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EL AGUA ES SALUD

En Villa Regina poco han hecho los gobiernos de turno para sanear nuestro margen del río Negro y colaborar con la salubridad de sus aguas; dando una solución definitiva al derrame de efluentes que son vertidos con un tratamiento mínimo al río. Como si la propia desidia de infraestructura no fuera suficiente, nuestra localidad se encuentra ubicada en el fin del Alto Valle y recibe los líquidos que son volcados aguas arriba por ciudades como Cipolletti y Allen que tienen altos rangos de contaminación. Las piletas con las que cuenta Regina para el tratamiento de efluentes tienen más de 30 años y fueron proyectadas para una ciudad demograficamente menor, por lo que el tratamiento de los líquidos cloacales es parcial.

La cuenca fluvial del río Negro es excepcional, junto con el Limay y el Neuquén viajan de la cordillera de los Andes hasta el mar Argentino, siendo la razón de ser de todas las ciudades y economías regionales del Norte patagónico. Hace varios años, el nivel de contaminación que sufren sus aguas es cada vez más elevado, producto de los vertidos legales e ilegales. Hay que sensibilizar, concientizar y visibilizar. Siendo una sociedad activa, nuestros representantes deberán actuar. La celebración de este año del día del agua por parte de las Naciones Unidas, se centró en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea el agua. Sin embargo, es obligación de los gobiernos plantear soluciones estructurales al problema de la contaminación. Y nosotros debemos exigirlo.

Está certificado que la provisión de agua segura es un factor que mejora la salud de la población. Los números de Unicef son preocupantes, sobre todo cuando se analiza las razones que colocan a los niños entre la vida y la muerte. En la Argentina, el 21,5% de la población (casi 8 millones de personas) no dispone de fuentes seguras de abastecimiento de agua, sólo un 67% utiliza la red pública de manera segura. El 20% de los niños menores de cinco años fallece por consecuencia del consumo de agua no potable. Las parasitosis, el cólera y los virus como el de la hepatitis A se transmiten por agua. Estas patologías pueden evitarse, con fuentes seguras de abastecimiento de agua y con medidas de saneamiento adecuadas.

Los datos reflejan la gravedad del hecho sustancial que conlleva hacer uso recreativo de nuestro río en estas condiciones, siendo los niños los que más expuestos están a las enfermedades que puede transmitir el agua contaminada y siendo ellos los que más disfrutan del beneplácito de contar con un espacio abierto junto al  río que nos dio vida como población. Los políticos locales con el apoyo de los gobiernos provinciales y nación deberían apuntar algunos de sus cañones a esta problemática ambiental, es cierto que no dará votos, pero mejorará la calidad de vida de muchos, y esa es su función.

DATOS DESTACADOS

  • El promedio de consumo de agua por persona del país es de 180 litros y lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es 50 litros.
  • Mundialmente, más del 80% de las aguas residuales que generamos vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada.
  • 1800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por material fecal, lo que las pone en riesgo de contraer el cólera, la disentería, el tifus o la polio.
  • El agua no potable y pobres infraestructuras sanitarias, así como la falta de higiene, causa alrededor de 842.000 muertes al año.
  • El líquido residual tratado de una forma segura es una fuente sostenible y asequible de agua y energía, así como para obtener nutrientes y otros materiales recuperables.

NACIONES UNIDAS

El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenido. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente.

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    PRIMICIA – Primero el mercado mundial, después los argentinos: Milei cambió la regla para exportar petróleo

     

    La Secretaría de Energía modificó el régimen de exportaciones de hidrocarburos y eliminó la obligación de que las empresas ofrecieran primero su producción al mercado interno. El Gobierno asegura que busca atraer inversiones y generar dólares, pero la decisión abre una nueva disputa: qué prioridad tiene la energía argentina, si garantizar el abastecimiento nacional o convertirse en un negocio exportador.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno de Javier Milei volvió a mover una pieza clave del modelo energético argentino. A través de la Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía y publicada hoy en el Boletín Oficial, se modificó el esquema que regulaba la exportación de hidrocarburos y se eliminó una herramienta que obligaba a las empresas a demostrar que el mercado interno había tenido prioridad antes de vender al exterior.

    La decisión cambia la lógica que durante años acompañó la administración de un recurso estratégico como el petróleo. A partir de ahora, las compañías tendrán un camino más directo para exportar crudo y derivados, mientras el Estado conserva una capacidad de intervención más limitada frente a eventuales problemas de abastecimiento.

    La nueva regla se inscribe dentro del programa de desregulación económica impulsado por Milei, que busca reducir la intervención estatal y otorgar mayor libertad comercial a las empresas. Para el Gobierno, la medida permitirá acelerar inversiones, potenciar Vaca Muerta y transformar a la Argentina en un jugador internacional de energía.

    Pero la modificación abre una discusión de fondo: ¿la energía argentina debe estar orientada primero a garantizar las necesidades de los argentinos o a generar dólares mediante la exportación?

    Del control estatal a la libertad exportadora

    Hasta ahora, las empresas que pretendían exportar determinados hidrocarburos debían atravesar un procedimiento donde tenían que acreditar que el mercado interno había tenido la posibilidad de acceder a esa producción. Ese mecanismo funcionaba bajo una idea histórica: antes de vender un recurso estratégico al exterior, el Estado debía garantizar que no existieran problemas de abastecimiento dentro del país.

    La Resolución 166/2026 cambia esa dinámica. En lugar de una autorización previa basada en una evaluación del mercado interno, establece un sistema donde las empresas notifican sus operaciones y el Estado puede objetarlas únicamente ante situaciones específicas.

    En los hechos, la lógica pasa de un modelo de control preventivo a uno de intervención excepcional. El cambio parece técnico, pero tiene una fuerte carga política: modifica quién tiene la prioridad sobre un recurso clave de la economía nacional.

    Vaca Muerta, dólares y la apuesta del Gobierno

    La administración libertaria sostiene que la Argentina necesita convertirse en un gran exportador energético para fortalecer sus cuentas externas.

    El argumento oficial es que si las petroleras tienen reglas más previsibles y menos restricciones podrán invertir más en producción, aumentar las exportaciones y generar los dólares que el país necesita. En esa visión, Vaca Muerta no debe ser solamente una fuente de abastecimiento interno, sino una plataforma exportadora capaz de competir en los mercados internacionales.

    La resolución se apoya en la filosofía del DNU 70/2023 y la Ley Bases, que impulsaron un esquema de mayor apertura y menor regulación estatal sobre distintos sectores económicos. La apuesta es clara: que el incentivo privado sea el motor del crecimiento energético.

    El interrogante que queda abierto: ¿qué pasa con los argentinos?

    El punto más sensible de la medida aparece cuando se analiza el rol del Estado frente al mercado interno. Aunque la Secretaría de Energía mantiene herramientas para intervenir ante riesgos de desabastecimiento, la nueva normativa reduce los mecanismos que permitían anticiparse a esas situaciones. La discusión no pasa solamente por cuánto petróleo produce Argentina, sino por quién define el destino de esa producción.

    En un contexto donde los precios de los combustibles, las tarifas y el costo energético tienen impacto directo sobre hogares e industrias, cualquier cambio en la administración de los recursos energéticos genera un debate que excede al sector petrolero.

    La pregunta política queda planteada: si el petróleo argentino genera una enorme oportunidad exportadora, ¿cómo se garantiza que esa riqueza también impacte primero en quienes viven y producen en Argentina?

    Un nuevo capítulo en la disputa por los recursos estratégicos

    La Resolución 166/2026 representa un nuevo paso en el giro energético del Gobierno de Milei. No elimina completamente la intervención estatal, pero sí modifica la relación entre Estado y empresas.

    El modelo anterior colocaba al abastecimiento interno como una condición previa para exportar. El nuevo esquema pone el foco en facilitar las ventas externas y deja al Estado con un rol de vigilancia posterior.

    Mientras el Gobierno celebra una herramienta que considera necesaria para atraer inversiones y convertir a la Argentina en una potencia energética, sus críticos advierten que el país corre el riesgo de privilegiar el ingreso de divisas por encima de la protección del mercado interno.

    La pelea por el petróleo argentino vuelve así a una vieja discusión: si los recursos estratégicos deben funcionar como una herramienta de desarrollo nacional o como una mercancía más dentro del mercado mundial.


     

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