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PERRO SUELTO CUIDADO

Vecinos de la ciudad recibieron una notificación por parte del municipio como pre aviso de multa si continúaban alimentando a perros callejeros. Desde #LaTapa, Luciano Ramirez, estudiante de abogacía, nos explicó porque no pueden prohibirnos de llevar a cabo esta acción, por cierto bondadosa y humanizada. Y además, nos explicó que la Ordenanza Municipal 014-14 hace cargo al municipio de los animales que deambulen en la vía pública, siendo el máximo organismo local quien debe ocuparse de su cuidado médico, esterilización y puesta en adopción.

Nunca es sorpresivo, que organizaciones intermedias complementen determinados trabajos que le corresponde al máximo organismo local, hace tiempo que las intermedias suplementan cuestiones que escapan al ejecutivo y legislativo reginense. Pero en esta situación particular, quienes toman la posta son los ciudadanos de a pie, sin mediación de ninguna institución, motivados solo por la sensibilidad social ante los animales que indefensos viven en la calle. Se viene gestando y contagiando, una responsabilidad social para con los animales (digna del ser humano, a veces olvidada) que rompe barreras generacionales y que con ayuda de las redes sociales se viraliza y alcanza altos grados de solidaridad.

La castración gratuita, la colaboración municipal con las ONGs locales, el quirófano móvil nos ponen a la vanguardia del cuidado de los animales en la zona. Decidir multar a quienes colaboran desinteresadamente es un paso atrás ante tanto avance de consciencia en relación a la responsabilidad social con los animales, y en especial los “callejeros”. Es irrisorio que se haga hincapié en un acto humanizado y voluntario para con un ser desprotegido, y se intente prohibirlo.

La solución más simple y absurda; siempre es prohibir. Lo complejo, costoso y razonable; es pensar, investigar y buscar soluciones profundas, que de seguro llevan tiempo, pero terminan por hacer desaparecer la problemática. Este es el camino por el que hay que continuar.

Gráfica: Germán Busin
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    Florencio Randazzo quedó involucrado en la investigación de la ruta de las coimas: su nombre aparece en la libreta de apuntes que el fiscal federal Franco Picardi incorporó a la causa como parte de la prueba en el caso de la Andis.

     La revelación surge de una foto de la libreta que integró Picardi al expediente, publicada en exclusiva por Clarín, en la que el ex ministro de Transporte aparece vinculado a la empresa GMS, que sería de su propiedad.

    Los cuadernos serían de Miguel Ángel Calvete, un lobbysta vinculado a los Menem que era el nexo con proveedores. Según la investigación, Calvete tenía influencia directa sobre Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex encargados de la Andis, «a quienes consultaba por pagos que debían ser dispuestos desde la Andis y con quienes se reunía en su propia casa y en bares de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

    «Miguel Ángel Calvete a través de sus empresas y con esos vínculos logró obtener adjudicaciones de sumas de miles de millones de pesos, de manera direccionada», sostiene el dictamen del fiscal Picardi, que investiga las coimas que involucran al ex funcionario libertario y por la que se mencionó el destino de un tres por ciento para Karina Milei. 

    El fiscal Picardi pidió la detención de Spagnuolo por las coimas de la Andis

    Por esta investigación inicialmente quedó involucrada la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker, pero en los cuadernos de Calvete se suman otras firmas, en lo que parece una prolija descripción del circuito de coimas y los porcentajesa repartir. Picardi secuestró varios cuadernos manuscritos de Calvete, con fechas, empresas, contactos, porcentajes de dinero. Es en ese material que aparecen GMS y Randazzo.

    En los cuadernos de Calvete, lobbysta que vinculado a los pedidos de coimas libertarios a empresas, aparece una detallada descripción de las firmas, fechas y hasta porcentajes que se repartían. En esos textos manuscritos aparece la firma GMS y el nombre de Randazzo.

    Como los Menem además de influencia sobre la Andis también la tienen sobre Vialidad donde ubicaron a Marcelo Campoy, no se descarta que esa página de la libreta de Calvete se refiera a contratos de Vialidad. De hecho, junto al nombre de Randazzo, aparece el apellido Menem y la palabra «seguridad». Los Menem tienen una empresa de seguridad y no les parece inapropiado contratar con el Estado que integran, como hicieron en el Banco Nación. Ahora la justicia federal podría abrir un nuevo capítulo con los contratos de Vialidad.

    De hecho, la firma vinculada al ex ministro de Transporte fue contratada en abril del 2023 por la empresa estatal Corredores Viales, que controla Vialidad, que le adjudicó la licitación privada 2/23 a GMS por USD 360.400 más IVA. El servicio: un sistema de telegestión del alumbrado durante 36 meses. Un círculo perfecto donde el diputado nacional y el proveedor del Estado son dos nombres para la misma persona. 

    Spagnuolo con Karina Milei, los Menem y Romina Diez.

    En su momento, la Oficina Anticorrupción avaló ese contrato sin pestañear, como reveló El Disenso. Sostuvo que «no había impedimento legal» porque Randazzo es diputado nacional, no funcionario del Ejecutivo. Pero omitió un detalle nada menor: GMS SA tenía una deuda activa de más de $155 millones y, aun así, el Estado le prometía otros $200 millones. 

    Burlando le ganó a Randazzo, que hasta perdió por paliza en Chivilcoy

    Pero GMS ya había recibo adjudicaciones por USD 86 millones. «No es un conflicto de interés. Es un conflicto de sentido común», dijo a LPO un ex funcionario.

    Como sea, el nombre de Randazzo y su empresa se leen con claridad en  la foto de una de las páginas de la libreta que el fiscal Picardi adjuntó a su dictamen, donde pide la detención de Spagnuolo y otros funcionarios libertarios. 

    Randazzo fue muy funcional al gobierno de Milei durante todo su mandato, lo ayudó con el quórum en instancias claves y presentó una lista por afuera del peronismo en las pasadas elecciones que obtuvo dos puntos. No le alcanzaron para renovar la banca, pero si para que el peronismo bonaerense no ganara las elecciones de octubre.

    La libreta de Picardi que vincula a GMS con Randazzo.

     

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    Milei desreguló la educación privada: los colegios ya pueden aumentar cuotas sin control estatal

     

    El Estado se corre de la educación

    Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

    Con el Decreto 787/2025, Milei eliminó el sistema de control que limitaba los aumentos y obligaba a los colegios privados subvencionados a rendir cuentas ante el Estado. Desde hoy, las instituciones podrán fijar libremente sus cuotas y matrículas, incluso en medio de la inflación más alta en décadas. En nombre de la “libertad de mercado”, el Gobierno deja a las familias a merced de precios sin techo.


    Una medida que favorece a los colegios, no a las familias

    El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial deroga el Decreto 2417/1993, que durante más de treinta años reguló la fijación de aranceles y garantizaba cierta previsibilidad para las familias con hijos en escuelas privadas con aportes estatales. El nuevo texto, firmado por Milei, Manuel Adorni, Sandra Pettovello y Luis Caputo, sostiene que los controles estatales “distorsionan el mercado” y “restringen el derecho de propiedad” de las instituciones educativas.

    En la práctica, esto significa que los colegios podrán aumentar las cuotas cuando y como quieran, sin pedir autorización ni informar previamente al Estado. Tampoco estarán obligados a transparentar el uso de los subsidios públicos que continúan recibiendo. En nombre de la “libertad de contratación”, Milei deja sin resguardo el bolsillo de miles de familias que mes a mes hacen malabares para sostener la educación de sus hijos.


    Adiós a los topes, bienvenidos los aumentos

    Hasta ahora, los colegios incorporados a la enseñanza oficial estaban alcanzados por el régimen creado por el Decreto 2542/1991, que establecía la obligatoriedad de informar aranceles, topes y estructuras de costos, con supervisión estatal. Esa norma fue complementada por el Decreto 2417/1993, que ordenaba la comunicación de cuotas y matrículas antes del inicio de cada ciclo lectivo para evitar aumentos arbitrarios.

    Con el nuevo Decreto 787/2025, todo ese esquema desaparece. Desde hoy, los valores podrán modificarse según las “fluctuaciones del mercado”. En un contexto de inflación incontrolada, esto equivale a permitir incrementos mensuales sin intervención ni límite alguno. Los colegios, en lugar de prever sus costos anuales, podrán ajustar sus precios cada vez que lo consideren necesario, trasladando todos los aumentos directamente a las familias.


    Libertad para los colegios, incertidumbre para las familias

    El propio texto del decreto justifica la medida afirmando que la obligación de informar las cuotas con anticipación “genera incertidumbre” en los establecimientos y los lleva a fijar valores más altos de lo necesario. Lo que no menciona es que ese mismo mecanismo protegía a las familias frente a subas desmedidas y garantizaba un mínimo control sobre la utilización de fondos públicos.

    A partir de hoy, el Gobierno se desentiende completamente. Los colegios quedan habilitados para cobrar lo que quieran, mientras los padres deberán asumir el riesgo de una educación que puede volverse inaccesible de un mes a otro. La medida no mejora la calidad educativa: apenas asegura que los dueños de los colegios puedan trasladar todos los costos —y sus ganancias— sin rendir cuentas.


    El fin de los controles y el avance de la desregulación

    El Decreto 787/2025 encaja perfectamente en la lógica de desregulación general del gobierno de Milei, que en las últimas semanas avanzó con medidas como el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad o la supresión de la Secretaría de Comunicación. En todos los casos, el patrón es el mismo: desarmar estructuras de control y achicar la capacidad del Estado de regular la vida económica y social.

    En el caso educativo, el impacto será directo: las instituciones privadas —muchas de ellas confesionales— podrán mantener subsidios estatales, pero ahora sin obligación alguna de justificar sus aumentos o la distribución de esos fondos. Es decir, dinero público en manos privadas sin transparencia ni control.


    Un paso más hacia la mercantilización educativa

    El decreto instruye además al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Pettovello, a revisar las pautas del Decreto 2542/1991 y elevar una propuesta de modificación. Esa revisión podría implicar un cambio de fondo: alterar o incluso eliminar el sistema de subsidios a la educación privada, o transformarlo en un esquema sin supervisión estatal.

    Cualquiera de las dos opciones consolida el mismo rumbo: la educación entendida como un negocio, no como un derecho. En nombre de la libertad de mercado, el Estado abandona su responsabilidad de garantizar igualdad de acceso y control sobre los fondos públicos.


    Conclusión: la libertad del más fuerte

    Con esta medida, Milei consagra la libertad del más fuerte: los colegios podrán decidir cuánto cobrar, sin límite ni rendición. Las familias quedarán expuestas a aumentos permanentes, y el Estado renuncia a su rol de árbitro y garante del derecho a la educación.

    El Decreto 787/2025 no es una modernización, como intenta presentarse: es un paso más en la destrucción del sistema público y en la mercantilización del derecho a aprender. Una libertad que, como tantas otras en este gobierno, solo sirve a quienes pueden pagarla.

     

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