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PERRO SUELTO CUIDADO

Vecinos de la ciudad recibieron una notificación por parte del municipio como pre aviso de multa si continúaban alimentando a perros callejeros. Desde #LaTapa, Luciano Ramirez, estudiante de abogacía, nos explicó porque no pueden prohibirnos de llevar a cabo esta acción, por cierto bondadosa y humanizada. Y además, nos explicó que la Ordenanza Municipal 014-14 hace cargo al municipio de los animales que deambulen en la vía pública, siendo el máximo organismo local quien debe ocuparse de su cuidado médico, esterilización y puesta en adopción.

Nunca es sorpresivo, que organizaciones intermedias complementen determinados trabajos que le corresponde al máximo organismo local, hace tiempo que las intermedias suplementan cuestiones que escapan al ejecutivo y legislativo reginense. Pero en esta situación particular, quienes toman la posta son los ciudadanos de a pie, sin mediación de ninguna institución, motivados solo por la sensibilidad social ante los animales que indefensos viven en la calle. Se viene gestando y contagiando, una responsabilidad social para con los animales (digna del ser humano, a veces olvidada) que rompe barreras generacionales y que con ayuda de las redes sociales se viraliza y alcanza altos grados de solidaridad.

La castración gratuita, la colaboración municipal con las ONGs locales, el quirófano móvil nos ponen a la vanguardia del cuidado de los animales en la zona. Decidir multar a quienes colaboran desinteresadamente es un paso atrás ante tanto avance de consciencia en relación a la responsabilidad social con los animales, y en especial los “callejeros”. Es irrisorio que se haga hincapié en un acto humanizado y voluntario para con un ser desprotegido, y se intente prohibirlo.

La solución más simple y absurda; siempre es prohibir. Lo complejo, costoso y razonable; es pensar, investigar y buscar soluciones profundas, que de seguro llevan tiempo, pero terminan por hacer desaparecer la problemática. Este es el camino por el que hay que continuar.

Gráfica: Germán Busin
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    A una semana de la publicación del decreto que debía poner en marcha el nuevo esquema, siguen vigentes los precios mayoristas de gas y electricidad del régimen anterior. No hay nuevos cuadros tarifarios. Tampoco hay precisiones operativas. Las categorías por ingresos N1, N2 y N3 continúan activas, pese a que el discurso oficial ya las dio por superadas. 

    A fines de diciembre, la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti ajustó el precio estacional de la energía (PEST) un 3% y el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte (PIST) apenas un 0,53%. Ambos movimientos se hicieron bajo los parámetros del esquema anterior. 

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    «Lo que están planteando es desarmar el Plan Gas como si fuera una resolución administrativa más, y no lo es. Son contratos firmados, con plazos, compromisos de inversión y garantías de abastecimiento. Romper eso sería romper contratos, así de simple. Y cuando un Estado rompe contratos, el mensaje al mercado es devastador. Si el Gobierno quiere modificar el esquema, debería sentarse a renegociar, buscar una transición ordenada, no avanzar de hecho. Desarmarlo de un día para otro es jurídicamente muy difícil y económicamente peligroso. No es una perilla que se apaga: atrás hay inversiones, financiamiento y producción en curso», afirmó a LPO un importante empresario petrolero. 

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