Vecinos de la ciudad recibieron una notificación por parte del municipio como pre aviso de multa si continúaban alimentando a perros callejeros. Desde #LaTapa, Luciano Ramirez, estudiante de abogacía, nos explicó porque no pueden prohibirnos de llevar a cabo esta acción, por cierto bondadosa y humanizada. Y además, nos explicó que la Ordenanza Municipal 014-14 hace cargo al municipio de los animales que deambulen en la vía pública, siendo el máximo organismo local quien debe ocuparse de su cuidado médico, esterilización y puesta en adopción.
Nunca es sorpresivo, que organizaciones intermedias complementen determinados trabajos que le corresponde al máximo organismo local, hace tiempo que las intermedias suplementan cuestiones que escapan al ejecutivo y legislativo reginense. Pero en esta situación particular, quienes toman la posta son los ciudadanos de a pie, sin mediación de ninguna institución, motivados solo por la sensibilidad social ante los animales que indefensos viven en la calle. Se viene gestando y contagiando, una responsabilidad social para con los animales (digna del ser humano, a veces olvidada) que rompe barreras generacionales y que con ayuda de las redes sociales se viraliza y alcanza altos grados de solidaridad.
La castración gratuita, la colaboración municipal con las ONGs locales, el quirófano móvil nos ponen a la vanguardia del cuidado de los animales en la zona. Decidir multar a quienes colaboran desinteresadamente es un paso atrás ante tanto avance de consciencia en relación a la responsabilidad social con los animales, y en especial los “callejeros”. Es irrisorio que se haga hincapié en un acto humanizado y voluntario para con un ser desprotegido, y se intente prohibirlo.
La solución más simple y absurda; siempre es prohibir. Lo complejo, costoso y razonable; es pensar, investigar y buscar soluciones profundas, que de seguro llevan tiempo, pero terminan por hacer desaparecer la problemática. Este es el camino por el que hay que continuar.
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Los jueces de Casación, Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky abrieron el recurso de queja presentado por el fiscal de San Martín, Carlos Cearra, quien reclamó que la causa por la mansión de Pilar de Pablo Toviggino tramite en el juzgado penal económico de la Capital Federal de Mariano Aguinsky, en vez de desarrollarse en el juzgado de Campana.
Aunque la resolución de los camaristas de la Casación no es sobre el fondo de la cuestión, habilitó especulaciones sobre la posibilidad que el tesorero de la AFA tenga que rendir cuentas en un juzgado menos permeable a su defensa, algo que constituye un desafío para el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, un amigo de la entidad que preside Tapia, que estuvo en varios festejos en la mansión de Pilar.
Pero que Casación haya abierto el recurso de queja no necesariamente significa que falle en el sentido que quiere el fiscal. Un importante operador judicial le dijo a LPO que, tras la audiencia fijada para el próximo 30 de marzo, el fallo de Casación podría terminar favoreciendo a Toviggino. «No corresponde que una causa que investiga sobre una propiedad de la jurisdicción bonaerense se realice en un juzgado porteño», argumentó.
Hoy la causa tramita en el juzgado de Campana del juez Adrián González Charvay, cercano al intendente de Pilar, el peronista Federico Achaval, a su vez, muy cercano a la AFA. Mientras que en Capital Federal, está Marcelo Aguinsky, un juez cercano a Patricia Bullrich, uno de los arietes del gobierno contra Tapia y Toviggino.
Las probabilidades de rechazar el planteo de quien acude con un recurso de queja, una vez que se admite el recurso, son escasas.
De todas formas, la relevancia política del caso podría producir efectos impensados en la decisión de los magistrados. Un juez federal deslizó ante LPO que «las probabilidades de rechazar el planteo de quien acude con un recurso de queja, una vez que se admite el recurso, son muy escasas». Es decir, contra la opinión del operador judicial consultado, casación podría fallar efectivamente que el caso regreso al juzgado de Aguinsky. «Si esto ocurre sería una bofetada al clan Mahiques», agregó.
Los capos de la AFA, Pablo Toviggino y Chiqui Tapia.
Los argumentos de los jueces para abrir la queja fueron coincidentes, hasta en la prudencia de no dejar que se vislumbre su posición sobre la cuestión de fondo. «Sin que esto implique en modo alguno adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, entiendo que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta por el Ministerio Público, declarar erróneamente denegado el recurso de casación deducido por esa parte y, en consecuencia, concederlo, sin costas», resolvió Carbajo.
Ledesma, por su parte, consideró que «corresponde hacer lugar a la queja» y acompañó la decisión de su colega.
Borinsky fue más barroco pero suscribió a la postura de sus colegas de la sala. «Convocado a emitir opinión en tercer lugar, he tomado conocimiento, como consecuencia de la deliberación, de la coincidencia de opiniones sobre la admisibilidad formal de la queja interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, la que se refleja en el voto concordante de mis distinguidos colegas preopinantes», sostuvo.
No corresponde que una causa que investiga sobre una propiedad de la jurisdicción bonaerense se realice en un juzgado porteño.
El expediente tiene como imputados a los presuntos testaferros Luciano Pantano y su madre, que aparecen como propietarios de la mansión. El envío de la causa a Campana se produjo por una definición del juez Alberto Lugones, a cargo de la Cámara Federal de San Martín, basándose en la ubicación del inmueble investigado.
Sin embargo, esa decisión desató la resistencia del juez Aguinsky y el fiscal Cearras. Los camaristas Carbajo, Ledesma y Borinsky deberán definir este conflicto de competencia el próximo 30 de marzo, en la audiencia prevista para las 11:30.
La investigación busca determinar si la firma Real Central SRL, perteneciente a Pantano, es una pantalla de los dirigentes de la AFA, debido a que la empresa no podría justificar los fondos para pagar esa mansión valuada en más de 17 millones de dólares.