conocimiento científico en el proyecto de país que propone el Gobierno y cuáles son los criterios con los que se decide quién tiene la responsabilidad de conducirlo.
Porque una nación que pretende disputar el futuro tecnológico no puede darse el lujo de convertir la discusión sobre quién dirige su ciencia en una discusión sobre si un doctorado merece o no ser considerado un verdadero doctorado.
La pregunta queda abierta. Y ahora deberá responderla el Gobierno.
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