Vecinos de la ciudad recibieron una notificación por parte del municipio como pre aviso de multa si continúaban alimentando a perros callejeros. Desde #LaTapa, Luciano Ramirez, estudiante de abogacía, nos explicó porque no pueden prohibirnos de llevar a cabo esta acción, por cierto bondadosa y humanizada. Y además, nos explicó que la Ordenanza Municipal 014-14 hace cargo al municipio de los animales que deambulen en la vía pública, siendo el máximo organismo local quien debe ocuparse de su cuidado médico, esterilización y puesta en adopción.
Nunca es sorpresivo, que organizaciones intermedias complementen determinados trabajos que le corresponde al máximo organismo local, hace tiempo que las intermedias suplementan cuestiones que escapan al ejecutivo y legislativo reginense. Pero en esta situación particular, quienes toman la posta son los ciudadanos de a pie, sin mediación de ninguna institución, motivados solo por la sensibilidad social ante los animales que indefensos viven en la calle. Se viene gestando y contagiando, una responsabilidad social para con los animales (digna del ser humano, a veces olvidada) que rompe barreras generacionales y que con ayuda de las redes sociales se viraliza y alcanza altos grados de solidaridad.
La castración gratuita, la colaboración municipal con las ONGs locales, el quirófano móvil nos ponen a la vanguardia del cuidado de los animales en la zona. Decidir multar a quienes colaboran desinteresadamente es un paso atrás ante tanto avance de consciencia en relación a la responsabilidad social con los animales, y en especial los “callejeros”. Es irrisorio que se haga hincapié en un acto humanizado y voluntario para con un ser desprotegido, y se intente prohibirlo.
La solución más simple y absurda; siempre es prohibir. Lo complejo, costoso y razonable; es pensar, investigar y buscar soluciones profundas, que de seguro llevan tiempo, pero terminan por hacer desaparecer la problemática. Este es el camino por el que hay que continuar.
Ante las altas temperaturas que se avecinan que, de acuerdo al pronóstico de la AIC para el Alto Valle de Río Negro alcanzará los 40º, el Departamento de Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina recomienda tener los cuidados necesarios para prevenir golpes de calor. El golpe de calor puede afectar a personas de…
Este viernes 3 a las 19 horas en el polideportivo Cumelen tendrá lugar la Expo Emprender 2021 para conocer las producciones de vecinos y vecinas que participaron de los distintos talleres laborales. El programa Emprender, llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Social y Articulación Solidaria y en el que se ven involucrados el Municipio…
Los vencimiento de deuda que enfrentará Milei en lo que le queda de mandato son muy desafiantes y explican la renovada presión del FMI y los bancos acreedores para que acuule reservas, que este lunes se cristalizó en el forzado giro del plan económico.
El último informe de coyuntura de CIFRA describe con precisión un giro central en la política económica de Javier Milei: el paso de una desdolarización forzosa inicial hacia un nuevo ciclo de endeudamiento.
Ese proceso de desdolarización involuntaria de arranque no respondió a una decisión soberana, sino a una imposibilidad estructural de financiamiento externo, en una economía «atravesada por la irresuelta crisis de deuda que le pone límites estrechos a la recuperación de la actividad y a la propia sostenibilidad del régimen económico que instauró el gobierno de Milei», describen los investigadores.
Pero el cuadro cambió cuando «con el salvataje del FMI y los organismos internacionales de crédito se registró un importante ascenso de la deuda externa pública de 20.860 millones en el segundo trimestre, hasta alcanzar su récord de 197.499 millones de dólares», afirma CIFRA. «Con dos agravantes decisivos», advierte el informe, «casi la mitad está en manos de organismos internacionales de crédito y es una deuda de muy corto plazo».
La foto es dura. En los próximos 18 meses vencen cerca de 47.800 millones en capital e intereses. Si se suman los compromisos privados, los vencimientos superan los 57.000 millones. Eso no es una coyuntura: es una agenda de pagos que condiciona todo.
En paralelo, la salida de dólares por fuga se aceleró después de la flexibilización cambiaria acordada con el FMI: más de 32.000 millones que se fueron al exterior desde que se abrieron las restricciones, según el reciente informe de CIFRA.
Con el salvataje del FMI y los organismos internacionales de crédito se registró un importante ascenso de la deuda externa pública de 20.860 millones en el segundo trimestre, hasta alcanzar su récord de 197.499 millones de dólares.
En este tablero, la apertura y la apreciación cambiaria tuvieron un efecto práctico: las cantidades importadas subieron más de 36% y las de bienes de consumo final crecieron 62,7% interanual en los primeros diez meses de 2025. Producción local que se sustituye por compras afuera. Otra forma de drenaje de dólares.
Mientras tanto, por la puerta de los dólares genuinos, las proyecciones mas optimistas estiman que Argentina lograra juntar USD 9.000 millones por la via comercial a lo largo del 2026. En efecto, en los primeros 10 meses del año de este año, el resultado fue de 6.846 millones de dólares, cuando en 2024 había arañado los 19.000 millones, y en el acumulado de los primeros 10 meses alcanzaba 16.000 millones.
A las claras, no se trata de una mala racha. Es la reproducción de una estructura histórica donde el endeudamiento externo y la fuga de capitales condicionan la viabilidad macro.
El ministro de Economía de la Dictadura, Alfredo Martinez de Hoz habla con el entonces secretario del Tesoro, W. Michael Blumenthal en un enctro del FMI en la Ciudad de México.
Desde 1976, la economía argentina reproduce el esquema. Cada ciclo de apertura financiera comienza con un fuerte ingreso de divisas vía deuda externa y termina con una sangría equivalente o superior por fuga de capitales privados.
El primer episodio estructural se inicia con la dictadura de Martínez de Hoz. Entre 1976 y 1983, la deuda externa pasó de 7.800 millones de dólares a 45.000 millones, mientras la fuga de capitales rondó los 23.000 millones. En apenas siete años, el endeudamiento se multiplicó por seis y medio, y por primera vez el Estado asumió deudas que originalmente habían sido privadas.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el proceso no se detuvo. La deuda alcanzó los 65.000 millones de dólares y la fuga sumó otros 10.000 millones. El país ya destinaba más de la mitad de su producto a atender compromisos externos. El colapso de fines de los ochenta, con la hiperinflación y el retorno del FMI como árbitro de la política económica, fue la evidencia empírica de la imposibilidad de sostener la valorización sin destruir la base productiva.
En los años noventa, con Menem y Cavallo, la dinámica se relanzó a gran escala. La deuda trepó hasta los 145.000 millones de dólares y la fuga acumuló cerca de 80.000 millones. Bajo la convertibilidad, el país pareció estabilizarse, pero lo hizo a costa de sustituir inversión productiva por entrada de capitales financieros y privatizaciones. La relación deuda/PBI se mantuvo en torno al 50%, un nivel que sólo era sostenible mientras los flujos externos siguieran ingresando. Cuando se interrumpieron, el modelo implosionó en 2001.
El quiebre de la convertibilidad dio lugar a una etapa de signo opuesto. Entre 2003 y 2015, los gobiernos kirchneristas redujeron la deuda externa pública de 145.000 millones a cerca de 63.000 millones de dólares, llevando el ratio deuda/PBI a su mínimo histórico, alrededor del 17%. Fue el período del desendeudamiento, impulsado por los canjes de 2005 y 2010 y el pago al FMI. Sin embargo, la fuga de capitales no desapareció: según los cálculos de FLACSO, durante esos años se fugaron unos 70.000 millones de dólares, el equivalente a casi todo el superávit comercial de la década.
Con el gobierno de Cambiemos, el patrón volvió a invertirse. Entre 2016 y 2019, la deuda externa total saltó de 75.000 a 323.000 millones de dólares -una expansión del 330%- y el Banco Central registró salidas netas de capitales por 86.000 millones. En términos de producto, la deuda trepó al 89% del PBI, y la correlación entre ingreso de deuda y fuga fue casi perfecta: por cada dólar que entró, 0,9 dólares salieron del país.
En función de la relación entre deuda y fuga, resulta interesante observar la dinámica del endeudamiento privado. Durante la gestión de Macri, la deuda externa privada aumentó en «15.335 millones de dólares, alcanzando un stock de 81.088 millones a fines de 2019», dicen desde CIFRA.
En el período del Frente de Todos, dice el informe, «se asiste a una nueva expansión de 22.076 millones de dólares, pero en cuya composición sobresale una reducción de la deuda financiera, en el marco de las concesiones cambiarias que hizo ese gobierno al gran capital privado para que reduzca sus compromisos externos, y un aumento de la deuda comercial».
Esas «concesiones cambiarias» implicaron que el Estado les proveyó dólares baratos para cancelar deuda externa, lo que permitió a las grandes empresas reducir sus pasivos financieros al costo de las reservas del Banco Central.
Como sintetiza CIFRA, el resultado fue un cambio en la estructura del endeudamiento: menos deuda financiera, más comercial, y una ampliación del stock total a «103.154 millones de dólares».
Con Milei, el informe registra un giro opuesto: «un fuerte aumento de la deuda financiera en el marco del ‘festival de obligaciones negociables’ y una reducción de la deuda comercial», lo que marca el regreso pleno al esquema de valorización financiera y endeudamiento en dólares que el Frente de Todos había intentado desarmar con dólares baratos.
La serie histórica pinta un cuadro preocupante: El 87% de los dólares que ingresaron por endeudamiento desde 1976 terminó fugado.
Toto Caputo está desesperado para conseguir los dólares que le faltan para pagar el vencimiento de deuda del próximo viernes 9 de enero y, entre otras maniobras, está presionando a Maximiliano Pullaro para que liquide los 800 millones de dólares que Santa Fe tomó para obras.
«Quisieron que vendamos de forma urgente los dólares», dijeron a LPO desde el gobierno santafesino, donde remarcaron que el pedido se hizo tres días antes del nuevo esquema de actualización por inflación de las bandas de flotación. En el mercado descuentan que eso empujará el precio del dólar, por lo que para Santa Fe la liquidación en este momento podría ser desventajosa.
Las fuentes del gobierno de Pullaro agregaron que tienen 180 días para liquidar esos dólares y que la idea es ingresando esas divisas a medida que avance el plan de obras para el que fue tomada esa deuda.
El próximo viernes 9 de enero Caputo tiene que pagar el vencimiento de bonos por 4.324 millones de dólares. Según estimaciones del mercado, el ministro tiene entre 2000 y 2600 millones de dólares, aunque hay otros más pesimistas como la consultora 1816 que sostienen que tiene algo más de 1800 millones de dólares.
Un factor clave respecto de las dudas que hay en el mercado sobre con cuántos dólares cuenta Caputo es que hasta la semana pasada estuvo reventando divisas para que no se vaya el precio. La semana previa a Navidad quemó USD 241 millones en dos días y, aunque no hay datos certeros, se estima que la pérdida fue peor la semana pasada.
La exigencia a Pullaro no fue la única maniobra desesperada de Caputo. Este fin de semana salió a decir por la red social X que los bancos «no rompan las pelotas» a sus clientes con exigencias legales para que puedan sacar los dólares del colchón amparados en la nueva ley de inocencia fiscal.
Quisieron que vendamos de forma urgente los dólares, dijeron a LPO desde el gobierno santafesino, donde remarcaron que el pedido se hizo tres días antes del nuevo esquema de actualización por inflación de las bandas de flotación
Al mismo tiempo, Caputo le pidió al Banco Nación que salga a pedir a la gente que vayan a depositar los dólares. «El Banco Nación está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes y de toda aquella persona interesada a la hora de hacer consultas o solicitar nuestro servicio para disponer de sus ahorros», informó la entidad.
Por otro lado, en Economía se enojaron con el diario Clarín por una nota que sostiene que Caputo quiere evitar el default. «En tema deuda, no hemos hecho otra cosa que pagarla», tuiteó el canciller Quirno. «No hay ninguna duda que se van a pagar los vencimientos», dijo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Lo mismo hicieron otros funcionarios y dirigentes libertarios que atacaron al medio por utilizar la palabra default.
El sábado, Javier Milei aseguró en una entrevista que «Argentina va a pagar», pero se escapó cuando le consultaron cómo. «Eso lo va a resolver el ministro Caputo, que entiende como nadie el valor de pagar», respondió.
El problema es que justamente Caputo no sabe todavía como conseguir los dólares que le faltan. Semanas atrás el ministro aseguró que tenía un préstamo repo con bancos internacionales por hasta 7 mil millones de dólares, pero no hay novedades. Tampoco está claro que pueda activar el swap con el Tesoro de Estados Unidos.
Otra maniobra desesperada de Caputo fue la publicación de una resolución para apurar el pago del canon de los nuevos concesionarios de las represas hidroeléctricas de la Patagonia, por 706 millones de dólares. Según la consultora 1816, todavía no ingresaron.
En adhesión a la Resolución N° 6157 del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Villa Regina extiende las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 3 de septiembre inclusive. Circulación La restricción a la circulación de las personas será entre las 2:00 de domingo a jueves, y la 3:00 los días…
Luis Alberto Arce Catacora fue detenido el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el caso Fondo Indígena, uno de los procesos de corrupción más emblemáticos del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Según publica el medio boliviano El Deber, la Fiscalía Departamental de La Paz confirmó que Arce es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en su condición de exministro de Economía y miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).
El ex presidente fue aprehendido en la zona de Sopocachi y trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde presta declaración ante una comisión de fiscales de la unidad anticorrupción.
Según el Ministerio Público, la aprehensión responde a la existencia de suficientes indicios sobre su participación en decisiones que habrían generado un daño económico al Estado.
De acuerdo con la orden de aprehensión, firmada por el fiscal Miguel Ángel Cardozo Ramírez, Arce habría promovido la ejecución de proyectos mediante transferencias público-privadas que no estaban autorizadas por la normativa vigente en ese momento, lo que configuraría una conducta antieconómica y el incumplimiento de sus deberes como autoridad.
La Fiscalía Departamental de La Paz confirmó que Arce es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en su condición de exministro de Economía y miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario
La investigación se centra, entre otros hechos, en la aprobación de un proyecto presentado por la entonces dirigente campesina y exdiputada Lidia Patty Mullisaca, quien recibió en 2010 recursos del estado para la construcción de invernaderos en comunidades de la provincia Bautista Saavedra, en el departamento de La Paz.
Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia.
Según la Fiscalía, el proyecto fue aprobado pese a contar con documentación incompleta, observaciones técnicas y deficiencias en los listados de beneficiarios.
El Ministerio Público también señala que, en una reunión del directorio del fondo realizada en noviembre de 2009 en la ciudad de Tarija, Arce habría manifestado que los proyectos no incluidos en la Ley Financial podrían ejecutarse posteriormente, instrucción que es considerada clave dentro de la investigación penal.
El denominado caso Fondo Indígena se destapó entre 2014 y 2015, tras informes de la Contraloría que revelaron el incumplimiento de más de un centenar de proyectos financiados con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que habría ocasionado un millonario daño económico al Estado.
