Con el objetivo de frenar el aumento de casos de COVID-19 durante el turismo, a partir de este lunes 3 de mayo entraron en vigencia los nuevos requisitos que deberán cumplir las personas que quieran ingresar o circular por Río Negro.
Las medidas resueltas por el Ministerio de Salud de Río Negro (Resolución Nº 2996), contemplan el requerimiento del test COVID negativo para quienes ingresen al territorio por transporte público de larga distancia, sea ómnibus o avión. Se permitirá la presentación de prueba PCR o test rápido siempre y cuando tenga la firma de un laboratorio habilitado.
En este sentido, quedarán exceptuados de presentar el test quienes arriben a Río Negro en vehículos particulares y los que circulen en transpote interurbano provincial e interprovincial. También estarán exentos de hacerlo los niños y niñas menores de 10 años que viajen en ómnibus o avión con acompañante.
Por otra parte, también se deberá presentar el permiso de Circulación RN aprobado. Para eso es necesario registrarse en https://circulacionrn.rionegro.gov.ar o en la app CirculaciónRN y seleccionar la solicitud para turismo.
En el caso de los grupos familiares, un solo responsable puede gestionar el permiso incluyendo al resto de los miembros de la familia. La aprobación del permiso puede demorar unas horas, por lo que se recomienda hacer el trámite con 72 horas de anticipación.
Una vez que el permiso esté aprobado, se tendrá que ingresar al mismo y completar la declaración jurada donde consta que no se presentan síntomas compatibles con el Coronavirus. El seguro/asistencia al viajero con cobertura para COVID-19 es opcional.
En caso de las personas que acudan a alguna localidad rionegrina a pasar el día, deberán solicitar el permiso de recreación que es de autorización inmediata. Además se recomienda en todos los casos tramitar el certificado nacional CUIDAR en https://www.argentina.gob.ar/circular
Respecto a las nuevas medidas, la ministra de Turismo y Deporte, Martha Vélez, manifestó que “desde el Ministerio acompañamos las medidas recomendadas y resueltas por el Ministerio de Salud ante el escenario particular que presenta la provincia con zonas de alerta como la región cordillerana y zonas de riesgo como los departamentos de General Roca y Adolfo Alsina”.
Además, la funcionaria agregó que “es urgente contener la situación y ahora es un buen momento para tomar medidas anticipadas y evitar que siga habiendo propagación del virus para que la situación sanitaria pueda mejorar de cara a la temporada de invierno, donde comienzan a emerger actividades turísticas en algunas regiones de la provincia, como la cordillera”.
Por último, Vélez sostuvo que desde la cartera que dirige “siempre acompañamos al sector turístico, tanto desde las gestiones ante Nación, como a la hora de pensar las aperturas y los protocolos para cuando la situación epidemiológica lo permitió, por lo que seguiremos trabajando en esta línea para que los daños sean lo más atenuados posible”.
Cabe destacar que la reapertura internacional está condicionada a las normativas que emane el Gobierno Nacional, tanto en el aspecto sanitario como de circulación en los diferentes medios de transporte y a los lineamientos a los que la provincia de Río Negro adhiera.
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Mientras el Gobierno insiste en celebrar el ajuste como virtud moral, en silencio desarmó uno de los programas de salud más sensibles del país: el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política pública que durante más de una década permitió salvar miles de vidas de recién nacidos con malformaciones cardíacas graves.
Por Alina C. Galifante para NLI
La decisión, ejecutada por el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, no solo implicó el despido del equipo técnico especializado que coordinaba el programa, sino que rompió de un día para el otro la red federal que garantizaba diagnóstico, derivación y cirugía oportuna a bebés de todo el país. No hubo anuncio oficial, no hubo plan alternativo y, lo más grave, no hubo ninguna consideración por las consecuencias humanas.
La periodista Nora Bar, que investigó el tema en profundidad, reconstruyó cómo incluso profesionales que seguían atendiendo casos urgentes se enteraron después de haber sido desplazados, en una escena que resume el nivel de improvisación y desprecio con el que se tomó la medida. No se trató de una reestructuración técnica: fue una decisión política de ajuste brutal.
Un programa que no era gasto, era vida
Las cardiopatías congénitas son una de las principales causas de mortalidad infantil en Argentina. Cada año, miles de bebés nacen con afecciones cardíacas que requieren detección temprana, derivación inmediata y cirugías complejas. El programa nacional articulaba hospitales públicos, equipos médicos y provincias, evitando que el lugar de nacimiento definiera quién vivía y quién no.
Gracias a esa política, Argentina logró reducir drásticamente la mortalidad neonatal por estas patologías, alcanzando estándares comparables con países desarrollados. Todo eso fue puesto en riesgo por una decisión tomada desde un escritorio, con lógica contable y sin respaldo sanitario.
Lugones ejecuta, Milei avala
Nada de esto ocurre en el vacío. El cierre del programa se inscribe en una línea clara del gobierno de Milei: desmantelar el Estado incluso cuando eso implica dañar derechos básicos, como el acceso a la salud de bebés recién nacidos.
Lugones actuó como ejecutor obediente de esa doctrina. Despidió al equipo sin transición, sin protocolos de continuidad y sin ofrecer una estructura alternativa. La consecuencia es un sistema fragmentado, donde cada provincia queda librada a sus recursos, profundizando desigualdades y dejando a muchas familias sin respuesta.
No es eficiencia. Es abandono.
Cuando el ajuste baja a terapia intensiva
El discurso oficial repite que “el Estado no puede hacerse cargo de todo”. Pero lo que no dicen es de qué se hace cargo ahora cuando un bebé nace con una cardiopatía grave en una provincia sin capacidad quirúrgica. Tampoco explican quién asume la responsabilidad si una derivación no llega a tiempo o si una familia queda atrapada en la burocracia.
Este no es un recorte más. Es una decisión que puede traducirse en muertes evitables. Y eso marca un límite político y ético.
Desarmar un programa que salvaba vidas no es una discusión ideológica: es una definición de prioridades. Y el gobierno de Milei ya dejó claro cuáles son las suyas.
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Por vos que protegiste a tu familia Por vos que supiste esperar Por vos que pensaste en los demás Por vos que aguantaste hasta lo que no podías aguantar Por vos que te atreviste a sanar Por vos que quisiste seguridad Por vos que soñaste que esto iba a pasar Por vos que diste lo…
Se viene la navidad y el fin de año y en esta fecha es más común aún el uso y abuso de la pirotecnia. Sin embargo, se puede celebrar con felicidad, música y sin ruidos molestos que perjudiquen a los demás. Ya a esta altura es sabido que las mascotas sufren, se asustan, se pierden…
Los vencimiento de deuda que enfrentará Milei en lo que le queda de mandato son muy desafiantes y explican la renovada presión del FMI y los bancos acreedores para que acuule reservas, que este lunes se cristalizó en el forzado giro del plan económico.
El último informe de coyuntura de CIFRA describe con precisión un giro central en la política económica de Javier Milei: el paso de una desdolarización forzosa inicial hacia un nuevo ciclo de endeudamiento.
Ese proceso de desdolarización involuntaria de arranque no respondió a una decisión soberana, sino a una imposibilidad estructural de financiamiento externo, en una economía «atravesada por la irresuelta crisis de deuda que le pone límites estrechos a la recuperación de la actividad y a la propia sostenibilidad del régimen económico que instauró el gobierno de Milei», describen los investigadores.
Pero el cuadro cambió cuando «con el salvataje del FMI y los organismos internacionales de crédito se registró un importante ascenso de la deuda externa pública de 20.860 millones en el segundo trimestre, hasta alcanzar su récord de 197.499 millones de dólares», afirma CIFRA. «Con dos agravantes decisivos», advierte el informe, «casi la mitad está en manos de organismos internacionales de crédito y es una deuda de muy corto plazo».
La foto es dura. En los próximos 18 meses vencen cerca de 47.800 millones en capital e intereses. Si se suman los compromisos privados, los vencimientos superan los 57.000 millones. Eso no es una coyuntura: es una agenda de pagos que condiciona todo.
En paralelo, la salida de dólares por fuga se aceleró después de la flexibilización cambiaria acordada con el FMI: más de 32.000 millones que se fueron al exterior desde que se abrieron las restricciones, según el reciente informe de CIFRA.
Con el salvataje del FMI y los organismos internacionales de crédito se registró un importante ascenso de la deuda externa pública de 20.860 millones en el segundo trimestre, hasta alcanzar su récord de 197.499 millones de dólares.
En este tablero, la apertura y la apreciación cambiaria tuvieron un efecto práctico: las cantidades importadas subieron más de 36% y las de bienes de consumo final crecieron 62,7% interanual en los primeros diez meses de 2025. Producción local que se sustituye por compras afuera. Otra forma de drenaje de dólares.
Mientras tanto, por la puerta de los dólares genuinos, las proyecciones mas optimistas estiman que Argentina lograra juntar USD 9.000 millones por la via comercial a lo largo del 2026. En efecto, en los primeros 10 meses del año de este año, el resultado fue de 6.846 millones de dólares, cuando en 2024 había arañado los 19.000 millones, y en el acumulado de los primeros 10 meses alcanzaba 16.000 millones.
A las claras, no se trata de una mala racha. Es la reproducción de una estructura histórica donde el endeudamiento externo y la fuga de capitales condicionan la viabilidad macro.
El ministro de Economía de la Dictadura, Alfredo Martinez de Hoz habla con el entonces secretario del Tesoro, W. Michael Blumenthal en un enctro del FMI en la Ciudad de México.
Desde 1976, la economía argentina reproduce el esquema. Cada ciclo de apertura financiera comienza con un fuerte ingreso de divisas vía deuda externa y termina con una sangría equivalente o superior por fuga de capitales privados.
El primer episodio estructural se inicia con la dictadura de Martínez de Hoz. Entre 1976 y 1983, la deuda externa pasó de 7.800 millones de dólares a 45.000 millones, mientras la fuga de capitales rondó los 23.000 millones. En apenas siete años, el endeudamiento se multiplicó por seis y medio, y por primera vez el Estado asumió deudas que originalmente habían sido privadas.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el proceso no se detuvo. La deuda alcanzó los 65.000 millones de dólares y la fuga sumó otros 10.000 millones. El país ya destinaba más de la mitad de su producto a atender compromisos externos. El colapso de fines de los ochenta, con la hiperinflación y el retorno del FMI como árbitro de la política económica, fue la evidencia empírica de la imposibilidad de sostener la valorización sin destruir la base productiva.
En los años noventa, con Menem y Cavallo, la dinámica se relanzó a gran escala. La deuda trepó hasta los 145.000 millones de dólares y la fuga acumuló cerca de 80.000 millones. Bajo la convertibilidad, el país pareció estabilizarse, pero lo hizo a costa de sustituir inversión productiva por entrada de capitales financieros y privatizaciones. La relación deuda/PBI se mantuvo en torno al 50%, un nivel que sólo era sostenible mientras los flujos externos siguieran ingresando. Cuando se interrumpieron, el modelo implosionó en 2001.
El quiebre de la convertibilidad dio lugar a una etapa de signo opuesto. Entre 2003 y 2015, los gobiernos kirchneristas redujeron la deuda externa pública de 145.000 millones a cerca de 63.000 millones de dólares, llevando el ratio deuda/PBI a su mínimo histórico, alrededor del 17%. Fue el período del desendeudamiento, impulsado por los canjes de 2005 y 2010 y el pago al FMI. Sin embargo, la fuga de capitales no desapareció: según los cálculos de FLACSO, durante esos años se fugaron unos 70.000 millones de dólares, el equivalente a casi todo el superávit comercial de la década.
Con el gobierno de Cambiemos, el patrón volvió a invertirse. Entre 2016 y 2019, la deuda externa total saltó de 75.000 a 323.000 millones de dólares -una expansión del 330%- y el Banco Central registró salidas netas de capitales por 86.000 millones. En términos de producto, la deuda trepó al 89% del PBI, y la correlación entre ingreso de deuda y fuga fue casi perfecta: por cada dólar que entró, 0,9 dólares salieron del país.
En función de la relación entre deuda y fuga, resulta interesante observar la dinámica del endeudamiento privado. Durante la gestión de Macri, la deuda externa privada aumentó en «15.335 millones de dólares, alcanzando un stock de 81.088 millones a fines de 2019», dicen desde CIFRA.
En el período del Frente de Todos, dice el informe, «se asiste a una nueva expansión de 22.076 millones de dólares, pero en cuya composición sobresale una reducción de la deuda financiera, en el marco de las concesiones cambiarias que hizo ese gobierno al gran capital privado para que reduzca sus compromisos externos, y un aumento de la deuda comercial».
Esas «concesiones cambiarias» implicaron que el Estado les proveyó dólares baratos para cancelar deuda externa, lo que permitió a las grandes empresas reducir sus pasivos financieros al costo de las reservas del Banco Central.
Como sintetiza CIFRA, el resultado fue un cambio en la estructura del endeudamiento: menos deuda financiera, más comercial, y una ampliación del stock total a «103.154 millones de dólares».
Con Milei, el informe registra un giro opuesto: «un fuerte aumento de la deuda financiera en el marco del ‘festival de obligaciones negociables’ y una reducción de la deuda comercial», lo que marca el regreso pleno al esquema de valorización financiera y endeudamiento en dólares que el Frente de Todos había intentado desarmar con dólares baratos.
La serie histórica pinta un cuadro preocupante: El 87% de los dólares que ingresaron por endeudamiento desde 1976 terminó fugado.
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