Los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio le hicieron un gesto al círculo rojo y acordaron una medida conjunta para amortiguar el impacto del tarifazo energético sobre las industrias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
El tema del costo energético fue uno de los reclamos de la Unión Industrial Argentina en el acto por el Día de la Industria a la que el gobierno libertario vació y no mandó a ningún funcionario. La tirantez dejó a la entidad al borde de la ruptura.
Tras el choque, las tres provincias anunciaro que financiarán en ocho cuotas los cargos retroactivos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista que deben afrontar los Grandes Usuarios de la Distribuidora, conocidos como GUDI. El beneficio será voluntario y alcanzará a las empresas que adhieran al mecanismo.
«Esto es posible porque ninguna de las tres provincias privatizó la energía», explicó un alto funcionario santafesino a LPO. En efecto, el mecanismo se instrumentará a través de la EPE de Santa Fe, EPEC de Córdoba y Enersa de Entre Ríos, las distribuidoras que permanecen bajo control provincial.
Las empresas eléctricas emitirán una nota de crédito por la totalidad del cargo que debería pagar cada industria al vencimiento original. A partir del mes siguiente, incorporarán en las facturas las notas de débito correspondientes a cada una de las ocho cuotas.
Por ejemplo, en septiembre vencen cargos correspondientes al consumo de junio. La distribuidora dejará sin efecto ese pago mediante una nota de crédito y comenzará a cobrarlo en ocho cuotas mensuales desde octubre, explicaron desde Economía de Santa Fe.
Pullaro en el acto por el Día de la Industria
A su vez, el costo financiero quedará a cargo de las provincias. Como las distribuidoras deben pagarle de contado a Cammesa por la energía consumida, los tesoros provinciales cubrirán el descalce mediante una asistencia financiera reembolsable a sus respectivas empresas eléctricas.
La decisión marca una diferencia básica con el gobierno de Milei: Pullaro, Llaryora y Frigerio utilizarán recursos propios para sostener a las industrias y el tejido productivo de sus provincias, en esta oportunidad, para afrontar el fuerte incrementode tarifas eléctrica dispuesta por Cammesa.
«Las tres provincias brindarán asistencia financiera para que las industrias alcanzadas puedan pagar en cuotas los cargos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista», anunció Pullaro. El gobernador sostuvo que la medida busca dar previsibilidad al ecosistema productivo.
Esto es posible porque ninguna de las tres provincias privatizó la energía. Las tres provincias brindarán asistencia financiera para que las industrias alcanzadas puedan pagar en cuotas los cargos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista
Los gobernadores de la Región Centro venían reclamándole al gobierno nacional una solución para los grandes consumidores industriales. Ante la falta de una respuesta de la Casa Rosada, resolvieron avanzar con un esquema propio para aliviar la situación financiera de las fábricas y contener el impacto del tarifazo sobre la producción y el empleo.
En paralelo, Pullaro aprovechó el acto por el Día de la Industria en la Unión Industrial de Santa Fe para profundizar sus diferencias con Milei: «para este Gobierno, la industria es el principal aliado, porque genera valor agregado y empleo», afirmó el gobernador, que advirtió que una fábrica que cierra no puede reemplazarse porque detrás existen años de inversión, conocimiento acumulado y puestos de trabajo.
El santafesino cuestionó tanto al populismo como a las posiciones que proponen «liberalizarlo todo y dejar que el mercado regule». «No creo en ninguno de los dos», sostuvo Pullaro, que reclamó un modelo de desarrollo basado en mejores rutas, infraestructura energética, financiamiento y políticas públicas que acompañen al sector privado.
El gesto contrastó con la decisión de Milei de vaciar el acto de la Unión Industrial Argentina, donde no participó ningún funcionario nacional de primera línea. Mientras la Casa Rosada profundiza la apertura económica y el ajuste sobre la producción, Pullaro buscó mostrarse junto a los empresarios y reivindicó una identidad productivista: «Para generar igualdad, no hay que distribuir plata; hay que generar desarrollo productivo».
ALIVIO PARA EL SECTOR INDUSTRIALLos gobiernos de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe acordaron una medida conjunta para seguir acompañando a quienes producen, invierten y generan trabajo en la región.Las tres provincias brindarán asistencia financiera para que las industrias…
A 176 años de su muerte, la historia de José de San Martín también puede leerse como la de un hombre que eligió el exilio antes que convertirse en protagonista de las guerras políticas argentinas.
Por Alcides Blanco para NLI
Cada 17 de agosto, la Argentina recuerda a José de San Martín como el Libertador, el Padre de la Patria, el hombre que cruzó los Andes y condujo campañas decisivas para la independencia de Argentina, Chile y Perú. Las escuelas repiten su nombre, los granaderos custodian su mausoleo y las plazas se llenan de actos conmemorativos. Sin embargo, existe una parte de su historia que suele quedar comprimida detrás de la estatua ecuestre y de la épica militar: San Martín pasó los últimos casi treinta años de su vida fuera de América y murió en Francia, lejos de la Argentina que había contribuido decisivamente a liberar. No fue una casualidad geográfica ni simplemente el resultado de una enfermedad o de una vejez tranquila. Su alejamiento estuvo profundamente relacionado con la convulsión política que encontró al regresar de su campaña libertadora y con su decisión de no convertirse en un jefe militar de ninguna de las facciones que se disputaban el poder.
Mañana, 17 de agosto de 2026, se cumplen 176 años de su muerte, ocurrida en 1850 en Boulogne-sur-Mer. San Martín tenía 72 años. Había nacido en Yapeyú en 1778, había desarrollado buena parte de su carrera militar en España, regresado al Río de la Plata en 1812 y construido en apenas una década una de las trayectorias militares más extraordinarias de la historia americana. Pero cuando terminó su etapa pública en América, no buscó quedarse con el poder que había contribuido a construir. Esa decisión, que hoy puede parecer natural porque forma parte de la imagen idealizada del prócer, fue en realidad una elección política extraordinariamente significativa para una época en la que los vencedores de las guerras de independencia solían convertirse en árbitros del nuevo poder.
El problema que encontró al regresar
San Martín no volvió a una patria unificada y tranquila. Volvió a una región atravesada por enfrentamientos políticos, disputas entre Buenos Aires y las provincias, conflictos entre unitarios y federales y una creciente militarización de la vida pública. Después de la campaña de los Andes, la independencia de Chile y la expedición al Perú, el general había alcanzado una autoridad enorme, pero también comprendía que la guerra contra España y las guerras civiles americanas eran problemas diferentes. Su objetivo había sido la independencia; no estaba dispuesto a utilizar el ejército libertador como instrumento de una facción argentina contra otra.
Ese punto es fundamental para comprender su salida de América. La documentación sanmartiniana conserva una definición particularmente clara de su conducta política. En una carta de 1848, al reconstruir su trayectoria, San Martín explicó que durante su carrera pública había procurado no mezclarse con los partidos que alternativamente dominaron Buenos Aires y que había mantenido como principio considerar a los Estados americanos en los que había intervenido como naciones hermanas comprometidas con una misma causa.
No era una posición ingenua. San Martín sabía perfectamente qué significaba el poder militar. Había visto de cerca las guerras napoleónicas, había combatido en Europa y después había utilizado el ejército como herramienta para modificar el equilibrio político de América. Precisamente por eso conocía el peligro de convertir la fuerza armada en el mecanismo mediante el cual una facción interna podía imponerse sobre otra.
Su negativa a intervenir en las guerras civiles argentinas terminó siendo una de las decisiones más importantes de su vida política.
Y también una de las que más condicionaron su futuro.
Cuando decidió abandonar definitivamente el escenario americano, no se estaba retirando de una revolución que había fracasado. Se estaba apartando de una política que consideraba incompatible con la causa por la que había luchado.
De héroe continental a exiliado europeo
Después de su encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil, en 1822, San Martín dejó el escenario peruano. Poco después regresó a Europa acompañado por su hija Mercedes. El contraste entre la dimensión de su obra y las condiciones de su vida posterior es notable: quien había comandado ejércitos enteros terminó llevando durante décadas una existencia relativamente discreta, atravesada por problemas económicos, enfermedades, viajes y preocupaciones familiares.
En 1829 intentó regresar nuevamente al Río de la Plata. Desembarcó en Montevideo, pero finalmente decidió no instalarse en Buenos Aires. La situación política lo desalentó y volvió a Europa. El Instituto Nacional Sanmartiniano registra aquel episodio como uno de los momentos decisivos de su alejamiento definitivo de la vida pública americana.
Ese exilio voluntario suele presentarse como una especie de retiro romántico de un héroe cansado. La realidad fue bastante más compleja. San Martín continuó siguiendo con atención los acontecimientos americanos, mantuvo correspondencia con dirigentes políticos y militares y expresó opiniones sobre cuestiones vinculadas con la soberanía y la situación internacional. No dejó de interesarse por la Argentina porque hubiera dejado de ser argentino; dejó de participar directamente porque había decidido no convertirse en un actor de las disputas internas.
Su relación epistolar con Juan Manuel de Rosas resulta especialmente reveladora. San Martín le escribió en 1846 para felicitarlo por la defensa frente a la intervención anglo-francesa durante la Vuelta de Obligado y volvió a comunicarse con él en los años siguientes. El Instituto Nacional Sanmartiniano conserva esa correspondencia y registra su preocupación por la defensa de la soberanía frente a las potencias extranjeras.
El dato permite escapar de una simplificación frecuente: el San Martín del exilio no era un hombre desconectado de la política argentina. Estaba lejos del poder, pero seguía leyendo, escribiendo, opinando y observando lo que ocurría en el continente.
La diferencia era que ya no quería ocupar el centro de la escena.
Una vida en Francia mientras la Argentina se construía
San Martín pasó sus últimos años en Francia. Vivió primero en Grand-Bourg, cerca de París, donde adquirió una casa en 1834, y posteriormente se trasladó a Boulogne-sur-Mer. Allí su salud se deterioró progresivamente. Padecía problemas de visión y distintas enfermedades propias de su edad, aunque quienes lo conocieron durante esos años destacaron que conservó una notable lucidez intelectual.
La Francia en la que vivió sus últimos años tampoco era un escenario tranquilo. La Revolución de 1848 había derribado la monarquía de Luis Felipe y dado lugar a la Segunda República. La agitación política llevó a San Martín a abandonar París y trasladarse a Boulogne-sur-Mer en 1848. Allí alquiló una vivienda perteneciente a Adolphe Gérard, abogado y bibliotecario de la ciudad, con quien mantuvo una relación cercana durante sus últimos años.
Hay algo profundamente simbólico en esa última etapa. Mientras en América comenzaban a consolidarse los Estados surgidos de las guerras de independencia, el hombre que había contribuido decisivamente a poner en marcha ese proceso observaba desde Europa cómo aquellas nuevas repúblicas atravesaban sus propias disputas, guerras y transformaciones.
San Martín había conseguido algo que parecía imposible: había ayudado a derrotar al poder colonial español en una parte enorme de Sudamérica. Pero no pudo controlar lo que vino después. Y probablemente tampoco quiso hacerlo.
Su proyecto no consistía en convertirse en el dueño político de las naciones que había ayudado a liberar.
La muerte de un hombre que ya pertenecía a la historia
El 17 de agosto de 1850, alrededor de las tres de la tarde, José de San Martín murió en su residencia de Boulogne-sur-Mer. Estaban junto a él su hija Mercedes, su yerno Mariano Balcarce, sus nietas y otras personas cercanas. Félix Frías, que viajó desde París al conocer la gravedad de su estado, llegó cuando el Libertador ya había fallecido y posteriormente dejó una crónica de sus últimos momentos.
La frase que se le atribuye durante sus últimos días —“es la tormenta que conduce al puerto”— quedó incorporada a la tradición sanmartiniana. Más allá de la belleza literaria de la expresión, lo que resulta verdaderamente significativo es que San Martín murió sin regresar a la Argentina.
Sus restos tampoco volvieron inmediatamente.
Permanecieron en Francia durante tres décadas, hasta que en 1880 fueron trasladados a Buenos Aires a bordo del vapor ARA Villarino. Desde entonces descansan en el mausoleo construido dentro de la Catedral Metropolitana, donde una guardia de granaderos custodia permanentemente sus restos.
La paradoja histórica es enorme. El hombre que había cruzado los Andes para liberar territorios que se encontraban a miles de kilómetros de su lugar de nacimiento terminó muriendo en una pequeña ciudad francesa y recién tres décadas después regresó físicamente a la tierra por la que había combatido.
Pero quizás exista una lectura todavía más profunda.
San Martín construyó buena parte de su prestigio precisamente renunciando al poder que podría haber obtenido. Después de sus victorias militares pudo haber intentado convertirse en un caudillo armado, intervenir en las guerras civiles o utilizar su autoridad para imponerse sobre los gobiernos existentes. Eligió otro camino. Esa decisión no eliminó sus diferencias políticas ni lo convirtió en un personaje neutral; simplemente estableció un límite que consideró fundamental: el ejército de la independencia no debía transformarse en una herramienta para decidir las luchas internas.
Esa conducta explica buena parte de la enorme dimensión simbólica que adquirió después de su muerte.
No fue solamente el general que ganó batallas.
Fue también el hombre que supo retirarse cuando continuar en el poder podía significar traicionar aquello por lo que había luchado.
La historia argentina posterior estuvo llena de hombres que hicieron exactamente lo contrario: militares que se transformaron en árbitros políticos, dirigentes que utilizaron ejércitos para imponer proyectos internos y gobiernos que confundieron la fuerza del Estado con la voluntad de una facción. Frente a esa tradición, la trayectoria de San Martín adquiere una dimensión que va mucho más allá del bronce.
Por eso cada 17 de agosto no alcanza con recordar el Cruce de los Andes, Chacabuco o Maipú. También habría que recordar la decisión silenciosa de un hombre que, después de haber ganado una guerra, eligió no quedarse con el poder.
San Martín murió lejos de la Argentina.
Pero quizás justamente por eso terminó perteneciendo a toda ella.
Porque su legado no quedó asociado a un gobierno determinado, a una provincia, a un partido ni a una facción. Quedó ligado a una idea mucho más grande: que la independencia no consiste solamente en expulsar a un poder extranjero, sino también en comprender que la libertad política pierde sentido cuando quienes dicen defenderla terminan utilizando el poder para someter a sus propios compatriotas.
Mañana, cuando vuelvan a sonar las marchas y los granaderos rindan homenaje frente a su mausoleo, habrá una parte de su historia que permanecerá tan importante como la épica de las batallas: San Martín fue uno de los pocos grandes protagonistas de la independencia americana que entendió que también había que saber cuándo apartarse.
Y esa decisión, tomada hace dos siglos, sigue siendo una de las páginas más incómodas y más actuales de su legado.
El fin de la Argentina no es profecía, es diagnóstico. La Argentina fue dejando de ser una trama integrada y devino archipiélago de enclaves extractivos conectados hacia afuera, hacia la exportación y el contrabando, separados por intersticios desertificados. El gobierno libertario ofrece al mercado inmobiliario la oportunidad de crear santuarios anarcocapitalistas arrancados a la soberanía política sobre el territorio. No debería sorprender: la corriente de opinión inaugurada por Friedrich Hayek prevé desde sus inicios, a mediados del siglo XX, esta estocada final a los Estados nacionales: la fragmentación y apropiación corporativa de porciones de espacio,la secesión.La matriz urbanística es la de zonas económicas especiales, ciudades gestionadas como empresas que calzan perfectamente en la estructura económica misma del modelo posneoliberal argentino, un combo de latifundio, contrabando, futurismo y especulación financiera desconectada de la economía real.
Tal tipo de postulados económicos se corresponde con esta morfología urbana. La privatización de la expansión metropolitana sostenida hace cincuenta años es la hoja de ruta anarcocapitalista. Excepciones a los códigos de planeamiento urbano forjaron un régimen de prácticas para el que la ley es solo una sugerencia. El zócalo sobre el que avanzan en el Congreso los ejecutores del plan de gobierno es el tramo final de un proceso histórico impulsado por nombres que se repiten.
Javier Milei no destruye un Estado de manual. Lo que algunos lamentan era ya un estado-espejismo instrumental al status quo de negocios. Lo cual explica muchas cosas.
El 12 de mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió al tecno-oligarca Peter Thiel, fundador de las mega empresas tecnológicas PayPal y Palantir, instalado en Buenos Aires desde abril. El misterio es el sello de las operaciones “exotéricas” (anda alertando sobre la llegada del Anticristo) de Thiel. Sus narrativas sci-fi se apilan sobre los disparates económicos y complejizan la lectura de lo que busca. El verdadero sentido de sus teatralizaciones se encuentra lejos de las fotos, como lo demuestra la investigación reciente de Anfibia y Reporteros Sin Fronteras, “Hackear a Peter Thiel”. Más bien, está en esa reforma al régimen de propiedad que impulsa el gobierno libertario —los RIGI, las modificaciones en la Ley de Glaciares y la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”— que es el core de la agenda de la tecno-oligarquía global.
El archipiélago exportador
La Argentina no es destino turístico de excéntricos magnates y emires fanáticos del paisaje. Tampoco es sólo refugio contra el Armagedón nuclear, aunque no falten inversores que quieran explotar ese nicho paranoico, como la estancia Wamani desarrollada por el millonario argentino Martín Varsavsky en Mendoza. Esta etapa final de la Argentina es la secesión territorial con o sin ley específica. Thiel no requirió norma alguna para hacerse con una parte de Vista Energy, la petrolera de Miguel Galluccio.
El suelo fértil para este tipo de exploraciones es la tradicional desigualdad argentina en la relación entre lo público y lo privado. De un lado, el planeamiento urbano de un Estado enclenque; del otro, el poder de empresarios que conocen mejor que nadie cómo sacarle provecho a ese Estado poroso. Así, el escenario de tensiones entre corporaciones —y entre las potencias Estados Unidos y China—, se traslada a la apropiación de nuestro territorio. Como si fuera tierra virgen, se lo disputan fondos de inversión respaldados por el movimiento trumpista MAGA, la corona británica, rabinos norteamericanos, emires árabes, empresas chinas y las redes parasitarias de las élites locales, siempre dispuestas a venderle todo a cualquiera.
Por eso la revolución que amenaza con fragmentar al país en un archipiélago tiene la forma de las Zonas Económicas Especiales, utopías de ecosistemas sin democracia ni derechos laborales, donde los multimillonarios son déspotas. Sobre esta iniciativa explicó el investigador canadiense Quinn Slobodian: “fue celebrada, y a menudo puesta en acto, por una hueste de ultracapitalistas, libertarios y neoliberales que creían posible escapar de las ataduras de la supervisión y el control democráticos. (…) Una suerte de mundo posible gobernado únicamente por el contrato y el intercambio, dejando atrás el legado hecho bolsa de soberanía popular o gobierno representativo”.
En la Argentina, esta matriz global opera sobre un sistema de negocios inmobiliarios ordenado hoy por lo que el investigador Michael Goldman describe como speculative urbanism (urbanismo especulativo): la producción de ciudad como activo financiero, sobre los ejemplos de Dubái, Shanghái o Singapur, y ejecutada sin deliberación democrática en nombre de la eficiencia. Un urbanismo neoliberal que elude regulaciones e impone de facto un nuevo diseño del espacio. Algo equivalente a lo que Uber le hizo al transporte y Pay-Pal a las transacciones comerciales. Un urbanismo de plataformas, explica la socióloga australiana Sara Barns, que crea sus propias reglas internas independientes de los sistemas legales y constitucionales.
El promotor de Próspera llegó a la Argentina antes que el tecnomagnate. El 7 de julio de 2025, el cofundador del enclave hondureño, Gabriel Delgado Ayau, entró a la Casa Rosada y se reunió casi dos horas con el entonces jefe de asesores del presidente, Demian Reidel. Nieto de Manuel Ayau —fundador de la Universidad Francisco Marroquín y presidente de la Sociedad Mont Pelerin, nodo fundado por el propio Hayek—, define las ciudades privadas como un “modelo transportable” y sostiene que la Argentina podría “crear nuevos espacios para invertir, emprender y experimentar”. Reidel, quien debió salir del gobierno en medio de denuncias de sobreprecios en Nucleoeléctrica Argentina, es también el impulsor de los proyectos de data centers de OpenAI en la Patagonia.
Un detalle que debería pesar en las deliberaciones sobre el Súper RIGI es que cuando el Congreso hondureño, bajo el gobierno deXiomara Castro en 2022, derogó el régimen de zonas especiales, ZEDEs en aquel sistema jurídico, Próspera demandó al Estado en el CIADI del Banco Mundialpor 10.775 millones de dólares por “daños a inversiones” (el presupuesto total de Honduras de este año es aproximadamente 16.758 millones de dólares). En 2025, el monto del reclamo bajó a 1.630 millones, pero como el nuevo gobierno de Nasry Asfura pertenece a la fuerza de ultraderecha que había apadrinado las ZEDEs, el desenlace previsible de esta historia es el de una extorsión que toma de rehén al Estado mismo.
Los tecno-oligarcas temen morir tanto como odian pagar impuestos. Por eso impulsan lasfreedom cities, ciudades de libertad, a la vez guarida fiscal basada en criptomonedas y paraíso de experimentaciones clínicas enloquecidas. Allí no corren los controles estándar de alimentos, medicinas y ensayos clínicos. Son refugio de startups y figuras que promueven soluciones eugenésicas en visiones edulcoradas. Tal es el caso del Próspera Bio Hub, que experimenta con terapias no aprobadas por las autoridades estadounidenses; de Minicircle, respaldada inicialmente por Thiel y Sam Altman, CEO de OpenAI, que promete “alinear tus genes con tus ambiciones”. Bryan Johnson, el biohacker que aplica sobre sí mismo ingeniería genética para la extensión de la vida y vende suplementos alimentarios también se sometió a experimentos allí en 2023. Fue antes de anunciar que padece una enfermedad degenerativa extraña.
Las ciudades “desreguladas” son producto de una historia de disrupciones urbanas, sueños digitales y gobernanza corporativa. Así es como la producción de la ciudad de esta etapa del capitalismo se convierte en una de las mayores fuentes de reproducción del capital financiero. La nomenclatura llega en inglés porque cada término importa mecánicas conceptuales llave en mano. Imaginarios de “islas de fantasía” que promueve el premio Nobel de economía Paul Romer, fascinación neoliberal en torno al estatuto colonial de Hong Kong y de Singapur, postulados de free-market cities, derivas de lasgated communities (barrios privados, como Nordelta), charter cities, start-up cities, freedom cities que son parte de la plataforma política del trumpismo. Las lecciones mal aprendidas de varios experimentos fallidos no llegan a impugnar estos experimentos: Hargeisa proyecto delirante financiado en parte por el Estado de bienestar en Somalia, el proyecto de ciudad inteligente Sidewalk Toronto propulsado por Google, y la citada Próspera.
La arquitectura jurídica para blindar el nuevo urbanismo de fragmentación y secesionista llega del norte. Pero en Argentina hacen pie en un régimen de hecho erigido sobre excepciones a la norma y negocios inmobiliarios desde 1976. Nombres como los de Eduardo Costantini y Eduardo Elsztain son los más representativos del tipo de empresario especializado en la producción privada del espacio urbano residencial para los sectores más acomodados, una explotación de la segregación socioespacial de urbes cerradas, que se hizo posible merced a las inversiones públicas en infraestructura —especialmente autopistas— de los años sesenta y setenta.
El canciller Pablo Quirno explicó a principios de agosto que la idea detrás de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es permitirle a algún extranjero “comprar una provincia o un pueblo”. Pero la extranjerización anhelada por el mileísmo no es mera venta de tierras a ciudadanos de otra nacionalidad. Es sinceramiento jurídico del régimen de hecho. Y el Súper RIGI, con media sanción en Diputados, que el ministro de Economía presentó como un régimen orientado a la instalación de data centers, está pronto a tratarse en el Senado.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, en agosto de 2026 había 13,3 millones de hectáreas rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, casi el 5% del país. 31 departamentos superan el límite legal del 15% máximo en manos extranjeras; 14 están por encima del 25%. En marzo el Gobierno propuso directamente eliminar ese límite dentro del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Lo apoyó la Sociedad Rural con el argumento del precio es un negocio que tiene la vista puesta detrás del horizonte: la hectárea de la zona núcleo cotiza 15 mil dólares contra 25 mil o 30 mil en Iowa. Argentina es el cuarto reservorio mundial de tierra negra (con 39,7 millones de hectáreas) después de Rusia (326,8 millones), Kazajistán (107,7 millones) y China (50 millones).
Esa es la estructura que cobija un ecosistema de negocios con el suelo rural y urbano convertido en encajes financieros.
En este mercado se abre ahora el capítulo de los data centers, centros de cómputo indispensables en la cadena de valor de la inteligencia artificial y las criptomonedas. La primera fase de esta verdadera carrera del oro fue Stargate Argentina, joint venture de OpenAI, la empresa de Sam Altman, junto a la local Sur Energy para levantar en la Patagonia un centro de datos de 500 megavatios con hasta 25 mil millones de dólares de inversión, estructurado, claro, bajo el RIGI y sus treinta años de privilegios fiscales, monetarios y aduaneros. Desde su anuncio el año pasado no se supo más de Stargate, aunque especialistas consultados para esta nota aseguran que estaría a la espera definiciones de beneficios fiscales para avanzar.
La doble operación de extirpación de soberanía, territorial y popular fue avanzando junto al sistema económico de especulación monetario-financiera y la hegemonía centrada en la city porteña, la bolsa de Rosario, las redes de la exportación y del contrabando. Ahora muta hacia su etapa superior, la cripto y la guarida fiscal.
Mutación urbanística: programa, no desregulación
Lo que progresa no es desregulación, sino enajenación, en las dos acepciones del término. El suelo cambia de dueño y, en el mismo movimiento, la ciudad pierde el control deliberativo sobre su propio destino.
Los números del conurbano describen la transformación. Hay más de 500 urbanizaciones privadas en la región metropolitana de Buenos Aires. Conglomerados de grandes dimensiones que dividen o encierran localidades preexistentes, lo que la investigadora del Conicet Sonia Vidal-Koppmann llama “nuevas fronteras urbanísticas”, un fenómeno de agregación que la normativa de ordenamiento territorial “no ha podido controlar”.
El caso del partido bonaerense de Tigre muestra la mecánica fina: 70% de expansión del suelo urbano entre 1980 y 2017. Y el dato revelador: los grandes movimientos de tierra del período 1999-2017 (los años del auge de Nordelta y sus clones) se hicieron al amparo de apenas dos ordenanzas, según la reconstrucción de Ana Fehrmann. La norma madre sigue siendo, por lo demás, el Decreto-Ley 8912, sancionado por la dictadura en 1977.
La impotencia normativa es, en realidad, la verdadera política de planeamiento urbano caótico. Como señala la economista Jayati Ghosh, “desregulación es una antífrasis”, la palabra nombra lo contrario de lo que hace pues en realidad se trata de una regulación explícita “al servicio de los hedge funds y las tecno-élites”.
Y, sin dudas, en esta jornada larga gran favor le hizo al desarrollo de las zonas la reforma constitucional de 1994. Con marketing progresista, convirtió a las administraciones provinciales en cobradoras de regalías. Un federalismo invertido en el que cada excepción a códigos de planeamiento votada de madrugada es regulación a favor de alguien.
La “respetabilidad” cotiza
El empresarialismo urbano, como lo denominan los ingenieros María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, se va cristalizando en códigos de edificación con el apoyo político de la derecha argentina. La reforma porteña de 2018 pasó de zonificar por usos a regular por morfología y capacidad constructiva, redujo la superficie destinada al centro libre de manzana, favoreció las demoliciones para así captar la nueva y mayor edificabilidad habilitada. Es decir, convirtió al suelo porteño en una grilla de derechos de edificación negociables. Lo financiarizó.
La maniobra se perfeccionó en 2024. En una sesión maratónica en la que se despacharon más de 300 expedientes, la Legislatura porteña aprobó otra reforma. Esta se vendió como preservación de la identidad barrial. Pero en lo decisivo, optimizó el mercado de derechos de edificación transables al habilitar la transferencia de capacidad constructiva desde los barrios del sur a otros donde la demanda retribuye mejor. El metro cuadrado se desprendió del terreno y se convirtió en activo financiero comprado barato en La Boca o Barracas y transado caro en Palermo o Belgrano.
El resultado: demoliciones a la orden del día, “cascarones vacíos” que conservan solo la fachada tapiada; catalogaciones desestimadas por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el Chalet Tudor de Bustillo en venta pese a estar protegido, entre otras. Así se aseguró un mercado con unidades cuyo metro cuadrado supera los 4 mil dólares, en una ciudad con 200 mil viviendas vacías y unas 12 mil personas durmiendo en la calle. ElObservatorio del Derecho a la Ciudad llama al modelo de la derecha porteña “la utopía excluyente”. Un sistema en tres tiempos: desplazamiento de sectores vulnerables mediante operativos punitivos, criminalización de la supervivencia —intentos de internación forzosa de personas en situación de calle— y gentrificación.
La compra de la mansión de Thiel en Buenos Aires se inserta en esta dinámica y anticipa la etapa siguiente: 13,5 millones de dólares pagados por Birkdale Emprendimientos, una sociedad constituida 49 días antes de la operación, detrás de la cual la Inspección General de Justicia identificó al abogado jefe y al director financiero de Thiel Capital. La técnica de las sociedades interpuestas (shell companies) que se usó en CABA y el conurbano bonaerense tuvo su propio laboratorio de ensayos en la Patagonia.
El futuro, hoy aquí
La conversión del territorio nacional en un archipiélago de zonas tiene precedentes consumados.
Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, es el ejemplo más claro. El magnate inglés Joe Lewis, dueño del equipo de fútbol Tottenham Hotspur de Londres, logró hacerse una estancia en los noventa, que estaba ubicada a pocos kilómetros de El Bolsón. Y en esa operación se apropió también del lago que estaba cerca. En la misma movida, había adquirido tierras en la costa atlántica, donde construyó una pista de aterrizaje más extensa que la del Aeroparque porteño.
Su impulso fagocitador de campos acabó enfrentando a este Gold Silver de la Trulalá patagónica con la población comunitarista que persiste allá. La reacción fue la movilización recurrente de activistas en reclamo de acceso libre al lago en las Marchas por la Soberanía.
Lago Escondido es la secesión de facto: territorio cercado, acceso público judicializado eternamente, jurisdicción extranjerizada dentro del mapa argentino, con el sistema político convalidando todo. Lewis, quien fue indultado recientemente por Donald Trump de su condena a prisión en Nueva York por maniobras financieras irregulares, fue protegido de Mauricio Macri. El expresidente llevó a Barack Obama 1.700 kilómetros hasta aquella mansión a discutir vaya uno a saber qué, durante la presidencia argentina del G20. Fue Macri, además, quien lo favoreció directamente al romper la restricción de que extranjeros acumulen tierras en áreas prioritarias para la seguridad nacional. Su decreto 820/2016 elevó del 25% al 51% el umbral accionario para considerar extranjera a una empresa.
A escasos kilómetros del feudo de Lewis se encuentra el fideicomiso Amaike, de capitales de Emiratos Árabes Unidos. La estancia Las Marías pertenece a la casa real de Abu Dhabi. El tramo de la Ruta 40 que une Bariloche con El Bolsón se convirtió, según el diario Tiempo Argentino, en una servidumbre de paso por el interior de un solo bloque de tierras extranjerizadas: cuatro grupos —Qatar, Emiratos Árabes Unidos, la belga BURCO y el británico Lewis— controlan allí unas 110 mil hectáreas, casi seis veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Una sola montaña repartida entre propietarios extranjeros, y las nacientes de cuatro ríos adentro del alambrado.
Lewis le vendió recientemente al emir de Qatar su estancia de la costa oceánica rionegrina, con pista propia de 2.200 metros y hangares para aeronaves de gran porte, a tiro de las Islas Malvinas.El enclave británico se transfirió al enclave catarí.
Los árabes perfeccionaron el modelo de Lewis. Los capitales del Golfo Pérsico entraron encubiertos por sociedades fantasmas habilitadas por el decreto macrista. Y todo hubiera pasado desapercibido si este año las triquiñuelas no hubieran saltado en los tribunales, generando un escándalo que complica al gobernador Alberto Weretilneck.
El 7 de abril, el expolista Hugo Barabucci confesó en un juicio que él había comprado un campo de 20 mil hectáreas condos millones de dólares donados por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Detrás de esta revelación apareció unentramado de sociedades fantasma, testaferros y fideicomisos que transfirió finalmente la propiedad a manos directas de dos hombres del poder emiratí: Osama Hussein Saleh Hussein Alahdaly, hombre de confianza del emir de Abu Dhabi, y el general retirado Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri, presidente del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos.
En febrero, en pleno bombardeo iraní contra bases estadounidenses en Emiratos, su presidente, emir de Abu Dhabi y comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas,Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a Bariloche con una comitiva de 200 personas. ¿Cuál será la naturaleza de esta urgencia?
La zona al dock
En el sur de la CABA todo está listo para la nueva zona libertaria. “Ramblas del Plata” no será un barrio porteño más. Una propuesta que IRSA, la empresa de Eduardo Elsztain, que busca emular la revolución urbanística de Margaret Thatcher en los docks londinenses del East End de los años setenta. Una ciudad entera de iniciativa privada sobre 71,6 hectáreas ganadas al río, entre la Reserva Ecológica y La Boca. Es el proyecto urbano más grande del país. Un Puerto Madero con esteroides, diría Trump. El volumen del negocio: 1.800 millones de dólares de inversión en tres etapas, 895 mil metros cuadrados de capacidad constructiva para entre 6 mil y 10 mil viviendas de lujo en torres, oficinas, hotelería, comercio, escuelas y un paseo costero. IRSA vendió este año casi todos los lotes de la primera etapa.
IRSA es dueña del suelo, fija el masterplan y vende lotes aotros desarrolladores que edifican dentro de sus reglas. Es una zona económica especial de hecho. Su régimen urbanístico no surge del código general de la ciudad sino de un convenio público-privado sancionado a medida del proyecto; el espacio público queda bajo mantenimiento privado por contrato; y la escala es la de una ciudad mediana con gobierno propio. Es exactamente el desplazamiento que Sonia Vidal-Koppmann viene documentando desde hace veinte años en la región metropolitana: de la construcción de barrios cerrados a la creación de ciudades privadas. La desigualdad constitutiva de estas zonas la ubica pegada a la villa Rodrigo Bueno. El contraste no podía ser más lógico.
Pero quien crea que esto empezó con Macri-Rodríguez Larreta y Milei debe mirar el antecedente de Isla Demarchi, un predio vecino a Ramblas del Plata. En 2008, la presidenta Cristina Kirchner se reunió con Elzstain, en lo que fue el puntapié inicial de una cooperación de las fuerzas políticas que ella conducía para aprobar en la Legislatura porteña las modificaciones que requerían los proyectos de IRSA.
En 2012, el gobierno del Frente para la Victoria anunció en Isla Demarchi un Polo Audiovisual: doce hectáreas frente al río presentadas como un “Central Park porteño”, con una torre de 335 metros y 67 pisos, estudios de televisión, un hotel de lujo en los pisos superiores y un estadio. El “Hollywood argentino”, financiado a través de la ANSES, interesó también a Elsztain quien incluso recorrió Isla Demarchi a pie junto a su hijo y a funcionarios de presidencia por aquellos días. En 2017, un decreto de Mauricio Macri canceló el Polo y las tierras volvieron a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) donde todavía esperan su turno.
Para confirmar que la enajenación de territorio es un movimiento furtivo pero coherente, Milei y Caputo rediseñaron por decreto el Puerto de Buenos Aires, instruyendo a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a convocar iniciativas privadas para financiar y operar proyectos urbanos público-privados. La hipótesis que trabajos académicos liberalizadores venían modelando, la “paulatina reducción del espacio operativo portuario y un traspaso hacia lógicas de urbanización comercial y residencial”, se convierte en business.
No se puede hacer más lento.
¿Malvinas ZEDE?
Trump corrió por izquierda al entonces primer ministro laborista del Reino Unido, Keir Starmer, amagando con respaldar el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas a comienzos de este año. Semanas más tarde, él mismo recordó que su país no tiene amigos más íntimos que los británicos. Esa fugacidad hizo pensar que se trataba de una represalia por negarse a acompañar la cruzada contra Irán.
A nosotros nos conviene tomarlo en serio por otro motivo. Leído desde la lógica de la secesión, estos gestos no serían tanto reparación histórica sino caballo de Troya. Washington no le entregaría las Islas a la Argentina, algo absolutamente improbable. Pero el lobby MAGA podría querer quitarle el dominio de las islas al Estado británico, para crear una ZEDE controlada por corporaciones multinacionales en el Atlántico Sur. Un vigía de occidente con su propio régimen jurídico, fiscal, autonomía presupuestaria y ciudadanía por contrato.
Las condiciones materiales para que esto ocurra fueron zanjadas con la aprobación por el gobierno de ocupación del proyecto petrolero Sea Lion en el que participa también una empresa israelí. De la guerra de 1982 a esta parte, el gobierno kelper se convirtió en un “embrión de un Estado nacional” al decir del especialista Federico Lorenz. El petróleo pasó a consolidar una cierta independencia de Malvinas respecto de la metrópoli británica. Condiciones óptimas para la instalación de un nodo geopolítico en el molde de la ciudad-estado-empresa. Normalizar la relación entre la administración colonial y el gobierno argentino amortizaría costos de mantenimiento logístico del enclave. Pero eso no es soberanía.
Legalizar el estado de cosas
El mapa de las innovaciones legislativas del tipo RIGI avanza sobre los pasos de la ley de Bases inicial de Milei para completar la obra de fragmentación del país. El nuevo corpus empujado por Sturzenegger y la City no es otra cosa que la adecuación del sistema legal al estado de cosas y su blindaje hacia el futuro.
Thiel en la Argentina representa el avance de la agenda global defreedom cities, microestados anarco-capitalistas. Y viene porque aquí se está fabricando algo mejor que Próspera. El magnate habría inscripto a sus tres hijas en un colegio porteño como prueba de su convencimiento. La Argentina ofrece a la tecno-oligarquía escala continental, recursos estratégicos, un sistema jurídico perforado por décadas de cesiones discretas, un gobierno que se asume “topo” destructor del Estado que administra, y una distancia cierta de los descalabros geopolíticos que ellos mismos fomentan en Oriente Medio y Europa. Es el prototipo exportable del nuevo régimen de propiedad, inspirado en representaciones idealizadas del feudalismo. La etapa superior del capitalismo financiero en la era de las plataformas y el triunfo de la contracultura antidemocrática. Esta vez parece que el tiro del final sí va a salir.
Y aquí debemos sumar otro factor de incentivos que aceita el proceso histórico de la secesión: el ladrillo como puerta de entrada del dinero global anonimizado. El especialista en crimen organizado Jean-François Gayraud, autor de Le nouveau capitalisme criminel (2014), señala cómo el negocio inmobiliario compra el territorio y la respetabilidad en la misma operación. Los “profesionales grises” —abogados, escribanos, agentes inmobiliarios, banqueros— son los facilitadores indispensables que hoy cuentan con ministerio propio en los gabinetes de Milei y el primo de Macri.
Esta arquitectura jurídica del despojo se afina con el paquete de “inocencia fiscal II”, aprobado en Diputados hace algunos días, que promete volver a blindar a los millonarios del escrutinio sobre el origen de sus fondos. “La evasión y elusión fiscal, los flujos financieros ilícitos, la fuga de capitales y el lavado de activos son fenómenos diferentes pero estrechamente interconectados”, sostienen las especialistas Verónica Grondona y Magdalena Rua. La opacidad es el sello del avance disimulado del programa socio-político de la tecno-oligarquía.
René Lavand engañaba, pero avisaba: no se puede hacer más lento. El gobierno libertario hace el mismo truco pero con las dos manos y el establishment global a favor. En el teatro, cuando la magia termina, el naipe desaparecido vuelve a aparecer. Los países, como la Argentina, tristemente no.
Quería comenzar esta nota con dos preguntas que se hizo mi amigo Hernán: ¿ Porqué las vacunas no tienen campañas publicitarias como la coca cola?¿Porqué una campaña anti sistema puede afectar a la salud de la humanidad? Se conocen de más a lxs anti-vacunas, quienes, por lo general, sin fundamentos o con argumentos sin evidencia…
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