PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina da a conocer el cronograma de recolección de residuos domiciliarios durante los próximos días:
*Jueves 23: Normal
*Viernes 24: Sólo durante la mañana
*Sábado 25: No habrá recolección
*Domingo 26: El servicio se prestará normalmente
El ataque a balazos contra efectivos de fuerzas federales afectados a la seguridad en un barrio de alta conflictividad en Rosario aparece como un hecho oscuro. El ataque fue en un pasillo de Villa Banana donde funciona un bunker de drogas. Desde allí abrieron fuego contra dos empleados de la Policía Federal. Uno de ellos murió en el acto. El segundo se encuentra internado en muy grave estado.
El efectivo que murió es el agente Rodolfo Arnaldo Manfredi, tenía 30 años, pertenecía a la Policía Federal y estaba afectado al Plan Bandera, que realiza tareas preventivas y operativas de manera fija en ocho zonas priorizadas por la violencia. El otro policía que recibió disparos es el cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe, de 34 años, oriundo de Santiago del Estero. Según fuentes médicas reportaron a LPO, uno de los balazos le perforó diafragma e intestino grueso, lo que motivó que lo operaran. Este viernes al anochecer evaluaban su traslado al Hospital Churruca en Buenos Aires.
Ocurrió en la zona de un bunker que se atribuye al grupo de Leonardo Dalmacio Saravia, conocido como Leo Rey Saravia, un aliado del Ariel «Viejo» Cantero, antiguo líder de la banda de Los Monos, quien en 2023 fue condenado por portación de armas a cuatro años de prisión. Pero que antes estuvo imputado por asociación ilícita y delitos violentos.
El gobierno nacional dispuso que Martín Ferlauto, número dos del Ministerio de Seguridad, viajara a Rosario. «Hemos perdido a un agente que puso su vida para defender a la patria. Es un héroe. Vamos a despedirlo como tal. Murió cumpliendo con el deber y merece nuestra memoria», dijo el funcionario. Al final de la tarde el caso pasó a manos de fiscales de la Procuración del Narcotráfico (Procunar) de la Justicia Federal.
En primer plano, ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y secretario de Seguridad de la Nación Martín Ferlauto, en Rosario tras el ataque a balazos a policías federales en un bunker de drogas
Hubo inicialmente dos civiles detenidos en la zona del incidente. Uno de ellos quedó preso y será imputado en audiencia este lunes por el fiscal federal Matías Scilabra.
A esta hora lo más controvertido de este incidente aún en investigación inicial es qué hacían los policías en el interior de Villa Banana, en un pasillo situado en cercanías de Gutenberg y Gálvez, en la zona oeste rosarina. Es una zona de gran conflictividad. Según los primeros relatos ofrecidos por testigos, los policías que llegaron al lugar en compañía del chofer de la patrulla, el agente Ricardo Barrios Zabala, se bajaron a las 23 de este jueves en una zona peligrosa sin vestimenta que los identificara de manera clara como personal policial, ni tampoco con el chaleco antibalas reglamentario.
Un alto funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación consultado por este medio dijo que se trata de establecer esa circunstancia que es llamativa. «En principio no se encontraban realizando tareas de inteligencia que es lo que podría explicar que no llevaran el uniforme reglamentario». Si realizaban labores propias del trabajo preventivo deberían haber llevado uniforme y, según distintos testigos iniciales, solo llevaban pantalones y camperas de uso civil.
Luego esto fue relativizado por el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, quien señaló a LPO que los policías efectivamente no llevaban chalecos, pero que calzaban camperones de uso regular de la Policía Federal.
Los policías estaban afectados a la Dirección de Investigaciones Federales (DFI) de la Policía Federal. Las primeras impresiones producen incertidumbre a los investigadores por el aparente desapego a los protocolos policiales de los efectivos atacados. Estos habrían bajado de un móvil de la fuerza identificable sin ir vestidos de manera clara como policías y, según testimonios que se consideran, caminado hacia un puesto de venta de drogas. Desde allí se habrían empezado a acumular personas, según declararon, y habrían provenido los disparos.
«Eran unas 15 personas en total, estaban en motos, y fue una cortina de balas contra los policías. Hubo intercambio de disparos», indicó a LPO un participante de la preliminar pesquisa judicial. «No se advierte a priori nada irregular en el accionar de los policías pero sí luce extraño que hayan actuado en esa área difícil a esa hora», agregó.
Las referencias oficiales indican que los policías fueron atacados a balazos cuando se disponían a identificar a un grupo de personas que estaban en el lugar. La Policía Federal indica que identificar personas en zonas conflictivas es una práctica regular de esta fuerza. No lo es de otras como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que también participan en el Plan Bandera.
Bullrich y Pullaro destacaron la baja significativa de homicidios en Rosario con el Plan Bandera
Una versión que recogió LPO y que proviene de la misma repartición a al que pertenecen los policías atacados indica que desde la superioridad los mandaron a intentar una compra de droga como forma de asegurar evidencia del lugar ilícito. No se entiende entonces que hayan llegado en un patrullero -móvil 13205- hasta el borde mismo del corredor donde está el búnker de drogas y donde se produjo la balacera.
Analistas de temas criminales que trabajan en investigaciones penales tienen otra idea. Estos afirman que existe una tolerancia de sectores de fuerzas de seguridad santafesinas que admiten la compraventa de drogas en determinadas zonas calientes a cambio de garantizar el no ejercicio de la violencia. En ese sentido la presencia de policías que pudieron haber ido a pedir o hacer algo por fuera del acuerdo, aún sin objetar que sea algo legal, supuso algún punto de ruptura. O bien porque no era claro que estuvieran uniformados. O porque tenían una fisonomía que llamó la atención. Según les atribuyen a propios camaradas de la Policía Federal que dicen que al menos uno de los policías atacados -tez clara ojos claros- tenían rasgos físicos que habrían sido llamativos.
Gómez Villafañe, el policía herido tenía el vaso, diafragma e intestino grueso perforados. Está intubado, con gran pérdida de sangre y se le practicó una colostomía. «Fue un hecho gravísimo. Se ha perdido la vida de un efectivo de la Policía Federal Argentina que, además, formaba parte de un trabajo conjunto entre Nación y provincia. Acompañamos a su familia y a todas las fuerzas federales en este momento tan doloroso», dijo el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
A las pocas horas de que la Municipalidad adjudique la obra por más de $12.600 millones para la construcción de un parque acuático en la Costanera Norte de Rosario, la Justicia ordenó la suspensión de la obra a partir de la presentación impulsada por el bloque que lidera Juan Monteverde.
La resolución dispuso una medida precautelar que suspende el Decreto 715/26 y todos los actos administrativos hasta que se defina qué juzgado será competente para tramitar las distintas demandas contra la iniciativa.
La decisión representa un revés para el intendente que venía de superar el principal obstáculo político que enfrentaba el proyecto. La semana pasada, el peronismo y Ciudad Futura habían intentado convocar una sesión especial en el Concejo Municipal para suspender la obra, pero el intento fracasó por falta de quórum. La Libertad Avanza decidió no bajar al recinto y evitó quedar alineada con la estrategia opositora de Monteverde.
Pablo Javkin y María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal
Tras ese revés político, el municipio avanzó con la adjudicación de la obra a la unión transitoria de empresas integrada por Obring S.A. y Depaoli & Trosce Constructora. En el Palacio de los Leones consideraban que el proyecto había logrado superar la etapa más conflictiva y que sólo restaba el inicio de los trabajos.
Sin embargo, la disputa se trasladó a los tribunales. Ciudad Futura presentó un recurso de amparo cuestionando la legalidad del proceso y reclamando la suspensión de la licitación. En paralelo, los libertarios encabezados por Juan Pedro Aleart también impulsaron una acción judicial propia, aunque por carriles distintos.
El juez destacó en su resolución que actualmente existen al menos cuatro expedientes judiciales distintos que cuestionan el mismo proyecto con un denominador común: anular el decreto y el proceso licitatorio.
Entre los principales cuestionamientos aparece la presunta omisión de un «Plan de Detalle» debería ser aprobada previamente por el Concejo Municipal para habilitar una intervención de estas características sobre un área de reserva de la costa rosarina. También se objeta el impacto sobre el espacio público y la eventual privatización de sectores del borde ribereño.
El magistrado consideró que existe riesgo de que la discusión judicial se vuelva abstracta si las obras continúan avanzando mientras se resuelve la disputa de competencia entre juzgados. Según señaló, ya se habían iniciado tareas en el predio y la adjudicación de la obra se encontraba formalmente concretada, lo que justificaba adoptar una medida urgente para evitar eventuales daños irreversibles.
Render del proyecto original que luego fue modificado por las críticas opositoras
A pesar de ello, el juez se declaró incompetente para definir en el amparo de Monteverde, pero consideró que todas las causas deberían acumularse en un mismo expediente explicando que todo nacen de un único hecho generador: el decreto y adjudicación del Parque.
Como el titular del Juzgado de la 7ma Nominación rechazó hacerse cargo del expediente, el conflicto será ahora resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, que deberá determinar qué juzgado continuará con el trámite.
Hasta que eso ocurra, la medida precautelar seguirá vigente y mantendrá suspendido el decreto de Javkin y lo que la oposición no logró conseguir en el Concejo Municipal lo hizo en tribunales.
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