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PERRO SUELTO CUIDADO

Vecinos de la ciudad recibieron una notificación por parte del municipio como pre aviso de multa si continúaban alimentando a perros callejeros. Desde #LaTapa, Luciano Ramirez, estudiante de abogacía, nos explicó porque no pueden prohibirnos de llevar a cabo esta acción, por cierto bondadosa y humanizada. Y además, nos explicó que la Ordenanza Municipal 014-14 hace cargo al municipio de los animales que deambulen en la vía pública, siendo el máximo organismo local quien debe ocuparse de su cuidado médico, esterilización y puesta en adopción.

Nunca es sorpresivo, que organizaciones intermedias complementen determinados trabajos que le corresponde al máximo organismo local, hace tiempo que las intermedias suplementan cuestiones que escapan al ejecutivo y legislativo reginense. Pero en esta situación particular, quienes toman la posta son los ciudadanos de a pie, sin mediación de ninguna institución, motivados solo por la sensibilidad social ante los animales que indefensos viven en la calle. Se viene gestando y contagiando, una responsabilidad social para con los animales (digna del ser humano, a veces olvidada) que rompe barreras generacionales y que con ayuda de las redes sociales se viraliza y alcanza altos grados de solidaridad.

La castración gratuita, la colaboración municipal con las ONGs locales, el quirófano móvil nos ponen a la vanguardia del cuidado de los animales en la zona. Decidir multar a quienes colaboran desinteresadamente es un paso atrás ante tanto avance de consciencia en relación a la responsabilidad social con los animales, y en especial los “callejeros”. Es irrisorio que se haga hincapié en un acto humanizado y voluntario para con un ser desprotegido, y se intente prohibirlo.

La solución más simple y absurda; siempre es prohibir. Lo complejo, costoso y razonable; es pensar, investigar y buscar soluciones profundas, que de seguro llevan tiempo, pero terminan por hacer desaparecer la problemática. Este es el camino por el que hay que continuar.

Gráfica: Germán Busin
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    A 80 años del aguinaldo: cuando el salario dejó de ser caridad y pasó a ser derecho

     

    En diciembre de 1945, una decisión política cambió para siempre la relación entre el trabajo y el Estado en la Argentina. El aguinaldo no nació como beneficio ni regalo: fue una conquista obrera institucionalizada por el peronismo, resistida por el poder económico y defendida en la calle.

    Por Alcides Blanco para NLI

    El 20 de diciembre de 1945, fecha de la que hoy se cumplen ocho décadas, el gobierno surgido de la Revolución del ’43 firmó el Decreto N.º 33.302/45, que creó el Sueldo Anual Complementario (SAC). La medida fue impulsada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión por Juan Domingo Perón, cuando todavía no había sido electo presidente.

    Aquella decisión no fue técnica ni neutra. Fue profundamente política: reconocía que el salario no alcanzaba solo para reproducir la fuerza de trabajo, y que el Estado debía intervenir para equilibrar una relación históricamente desigual entre capital y trabajo. Por primera vez, el ingreso anual del trabajador pasaba a ser un asunto de política pública.

    El decreto que desató la furia patronal

    El Decreto 33.302/45 establecía el pago de un salario adicional anual, equivalente a la doceava parte de lo percibido durante el año. La reacción del empresariado fue inmediata y feroz. Las cámaras patronales denunciaron que el aguinaldo era “confiscatorio”, “inviable” y “demagógico”. Los grandes diarios de la época editorializaron contra la medida y auguraron caos económico.

    La respuesta vino desde abajo. Miles de trabajadores salieron a la calle para defender el decreto, en un clima político todavía marcado por la reciente liberación de Perón tras el 17 de Octubre. El aguinaldo se transformó así en algo más que un ingreso extra: se convirtió en un símbolo del nuevo pacto social que estaba naciendo.

    No es un dato menor que el aguinaldo haya sido creado antes de la presidencia formal de Perón. Eso explica por qué su origen está ligado a la Secretaría de Trabajo y Previsión y no a una ley del Congreso: el poder real de esa política no estaba en los despachos, sino en la organización obrera.

    De conquista a derecho permanente

    Ya con Perón en la Presidencia, en 1946, el aguinaldo fue ratificado por ley e incorporado de manera definitiva al sistema laboral argentino. A partir de allí, ningún gobierno pudo eliminarlo sin enfrentar un enorme costo político y social.

    Con el tiempo, el Sueldo Anual Complementario pasó a abonarse en dos cuotas, en junio y diciembre, como rige actualmente. Esa modificación administrativa no alteró su esencia: el reconocimiento de que el salario mensual no agota el valor del trabajo realizado durante el año.

    Durante las dictaduras y los períodos neoliberales, el aguinaldo fue atacado indirectamente: licuado por la inflación, precarizado mediante empleo informal o directamente negado a millones de trabajadores excluidos del sistema. Pero incluso en esos contextos, el derecho nunca fue derogado, lo que habla de su profunda legitimidad social.

    Ocho décadas después, el sentido sigue en disputa

    A 80 años de su creación, el aguinaldo vuelve a ser cuestionado, esta vez desde discursos que lo presentan como “un costo”, “una carga” o “un privilegio”. Es el mismo lenguaje patronal de 1945, reciclado con estética libertaria y retórica antisindical.

    Recordar el origen del aguinaldo no es un ejercicio nostálgico. Es una advertencia histórica: los derechos laborales no nacen del mercado ni de la buena voluntad empresaria. Nacen de decisiones políticas respaldadas por organización popular.

    El aguinaldo fue, y sigue siendo, una frontera. De un lado, quienes creen que el trabajo es una mercancía más. Del otro, quienes sostienen que sin justicia social no hay democracia posible.

    Ochenta años después, la pregunta no es si el aguinaldo “se puede pagar”. La verdadera pregunta es qué tipo de país se quiere construir.

     

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