Un grupo de adolescentes y jóvenes mujeres sale al escenario. Delante de ellas, miles de personas. La voz del presentador retumba por doquier, halaga la belleza de las chicas. Nervios, sonrisas y postura firme, siguiendo el protocolo. Espectadores atentos y otros no tanto. La mirada de los atentos va desde lo tierno hasta lo perverso. Murmullo, gritos, saludos, aplausos. Señores que pasan el medio siglo babean mirando adolescentes. Señoras analizan críticamente la piel, el pelo, la forma de caminar de esas chicas que podrían ser sus hijas, nietas o hermanas. Eso es una postal de una elección de reina.
¿Qué valores transmite y reproduce una competencia de éstas características?
Claramente, la reproducción de un modelo femineidad. Elegancia, belleza y gracia. Los defensores de éste tipo de concursos dicen que el conocimiento sobre la producción o tradición son lo que verdaderamente importa a la hora de elegir. Me cuesta creerles. Basta con repasar las elecciones de cualquier fiesta popular regional de los últimos años y veremos que se premian los mismos estándares de belleza.
En épocas de auge feminista, cuesta entender como una tradición tan arcaica pueda seguir teniendo vigencia. En realidad, no cuesta tanto, es la cultura patriarcal. Sin vueltas. Borremos de nuestra mente la tradición y repasemos la postal con la que comienza este artículo. Jóvenes mujeres desfilando, siendo calificadas, valoradas por un tribunal y por el ojo crítico del público. Chicas que ya han pasado por instancias similares, cada una en su localidad de origen. Un concurso de belleza, ni más ni menos, aunque quieran camuflarlo la elección de reina es un concurso de belleza.
¿Cuál es la finalidad de un concurso así? Aportar al show. Hacer desfilar a las chicas, mostrar sus fotos por todos los medios posibles, que la gente hable de ellas. Es un tema obligado del lunes la opinión del vecino sobre la elección. “Ganó porque…” es una frase que se va a repetir mucho en estos días.
Existen muchos valores para homenajear, como la solidaridad, el cooperativismo, el respeto a la diversidad y la lista podría ocupar muchos renglones más. ¿Por qué hay que seguir destacando una idea de belleza femenina? ¿simplemente por tradición? ¿es una fiesta popular el lugar adecuado?
Los tiempos cambian. La cultura se deconstruye y se reconstruye en nuevas prácticas sociales. Este tipo de concursos son del siglo pasado, es una reproducción de una sociedad que ya no es la misma. Una sociedad que lucha por la igualdad entre géneros, lucha porque no haya más chicas violadas y mujeres asesinadas por sus parejas. Éstos concursos cosifican y no aportan a cambiar esa cultura patriarcal.
Colaboración: Emiliano Piccinini Intervención Portada: Germán Busin
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El despido abrupto del director del Hospital del Bicentenario en Ituzaingó desató fuertes tensiones internas en La Libertad Avanza y acusaciones a la cúpula del Pami de mantener acuerdos con el municipio peronista a cargo de los Descalzo.
En los últimos días, mientras transcurría sus vacaciones, Santiago Cerneaz fue notificado de su desplazamiento como director de ese hospital bajo la órbita de la obra social de los jubilados.
El despido desató la furia del coordinador libertario local, el concejal Hugo Equiza, quien había sugerido a Cerneaz para ese cargo, en septiembre pasado, con el auspicio de generar un cambio en el funcionamiento del nosocomio.
«No se nota que haya una voluntad real de cambiar de manera estructural organismos atravesados por corrupción, falta de transparencia y clientelismo», dijo Equiza a elDiarioAR tras conocerse el desplazamiento de Cerneaz.
La situación que se vive en el hospital es preocupante. Hay prácticamente más guardias de seguridad que médicos y siguen agregando guardias «invisibles», las cuales el director echado no aceptó validar
Para el concejal y referente libertario de Ituzaingó la caída en desgracia de Cerneaz está ligada con el despido de «ñoquis» dentro del hospital, uno de los cuales fue reestablecido en el cargo por una resolución del propio titular del Pami, Esteban Leguizamo, a pocos días de registrarse el despido.
«La situación que se vive en el hospital es preocupante. Hay prácticamente más guardias de seguridad que médicos y siguen agregando guardias «invisibles», las cuales el director echado no aceptó validar», dijo Equiza a LPO.
En esa línea, denunció la persistencia «ñoquis» bancados «por el director Leguizamo y su gerente Roberto Armagno». Frente a eso, sostuvo que existe una estructura interna de mando en el hospital que incluye al municipio de Alberto y Pablo Descalzo.
«Evidentemente hay acuerdo entre las autoridades del Pami y el peronismo provincial y camporismo para seguir «trabajando» juntos en el Instituto, podemos nombrarlos como «los mismos de siempre» que siguen como siempre y mas empoderados aún por las autoridades libertarias», acusó Equiza.
Al defender al director desplazado, el concejal libertario dijo que en los últimos meses el hospital había sumado servicios y que se había inaugurado un ala que estaba cerrada. «Lo echan por querer hacer las cosas bien», sostuvo.
En lugar de Cerneaz, Leguizamo nombró a Christian Varela, un médico que los libertarios de Ituzaingó asocian al peronismo de los Descalzo y al que le endilgan una cercanía con el ex ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia.
Cerca de Equiza también asocian esta movida al viceministro de Salud Guido Giana, que llegó a ese cargo a través del ministro Mario Lugones, uno de los dueños del Sanatorio Guemes, donde Giana oficiaba de director administrativo.
De linaje PRO, Giana es cercano al referente amarillo en Ituzaingó, Gastón Di Castelnuovo, al que cerca de Equiza ven como un adversario directo en la pelea por la candidatura a la intendencia en 2027.
Julia Strada elaboró un pedido de informes al Banco Central para que Santiago Bausili informe si el gobierno argentino apeló a nueva deuda para cancelar el swap con Estados Unidos, pese a que sobran indicios acerca de que nunca hubo lo que técnicamente se considera un intercambio de monedas, tal como reveló LPO.
La diputada kirchnerista presentará el próximo lunes la resolución para que la autoridad monetaria comunique «qué operación u operaciones financieras se realizaron de manera simultánea o en fechas próximas que permitieron compensar el egreso (para cancelar el vencimiento de este 9 de enero), detallando montos, instrumentos utilizados, contrapartes, condiciones financieras y su impacto contable sobre las reservas internacionales».
La inquietud de la legisladora se funda en que el BCRA divulgó este viernes que la operación para cancelar la deuda «no se reflejó en una disminución de las reservas internacionales».
Por eso, reclama que se detallen condiciones financieras, incluyendo tasa de interés, plazos, costos asociados y organismo otorgante, de las operaciones que se hayan realizado para saldar la asistencia norteamericana.
Además, solicita que se indiquen «las razones por las cuales no fue oportunamente informada la activación del swap, habida cuenta de que el BCRA únicamente comunicó su firma, aclarando en qué momento, bajo qué condiciones y por qué instrumentos se consideró operativo un swap cuya activación no fue informada públicamente».
Y por último, pregunta «si la cancelación del swap guarda relación temporal o sustantiva con las gestiones, requerimientos o procesos de divulgación de información en curso en el Congreso de los Estados Unidos de América respecto del acuerdo celebrado en el marco del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE), y, en su caso, detallar el grado de vinculación existente».
Santiago Bausili.
En efecto, LPO informó esta semana que el Congreso norteamericano, a través de un ámbito equivalente a la Oficina del Presupuesto en la Cámara de Diputados, alertó que Argentina afrontaba riesgos de una devaluación o un default. Los técnicos estadounidenses, incluso, advirtieron que el swap debía pasar por el parlamento de su país y que sus legisladores podían limitar el monto, reducir los plazos y habilitarlo o no.
Strada señala en su proyecto que «la extrema falta de transparencia y la opacidad institucional con la que se ha manejado tanto la firma, como la activación y posterior cancelación del swap entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el BCRA constituyen un hecho de inusitada gravedad». «Se trata de una operación financiera internacional de magnitud significativa, con impacto directo sobre las reservas internacionales, la política monetaria y la soberanía financiera del país, que fue instrumentada sin información pública suficiente, sin control parlamentario y sin explicaciones claras sobre su ejecución efectiva», agregó.
Se trata de una operación financiera internacional de magnitud significativa, con impacto directo sobre las reservas internacionales, la política monetaria y la soberanía financiera del país, que fue instrumentada sin información pública suficiente, sin control parlamentario y sin explicaciones claras sobre su ejecución efectiva.
La diputada recuerda que el 20 de octubre pasado, el BCRA informó «la suscripción de un Acuerdo de Estabilización Cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por un monto total de hasta USD 20.000 millones, estableciendo los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes».
Además, recordó las palabras del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien sostuvo un mes antes: «Como indicó el Presidente Trump, estamos listos para hacer lo que sea necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino». «El Tesoro de los Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen», planteó por aquellos días, y dijo que planeaba «otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria», para lo cual admitió se habían mantenido reuniones «con el equipo de Javier Milei».
Según Strada, «las declaraciones de Bessent indican que el programa financiero entre EEUU y la Argentina va mucho más allá de un swap de monedas». «Incluye la compra de bonos soberanos, un crédito de tipo Stand-By y condicionamientos sobre la política tributaria, todos ellos aspectos que implican una indebida injerencia en decisiones soberanas del Estado argentino y que, por su naturaleza, requieren tratamiento y aprobación del Congreso de la Nación», argumentó.
Las declaraciones de Bessent indican que el programa financiero entre EEUU y la Argentina va mucho más allá de un swap de monedas.
La diputada no dudó en calificar ese camino como el de una «injerencia», y resaltó que Bessent ya había expresado que Argentina debía cancelar el swap con China después que se avanzara en el acuerdo con el FMI, en abril de 2025.
LPO publicó en octubre que Strada también requirió información al BCRA en octubre pasado, antes de las elecciones de medio término, para que se publicaran los detalles del acuerdo con el gobierno de Donald Trump.
Sin embargo, la autoridad monetaria contestó con la Resolución RESOL-2025-13-E-GDEBCRA-GG#BCRA. Allí se declaró «la reserva parcial de la información solicitada y, con fundamento en los considerandos de dicha resolución, se denegó el acceso a los detalles específicos del acuerdo celebrado por esa Institución», precisó la diputada.
Esa maniobra incumple el artículo 10, inciso i, de la Carta Orgánica del BCRA, que establece «el deber de informar al Congreso sobre sus operaciones y de comparecer ante las comisiones competentes para dar cuenta de las políticas monetarias, cambiarias y financieras en ejecución». «La cancelación de operaciones por aproximadamente USD 2.500 millones en diciembre de 2025, bajo un Acuerdo de Estabilización Cambiaria de USD 20.000 millones, sin información pública suficiente sobre su activación, financiamiento, condiciones y efectos sobre las reservas, torna imprescindible que el BCRA brinde explicaciones claras y detalladas al Congreso de la Nación», concluyó Strada.
El Intendente Marcelo Orazi recibió esta mañana al Ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro Carlos Banacloy para analizar y repasar la temporada productiva que está culminando con la cosecha de las últimas variedades de manzana. Al respecto coincidieron que la misma se desarrolló en forma satisfactoria y destacaron que en este contexto de…
La denuncia narco contra el ex gobernador y actual senador Gerardo Zamora y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tiene su origen en la bronca del desarrollador inmobiliario Guillermo Masoni, dueño de «Los Mimbres SA», viejo amigo de Mauricio Macri y acusado de usurpar tierras a familias de campesinos en Santiago del Estero.
Más allá de los sabidos vínculos entre Zamora y Toviggino, Masoni recibió un duro revés judicial en su reclamo por la propiedad de 4000 hectáreas en el departamento santiagueño de General Taboada, contra un grupo de campesinos. La causa había recaído en el juzgado de Darío Alarcón, un magistrado al que se le atribuye «buena relación» con el líder del Frente Cívico, pero el empresario apeló y también perdió en segunda instancia.
Por ese motivo, un oscuro operador político habría visitado meses atrás al ex intendente de Termas de Río Hondo y actual diputado Jorge Mukdice con un mensaje amenazante: «Vamos por tu jefe», le dijo en referencia a Zamora.
A Zamora y Toviggino les imputan haberse quedado con campos que habían sido apropiados por un ocupante desde los tiempos de la última dictadura. Esas tierras, sin embargo, están ubicadas en el departamento de Alberdi y el paraje se llama Ahí Veremos.
Sobre ese conflicto se abrió una causa en el Juzgado Federal de Campana, en 2017, y una serie de testigos protegidos declararon que había pistas de aterrizaje para aviones narco. «Mezclan peras con manzanas, no son pistas clandestinas, sino que son de tierra porque son para las avionetas que se usan para fumigar», respondieron cerca del ex gobernador ante la consulta de LPO, y agregaron: «se fumiga con aviones chicos, no va a venir un Boing».
Un legislador santiagueño apuntó, en cambio, contra Masoni y Macri por la agitación de denuncias contra Zamora.
Mauricio Macri, en el búnker PRO.
La disputa de Masoni, de hecho, es contra el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase), una organización que lucha contra empresarios que avanzan en acuerdo con juzgados amigables sobre el tierras fiscales ocupadas por familias de escasos recursos. Desde hace más de 30 años, han tenido que enfrentar desalojos forzosos, perpetrados por figuras como Masoni pero apoyados por grupos armados de paramilitares.
Según fuentes provinciales, «agarraban a las familias con un ranchito en algunas zonas de Santiago, sobre tierras fiscales en las que ocupaban una hectárea y media, con una acequia y cuatro chanchos, y venían a extender la posesión hasta 2 mil hectáreas para sacar a las familias después». «Hubo maniobras con gente de afuera y abogados con acceso al fuero local, les hacían vender la posesión y desalojaban a los campesinos», comentaron.
Masoni contactó a la DEA para hacer pasar este conflicto como un asunto narco.
«Eso se cortó cuando empezó a gobernar Zamora», dijo una fuente provincial a LPO. En rigor, la historia fue más compleja, con tensiones e idas y vueltas, pero Masoni llegó a participar de una mesa de negociación a la que también se sentaban representantes del Mocase, con la mediación de funcionarios de los gobiernos de Claudia Ledesma Abdala y el propio Zamora. El ex jefe de gabinete y actual gobernador, Elías Suárez, habría llegado a participar de alguna de esas tertulias.
Los santiagueños recuerdan a Masoni por el avance de las topadoras para tirar postes, alambrada y árboles, en los parajes La Simona y Los Juríes, en General Taboada. La cruzada llevaba el sello de Los Mimbres SA, la firma del desarrollador inmobiliario.
En el Congreso apuntan que el empresario es el dueño de las oficinas de Olivos que utiliza Macri para reunirse con su entorno más cercano pero, además, señalan que Masoni «contactó a la DEA para hacer pasar este conflicto como un asunto narco». «Quieren ensuciar o vincular a Zamora pero acá hay un tipo que está en litigio por unos campos grandes y amenaza con la DEA», agregó una fuente al tanto de la situación.
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