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PERRO SUELTO CUIDADO

Vecinos de la ciudad recibieron una notificación por parte del municipio como pre aviso de multa si continúaban alimentando a perros callejeros. Desde #LaTapa, Luciano Ramirez, estudiante de abogacía, nos explicó porque no pueden prohibirnos de llevar a cabo esta acción, por cierto bondadosa y humanizada. Y además, nos explicó que la Ordenanza Municipal 014-14 hace cargo al municipio de los animales que deambulen en la vía pública, siendo el máximo organismo local quien debe ocuparse de su cuidado médico, esterilización y puesta en adopción.

Nunca es sorpresivo, que organizaciones intermedias complementen determinados trabajos que le corresponde al máximo organismo local, hace tiempo que las intermedias suplementan cuestiones que escapan al ejecutivo y legislativo reginense. Pero en esta situación particular, quienes toman la posta son los ciudadanos de a pie, sin mediación de ninguna institución, motivados solo por la sensibilidad social ante los animales que indefensos viven en la calle. Se viene gestando y contagiando, una responsabilidad social para con los animales (digna del ser humano, a veces olvidada) que rompe barreras generacionales y que con ayuda de las redes sociales se viraliza y alcanza altos grados de solidaridad.

La castración gratuita, la colaboración municipal con las ONGs locales, el quirófano móvil nos ponen a la vanguardia del cuidado de los animales en la zona. Decidir multar a quienes colaboran desinteresadamente es un paso atrás ante tanto avance de consciencia en relación a la responsabilidad social con los animales, y en especial los “callejeros”. Es irrisorio que se haga hincapié en un acto humanizado y voluntario para con un ser desprotegido, y se intente prohibirlo.

La solución más simple y absurda; siempre es prohibir. Lo complejo, costoso y razonable; es pensar, investigar y buscar soluciones profundas, que de seguro llevan tiempo, pero terminan por hacer desaparecer la problemática. Este es el camino por el que hay que continuar.

Gráfica: Germán Busin
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    El DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional se había filtrado oportunamente el 31 de diciembre por la noche, cuando la atención estaba centrada en el brindis de fin de año. Ya en el primer día de 2026 varios diputados y senadores de la oposición salieron a advertir sobre la gravedad de la medida y denunciaron la creación de una «Gestapo libertaria».

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    A partir de ahora, todas las actividades de Inteligencia tendrán carácter de encubiertas, los agentes podrán detener personas en flagrancia o con una orden judicial, y también podrán requerir información a todos los organismos del Estado nacional y de las provincias. Además, se habilita a los agentes proteger sus instalaciones y «repeler agresiones».

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    A partir de ahora, todas las actividades de Inteligencia tendrán carácter de encubiertas, los agentes podrán detener personas en flagrancia o con una orden judicial, y también podrán requerir información a todos los organismos del Estado nacional y de las provincias. Además, se habilita a los agentes proteger sus instalaciones y «repeler agresiones».

    Es que el decreto establece que el área de Ciberseguridad queda afuera de la SIDE y pasará a la órbita de la jefatura de Gabinete, que conduce Karina a través del vocero Adorni. Desaparece la Agencia Federal de Ciberseguridad y se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

    El detalle es que Secretaría continuará al mando del caputista Darío Genua, pero ahora en el organigrama dependerá de Adorni y, por ende, de Karina Milei que por primera vez tendrá un pie en el sistema de inteligencia. 

    El área de Ciberseguridad es clave en el ecosistema libertario por la posibilidad de incidir en el manejo de los trolls y el patrullaje de las redes sociales.

    La reforma de la Side generó una ola de críticas de la oposición, que de base cuestionó la legalidad del decreto de necesidad y urgencia. La Libertad Avanza tiene número suficiente para sostener en el Congreso un rechazo al DNU, por lo que seguramente el tema terminará judicializado.

    El diputado lilito Maxi Ferraro calificó las modificaciones como «un retroceso histórico» y habló de «una gestapo para todos» respecto a la facultad que se otorga a la SIDE para aplicar «medidas de seguridad de contrainteligencia» en cualquier organismo del Estado, desde un ministerio hasta un hospital pasando por universidades o el Conicet. Otros diputados como el socialista Esteban Paulón habló de un «Estado policial» y el kirchnerista Agustín Rossi de «una policía secreta».

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