PERRO SUELTO CUIDADO

Mauricio Macri publicó este sábado un tuit incendiario contra Javier Milei y blanqueó que no lograron avanzar en un acuerdo. Además criticó por «falta de experiencia» a Manuel Adorni como relevo de Guillermo Francos.

El ex presidente se había retirado con las manos vacías, tal como reveló LPO en exclusiva, y había lamentado ante un dirigente de su confianza que «no había nada informar». Sin embargo, se encargó de avisar que el PRO cuenta con 20 diputados y Milei los va a necesitar tras el recambio parlamentario.

Por eso, Macri decidió romper el silencio que había considerado no bien salió de Olivos el viernes por la noche. «En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo», dice el mensaje del expresidente en su primer párrafo.

Luego, expresa su pesar por «la salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia». «No parece ser una buena noticia», acota.

Milei no le ofreció nada y ahora Macri advierte: «Tenemos 20 diputados, nos van a necesitar»

Macri expone también que le había sugerido a Milei «la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa».

El palazo a Adorni se explica, fundamentalmente, porque fue el candidato de Karina Milei en la Ciudad para derrotar al PRO en Capital Federal, nada menos que su distrito de origen.

Con ese telón de fondo, Macri no solo consideró que la decisión de remover a Francos por Adorni es «desacertada», sino que se quejó porque «se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro».

De hecho, la designación de Adorni como jefe de Gabinete se leyó en un sector del oficialismo pero también en el PRO como una suerte de «tapón» contra Santiago Caputo, a quien se suponía que le estaban preparando un cargo a su medida. Por lo demás, hasta los enviados de Donald Trump a la Argentina para ordenar la política interna pedían que el joven asesor fuese designado con una función importante en el gabinete.

Macri dijo por último que lamenta la situación. «Tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar», expresó.

En medio del escándalo por el avance de las polémicas torres que el intendente Julio Zamora promueve con apoyo de los libertarios, la Justicia ordenó en las últimas horas frenar las nuevas habilitaciones que requieran viabilidad urbanística en Tigre.

El fallo del juez en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro, Marcelo Gradín, suspende toda aprobación nueva de construcción de torres hasta que el Concejo Deliberante apruebe una nueva normativa de «Alturas y Perfiles Urbanos» o por un máximo de seis meses.

En la resolución a la que tuvo acceso LPO, el juez Gradín sostiene que el propio municipio admitió formalmente que el crecimiento urbano está fuera de control, que el actual Código (redactado hace 30 años) está obsoleto y que hay impactos negativos por la construcción en altura.

La decisión judicial surge a partir de la presentación que, a finales de septiembre, hizo la Asociación Civil «Compromiso Urbano», que interpuso un amparo ambiental contra la Municipalidad de Tigre, «a los fines de que se dicte la nulidad» del decreto 935/25 firmado por Zamora.

Ese cuestionado decreto de Zamora solo frenó obras de más de 27 metros. No obstante, no expone estudio técnico alguno que justifique por qué las edificaciones menores a 27 metros no producen daño.

 En su resolución, el juez sostuvo que hay evidencia suficiente de falta de audiencias públicas y de estudios de impacto ambiental. 

En ese punto, quienes se oponen plantean que existen numerosas obras de hasta 27 metros con trámites abiertos que también pueden causar impactos severos.

En esa línea, quienes promueven el amparo sostienen que, si el problema es ambiental y urbanístico, no tiene sentido frenar solo a partir de 27 metros ya que también existe riesgo en las obras menores.

En su resolución, que no suspende obras ya aprobadas ni en ejecución, el juez sostuvo que hay evidencia suficiente de falta de audiencias públicas y de estudios de impacto ambiental.

Zamora se acerca a los libertarios, que lo apoyaron en el rechazo al freno de las torres en Tigre

Además de dar cuenta de los reclamos vecinales, planteó que el Código urbanístico está desactualizado y que existen riesgos reconocidos por el propio Municipio en el decreto de Zamora que, en lugar de asistir a la defensa del planteo de la comuna, termina siendo una prueba a favor del amparo.

El magistrado advirtió que la continuidad en la aprobación de obras de este tenor por parte del municipio puede generar un daño irreversible con perjuicio al ambiente y al futuro ordenamiento urbano.

LPO contó que, en el Concejo Deliberante, Zamora había logrado rechazar el freno a las torres que promovía el massismo. Para eso, el intendente contó con el apoyo de los libertarios, en lo que representó una señal de acercamiento más entre ambos espacios.

 El magistrado advirtió que la continuidad en la aprobación de obras de este tenor por parte del municipio puede generar un daño irreversible con perjuicio al ambiente y al futuro ordenamiento urbano. 

El avance de los edificios en Tigre viene siendo disparador de choques entre el zamorismo y el Frente Renovador. Para correr la polémica de la agenda de campaña, Zamora había decretado la suspensión de las habilitaciones de torres de más de 8 pisos.

Sin embargo, en el massismo sostienen que ese tope no tiene sustento técnico y que una torre de 8 pisos puede saturar de todos modos cualquier barrio (Pacheco, La Bota, Dique Luján, Tigre Centro).

Por eso, en la reciente sesión del Concejo, el massista Pablo Acevedo presentó una moción para suspender todas las habilitaciones en altura «hasta que Tigre discuta de verdad un Código Urbano nuevo, claro y transparente».

Zamora logró con apoyo libertario rechazar el freno pedido por el massismo. Sin embargo, la Justicia ahora es la que suspende nuevas edificaciones e impone un debate exhaustivo sobre el tema. La polémica crece. 

 El Ministerio Público Fiscal de Rosario pidió la detención del juez federal de Rosario Gastón Salmain. Lo solicitó un grupo de seis fiscales por autorizar con una medida cautelar a la empresa financiera de Fernando Whpei la compra de 10 millones de dólares al cambio oficial en diciembre de 2023, mientras regía el cepo cambiario.

Al mismo tiempo que salía su solicitud de detención, el despacho del juez Salmain en la calle Entre Ríos al 800 de Rosario fue allanado este mediodía por orden del juez federal Román Lanzón, por un caso distinto al de la presunta maniobra financiera. Se trata según fuentes judiciales de un hecho de abuso de autoridad en el marco de una causa a su cargo.

Salmain es un juez federal oriundo de Ciudad de Buenos Aires que desde que llegó a Rosario como magistrado en el fuero civil y comercial atravesó numerosas situaciones polémicas y extrañas en sus trámites. Su momento más controversial fue cuando se descubrió que en 2002 la Corte Suprema de la Nación lo dejó cesante por unanimidad como empleado judicial por haber ofrecido un soborno para direccionar un expediente.

La situación se concreta mientras la jurisdicción federal de Rosario es un hervidero. En julio pasado un hecho de corrupción forzó la renuncia del ex juez federal Marcelo Bailaque que está implicado en una extorsión con el mismo Whpei. El pedido de detención del juez Salmain debe ser autorizado por el juez federal Carlos Vera Barros que ayer quedó salpicado por una seria denuncia durante una audiencia imputativa.

[Otro juez federal de Rosario complicado por diálogos de su secretario con un acusado de corrupción]

En el caso por el cual los fiscales federales piden la indagatoria y detención del juez, que no puede concretarse mientras conserve fueros, es una circunstancia inédita. Salmain le ordenó al Banco Central de la República Argentina a vender dólares al cambio oficial para que un fondo fiduciario controlado por Fernando Whpei pagara deudas presuntas con acreedores del exterior que no están constatados.

  El fiscal federal Federico Reynares Solari 

La sospecha es que al comprar dólares al precio oficial que luego se vendieron en el mercado informal Whpei pudo haber ganado dos millones de dólares por la diferencia de cambio. En ese momento el precio en el mercado regular era 380 pesos por dólar mientras que en el blue cotizaba a 995. La conjetura de los investigadores es que de la ganancia generada por el spread el magistrado ahora con pedido de detención se habría quedado con el 15 por ciento.

 [Le secuestran el celular al polémico juez Salmain de Rosario, que se negó a entregar la clave]

En esta maniobra también están con pedidos de indagatoria el empresario Fernando Whpei y el escribano santafesino Santiago Busaniche, un lobista del Poder Judicial Federal que trabajó en la Cámara de Senadores de Santa Fe, en la Cámara de Diputados de la Nación. Y que justamente este miércoles es imputado por hechos de prevaricato y tráfico de influencias en la causa abierta al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, por la extorsión contra un agente de Bolsa.

 Salmain le ordenó al Banco Central de la República Argentina a vender dólares al cambio oficial para que un fondo fiduciario controlado por Fernando Whpei pagara deudas presuntas con acreedores del exterior que no están constatados 

La medida cautelar se firmó el 5 de diciembre pero días después, tras la asunción de Javier Milei, la brecha cambiaria se redujo drásticamente. Igualmente el BCRA mediante sus abogados logró de inmediato que la Cámara Federal de Rosario dejara sin efecto la medida de Salmain.

El juez federal Salmain está bajo investigación disciplinaria en el Consejo de la Magistratura de la Nación que instruye en la Comisión de Disciplina la consejera jueza penal Alejandra Provítola.

En el caso participan el fiscal federal coordinador de Rosario Javier Arzubi Calvo, el fiscal federal Federico Reynares Solari, fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) y de la Fiscalía Federal de Investigaciones Administrativas (PIA)