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PERRO SUELTO CUIDADO

Vecinos de la ciudad recibieron una notificación por parte del municipio como pre aviso de multa si continúaban alimentando a perros callejeros. Desde #LaTapa, Luciano Ramirez, estudiante de abogacía, nos explicó porque no pueden prohibirnos de llevar a cabo esta acción, por cierto bondadosa y humanizada. Y además, nos explicó que la Ordenanza Municipal 014-14 hace cargo al municipio de los animales que deambulen en la vía pública, siendo el máximo organismo local quien debe ocuparse de su cuidado médico, esterilización y puesta en adopción.

Nunca es sorpresivo, que organizaciones intermedias complementen determinados trabajos que le corresponde al máximo organismo local, hace tiempo que las intermedias suplementan cuestiones que escapan al ejecutivo y legislativo reginense. Pero en esta situación particular, quienes toman la posta son los ciudadanos de a pie, sin mediación de ninguna institución, motivados solo por la sensibilidad social ante los animales que indefensos viven en la calle. Se viene gestando y contagiando, una responsabilidad social para con los animales (digna del ser humano, a veces olvidada) que rompe barreras generacionales y que con ayuda de las redes sociales se viraliza y alcanza altos grados de solidaridad.

La castración gratuita, la colaboración municipal con las ONGs locales, el quirófano móvil nos ponen a la vanguardia del cuidado de los animales en la zona. Decidir multar a quienes colaboran desinteresadamente es un paso atrás ante tanto avance de consciencia en relación a la responsabilidad social con los animales, y en especial los “callejeros”. Es irrisorio que se haga hincapié en un acto humanizado y voluntario para con un ser desprotegido, y se intente prohibirlo.

La solución más simple y absurda; siempre es prohibir. Lo complejo, costoso y razonable; es pensar, investigar y buscar soluciones profundas, que de seguro llevan tiempo, pero terminan por hacer desaparecer la problemática. Este es el camino por el que hay que continuar.

Gráfica: Germán Busin
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    En silencio y bajo el paraguas del DNU 849/2025, Milei entregó al Ministerio de Economía un poder inédito: modificar, transformar o directamente liquidar el FONDESGAS, el fondo fiduciario que financia las obras estratégicas del gasoducto argentino. La medida, camuflada entre planillas presupuestarias, puede paralizar proyectos claves, favorecer negocios privados y dejar a provincias enteras sin certezas sobre su infraestructura energética.

    Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable

    Un poder a medida del desguace

    Entre cientos de números, anexos y planillas técnicas, el artículo dedicado al Fondo de Desarrollo del Gas (FONDESGAS) pasa casi desapercibido. Pero es, en verdad, el corazón político del DNU 849/2025.

    El decreto faculta al Ministerio de Economía a “modificar, transformar o extinguir” el fondo fiduciario destinado a financiar obras de transporte y almacenamiento de gas. Traducido: pueden borrarlo de un plumazo, sin debate parlamentario y sin rendir cuentas.

    El FONDESGAS fue creado para sostener obras críticas como ampliaciones de gasoductos, infraestructura troncal, plantas compresoras y todo lo que permite que el gas llegue a hogares, industrias y centrales eléctricas. Es, en la práctica, el resguardo financiero de la soberanía energética.

    Con este DNU, queda a merced de un funcionario.


    ¿Por qué es tan grave tocar ese fondo?

    Porque en el ecosistema energético argentino hay una verdad básica: sin financiamiento estable, no hay obras. Y sin obras:

    • No avanzan los gasoductos troncales.
    • Se frena la capacidad de transporte desde Vaca Muerta.
    • Se encarecen los costos para las provincias alejadas.
    • Aumentan las importaciones de GNL en invierno.
    • Se compromete la estabilidad del sistema eléctrico.

    El FONDESGAS es la garantía de que esos proyectos no dependan del humor del ministro de turno ni de la billetera de empresas privadas cuyos intereses pueden no coincidir con los del país.

    Con la potestad otorgada por el DNU, Economía puede vaciarlo, redireccionarlo o entregarlo a operadores privados, rompiendo el mecanismo diseñado para proteger inversiones de largo plazo.


    Un botón de muestra: el antecedente de los fideicomisos

    En los últimos meses, diversos fondos fiduciarios ligados a transporte, obras públicas y energía fueron desfinanciados, “reordenados” o absorbidos. Cada cambio dejó un patrón: recortes, reducción de funciones y apertura a negocios privados.

    Si el FONDESGAS sigue ese camino, las provincias productoras —Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz— podrían ver suspendidos proyectos pactados hace años, y las provincias de alto consumo energético podrían terminar pagando tarifas más altas para suplir la falta de infraestructura.

    Las distribuidoras privadas, en cambio, podrían hacerse con negocios hoy regulados.


    El truco legal: esconder una reforma estructural en un decreto presupuestario

    El DNU se presenta como una ampliación de partidas para distintas áreas. Pero el artículo que habilita la intervención total sobre el FONDESGAS no tiene nada que ver con el presupuesto. No asigna fondos, no corrige créditos, no compensa diferencias salariales.

    Es un cambio estructural, escondido en un decreto de otra naturaleza.

    La lógica: si se hubiera enviado como proyecto de ley, el Congreso podía rechazarlo. Dentro de un DNU gigantesco, la posibilidad de que pase inadvertido es mucho mayor.


    ¿Qué puede pasar si lo eliminan?

    Si el Gobierno decide ejecutar lo que el decreto le habilita, las consecuencias son directas:

    • Paralización de obras en marcha (gasoductos regionales, ampliaciones del sistema troncal).
    • Riesgo de falta de oferta en picos invernales, obligando a importar GNL a precio internacional.
    • Demora en la expansión de Vaca Muerta, que depende de nueva infraestructura.
    • Incremento del costo energético para hogares e industrias.
    • Mayor dependencia de empresas privadas en el manejo del transporte de gas.
    • Pérdida de control estatal sobre un segmento estratégico del sistema energético.

    En otras palabras: una transferencia silenciosa de poder y recursos desde el Estado hacia el mercado, con impacto directo sobre la vida cotidiana.

     

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