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PURO HUMO

Cómo si fuera parte de la identidad reginense, está ahí, se sostiene en el cielo, antigravitacional. Señal olfativa vigente. Nos acompaña todos los días del año, cómo el indio Comahue. Inamovible. Parte de nuestra historia.

La ciudad se tiñe de un espeso gris por largas horas de nuestras vidas. Poluta todo el día. Visible de noche. Demasiado tiempo contemplándola cual atractivo turístico, como para no reaccionar.

¿Qué tal accionar  desde y con la voluntad del pueblo?, siempre presente aunque a veces dormida, para cambiar el esquema o la identidad social que nuestros políticos pretenden y nuestra sociedad necesita.

Desde las escuelas primarias los niños interactúan con diferentes políticas de reciclado, en colegios secundarios los talleres seleccionados por los alumnos suelen tener direccionamiento hacia el cuidado del medioambiente, sin saber que la propia adversidad de esa lógica muchas veces se encuentra al llegar a sus hogares.

Villa Regina-Río Negro

Evidentemente es así. De otro modo hubiéramos «evolucionado» sobre el cuidado de nuestro espacio, el que compartimos entre todos, y el único que tenemos. Cuidarlo. ¿Tan difícil es proponernos cuidarnos?.

Villa Regina-Río Negro

La voluntad política debe existir (como prioridad) pero acompañada de la autocrítica individual, de un cambio personal, y de un proceso de enseñanza hacia las nuevas generaciones que se base en el ejemplo de las acciones y no en discursos  vacíos.

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  • Escándalo en José C. Paz: trompadas y sillazos en medio de la jura de concejales

     

    Una gresca de proporciones, con trompadas y sillazos, se desató este viernes durante la jura de los nuevos concejales en José C. Paz.

    A poco de finalizar un acto cargado de tensiones entre el oficialismo local alineado a Mario Ishii y la oposición libertaria, los cruces se trasladaron a las inmediaciones del recinto y el hall del Concejo, donde volaron sillas y proliferaron puñetazos entre militantes de ambos espacios.

    En medio del descontrol, el intendente Mario Ishii tomó el micrófono para reclamar calma y orden. Pero la batahola era tal que hasta dentro del propio recinto concejales de un lado y otro discutían a los gritos sin escuchar la voz del caudillo.

     Se trataba de una sesión de jura especial y con un nutrido marco de militancia, ya que se trataba de la ceremonia previa a la salida de la intendencia de Ishii, quien asume su banca en el Senado bonaerense.

     «Lo que pasa es que esta señora, señorita o no sé qué es, dijo que lo iba a rajar de patadas en el culo al intendente. Es la que genera esto afuera del recinto», dijo en medio de la gresca la concejal de Ishii Lorena Ramírez, que acusó a la libertaria Mía Amoroso por haber desatado el caos.

    «Es una locura que se genere violencia porque yo grite ‘Viva la libertad carajo'», dijo la concejal libertaria Mia Amoroso al portal local Dar Info en pleno recinto, donde la concejal de Ishii Lorena Ramírez intervino en el reportaje para acusarla de provocar.

    «Lo que pasa es que la señora, señorita o no sé qué es, dijo que lo iba a rajar de patadas en el culo al intendente. Es la que genera esto afuera del recinto», dijo Ramírez, al apuntar directo a la libertaria Amoroso como la generadora del caos.

    Amoroso denunció en redes un «ataque» de militantes y prometió hacer una denuncia en fiscalía. «A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos», dijo.

    En el oficialismo local acusan a la concejal libertaria de haber provocado con gesticulaciones en las intervenciones de concejales de Ishii y de haber fogoneado a la militancia libertaria para ir al choque en medio de una multitudinaria presencia de militantes oficialistas.

     

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  • Milei coló en la reforma el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, un paso clave contra la industria del juicio

     

    Javier Milei coló en la reforma laboral un artículo que propicia el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad. No fue una imposición, pero tiene la fuerza necesaria para abrir un proceso que empuje la resistencia de los jueces del fuero «nacional» a la órbita de la justicia porteña.

    La justicia «nacional» es una rémora de los años previos a la autonomía porteña y sólo existe en la Ciudad de Buenos Aires. En todas las provincias del país la justicia laboral es local. Los jueces «nacionales’ lograron trabar el proceso de autonomía porque no quieren perder un estatus que consideran superior al de jueces porteños, aunque las causas que tratan son exactamente eso: porteñas. No hay nada «nacional» en su fuero.

    El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei establece que «la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». 

    «Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución, conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos», agrega el texto de la norma.

    El gobierno impulsa un fondo para financiar despidos con aportes que antes iban a las jubilaciones

    El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación. 

    Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.

    El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y  Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.

    El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei plantea el traspaso a la Ciudad del fuero laboral «nacional» y una vez concretado este paso su disolución.

    El fuero laboral con asiento en Capital Federal tiene 80 juzgados pero alrededor de 30 están vacantes y se especula con que para el 2026 las vacancias treparían al 50 por ciento. Fuentes judiciales dijeron a LPO que «se está produciendo un vaciamiento de hecho», y agregaron que «hay un éxodo» alimentado con concursos tentadores para nuevos magistrados en la Ciudad, que se encuentran en instancia de examen, mejores salarios y la amenaza de quitar el beneficio jubilatorio del 82 por ciento, un detalle por el cual una importante cantidad de jueces habría apurado su retiro.

    La jugada de Milei podría caerle como anillo al dedo al PRO, un sector del radicalismo porteño liderado por Daniel Angelici y la rama del PJ que conduce el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. Sectores con influencia en la justicia local, que históricamente impulsaron una mayor autonomía porteña.

    Un dirigente del peronismo porteño reconoció ante LPO que el gobierno libertario «podría haber efectuado el traspaso poniendo un artículo que dijera ‘pásese’ a la órbita de la Ciudad, pero no lo hizo porque se busca una negociación». Para que se implemente el traspaso del fuero laboral, hace falta un convenio o una ley del Congreso, que para mayor prolijidad debería ser ratificada por la Legislatutra porteña.

    El senador kirchnerista Mariano Recalde.

    El procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, explicó a LPO que el artículo 91 de la reforma «está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente». La ley Cafiero fue la que instrumentó el proceso de autonomía porteña.

    «La ley Cafiero implicaba que, después de la sanción de la autonomía porteña, el Estado nacional hacía reserva de determinadas cosas porque era el distrito donde estaba el Presidente de la Nación pero en la reforma de Milei se establece que la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo está vigente hasta que se acuerde el traspaso», argumentó.

    La Corte frena la rebelión de los jueces nacionales y obliga a litigar ante el tribunal superior porteño

    Para que se entienda: la administración de Jorge Macri apoya el traslado del fuero laboral, sólo cuestiona que la manera en que se redactó, parece ratificar la órbita nacional del fuero laboral hasta su traspaso, cuando desde la óptica de la autonomía porteña la situación actual es irregular.

    El artículo 91 de la reforma está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente.

    En ese contexto, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, fue uno de los que empujó desde abril pasado una comisión de transferencias de competencias judiciales integrada por Nación y Ciudad, un ámbito del que participan actores de la justicia ordinaria nacional y también asociaciones involucradas. El objetivo, según fuentes del gabinete de Jorge Macri, «es avanzar en convenios de transferencias».

    Desde diciembre de 2024, por lo demás, funciona el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva de trabajo. En la última sesión de ese año, la Legislatura sancionó un código procesal para la Justicia del Trabajo en el ámbito de la Ciudad, con 31 votos a favor y 25 en contra, provenientes del peronismo, la izquierda y un puñado de libertarios. Hubo además dos abstenciones y dos ausencias.

    La iniciativa de Milei entusiasma a los empresarios, que ya se habían ilusionado con el fallo Levinas de la Corte Suprema. Ese caso, donde la familia del artista plástico León Ferrari litigaba contra Gabriel Levinas por haber vendido 11 dibujos sin autorización del autor, la Corte Suprema dictó un fallo de profundas implicancias jurídicas y políticas, y determinó que el tribunal de alzada para ese tipo de pleitos de la Justicia Nacional era el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), es decir, la justicia porteña. Ubicó a la justicia «nacional» en la órbita de la justicia porteña.

    Horacio Rosatti.

    La definición del máximo tribunal sentó así jurisprudencia para que el TSJ se convierta en el tribunal de alzada de los juzgados del fuero civil, el comercial y el laboral con asiento en el distrito porteño. Uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura comentó a LPO que Rosatti, ante el reproche por ese supuesto «traspaso de facto», explicó que él había redactado un fallo que solo había declarado «al TSJ como tribunal de alzada». Pero en el fuero nacional nadie se distrajo con los importantísimos efectos jurídicos del fallo Levinas.

    Como toda justicia provincial, la de la Capital Federal también está colonizada por la fuerza política que gobierna el distrito desde hace casi 20 años y ahí radicaba el interés de los empresarios por sacarse el yugo de juzgados más hostiles para escalar hacia tribunales más amigables. De hecho, hasta la familia Macri se sintió complacida con el fallo Levinas porque su apuesta era defenderse en la causa Correo en el ámbito porteño.

    En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer, no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero.

    En efecto, cuatro de los cinco miembros del TSJ responden al PRO. Solo a la jueza Alicia Ruiz se le atribuye identificación con el viejo Frente Grande, mientras que Ines Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano llevan la sombra del partido amarillo.

    Estos jueces no son tímidos en su pertenencia ideológica. Este año, sacaron un fallo de gran impacto en el fuero laboral, que marcó un límite al cálculo de intereses en las causas de accidentes de trabajo. «Le marcaron la cancha a los jueces y abogados laboralistas», dijo a LPO un importante abogado del fuero.

    En efecto, la llamada industria del juicio, en la que se sospecha se ponen de acuerdo jueces y abogados para fijar sumas exorbitantes y luego repartirse los honorarios, tiene a la industria de las ART al borde de la quiebra, como reveló LPO.

    El propio Leandro Recalde advirtió a LPO que el avance del traspaso no es el único objetivo de la reforma y también cargó contra el artículo 82, que establece que el impulso de la causa corresponda a las partes y habilita la «caducidad de instancia». «En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer», dijo, y concluyó que «no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero».

    Andrés Basso.

    Como era esperable, este viernes se manifestaron contra el artículo 91 también los jueces de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, encabezados por Andrés Basso.

    A través de un comunicado, rechazaron ese apartado de la reforma «de manera categórica» y la consideraron «inadmisible». «Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales», manifestaron, en un capítulo más de la larga pelea de la justicia «nacional» por mantener su estatus.

     

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  • ACEFALÍA POLÍTICA LOCALIZADA

    El gobierno interino de Villa Regina comandado por José Rayó ya tiene  fecha de caducidad. El Concejo Deliberante (CD) informó que fue promulgada la Ordenanza 117/17 mediante la cual se convoca a elecciones municipales para el 15 de abril de 2018 con la finalidad de elegir nuevo intendente para la ciudad, cuyo mandato se prolongará…

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  • Argentina tiene que pagar USD 57.000 millones de deuda en el próximo año y medio

     

    Los vencimiento de deuda que enfrentará Milei en lo que le queda de mandato son muy desafiantes y explican la renovada presión del FMI y los bancos acreedores para que acuule reservas, que este lunes se cristalizó en el forzado giro del plan económico.

    El último informe de coyuntura de CIFRA describe con precisión un giro central en la política económica de Javier Milei: el paso de una desdolarización forzosa inicial hacia un nuevo ciclo de endeudamiento. 

    Ese proceso de desdolarización involuntaria de arranque no respondió a una decisión soberana, sino a una imposibilidad estructural de financiamiento externo, en una economía «atravesada por la irresuelta crisis de deuda que le pone límites estrechos a la recuperación de la actividad y a la propia sostenibilidad del régimen económico que instauró el gobierno de Milei», describen los investigadores. 

    Pero el cuadro cambió cuando «con el salvataje del FMI y los organismos internacionales de crédito se registró un importante ascenso de la deuda externa pública de 20.860 millones en el segundo trimestre, hasta alcanzar su récord de 197.499 millones de dólares», afirma CIFRA. «Con dos agravantes decisivos», advierte el informe, «casi la mitad está en manos de organismos internacionales de crédito y es una deuda de muy corto plazo». 

    El FMI se impuso a Milei y lo obliga a comprar reservas, temen que acelere la inflación

    La foto es dura. En los próximos 18 meses vencen cerca de 47.800 millones en capital e intereses. Si se suman los compromisos privados, los vencimientos superan los 57.000 millones. Eso no es una coyuntura: es una agenda de pagos que condiciona todo.  

    En paralelo, la salida de dólares por fuga se aceleró después de la flexibilización cambiaria acordada con el FMI: más de 32.000 millones que se fueron al exterior desde que se abrieron las restricciones, según el reciente informe de CIFRA. 

    Con el salvataje del FMI y los organismos internacionales de crédito se registró un importante ascenso de la deuda externa pública de 20.860 millones en el segundo trimestre, hasta alcanzar su récord de 197.499 millones de dólares.

    En este tablero, la apertura y la apreciación cambiaria tuvieron un efecto práctico: las cantidades importadas subieron más de 36% y las de bienes de consumo final crecieron 62,7% interanual en los primeros diez meses de 2025. Producción local que se sustituye por compras afuera. Otra forma de drenaje de dólares.

    Mientras tanto, por la puerta de los dólares genuinos, las proyecciones mas optimistas estiman que Argentina lograra juntar USD 9.000 millones por la via comercial a lo largo del 2026. En efecto, en los primeros 10 meses del año de este año, el resultado fue de 6.846 millones de dólares, cuando en 2024 había arañado los 19.000 millones, y en el acumulado de los primeros 10 meses alcanzaba 16.000 millones. 

    A las claras, no se trata de una mala racha. Es la reproducción de una estructura histórica donde el endeudamiento externo y la fuga de capitales condicionan la viabilidad macro. 

    El ministro de Economía de la Dictadura, Alfredo Martinez de Hoz habla con el entonces secretario del Tesoro, W. Michael Blumenthal en un enctro del FMI en la Ciudad de México.

    Desde 1976, la economía argentina reproduce el esquema. Cada ciclo de apertura financiera comienza con un fuerte ingreso de divisas vía deuda externa y termina con una sangría equivalente o superior por fuga de capitales privados. 

    El primer episodio estructural se inicia con la dictadura de Martínez de Hoz. Entre 1976 y 1983, la deuda externa pasó de 7.800 millones de dólares a 45.000 millones, mientras la fuga de capitales rondó los 23.000 millones. En apenas siete años, el endeudamiento se multiplicó por seis y medio, y por primera vez el Estado asumió deudas que originalmente habían sido privadas. 

    Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el proceso no se detuvo. La deuda alcanzó los 65.000 millones de dólares y la fuga sumó otros 10.000 millones. El país ya destinaba más de la mitad de su producto a atender compromisos externos. El colapso de fines de los ochenta, con la hiperinflación y el retorno del FMI como árbitro de la política económica, fue la evidencia empírica de la imposibilidad de sostener la valorización sin destruir la base productiva. 

    En los años noventa, con Menem y Cavallo, la dinámica se relanzó a gran escala. La deuda trepó hasta los 145.000 millones de dólares y la fuga acumuló cerca de 80.000 millones. Bajo la convertibilidad, el país pareció estabilizarse, pero lo hizo a costa de sustituir inversión productiva por entrada de capitales financieros y privatizaciones. La relación deuda/PBI se mantuvo en torno al 50%, un nivel que sólo era sostenible mientras los flujos externos siguieran ingresando. Cuando se interrumpieron, el modelo implosionó en 2001. 

    El quiebre de la convertibilidad dio lugar a una etapa de signo opuesto. Entre 2003 y 2015, los gobiernos kirchneristas redujeron la deuda externa pública de 145.000 millones a cerca de 63.000 millones de dólares, llevando el ratio deuda/PBI a su mínimo histórico, alrededor del 17%. Fue el período del desendeudamiento, impulsado por los canjes de 2005 y 2010 y el pago al FMI. Sin embargo, la fuga de capitales no desapareció: según los cálculos de FLACSO, durante esos años se fugaron unos 70.000 millones de dólares, el equivalente a casi todo el superávit comercial de la década. 

    Con el gobierno de Cambiemos, el patrón volvió a invertirse. Entre 2016 y 2019, la deuda externa total saltó de 75.000 a 323.000 millones de dólares -una expansión del 330%- y el Banco Central registró salidas netas de capitales por 86.000 millones. En términos de producto, la deuda trepó al 89% del PBI, y la correlación entre ingreso de deuda y fuga fue casi perfecta: por cada dólar que entró, 0,9 dólares salieron del país. 

      En función de la relación entre deuda y fuga, resulta interesante observar la dinámica del endeudamiento privado. Durante la gestión de Macri, la deuda externa privada aumentó en «15.335 millones de dólares, alcanzando un stock de 81.088 millones a fines de 2019», dicen desde CIFRA.  

    En el período del Frente de Todos, dice el informe, «se asiste a una nueva expansión de 22.076 millones de dólares, pero en cuya composición sobresale una reducción de la deuda financiera, en el marco de las concesiones cambiarias que hizo ese gobierno al gran capital privado para que reduzca sus compromisos externos, y un aumento de la deuda comercial». 

    Esas «concesiones cambiarias» implicaron que el Estado les proveyó dólares baratos para cancelar deuda externa, lo que permitió a las grandes empresas reducir sus pasivos financieros al costo de las reservas del Banco Central. 

    Como sintetiza CIFRA, el resultado fue un cambio en la estructura del endeudamiento: menos deuda financiera, más comercial, y una ampliación del stock total a «103.154 millones de dólares». 

    Con Milei, el informe registra un giro opuesto: «un fuerte aumento de la deuda financiera en el marco del ‘festival de obligaciones negociables’ y una reducción de la deuda comercial», lo que marca el regreso pleno al esquema de valorización financiera y endeudamiento en dólares que el Frente de Todos había intentado desarmar con dólares baratos.  

    La serie histórica pinta un cuadro preocupante: El 87% de los dólares que ingresaron por endeudamiento desde 1976 terminó fugado. 

     

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    Con la presencia del Intendente Marcelo Orazi, quedó inaugurada este domingo la muestra ‘AmuchArte’ en el Galpón de las Artes, que permanecerá abierta al público todos los domingos de septiembre en el horario de 17 a 19 horas. ‘AmuchArte’ es el resultado del trabajo de muchos años, refleja el proceso y la puesta en juego…

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