LA CARAVANA DEL AGRO
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LA CARAVANA DEL AGRO

La caravana por la república que se va a realizar en distintas ciudades de la Argentina este sábado. En nuestra ciudad la concejala Paillapí adhirió a la convocatoria desde su perfl de facebook y recibió el repudio de la organización Frente Patria Grande-Nueva Mayoría que fue lo que le dio visibilidad, también lo hizo luego el bloque de concejales del FdT y a su vez recibió la negativa por parte de su compañero de bloque Carlos Rodriguez de participar de la marcha.

No deja de ser una movilización que no tiene territorio en nuestra ciudad, tampoco un fundamento explícito para ejecutarse en Regina más que el acompañamiento automatizado de los que toman las cosas como les vienen, y además están bajo esa línea política que cuando fue gobierno bregó por la república de la boca para afuera, como un speach barato de esos que usan los que venden por telefóno.

El génesis del banderazo está en Rosario Santa Fe donde la gente se va a concentrar en la plaza de la bandera, además tuvo adhesiones en otras ciudades santafesinas, en Córdoba y Noreste de Buenos Aires. ¿Y Regina?.

La zona geográfica de la protesta y sus sectores líderes productivos y económicos nos dan una pauta de por dónde viene la mano, o la chata. El disparador de la autoconvocatoria es la idea del Presidente de expropiar Vicentín. Es cierto que hay un Vicentín en Regina que de alguna manera sería lo más cercano a la caravana que tenemos acá, pero le dije a un amigo que no íba a caer en ese chiste fácil.

Uno de los ejes centrales de la protesta es la pérdida de las libertades, que se convierte en medio de una pandemia en un mal chiste, alcanza con mirar hacia los costados: Chile y Brasil para desestimar el reclamo. Además cae por su propio peso al ser realizado por un sector que no dejó de trabajar en cuarentena, y no está dentro de los sectores ciertamente vulnerables que más han sufrido el encierro.

El otro eje central, es la defensa de la propiedad privada. En un país extensísimo donde mucha tierra es de unos pocos y el anhelo de la casa propia inalcanzable, la mayoría de la gente que conozco yo no estaría teniendo una propiedad para defender, ni siquiera un pedazo de tierra donde soñar defenderla.

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    La Policía Federal realizó cinco allanamientos por orden del juez federal Sebastián Casanello, cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. En los procedimientos fueron secuestrados exactamente 367.110 dólares, encontrados entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, que se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor. 

    La Justicia intenta determinar si Gallé le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonarle una deuda que su compañía mantenía con el astillero estatal. La deuda rondaba los 200 mil dólares. 

    Según la hipótesis que reconstruyen los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra investigada alcanza al menos los 220 mil dólares. Pero los allanamientos dejaron una pista todavía más comprometedora. Los investigadores encontraron un recibo manuscrito entre los involucrados por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos. También secuestraron cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, contratos, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. 

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    La causa nació de una auditoría interna realizada en Tandanor luego del recambio de autoridades. Las irregularidades detectadas terminaron en una denuncia de la propia empresa y Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. 

    El episodio atraviesa una empresa que LPO viene siguiendo desde el comienzo del gobierno libertario. Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. 

    Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión. 

    Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Hernández despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados y contrató a BDO para realizar una auditoría. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión, precisamente el área que concentraba información sensible sobre el funcionamiento de la compañía. 

    La decisión generó una crisis interna. Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina y una de las integrantes del directorio, terminó alejándose de la empresa en medio de diferencias con el rumbo que había tomado la conducción. 

    La gestión de Hernández ocurrió además mientras dentro de Tandanor crecían las sospechas de que el gobierno preparaba el terreno para rematar activos de la empresa. El astillero no solamente tiene capacidad industrial estratégica: ocupa más de 30 hectáreas en uno de los terrenos más codiciados de Buenos Aires. 

    El interés inmobiliario siempre sobrevoló la discusión. Frente a Tandanor se encuentra el gigantesco desarrollo Solares de Santa María en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. La posibilidad de liberar las tierras del astillero multiplicó las sospechas sobre qué había realmente detrás del interés libertario por desprenderse de la compañía. 

    Hernández finalmente dejó el cargo y en su lugar desembarcó Mauricio González Botto, otro hombre directamente vinculado a Posse. Antes de llegar a Tandanor, González Botto había tenido bajo su órbita el universo de las empresas públicas y participado del diseño inicial de las privatizaciones del gobierno. 

    Ahora, mientras el gobierno vuelve a mover las fichas alrededor del futuro del astillero, la Justicia reconstruye qué ocurrió puertas adentro durante aquella etapa. Los 367 mil dólares, el recibo escrito a mano y los movimientos bancarios secuestrados dejaron de ser una auditoría administrativa para convertirse en una causa federal por cohecho.

     

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