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PERRO SUELTO CUIDADO

Vecinos de la ciudad recibieron una notificación por parte del municipio como pre aviso de multa si continúaban alimentando a perros callejeros. Desde #LaTapa, Luciano Ramirez, estudiante de abogacía, nos explicó porque no pueden prohibirnos de llevar a cabo esta acción, por cierto bondadosa y humanizada. Y además, nos explicó que la Ordenanza Municipal 014-14 hace cargo al municipio de los animales que deambulen en la vía pública, siendo el máximo organismo local quien debe ocuparse de su cuidado médico, esterilización y puesta en adopción.

Nunca es sorpresivo, que organizaciones intermedias complementen determinados trabajos que le corresponde al máximo organismo local, hace tiempo que las intermedias suplementan cuestiones que escapan al ejecutivo y legislativo reginense. Pero en esta situación particular, quienes toman la posta son los ciudadanos de a pie, sin mediación de ninguna institución, motivados solo por la sensibilidad social ante los animales que indefensos viven en la calle. Se viene gestando y contagiando, una responsabilidad social para con los animales (digna del ser humano, a veces olvidada) que rompe barreras generacionales y que con ayuda de las redes sociales se viraliza y alcanza altos grados de solidaridad.

La castración gratuita, la colaboración municipal con las ONGs locales, el quirófano móvil nos ponen a la vanguardia del cuidado de los animales en la zona. Decidir multar a quienes colaboran desinteresadamente es un paso atrás ante tanto avance de consciencia en relación a la responsabilidad social con los animales, y en especial los “callejeros”. Es irrisorio que se haga hincapié en un acto humanizado y voluntario para con un ser desprotegido, y se intente prohibirlo.

La solución más simple y absurda; siempre es prohibir. Lo complejo, costoso y razonable; es pensar, investigar y buscar soluciones profundas, que de seguro llevan tiempo, pero terminan por hacer desaparecer la problemática. Este es el camino por el que hay que continuar.

Gráfica: Germán Busin
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    La denuncia narco contra el ex gobernador y actual senador Gerardo Zamora y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tiene su origen en la bronca del desarrollador inmobiliario Guillermo Masoni, dueño de «Los Mimbres SA», viejo amigo de Mauricio Macri y acusado de usurpar tierras a familias de campesinos en Santiago del Estero.

    Más allá de los sabidos vínculos entre Zamora y Toviggino, Masoni recibió un duro revés judicial en su reclamo por la propiedad de 4000 hectáreas en el departamento santiagueño de General Taboada, contra un grupo de campesinos. La causa había recaído en el juzgado de Darío Alarcón, un magistrado al que se le atribuye «buena relación» con el líder del Frente Cívico, pero el empresario apeló y también perdió en segunda instancia.

    Por ese motivo, un oscuro operador político habría visitado meses atrás al ex intendente de Termas de Río Hondo y actual diputado Jorge Mukdice con un mensaje amenazante: «Vamos por tu jefe», le dijo en referencia a Zamora.

    A Zamora y Toviggino les imputan haberse quedado con campos que habían sido apropiados por un ocupante desde los tiempos de la última dictadura. Esas tierras, sin embargo, están ubicadas en el departamento de Alberdi y el paraje se llama Ahí Veremos.

    El gobierno cree que tienen que meter preso a Tapia en marzo 

    Sobre ese conflicto se abrió una causa en el Juzgado Federal de Campana, en 2017, y una serie de testigos protegidos declararon que había pistas de aterrizaje para aviones narco. «Mezclan peras con manzanas, no son pistas clandestinas, sino que son de tierra porque son para las avionetas que se usan para fumigar», respondieron cerca del ex gobernador ante la consulta de LPO, y agregaron: «se fumiga con aviones chicos, no va a venir un Boing».

    Un legislador santiagueño apuntó, en cambio, contra Masoni y Macri por la agitación de denuncias contra Zamora.

    Mauricio Macri, en el búnker PRO.

    La disputa de Masoni, de hecho, es contra el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase), una organización que lucha contra empresarios que avanzan en acuerdo con juzgados amigables sobre el tierras fiscales ocupadas por familias de escasos recursos. Desde hace más de 30 años, han tenido que enfrentar desalojos forzosos, perpetrados por figuras como Masoni pero apoyados por grupos armados de paramilitares.

    Según fuentes provinciales, «agarraban a las familias con un ranchito en algunas zonas de Santiago, sobre tierras fiscales en las que ocupaban una hectárea y media, con una acequia y cuatro chanchos, y venían a extender la posesión hasta 2 mil hectáreas para sacar a las familias después». «Hubo maniobras con gente de afuera y abogados con acceso al fuero local, les hacían vender la posesión y desalojaban a los campesinos», comentaron.

    Masoni contactó a la DEA para hacer pasar este conflicto como un asunto narco.

    «Eso se cortó cuando empezó a gobernar Zamora», dijo una fuente provincial a LPO. En rigor, la historia fue más compleja, con tensiones e idas y vueltas, pero Masoni llegó a participar de una mesa de negociación a la que también se sentaban representantes del Mocase, con la mediación de funcionarios de los gobiernos de Claudia Ledesma Abdala y el propio Zamora. El ex jefe de gabinete y actual gobernador, Elías Suárez, habría llegado a participar de alguna de esas tertulias.

    Los santiagueños recuerdan a Masoni por el avance de las topadoras para tirar postes, alambrada y árboles, en los parajes La Simona y Los Juríes, en General Taboada. La cruzada llevaba el sello de Los Mimbres SA, la firma del desarrollador inmobiliario.

    En el Congreso apuntan que el empresario es el dueño de las oficinas de Olivos que utiliza Macri para reunirse con su entorno más cercano pero, además, señalan que Masoni «contactó a la DEA para hacer pasar este conflicto como un asunto narco». «Quieren ensuciar o vincular a Zamora pero acá hay un tipo que está en litigio por unos campos grandes y amenaza con la DEA», agregó una fuente al tanto de la situación.

     

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