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PROYECTOS PRESENTADOS EN EL CONCEJO DELIBERANTE

Este es un resumen de los proyectos tratados en la sesión del jueves 06 de mayo, que fueron remitidos para ser analizados a las diferentes comisiones.

Uno de ellos es el Proyecto de ordenanza (exp. 311) mediante el cual se propone crear en el ámbito del concejo deliberante de Villa Regina el CONSEJO LOCAL DE PERSONAS MAYORES. Presentado por el Bloque Frente de Todos.

El mismo expresa sobre su creación en el ámbito del Concejo Deliberante de Villa Regina y define su integración por una persona representante de las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, vinculadas al enfoque y que día a día tratan con adultos mayores.

El proyecto estipula en relación a sus funciones y objetivos para el Consejo Local de las Personas Mayores; “a) dictar su propio reglamento; b) asesorar y aconsejar al poder ejecutivo municipal mediante la presentación de proyectos o la elevación de informes en la implementación de la política necesaria para mejorar la calidad de vida de las personas mayores; c) participar en los programas que se desarrollen relativos a las personas mayores realizando un monitoreo y evaluación de los mismos; d) propender las relaciones intergeneracionales potenciando y reivindicando la experiencia vivida como fuente de conocimiento y saberes; e) crear y actualizar base de datos relativos a la temática tales como: registro de hogares para personas mayores habilitados registro de problemáticas sociales y habitacionales de la población mayor, registro de instituciones que promuevan los derechos de las personas mayores y otros registros necesarios para contar con la información necesaria para la toma decisiones en la materia; f) firmar convenio o adherir a programas que trabajan en la problemática de personas mayores con organismos privados o públicos del Estado Nacional, Provincial o Municipal; g) difundir los derechos de la personas mayores como forma de propiciar su cumplimiento por parte de toda la comunidad y h) mejorar la calidad de vida de las personas mayores organizando actividades recreativas, culturales y sociales en las cuales sean participes fundamentales”.

Este proyecto, fue remitido para su tratamiento específico a la Comisión de Asuntos Sociales.

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Otro Proyecto de Ordenanza (exp. 316) que propone incorporar el principio de PERSPECTIVA DE GÉNERO como norma y lineamiento de formulación, seguimiento, ejecución y evaluación del presupuesto de gastos y recursos de la Administración Pública Municipal. Presentado por el Bloque Frente de Todos.

Y estipula que a los efectos de esta ordenanza “se entiende por presupuesto con perspectiva de género a la estrategia de visibilización y análisis de las acciones presupuestarias destinadas a mujeres y a promover la igualdad entre los géneros y el respeto a la diversidad sexual”.

Además, “la incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto se hará efectiva a través de los siguientes instrumentos: a) la etiquetación a nivel de programa, proyecto y actividad en la medida, que incluya acciones dirigidas a las mujeres y a promover la igualdad entre los géneros y el respeto a la diversidad sexual; b) la incorporación de lenguaje inclusivo en la descripción de los programas y sus objetos; c) la inclusión de promoción de la igualdad de Género como uno de los ejes en el Plan General de Acción de Gobierno”.

Este proyecto de ordenanza fue remitido para su tratamiento a la Comisión de Asuntos Sociales.

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Otro Proyecto de Ordenanza (exp. 326) ingresado propone la adhesión a la Ley Nacional número 25.643 de TURISMO ACCESIBLE y a la Ley Provincial número 4.455 Proyecto presentado por el Bloque Somos Villa Regina.

En el contexto local, el presente proyecto prevé la autorización al “Poder Ejecutivo Municipal a celebrar convenios de colaboración con organismos, instituciones, ONG y cualquier otra entidad internacional, nacional y provincial, con fines de crear opciones en materia de Turismo Accesible para la ciudad de Villa Regina”.

“En concordancia con lo establecido en la ley D n° 2055, impone para los servicios que brinden en Río Negro los operadores y prestadores turísticos, en lo referente a la atención que se debe ofrecer y garantizar, con trato personalizado, a quienes padecen alguna discapacidad física, psíquica o sensorial, con problemas o dificultades de acceso a las infraestructuras y servicios asociados a la actividad turística”.

La Ley Nacional establece como “turismo accesible es el complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientado al turismo y la recreación, que posibilitan la plena integración «desde la óptica funcional y psicológica» de las personas con movilidad y o comunicación reducidas, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante y una mejor calidad de vida”.

Este proyecto pasó para su tratamiento en específico a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

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Otro ingreso fue el Proyecto (exp. 323) que propone declarar de Interés Municipal al MURAL DE LA DIVERSIDAD “DIVERSES”, Sito en la calle 9 de Julio zona edificio de la Cooperativa “La Hormiga Circular”, que se inaugurará el día 17 de mayo del 2021. El presente es un proyecto conjunto de las Concejales Claudia Maidana (JSRN) y María Eugenia Paillapi (SVR).

El mencionado proyecto establece “que el Mural de la Diversidad se llamará «diverses» en referencia a un movimiento de ideas jóvenes de prosperidad y de avances en el logro de derechos, pero también, como un mensaje de reconocimiento de la lucha que han venido haciendo muchas personas de nuestra comunidad”.

La fecha de inauguración del mismo “es el diecisiete de mayo (17 de mayo) del corriente año, debido a que es el Día Internacional de la Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género teniendo en cuenta la relevancia de la fecha la consideramos apropiada para hacer la presentación de tal proyecto”.

Y agrega “que este Mural manifiesta no sólo la presencia de la diversidad de géneros y orientaciones sexuales en nuestra comunidad, sino todo nuestro trabajo de lucha hecho y por hacer, así como también la incansable pelea que han dado quienes antecedieron la lucha Lesbianas, Gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, queers, intersexuales, asexuales y toda persona que nos identifique con las anteriores (LGTBQIA+)”.

Proyecto de declaración remitido a la Comisión de Asuntos Sociales para su tratamiento en particular.

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    Por Ramiro C. Ferrante para NLI

    La iniciativa contempla cooperación militar, provisión de equipamiento, entrenamiento especializado y tareas de vigilancia marítima durante los próximos cinco años. Según trascendió, el acuerdo comenzó con la entrega de tecnología para aeronaves destinadas al patrullaje del mar argentino, pero prevé una expansión progresiva con “equipamiento avanzado” y apoyo operativo para interceptar amenazas marítimas. Para sectores críticos, el problema excede cualquier cuestión técnica: el gobierno vuelve a colocar áreas estratégicas argentinas bajo tutela extranjera.

    El concepto que encendió todas las alarmas

    Uno de los puntos más cuestionados fue el lenguaje utilizado por Washington para justificar el despliegue. El Atlántico Sur fue definido como un “bien común global”, una expresión que para especialistas en soberanía y defensa implica relativizar el control argentino sobre una de las zonas geopolíticas más importantes del planeta.

    No se trata de un territorio cualquiera. Allí confluyen las mayores reservas pesqueras del hemisferio sur, corredores marítimos estratégicos, recursos energéticos offshore y la puerta de entrada a la Antártida. Además, el Reino Unido mantiene en las Islas Malvinas una poderosa base militar con capacidad de proyección sobre toda la región.

    Por eso, la decisión de Milei de profundizar acuerdos militares con el principal aliado estratégico de Londres dentro de la OTAN generó un fuerte rechazo en ámbitos diplomáticos y académicos. Para muchos analistas, el gobierno argentino termina validando indirectamente una arquitectura militar internacional que históricamente fue funcional a los intereses británicos y estadounidenses en el Atlántico Sur.

    La polémica también escaló por el hermetismo oficial. El anuncio original no fue realizado por el Ministerio de Defensa argentino sino por organismos estadounidenses, algo que para la oposición refleja el nivel de subordinación política del gobierno libertario frente a Washington.

    Una región bajo disputa geopolítica

    El acuerdo se inscribe además en un contexto internacional de creciente militarización del Atlántico Sur. Estados Unidos busca consolidar presencia sobre corredores marítimos y recursos estratégicos, mientras el Reino Unido fortalece sus capacidades militares en Malvinas y otras potencias incrementan operaciones vinculadas a la Antártida.

    En ese tablero global, la Argentina aparece cada vez más alineada con la agenda norteamericana. Durante los últimos meses, el gobierno de Milei multiplicó ejercicios conjuntos, reuniones con altos mandos militares estadounidenses y acuerdos de interoperabilidad. La intención parece evidente: convertir al país en el principal socio regional de Washington en materia de defensa y seguridad.

    Pero esa estrategia tiene costos políticos y diplomáticos. Diversos especialistas advierten que una dependencia creciente de equipamiento, financiamiento y entrenamiento extranjero reduce márgenes de autonomía y condiciona futuras decisiones soberanas. La discusión no es solamente militar: también involucra pesca ilegal, explotación de hidrocarburos, rutas comerciales y control territorial.

    Incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas existen sectores que observan con preocupación el reemplazo de una política de desarrollo nacional de capacidades por un esquema de dependencia tecnológica externa. El problema, sostienen, es que la Argentina termina actuando como plataforma subordinada dentro de intereses estratégicos ajenos.

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    El trasfondo del conflicto vuelve a colocar en escena una pregunta histórica: quién controla realmente el Atlántico Sur. Mientras Milei profundiza vínculos militares con Estados Unidos, crecen las dudas sobre el impacto de esos acuerdos en la soberanía argentina y en el reclamo histórico sobre Malvinas.

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    Toto Caputo adjudicó este viernes la concesión de una nueva tanda de rutas nacionales y avanza en su objetivo de entregarle a privados el control de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales por 20 años antes de julio.

    Ante eso, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.

    En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.

    A la vez, denunciaron que, más allá de algunos movimientos de tierra, «no hay un kilómetro de nuevo asfalto» en los tramos de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226 que atraviesan la provincia de Buenos Aires y que fueron entregados al control de privados.

    En su resolución de viernes (ver abajo) el ministro de Economía le otorgó al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco la concesión de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 205 y 226.

     En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90 

    Además, le entregó mendocina Ceosa (Construcciones Electromécanicas del Oeste) la concesión de la Ruta Nacional 5 entre Luján (Buenos Aires) y Santa Rosa (La Pampa). Ceosa cotizó una tarifa de peaje inicial de 2.850 pesos.

    En tanto, el consorcio ganador de las autopistas y las rutas 3, 205 y 226 cotizó una tarifa de peaje de 1.206 pesos. Eso, con el aditivo de una multiplicación de las cabinas de peajes.

    «En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90», dijo a LPO Ricardo Lasca titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).

    Al final la primera obra pública de Milei se hará con fondos públicos

    En esa entidad, advierten que en la Red Federal de Concesiones promovida por el gobierno libertario no existe inversiones de envergadura para evitar los choques frontales. «Es solo corte de pasto y mantenimiento. Es una estafa», acusó Lasca.

    Un dato relevante es que para los 1.800 kilómetros de rutas que Caputo adjudicó este viernes, el Gobierno exige apenas 84,3 kilómetros de obras nuevas: 28,75 kilómetros para el caso de las autopistas y 55,98 kilómetros de ruta segura en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22.

    El tenor de obras en las rutas a privatizar por el gobierno libertario ya se advierte en la Etapa I, el llamado «Tramo Oriental» (RN 12 y 14) y Conexión (Puente Rosario- Victoria y 50 kilómeotros de la RN 174).

     En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo. 

    La empresa ganadora de esa licitación fue Autovía Construcciones y Servicios S.A., del Grupo Cartellone, involucrado en la causa Cuadernos.

    Con el control de esas trazas, la concesionaria, rebautizada como Autovía del Mercosur, al momento hizo tareas de limpieza de banquinas, mantenimiento de la calzada, mejoras en iluminación y «acondicionamiento general de la ruta».

    «Recién ahora empezaron a hacer algo», dijo Lasca que, de todos modos, advirtió que no existen obras de magnitud. Eso, a pesar de que, para las obras en la ruta del Mercosur, el banco BICE que depende de Economía puso a disposición un crédito de 56 mil millones.

    Medios europeos exponen el desastre vial de Milei y advierten que el 70% de las rutas están detonadas

    «Rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada», posteó este viernes en X el ministro de Economía.

    «Caputo habla de inversión privada, cuando las obras están financiadas por el Fondo de las Pymes y el Banco BICE. Y encima no hay ente regulador, que tendría que haber salido por ley antes de adjudicar los corredores porque las concesiones viales tienen carácter de servicio público, como la luz y el agua. Es escandaloso», acusó Lasca.

    Mientras tanto, Caputo acelera con las licitaciones del resto de los tramos en su objetivo de alcanzar la totalidad de las concesiones a mitad de año.

    Días atrás, se realizó la apertura de sobres de la Etapa II-B que abarca los Tramos Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8, RN 36, RN A-005 y RN 193), Portuario Sur (RN 9 y RN 188) y Norte (RN 9, RN 33 y la Circunvalación de Rosario). 

     

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    Tras semanas de tensiones, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques decidió liberar el pliego de Tomás Rodríguez Ponte como candidato a ocupar el estratégico juzgado federal número dos de Lomas de Zamora.

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    LPO adelantó en exclusivo que la historia tiene su costado personal. Mahiques y Ponte trabajaran durante años en el juzgado de Lijo. Pero el preferido del juez federal es Ponte, a quien promovió en acuerdo con Ricardo Lorenzetti como responsable de la Dajudeco, la dirección que se encargaba de las escuchas telefónicas.

    El juzgado al que iría Ponte está actualmente a cargo del juez Federico Villena, que lo subrroga. Según el fallo d ela Corte en el caso Bruglia-Bertuzzi, una vez que se ocupa la vacancia el juez debe regresar a su destino original, en este caso el juzgado federal de Morón.

    Mahiques toma al pliego de Ponte como rehén para negociar con Lijo

    Ponte es un funcionario judicial de carrera, respetado por sus colegas, que lo califican de «serio», una categoría que no abunda en los tribunales federales de Comodoro Py. Además de Lijo, empujan su pliego los jueces María Servini de Cubría y Marcelo Martínez de Giorgi. 

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    Mahiques y Lijo también compiten por la procuración General de la Nación, una disputa que se tramita desinhibidamente y está cruzada por la desesperación de Karina Milei por frenar las causas de corrupción contra el gobierno. 

    El actual ministro de Justicia habría prometido a la hermana del Presidente resolver sus problemas judiciales, en la estafa $Libra y las coimas de la Andis, y a cambio lo nombrarían primero ministro y después procurador.

     Sin embargo, a partir de un encuentro secreto de Lijo con Karina, se habría resuelto el envío de entre 30 y 40 pliegos (llegando a un total de 150) para esta semana que incluiría a Ponte y también estarán los que reclaman los gobernadores. 

    Una reunión de Lijo con los gobernadores Sáenz y Jalil encendió la paranoia de Karina

    LPO adelantó la rebelión encabezada por el correntino Carlos «Camau» Espínola, el misionero Martín Goerling Lara, el bonaerense Maximiliano Abad, la salteña Flavia Royón y la santafesina Carolina Losada por la demora que terminó con Patricia Bullrich apurando al ministro de Justicia.

    Ahora eso se acelerará y el gobierno mandará dos pliegos de Tucumán, uno de Catamarca, uno de Salta y el que reclamó el marplatense Maximiliano Abad. 

     

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  • 8 de noviembre: jornada no laborable por el Día del Empleado Municipal

    El lunes 8 de noviembre será día no laborable para todo el personal municipal debido a que se celebra el Día del Empleado Municipal. Así quedó establecido en el Decreto Nº 162/21. Se recuerda, por otro lado, que la recolección de residuos no se realizará en la noche del domingo, retomándose el servicio el día…

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