PEDALEANDO POR UN SUEÑO

El Gobierno de Javier Milei vuelve a manipular datos, esta vez sobre el hospital pediátrico más importante del país, mientras miles de trabajadores denuncian salarios de hambre y una crisis sanitaria sin precedentes.

Por Sofía Arregui para EnOrsai

En medio de un conflicto creciente con residentes y trabajadores del Hospital Garrahan, el vocero presidencial Manuel Adorni lanzó una afirmación tan escandalosa como falsa: que hay casi el doble de empleados administrativos que médicos. Pero la realidad muestra un panorama muy distinto, donde los datos oficiales, el testimonio de los propios profesionales de la salud y la estructura del hospital desmienten tajantemente esta narrativa. Detrás de esta mentira, se esconde una peligrosa estrategia de desprestigio contra lo público.

Cuando el desprecio por lo público se convierte en política de Estado, lo primero que cae bajo ataque es la verdad. En una de sus ya características conferencias de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó sin pestañear que el Hospital Garrahan tiene 953 empleados administrativos y sólo 478 médicos de planta, una frase construida a medida para reforzar la idea de un Estado elefantiásico, ineficiente y corrupto. Pero como tantas otras veces en esta administración, lo que se dice desde el atril oficial está peligrosamente lejos de la realidad.

Adorni no solo mintió, sino que lo hizo en medio de un conflicto gravísimo con los médicos residentes del Garrahan, quienes vienen denunciando condiciones laborales insostenibles, sueldos miserables y una crisis sanitaria que amenaza con desbordarse. Es decir, eligió sembrar desinformación en el momento más sensible, manipulando cifras y caricaturizando el funcionamiento de un hospital que representa un faro en la salud pediátrica argentina y latinoamericana.

Según datos del Anuario Estadístico 2024 del propio hospital, los trabajadores de planta ascienden a 4.728. De ese total, el 68% —es decir, 3.190 personas— pertenece al nivel asistencial, es decir, personal que está en contacto directo con los pacientes: médicos, enfermeros, técnicos, bioquímicos, kinesiólogos, farmacéuticos, personal de salud mental y otros profesionales imprescindibles que garantizan la atención diaria. Nada de esto encaja con la narrativa que intentó imponer el Gobierno.

Los médicos de planta son 558, no 478 como dijo Adorni. Pero más allá del número, reducir la discusión al conteo de médicos frente a administrativos es, en el mejor de los casos, una muestra de ignorancia, y en el peor, una estrategia deliberada para destruir la confianza en el sistema público. El hospital no funciona solo con médicos: lo hace gracias a un ecosistema complejo de profesionales. Sin técnicos, sin enfermeros, sin personal de esterilización o sin los kinesiólogos, simplemente no hay atención posible.

El personal administrativo real es de 473 personas, no 953. ¿De dónde salen entonces los datos de Adorni? Nadie lo sabe. Porque ni él ni el Ministerio de Salud respondieron a las consultas de los medios que intentaron contrastar sus dichos. El silencio como respuesta no es una novedad en este gobierno, pero sí una muestra más de su falta de seriedad y transparencia.

Incluso dentro del 20% del personal que cumple funciones en el área de logística, no todo es “burócrata con sellito y mate en mano”, como sugiere la caricatura oficialista. Ese sector incluye técnicos de mantenimiento, sistemas, auxiliares del jardín maternal, ingenieros, abogados, operarios y otros profesionales sin los cuales tampoco puede sostenerse la estructura hospitalaria. Fingir que todo lo que no es médico es innecesario es desconocer cómo funciona un hospital o, peor aún, es intentar instalar una narrativa maliciosa que justifique el ajuste.

Y si aún quedaba alguna duda, el 12% restante del personal corresponde a conducción, es decir, jefes de salas, coordinadores de servicio y otras figuras jerárquicas, en su mayoría médicos que además ejercen funciones asistenciales. Es decir, trabajan como cualquier otro profesional y, por concurso, acceden a cargos de liderazgo.

Pero el dato más brutal y que deja completamente en evidencia la falacia del Gobierno es este: los residentes y becarios, que también son profesionales médicos, no figuran en los registros de planta. Son alrededor de 1.800 por año. Estos jóvenes, pilares fundamentales del funcionamiento del hospital, ni siquiera son contabilizados en las cifras oficiales que el Gobierno manipula a su antojo. Y son, justamente, quienes vienen denunciando una crisis sanitaria estructural, no por capricho, sino porque la degradación del salario y las condiciones laborales ya son insostenibles.

El miércoles pasado, no solo los residentes sino toda la planta del Garrahan se sumó al paro y marchó al Ministerio de Salud. Una señal clara de que lo que se vive no es un reclamo sectorial, sino un grito colectivo de alerta: el hospital se cae a pedazos, y el Estado, lejos de acudir en su auxilio, lo hunde con desprecio.

La estrategia de este gobierno es clara: instalar una narrativa de “exceso de empleados públicos”, de “parásitos del Estado” que viven a costa del esfuerzo del “argentino de bien”, mientras desfinancia, vacía y desprestigia las instituciones fundamentales de la vida democrática, como la salud y la educación pública.

Adorni juega su papel con disciplina y convicción. La mentira se enuncia con solemnidad y sin pestañear, como si los datos no existieran, como si la opinión pública pudiera ser manipulada a fuerza de repetir falsedades. Pero esta vez, la realidad le pasó por encima.

La gravedad no radica solo en el error —si fuera un error—, sino en la intencionalidad. Porque al falsear estos datos, el gobierno no sólo golpea al Garrahan, sino que siembra desconfianza en toda la salud pública, habilitando así recortes, privatizaciones encubiertas o la tercerización de servicios. Es el viejo manual neoliberal disfrazado de “eficiencia”: primero se desprestigia, luego se desfinancia, y finalmente se destruye.

¿Y qué queda después? Quedan los niños más pobres sin atención, los médicos desbordados, los enfermeros explotados, los residentes huyendo del país, y una sociedad anestesiada, acostumbrada a que todo lo público es sinónimo de problema. Eso, y un gobierno celebrando el ajuste como una virtud moral.

Si alguna vez hubo una línea que no debía cruzarse, era la de usar un hospital pediátrico como chivo expiatorio de una narrativa política. El Gobierno de Javier Milei la cruzó sin dudar. Pero no hay cinismo que oculte la verdad. Y esta vez, la verdad sangra.