Vecinos de la ciudad recibieron una notificación por parte del municipio como pre aviso de multa si continúaban alimentando a perros callejeros. Desde #LaTapa, Luciano Ramirez, estudiante de abogacía, nos explicó porque no pueden prohibirnos de llevar a cabo esta acción, por cierto bondadosa y humanizada. Y además, nos explicó que la Ordenanza Municipal 014-14 hace cargo al municipio de los animales que deambulen en la vía pública, siendo el máximo organismo local quien debe ocuparse de su cuidado médico, esterilización y puesta en adopción.
Nunca es sorpresivo, que organizaciones intermedias complementen determinados trabajos que le corresponde al máximo organismo local, hace tiempo que las intermedias suplementan cuestiones que escapan al ejecutivo y legislativo reginense. Pero en esta situación particular, quienes toman la posta son los ciudadanos de a pie, sin mediación de ninguna institución, motivados solo por la sensibilidad social ante los animales que indefensos viven en la calle. Se viene gestando y contagiando, una responsabilidad social para con los animales (digna del ser humano, a veces olvidada) que rompe barreras generacionales y que con ayuda de las redes sociales se viraliza y alcanza altos grados de solidaridad.
La castración gratuita, la colaboración municipal con las ONGs locales, el quirófano móvil nos ponen a la vanguardia del cuidado de los animales en la zona. Decidir multar a quienes colaboran desinteresadamente es un paso atrás ante tanto avance de consciencia en relación a la responsabilidad social con los animales, y en especial los “callejeros”. Es irrisorio que se haga hincapié en un acto humanizado y voluntario para con un ser desprotegido, y se intente prohibirlo.
La solución más simple y absurda; siempre es prohibir. Lo complejo, costoso y razonable; es pensar, investigar y buscar soluciones profundas, que de seguro llevan tiempo, pero terminan por hacer desaparecer la problemática. Este es el camino por el que hay que continuar.
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Los últimos días de la política cordobesa desataron un verdadero tembladeral por distintas cuestiones. Porque, pasada la discusión por la reforma previsional, y en medio de las fricciones con Casa Rosada por la sanción del Presupuesto en el Congreso, el llaryorismo empujó en la siesta de este martes un acuerdo para ceder la silla de una fiscalía adjunta de la procuraduría penitenciaria a la UCR que responde a Rodrigo de Loredo.
Cubriendo así una de las vacantes en la polémica Procuraduría del Servicio Penitenciario cuya creación se votó hace unas semanas en la Legislatura provincial.
Todo esto, como uno de los datos sobresalientes de un reacomodamiento que implica el reseteo completo del Ministerio Público Fiscal que aceleró hace dos semanas cuando nombró al ex socio de Juez, Carlos Lezcano, como nuevo jefe de los fiscales y tal cual lo contó LPO.
Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas de la polémica procuraduría del servicio penitenciario. Organismo que se sancionó con fuertes cruces de la oposición en la Legislatura a principios de mes y que el oficialismo se vio obligado a quitar dos artículos centrales: cargos vitalicios y jubilaciones de privilegio para los integrantes de la procuraduría.
Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas.
Sin embargo, el llaryorismo no contó con el aval de la oposición que abandonó el recinto y entre los que, el propio radicalismo se retiró acusando la creación de un organismo ineficiente.
Porción de la UCR de la que sale ahora una de las postulantes para la fiscalía adjunta como Degano, que llega de la mano del exnegrista Julio Ochoa, un hombre afín al presidente del partido, Marcos Ferrer, y quien ayudó para que Degano llegara al directorio del Tribunal de Cuentas, el organismo provincial controlado por el juecismo.
Esto exacerbó los ánimos del juecismo que salió con el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, a decir: «repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial». «No se tranza con la corrupción, se la combate. ¿Qué favores se están pagando? Por un lado, les recortan a empleados y jubilados y por el otro Llaryora y radicales plasman este inconfesable, costosísimo y espurio acuerdo para repartirse el poder».
Mismo tono con el que se expresó también el exintendente Ramón Mestre: «la designación de funcionarios judiciales de alto rango entre gallos y medianoche, y la aprobación en general de un presupuesto tramposo para el ciudadano, ambas decisiones, con el supuesto aval de Marcos Ferrer en su carácter de presidente de la UCR, constituyen no sólo una medida inconsulta que nunca fue puesta a consideración en el seno de los organismos partidarios, sino también la pérdida de identidad ideológica».
Repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial.
Cerca de la medianoche, radicales de la Unicameral buscaron despegarse de la maniobra en redes al decir que Llaryora «compró» a la dirigente radical, pero lo cierto es que el vínculo entre Degano y Ochoa, y de éste con Ferrer, existe. Y sobre el acuerdo algunos apuntan a la relación del Secretario General de la Gobernación, el ultrallaryorista David Consalvi, un peronista con domicilio en Río Tercero, la ciudad que gobierna Ferrer y en buena parte una especie de garante para asegurar la continuidad de la UCR en la localidad después del 2027.
En tanto, para la otra fiscalía adjunta fue postulada Guadalupe Trillo, del llaryorismo puro que tambaleó con la purga que hizo en la capital cordobesa el intendente Daniel Passerini en el área de ambiente.
Asimismo, como Procuradora del mencionado organismo, el llaryorismo postuló a Bettina Croppi, la fiscal general adjunta impulsada por el viguismo y quien tendrá ahora el joystick de las cárceles cordobesas.
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