REINA NACIONAL DEL PATRIARCADO

Un grupo de adolescentes y jóvenes mujeres sale al escenario. Delante de ellas, miles de personas. La voz del presentador retumba por doquier, halaga la belleza de las chicas. Nervios, sonrisas y postura firme, siguiendo el protocolo. Espectadores atentos y otros no tanto. La mirada de los atentos va desde lo tierno hasta lo perverso. Murmullo, gritos, saludos, aplausos. Señores que pasan el medio siglo babean mirando adolescentes. Señoras analizan críticamente la piel, el pelo, la forma de caminar de esas chicas que podrían ser sus hijas, nietas o hermanas. Eso es una postal de una elección de reina.

¿Qué valores transmite y reproduce una competencia de éstas características?

Claramente, la reproducción de un modelo femineidad. Elegancia, belleza y gracia. Los defensores de éste tipo de concursos dicen que el conocimiento sobre la producción o tradición son lo que verdaderamente importa a la hora de elegir. Me cuesta creerles. Basta con repasar las elecciones de cualquier fiesta popular regional de los últimos años y veremos que se premian los mismos estándares de belleza.

En épocas de auge feminista, cuesta entender como una tradición tan arcaica pueda seguir teniendo vigencia. En realidad, no cuesta tanto, es la cultura patriarcal. Sin vueltas. Borremos de nuestra mente la tradición y repasemos la postal con la que comienza este artículo. Jóvenes mujeres desfilando, siendo calificadas, valoradas por un tribunal y por el ojo crítico del público. Chicas que ya han pasado por instancias similares, cada una en su localidad de origen. Un concurso de belleza, ni más ni menos, aunque quieran camuflarlo la elección de reina es un concurso de belleza.

¿Cuál es la finalidad de un concurso así? Aportar al show. Hacer desfilar a las chicas, mostrar sus fotos por todos los medios posibles, que la gente hable de ellas. Es un tema obligado del lunes la opinión del vecino sobre la elección. “Ganó porque…” es una frase que se va a repetir mucho en estos días.

Existen muchos valores para homenajear, como la solidaridad, el cooperativismo, el respeto a la diversidad y la lista podría ocupar muchos renglones más. ¿Por qué hay que seguir destacando una idea de belleza femenina? ¿simplemente por tradición? ¿es una fiesta popular el lugar adecuado?

Los tiempos cambian. La cultura se deconstruye y se reconstruye en nuevas prácticas sociales. Este tipo de concursos son del siglo pasado, es una reproducción de una sociedad que ya no es la misma. Una sociedad que lucha por la igualdad entre géneros, lucha porque no haya más chicas violadas y mujeres asesinadas por sus parejas. Éstos concursos cosifican y no aportan a cambiar esa cultura patriarcal.


Colaboración: Emiliano Piccinini
Intervención Portada: Germán Busin

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    La Justicia frena el ajuste universitario y obliga al Gobierno a pagar salarios y becas

     

    Un fallo federal le puso un límite al intento del Ejecutivo de vaciar la ley de financiamiento universitario. La Justicia ordenó aplicar de inmediato la norma votada por el Congreso y dejó sin efecto el decreto con el que Milei buscó congelar salarios docentes y becas estudiantiles.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La ofensiva del Gobierno nacional contra el sistema universitario recibió este martes un golpe judicial de peso. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió, de forma cautelar, el decreto con el que la gestión libertaria había intentado frenar la actualización salarial de docentes y la recomposición automática de las becas.

    La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, que denunciaron el vaciamiento de una ley aprobada por el Congreso y ratificada tras la insistencia legislativa de ambas cámaras.

    Un decreto para vaciar una ley

    En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el tramo en el que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a que el Congreso definiera previamente las fuentes de financiamiento. Para la Justicia, ese argumento no solo carece de sustento jurídico sino que constituye, en esta etapa del proceso, una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.

    Cormick fue explícito: una vez que el Congreso insiste con una ley —tal como lo prevé el artículo 83 de la Constitución Nacional— el Poder Ejecutivo no puede introducir variantes suspensivas ni condicionamientos encubiertos a través de normas de jerarquía inferior. En otras palabras, Milei no puede vetar por decreto lo que el Parlamento ya resolvió por amplia mayoría.

    Salarios licuados y derechos vulnerados

    El fallo hace lugar a la medida cautelar y ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida regirá hasta que se dicte sentencia definitiva.

    En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento de la ley genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al remarcar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según señaló, esa situación vulnera derechos laborales protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

    Pero el alcance del daño no se agota en los bolsillos. Cormick subrayó que el deterioro salarial afecta de manera directa el derecho a enseñar y a aprender, pilares básicos del sistema universitario público que el Gobierno viene atacando desde el inicio de su gestión.

    El falso argumento del “ahorro fiscal”

    La resolución también desmonta uno de los principales argumentos del Ejecutivo: el supuesto interés público asociado al ajuste. Para el juez, el eventual ahorro fiscal que implicaría no aplicar la ley es marginal, con un impacto estimado en apenas el 0,23 % del PBI, una cifra insignificante frente al daño estructural que provoca el desfinanciamiento de las universidades.

    En ese sentido, el fallo advierte que el decreto cuestionado podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar subordinar la vigencia de una ley del Congreso a la discrecionalidad del Ejecutivo. Un esquema que, de consolidarse, abriría la puerta a un vaciamiento sistemático del rol del Parlamento.

    Un límite judicial al ajuste

    Si bien el juez aclaró que la cautelar se dicta en una etapa preliminar y no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto, consideró plenamente acreditados los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.

    La decisión judicial vuelve a poner en evidencia que el plan de ajuste del Gobierno no solo choca con la resistencia social y académica, sino también con los límites constitucionales. Esta vez, fue la Justicia la que recordó que las universidades no se gobiernan por decreto y que las leyes votadas por el Congreso están para cumplirse.

     

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