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PERRO SUELTO CUIDADO

Vecinos de la ciudad recibieron una notificación por parte del municipio como pre aviso de multa si continúaban alimentando a perros callejeros. Desde #LaTapa, Luciano Ramirez, estudiante de abogacía, nos explicó porque no pueden prohibirnos de llevar a cabo esta acción, por cierto bondadosa y humanizada. Y además, nos explicó que la Ordenanza Municipal 014-14 hace cargo al municipio de los animales que deambulen en la vía pública, siendo el máximo organismo local quien debe ocuparse de su cuidado médico, esterilización y puesta en adopción.

Nunca es sorpresivo, que organizaciones intermedias complementen determinados trabajos que le corresponde al máximo organismo local, hace tiempo que las intermedias suplementan cuestiones que escapan al ejecutivo y legislativo reginense. Pero en esta situación particular, quienes toman la posta son los ciudadanos de a pie, sin mediación de ninguna institución, motivados solo por la sensibilidad social ante los animales que indefensos viven en la calle. Se viene gestando y contagiando, una responsabilidad social para con los animales (digna del ser humano, a veces olvidada) que rompe barreras generacionales y que con ayuda de las redes sociales se viraliza y alcanza altos grados de solidaridad.

La castración gratuita, la colaboración municipal con las ONGs locales, el quirófano móvil nos ponen a la vanguardia del cuidado de los animales en la zona. Decidir multar a quienes colaboran desinteresadamente es un paso atrás ante tanto avance de consciencia en relación a la responsabilidad social con los animales, y en especial los “callejeros”. Es irrisorio que se haga hincapié en un acto humanizado y voluntario para con un ser desprotegido, y se intente prohibirlo.

La solución más simple y absurda; siempre es prohibir. Lo complejo, costoso y razonable; es pensar, investigar y buscar soluciones profundas, que de seguro llevan tiempo, pero terminan por hacer desaparecer la problemática. Este es el camino por el que hay que continuar.

Gráfica: Germán Busin
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  • Avanzan las obras en el Centro Cultural San Martín y la segunda etapa termina en diciembre

     

    La Ciudad avanza con las obras en el Centro Cultural San Martín que incluyen la modernización del edificio diseñado por Mario Roberto Álvarez y la restauración de las salas A/B. En diciembre estará concluída la etapa 1 y el año próximo finalizará la obra.

    El CC San Martín es el principal complejo artístico y educativo de la Ciudad. Está compuesto por dos volúmenes, una torre vidriada de 12 pisos y un volumen más bajo que alberga las salas A/B.

     El centro cultural fue inaugurado en 1970, pero la falta de inversión estatal hizo cada vez más complicada su utilización.

    El gobierno porteño comenzó una refacción general en 2025 y está previsto que una vez concluída, el CC San Martín vuelva a albergar al conservatorio de música Manuel de Falla.

    Jorge Macri apelará el fallo del juez Gallardo que prohíbe los desalojos en la Ciudad

    El Ministerio de Infraestructura que conduce Pablo Bereciartúa dividió en cuatro etapas el proyecto para recuperar el mítico edificio. La etapa cero fue para resolver las urgencias: retiro de materiales con asbesto, renovación de cloacas, retiro de carpintería con riesgo de desprendimiento y colocación de andamios en sectores críticos de la fachada.

    Las etapas 1 y 2 son las que están en curso y se realizan en espejo en los dos volúmenes. La etapa 1 comprende la renovación de las fachadas de la torre y de las salas A/B que incluirán un muro cortina con perfiles aluminio, compuesto por paños fijos con vidriado estructural y ventanas proyectantes y respetarán el diseño original.

    La etapa 2 está vinculada a una modernización de la torre y de las salas A/B, con capacidad para 800 personas y también de las salas Alberdi, Muiño, Salas de Convenciones C, D, E y F.

    Entre los trabajos a realizar se encuentra la renovación de las instalaciones eléctricas, de iluminación, instalaciones termomecánicas y mejoras en la seguridad contra incendios y medios de evacuación.

    La última etapa comprende la provisión y restauración de equipamiento de las salas, aulas, talleres y oficinas y la restauración del mobiliario original de las salas de convenciones que incluyen icónicos diseños de Alberto Churba Silla Laqueada y el Sillón Cinta.

     

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  • Municipios en rojo le piden a Kicillof adelantos de coparticipación para pagar aguinaldos

     

    La situación financiera de numerosos municipios llegó a un punto límite y empuja a intendentes a pedirle auxilio financiero a la administración de Axel Kicillof para poder cumplir con el pago del medio aguinaldo en los próximos días.

    «Hoy no podriamos pagar los aguinaldos si no recibimos ayuda de Provincia», dijo a LPO un intendente del interior bonaerense que reveló que su gestión tiene tramitada en el Ministerio de Economía provincial una asistencia que, de prosperar, estimó que se dará bajo el formato de adelanto de coparticipación.

    Además, en varios municipios alertan un proceso de endeudamiento con proveedores más profundo de lo habitual a raíz del derrumbe en la recaudación de las tasas y de los recursos que llegan vía coparticipación, sumando a un aumento en la demanda en el sistema de salud local.

    Por eso, aunque advirtieron que el mes pasado mejoró la coparticipación porque se liquidó ganancias, esa excepcionalidad no alcanza para ponerse al día con los pagos a proveedores.

    En el sur de la provincia, otro intendente consultado sostuvo que en la región «varios tienen dificultades» con el pago de aguinaldos y que contemplaron la alternativa de pedir un adelanto de coparticipación a la Provincia.

     En los municipios acusan que la extensión de la dinámica recesiva bajo la era Milei está profundizando un rojo financiero que pone en corto áreas clave para mostrar capacidad de gestión 

    Hay quienes aseguran llegar «con lo justo» pero que decidieron evitar pedir ayudar a La Plata para no trastabillar con el pago del aguinaldo de fin de año. «No voy a pedir adelanto de coparticipación porque después se complica el de diciembre», dijo a LPO un intendente del noroeste.

    Durante los últimos años, recursos provinciales han salido al auxilio de algunas comunas. Pero, ahora, en los municipios acusan que la extensión de la dinámica recesiva bajo la era Milei está profundizando un rojo financiero que pone en corto áreas clave para mostrar capacidad de gestión, como la recolección de residuos.

    Pablo Moyano cruzó a un intendente de Kicillof por el manejo de residuos y le plantó una protesta frente al municipio

    Por lo bajo, hay intendentes que admiten la necesidad de encontrar «alternativas» al servicio tercerizado que sus comunas mantienen con empresas de recolección y que definen como «deficitario».

    Pero saben que avanzar en una municipalización del servicio desataría un choque automático con Pablo Moyano que, meses atrás, le plantó una protesta frente al municipio de Villa Gesell al axelista Gustavo Barrera, que tuvo que dar marcha atrás en la intención de cortar el contrato con la empresa de recolección y que amenazaba con afectar a trabajadores afiliados a Camioneros.

    Aunque Moyano logró con el caso Villa Gesell obturar inmediatamente otros conflictos en ciernes en otros municipios, esta semana salió a flote una nueva crisis relativa a la recolección, esta vez en San Pedro.

     En el municipio de San Pedro alertaron que, por la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza están recaudando cerca de 170 millones, cuando el servicio de recolección supera los 360 millones al mes. 

    En ese municipio del norte bonaerense, los trabajadores de la empresa de recolección Ashira realizaron un paro al no percibir los salarios. Ante eso, en Ashira acusaron que el municipio no pagó los más de 360 millones que debe abonar por mes por la prestación de ese servicio en la ciudad y localidades del distrito.

    Ante eso, en la gestión del axelista Cecilio Salazar señalaron que el problema central está el derrumbe de los ingresos de la comuna.

    «La tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza volvió a caer y hoy estamos en un 47% de cobrabilidad», dijo el secretario de Economía de San Pedro, Roberto Borgo a la radio local 92.3.

    Guerra entre Camioneros y Municipales por el control de la recolección de residuos

    Al advertir que durante junio el municipio recibirá un 8% menos de fondos coparticipables que en mayo (alrededor de 226 millones menos) Borgo sostuvo: «Vamos a tener dificultades todos los meses si siguen cayendo los recursos».

    En la gestión Salazar alertaron que, por esta tasa, están recaudando cerca de 170 millones, cuando el servicio de recolección supera los 360 millones.

    «Hay que empezar a discutir seriamente qué servicio estamos dispuestos a sostener y cómo lo vamos a financiar», dijo el funcionario, que detalló que la deuda que acumula el municipio con Ashira es superior a los 1.900 millones. 

     

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    Prostitución Judicial: el juez de la causa Adorni viajará con el ministro de Justicia a París

     

    Mientras crecen las preguntas sobre la declaración jurada de Manuel Adorni y avanzan expedientes sensibles para el oficialismo, el juez Ariel Lijo compartirá una misión oficial con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos integrarán la delegación argentina que defenderá ante el GAFI las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La coincidencia genera ruido político y vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el poder político y los tribunales federales.

    Por Roque Pérez para NLI

    La política argentina suele regalar imágenes difíciles de explicar. Y una de ellas comenzará a tomar forma la próxima semana, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el juez federal Ariel Lijo compartan una misión oficial en París para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de la Argentina en materia de prevención del lavado de dinero.

    En términos formales, se trata de una actividad institucional vinculada a una política de Estado. Sin embargo, la presencia de Lijo en la misma comitiva que el principal funcionario judicial del Gobierno adquiere otra dimensión política porque el magistrado tiene bajo su órbita algunas de las investigaciones más sensibles para la administración de Milei, entre ellas el expediente vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.

    La delegación viajará entre el 15 y el 19 de junio y también estará integrada por el juez Sebastián Casanello, autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), funcionarios del Banco Central, ARCA y especialistas en materia antilavado. El objetivo será presentar ante el organismo internacional los avances realizados por la Argentina dentro del régimen de seguimiento intensificado que enfrenta desde la evaluación de 2024.

    Un viaje técnico en medio de una tormenta política

    El problema para el Gobierno no es el viaje en sí, sino el contexto. La noticia se conoce en momentos en que la administración libertaria atraviesa semanas incómodas por los cuestionamientos sobre las declaraciones juradas de funcionarios, las investigaciones judiciales abiertas y las disputas internas entre distintos sectores de poder que orbitan alrededor de la Casa Rosada.

    Según trascendió, dentro del propio universo político y judicial la coincidencia despertó suspicacias. No sólo porque Lijo conserva una enorme influencia dentro de Comodoro Py, sino porque el magistrado quedó asociado en los últimos años a distintos sectores de poder que mantienen tensiones con figuras centrales del oficialismo.

    Desde el entorno de la misión oficial rechazaron cualquier lectura política y sostuvieron que se trata de una actividad habitual en la que jueces y funcionarios presentan información técnica sobre investigaciones vinculadas al lavado de activos. También remarcaron que este tipo de exposiciones ya se realizaron en años anteriores con otros magistrados y fiscales.

    El GAFI, las inversiones y la necesidad de mostrar resultados

    Más allá de las controversias locales, el viaje tiene importancia estratégica para el Gobierno. El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las políticas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición de la Argentina dentro de ese sistema influye directamente en su reputación financiera internacional y en la capacidad para atraer inversiones.

    La administración de Milei necesita exhibir avances concretos luego de que el país quedara sometido a un esquema de seguimiento reforzado. Durante los próximos años deberá demostrar mejoras sustanciales en los mecanismos de control, investigación y sanción de delitos económicos complejos.

    Por esa razón, el Gobierno busca presentar una imagen de coordinación entre organismos judiciales, financieros y administrativos. El problema es que la foto que pretende transmitir fortaleza institucional puede terminar generando exactamente el efecto contrario cuando uno de los protagonistas del viaje es el juez que investiga asuntos delicados para el propio oficialismo.

    La escena resume una de las contradicciones más persistentes de la política argentina: mientras el discurso oficial reivindica la independencia de los poderes del Estado, las coincidencias entre funcionarios y magistrados siguen alimentando sospechas. Y cuando esas coincidencias involucran a un juez que tiene expedientes sensibles sobre la mesa, la discusión deja de ser únicamente técnica para convertirse inevitablemente en un problema político.

     

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    Los chats que complican más a Adorni: la Justicia pone la lupa sobre una secretaria y el contratista de la casa de Indio Cuá

     

    La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni sumó un nuevo capítulo con una medida que podría aportar información clave sobre el origen de los fondos utilizados para remodelar su vivienda en el country Indio Cuá. La Justicia comenzó a analizar conversaciones extraídas del teléfono celular del contratista Matías Tabar, incluyendo intercambios con una secretaria de la Jefatura de Gabinete y con el propio funcionario.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La medida profundiza una causa que ya había generado fuerte repercusión luego de que el contratista declarara bajo juramento que la obra demandó unos 245.000 dólares, pagados en efectivo y sin facturación, un dato que abrió interrogantes sobre la consistencia patrimonial del actual jefe de Gabinete.

    Una pericia que puede cambiar el rumbo del expediente

    De acuerdo con la información conocida, la extracción del contenido del teléfono del contratista se realizó de manera completa y el material quedó incorporado al expediente judicial. Ahora los investigadores revisan mensajes de WhatsApp, llamadas y otras comunicaciones que podrían reconstruir cómo se desarrolló la contratación, la ejecución de la obra y los pagos realizados.

    Entre los elementos bajo análisis aparecen conversaciones con una secretaria del jefe de Gabinete, una circunstancia que amplía el universo de personas involucradas en la reconstrucción de los hechos y que podría aportar detalles sobre la coordinación de los trabajos y los contactos entre las partes.

    La expectativa de la fiscalía es determinar si las comunicaciones son compatibles con la versión oficial o si revelan inconsistencias respecto de las fechas, los montos abonados o la modalidad de contratación.

    La declaración que abrió nuevas preguntas

    El avance judicial se produce después de que Tabar brindara un testimonio que colocó a Adorni en una situación delicada. Según su declaración, las refacciones se extendieron durante aproximadamente diez meses y tuvieron un costo total de 245.000 dólares, abonados en dos etapas y siempre en efectivo.

    El contratista sostuvo además que durante la ejecución de las obras el funcionario alquiló otra vivienda dentro del mismo country y explicó que las remodelaciones incluyeron cocina, baños, pisos, quincho y pileta, además de otros trabajos complementarios.

    Ese relato impulsó nuevas medidas de prueba y derivó en la incorporación del teléfono celular como una de las evidencias centrales de la investigación.

    Una causa con creciente impacto político

    Mientras la Justicia revisa los chats y la documentación obtenida, el expediente mantiene bajo observación la evolución patrimonial del funcionario y la correspondencia entre los gastos declarados y las obras realizadas en la propiedad de Indio Cuá.

    La aparición de conversaciones entre el contratista y una integrante del equipo de la Jefatura de Gabinete agrega un nuevo elemento de análisis, ya que permitirá reconstruir la dinámica de la relación entre las partes y verificar si existieron gestiones administrativas o coordinaciones vinculadas con la millonaria remodelación.

    Con la información digital ya incorporada al expediente, la fiscalía avanza sobre una etapa que puede resultar determinante para establecer si las explicaciones ofrecidas hasta el momento alcanzan para despejar las dudas sobre el origen de los fondos y la forma en que se desarrolló la contratación.

     

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